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Buscan ampliar los derechos de los consumidores al dar servicios de baja

imageUn proyecto de ley del FPV tiene como objetivo modificar la Ley de Defensa del Consumidor. Establece que existe derecho “ilimitado” al pedir el fin del servicio, sin que se deba sufrir “sanciones o cargas onerosas” al hacerlo. Las empresas podrán ser multadas con hasta $10 millones en caso de incumplimiento

El proyecto fue presentado por legisladores del kirchnerismo en la Cámara de Diputados con la firma de Juan Cabandié, Eduardo “Wado” de Pedro, Andrés Larroque, entre otros.

La iniciativa tiene como objetivo modificar la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, en particular en lo que respecta a los mecanismos para dar de baja servicios provistos por empresas tanto públicas como privadas. De esta forma se cubriría una amplia gama de compañías, como las proveedoras de telefonía móvil, que concentran una gran parte de las quejas de usuarios.

Además, el proyecto busca elevar los montos de multas a pagar en caso de incumplimiento de la normativa por parte de las compañías.

Según explican los diputados en los fundamentos del proyecto de ley, la modificación de la norma tiene como objetivo “lograr una ampliación y mayor protección de los derechos de los usuarios y consumidores”, especialmente teniendo en cuenta el avance de las nuevas tecnologías y formas de comunicación en lo que respecta la contratación y rescisión de servicios, un área donde pueden surgir “lagunas” legislativas.

Así, el texto reafirma la posibilidad de dar de baja un servicio a través del mismo medio mediante el cual se lo dio de alta (punto ya incluido en la ley 24.240) y amplía las posibles vías para solicitar el alta al agregar a los canales telefónico y electrónico la mención de “cualquier otra forma de contratación”, de modo de extender el alcance de la norma, en línea con los avances tecnológicos citados en los fundamentos del proyecto.

Asimismo, la modificación del artículo 10 ter de la actual Ley de Defensa del Consumidor acerca de los modos de rescisión incorpora un cambio en las formas de constatación y notificación de la baja de un servicio entre la empresa y el usuario.

Mientras que la norma vigente estipula que la empresa debe enviar “una constancia fehaciente” de la rescisión al domicilio del usuario luego de efectuado el pedido de baja, la iniciativa del Frente para la Victoria elimina ese tramo de la norma y, en cambio, añade un nuevo mecanismo que hace “valer la constancia del consumidor de la emisión de la rescisión”.

De esta forma, propone que se establezca un servicio de telegrama gratuito, a opción del usuario, para que los consumidores puedan poner fin al contrato con las empresas proveedoras, de modo que aquellos tengan la constancia fechada de su solicitud de baja.

“La empresa postal emitirá sin cargo, con destino al remitente, un comprobante fechado que acredite la remisión del telegrama. A todos los efectos la fecha de rescisión será la indicada por el remitente en el telegrama, y ante la ausencia de la misma será la fecha de remisión del telegrama”, explica el artículo propuesto por el texto de la iniciativa.

En lo que respecta a los plazos de baja de un servicio, la propuesta además plantea: “En los servicios de abono mensual y pago por adelantado, la rescisión ejercida hasta el último día hábil del mes no habilita a las empresas a efectuar el cobro del mes siguiente, aunque haya sido emitida la factura del mes siguiente y a pesar del tiempo que le lleve a la empresa prestataria realizar el corte efectivo de la prestación de ser esto necesario”.

La propuesta estipula que el usuario tiene derecho a pedir la baja “sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas” a la vez establece que “el derecho a rescindir el contrato es ilimitado” al afirmar que las compañías no podrán alegar “circunstancias de días y horarios” o “la existencia de deuda pendiente de pago por parte del consumidor y/o usuario al momento de notificar su decisión de rescindir el contrato vinculante” cuando el usuario solicite la rescisión del servicio.

El proyecto de ley también incorpora cambios en la notificación y publicidad de  las acciones colectivas. Asimismo, busca incluir en la norma de defensa al consumidor un artículo mediante el cual “se pretende regular las pautas básicas que deberán observar las sentencias recaídas en acciones de incidencia colectiva”, en términos de reparaciones económicas correspondientes y los usuarios alcanzados por la definición del caso.

El proyecto del FPV también contempla cambios en las sanciones impuestas a las empresas en caso de incumplimiento de la normativa. Mientras que la actual Ley de Defensa del Consumidor prevé multas de entre $100 y $5 millones, la iniciativa kirchnerista actualiza las cifras, con un rango que va desde los $5.000 a $10 millones.

En esta línea, también busca incorporar a la ley 24.240 de Defensa del Consumidor también un mecanismo para actualizar los montos de la penalidad a las empresas cada seis meses: “Los importes de las multas previstos en el artículo 47 de la presente ley, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia”.

 

19/3/14 Fuente: Infobae

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