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Planes de Ahorro Previo: Derechos del suscriptor en caso de renuncia. Fallo Completo.Reintegro

En Buenos Aires, a los 18 días del mes de febrero de dos mil diez, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Prosecretaria Letrada de Cámara, para entender en los autos caratulados “MENDEZ LUIS GUIDO C/ PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 84470, Registro de Cámara N° 7288/04), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 14, Secretaría Nro. 28, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido por el art. 268 C.P.C.C., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers, Doctora María Elsa Uzal y Doctora Isabel Míguez.

Estudiados los autos, se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta el Señor Juez de Cámara Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers dijo:

I. LOS HECHOS DEL CASO.

1) Luis Guido Méndez -en su carácter de ex integrante de un plan de ahorro para la adquisición de un automotor- promovió acción ordinaria contra “Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados” (en adelante, “Plan Ovalo”), reclamando el cobro del saldo dinerario impago supuestamente pendiente en su favor como consecuencia de la renuncia que oportunamente efectuara al plan de ahorro previo al que en su momento se hallaba adherido.

Sostuvo que con fecha 05.06.96 contrató con la demandada el ingreso a un plan de ahorro previo a los efectos de adquirir un automotor marca Ford, modelo Orion, conforme se extraía del contrato de adhesión acompañado con el escrito de demanda, en cuya virtud pasó a integrar el Grupo 5164, Orden N° 116, con un plan de pagos de sesenta (60) cuotas mensuales.

Adujo que, habiendo pagado la cantidad de cuarenta y cuatro (44) cuotas, y frente a la imposibilidad de seguir abonando las restantes, se comunicó con personal de la firma accionada, oportunidad en la que se le informó que recién podía apartarse del círculo y percibir el reintegro de las sumas abonadas una vez finalizado el plan en su totalidad, debiendo enviar a tales fines un telegrama de renuncia a dicho plan.

Fue así que envió, en el mes de marzo de 2000, un telegrama en tal sentido y, en junio de 2001, una carta documento, requiriendo el reintegro de las cuarenta y cuatro (44) cuotas abonadas, dando -con ello- cumplimiento a lo exigido por “Plan Ovalo S.A.”. Destacó que, pese a esto, en respuesta a esta última misiva, recibió en septiembre de 2001 otra carta documento, notificándole que tenía a su disposición el importe de pesos dos mil cuatrocientos ochenta y cinco con noventa y seis centavos ($ 2.485,96), correspondientes al 34 % de los haberes netos devengados a su favor, importe que supuestamente habría sido determinado de conformidad con lo oportunamente acordado en el respectivo contrato.

Refirió así que, teniendo en consideración lo estipulado en las cláusulas 12° y 13° del mencionado contrato, la cantidad ofrecida por la accionada no cubría -en modo alguno- el importe adeudado a su parte, constituyendo, la suma indicada supra, un mero pago parcial.

En tales condiciones, afirmó que, frente a la negativa de la contraria a abonar la suma efectivamente adeudada, realizó la pertinente denuncia ante la “Inspección General de Justicia”, sin que ésta arrojara resultado favorable alguno.

Así las cosas, y luego de finalizado el intercambio epistolar habido con la contraparte -también con resultado negativo- se vio forzada a iniciar la presente acción, procurando a través de ella el cobro del saldo presuntamente adeudado por la contraria.

2) Corrido el traslado de la demanda, compareció al juicio la demandada “Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados”, oponiéndose al progreso de la pretensión y solicitando el rechazo de ella, con costas a cargo de la accionante (v. fs. 68/73 vta.).

Tras efectuar una negativa general y particular de los hechos esgrimidos por el actor en su escrito inaugural, reconoció la existencia del contrato que vinculara a las partes, como así también que el actor había renunciado y dejado de abonar las cuotas correspondientes al plan de ahorro previo al que estaba adherido y que, en el mes de septiembre de 2001, su parte le notificó a aquél que tenía a su disposición la suma de $ 2.485, en concepto de reintegro de los haberes aportados al plan.

Adujo ser la administradora de un sistema de ahorro para fines determinados, cuyo objetivo principal era abonar -con los fondos que recaudaba mes a mes de los adherentes- los vehículos adquiridos a la fabricante con el aporte común destinado a los adjudicatarios, beneficiarios por sorteo o licitación. Explicó -en ese marco- la mecánica del sistema de plan de ahorro previo, aclarando que el precio de lista de venta al público de dichos vehículos era establecido por el fabricante y su modificación determinaba el reajuste automático de las cuotas mensuales, cuyo valor equivalía a un porcentaje fijo de dicho valor.

Puntualizó -entonces- que cada uno de los integrantes del grupo tenía derecho a la unidad tipo que indicaba el contrato común, pues todos abonaban cuotas determinadas en función del valor de ese modelo, consignadas en beneficio de los precedentes adjudicatarios; agregando que el grupo adelantaba al beneficiario cuotas del valor móvil del vehículo designado en todos los contratos del grupo como bien tipo, cuotas que debía reintegrar para la permanencia del sistema que exigía la continuidad del aporte de dichas cuotas para aplicar a la adquisición de las unidades pendientes de adjudicación en el grupo hasta la finalización de los plazos previstos.

Indicó así que el reembolso parcial referido por el accionante fue concretado luego de que el grupo 5164 al cual pertenecía el actor, abonara la última cuota del respectivo plan. Añadió que el saldo del grupo existente a esa época permitió que dicha puesta a disposición alcanzara un porcentaje equivalente al 34 % de los haberes aportados.

Manifestó que, en el caso, el actor pagó cuarenta y cuatro (44) cuotas de un total de sesenta (60) que componían el plan, el cual fue rescindido en el mes de marzo de 2000; habiéndose puesto a disposición de este último el 34 % de los haberes, según liquidación efectuada respecto de este porcentaje dentro del plazo acordado en la cláusula 15, in fine, del contrato en cuestión.

Por último, destacó que la liquidación efectuada por su parte, que fuera cuestionada por el reclamante, fue confeccionada de acuerdo a lo establecido en las cláusulas del contrato de adhesión oportunamente celebrado, motivo por el cual solicitó el íntegro rechazo de la demanda instaurada en su contra, con costas a cargo de la accionante.

3) Sustanciado el proceso y producida la prueba de que da cuenta la certificación actuarial de fs. 256, se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal derecho únicamente la parte demandada, conforme pieza que luce agregada a fs. 264/5, dictándose finalmente sentencia definitiva a fs. 273/7.

II. LA SENTENCIA APELADA.

En el fallo apelado, la Señora Juez de grado resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda deducida por Luis Guido Méndez contra “Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados”, a quien condenó a abonar al primero la suma de $ 4.703,12, con más sus respectivos intereses, computados a partir de su exigibilidad, esto es, a los sesenta (60) días de finalizado el plan de ahorro previo en el mes de marzo de 2000, y a calcularse de acuerdo con la tasa activa que aplica el Banco Nación Argentina en su operaciones de descuento a treinta (30) días, distribuyendo las costas del proceso en el orden causado.

Para así decidir, la a quo entendió: i) que de la pericia contable producida en la causa se extraía que, en el supuesto de existir dinero disponible en el plan en función de los ingresos producidos luego de los recuperos, cabía restituir el 47 % de lo aportado, por representar este último el remanente existente a la fecha de la pericia; ii) que, en virtud de ello, le restaba cobrar al accionante además de lo ya efectivamente percibido el porcentaje indicado del total aportado, lo que representaba un total de 20,74 alícuotas; iii) que ello se hallaba corroborado por las constancias obrantes en el expediente administrativo tramitado ante la Inspección General de Justicia (N° 57.200), del que surgía que la demandada había reconocido -en el mes de marzo de 2002- mantener una deuda con el demandante por la suma de $ 6.605,23; iv) que, en consecuencia, correspondía estimar parcialmente el reclamo efectuado por el accionante -en su carácter de adherente renunciante- a un plan de ahorro previo, ya que su petición de reintegro de la totalidad de los haberes a su favor -de los que sólo le fue restituido un porcentaje- resultaba procedente; v) que -asimismo- al momento de celebrarse el contrato de ahorro previo, ambas partes conocían las disposiciones de la IGJ 8/82 (incorporada como parte del contrato suscripto por el actor), en relación al reintegro de haberes por renuncia o rescisión, en tanto en dicha resolución no se estipuló que el reintegro de fondos estuviese supeditado a condición alguna, por lo que, ante la renuncia del adherente, la administradora del plan debía restituir los haberes abonados una vez transcurridos los sesenta (60) meses del plan, es decir, a la época que el crédito se tornó exigible, previa deducción de la penalidad del 2 %.

Sobre esa base, el a quo hizo lugar parcialmente a la pretensión deducida por el actor por la suma determinada por el perito contador, esto es, por $ 4.703,12, con sus respectivos intereses y distribuyó las costas de la anterior instancia en el orden causado, por las razones explicitadas en la propia sentencia.

III. LOS AGRAVIOS.

Contra dicho pronunciamiento se alzó únicamente la demandada, quien sustentó el recurso interpuesto con el memorial obrante a fs. 299/302, el cual no mereció réplica alguna de la contraparte.

Se agravió “Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados” porque la anterior sentenciante:

i) valoró la aseveración del experto en punto a que “el importe abonado al actor era el que correspondía según el contrato suscripto entre las partes y las cláusulas 13° y 15°”, afirmación -ésta- que debió conducir al rechazo de la presente acción;

ii) consideró que el accionante poseía un saldo impago a su favor representativo de 20,74 alícuotas, lo que si bien -en principio- era cierto, no podía dejar de advertirse que ello dependía -exclusivamente- de las vicisitudes propias del contrato (en el caso, “mora en el grupo”), no habiéndose verificado, en la especie, incumplimiento alguno de su parte;

iii) apreció el supuesto reconocimiento de su parte en relación a la deuda de $ 6.605,23 mantenida con el actor, cuando era obvio que dicha afirmación fue tomada fuera del contexto en el que había sido requerida la respectiva información por la autoridad de contralor, y en el marco de una denuncia que efectuara la contraria;

iv) no estimó que de dicha denuncia también se extraía la indisponibilidad de fondos del plan de ahorro previo y la morosidad del grupo, amén de haberse reintegrado la totalidad de los haberes disponibles;

v) tampoco valoró que su parte dio absoluto cumplimiento a las cláusulas contractuales, aprobadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), no pudiéndosele en consecuencia reprochar comportamiento irregular alguno;

vi) condenó -por un lado- parcialmente a su parte, argumentando -por otro lado- que los haberes serían puestos a disposición de “acuerdo a las disponibilidades” y, finalmente;

vii) no consideró lo informado por el perito contador en cuanto a que sólo si existiese dinero disponible en el grupo en función de los ingresos que se produjeren luego de los recuperos cabría devolver el 47 %, lo que en el caso no había sido demostrado.

1°) El thema decidendi.

Señalado lo anterior, entiendo que el thema decidendi en esta Alzada reside en dilucidar a la luz de los distintos agravios planteados por la recurrente, si fue -o no- acertada la decisión de la Señora Juez de grado de reconocer el derecho del accionante a percibir un determinado importe pecuniario en concepto de saldo de haberes aportados a raíz de la renuncia que oportunamente formulara aquél al sistema de plan de ahorro previo al que se encontraba adherido.

En ese cometido, entiendo conducente efectuar una breve síntesis acerca de la naturaleza jurídica y características de la operatoria que vinculó a las partes contratantes, con particular referencia a la modalidad de adquisición de vehículos por el sistema de plan de ahorro referenciado más arriba. Una vez definida tal cuestión, el segundo aspecto a considerar pasará a ser el concerniente a si la demandada se encuentra o no obligada a abonar a Méndez el importe reconocido en la sentencia recurrida en concepto de pago del saldo de precio de haberes aportados derivado de la rescisión contractual supra aludida.

Al análisis de tales cuestiones me abocaré a continuación, no sin antes efectuar una aclaración preliminar relativa al contenido de la expresión de agravios introducida ante esta Alzada. Veamos.

2°) Apreciación preliminar.

Efectivamente. Una minuciosa lectura del memorial de fs. 299/302 permite observar -ante todo- que la insuficiente argumentación desarrollada en dicha pieza, no contiene -en rigor- una crítica concreta, seria y razonada de las apreciaciones que dan sustento al pronunciamiento atacado, con lo que -en principio- no se advierte satisfecha la carga impuesta por el CPCC: 265.

Sin embargo, este Tribunal siempre se ha guiado en este campo con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficien ­ cia de la técnica recursiva exigida por el citado art. 265 de la ley adjetiva, por entender que esa amplitud de criterio es la que más adecua ­ damente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la norma legal antes citada, con la garantía de la defensa en juicio de raigambre constitucional (CN: 18).

De allí entonces que el criterio de apreciación a este respecto debe ser necesariamente amplio, atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia requerida por la ley procesal cuando contienen, en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido -o que se atribuye a la sentencia- y al mismo tiempo se refuten las consideracio ­ nes o fundamentos en que aquella fue sustentada para, de esta manera, descalificarla como acto jurisdiccional.

Pero también se ha dicho, en forma reiterada, que no obstante tal amplitud en la apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como “agravios” en el sentido que exige la ley de forma, tal como ocurre en el sub-lite, en donde la apelante no plantea otra cosa que una mera disconformidad con lo decidido en la anterior instancia. Y es -en esa línea de pensamiento- que no resulta legalmente viable discutir el criterio judicial que da sustento a la sentencia que se cuestiona si no se apoya la oposición en un basamento idóneo o sin que sean aportadas razones jurídicas que permitan dar sustento a un distinto punto de vista (cfr. esta Sala, 27.08.99, in re “Superintendencia de Riesgos de Trabajo c/ Omega ART S.A.”, entre muchos otros).

En ese marco, debe tenerse presente que la apelante no controvirtió los aspectos de la sentencia que entendió equivocados, sino que se limitó a vertir consideraciones genéricas y meras discrepancias que en nada coadyuvan a su defensa, al no indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuáles son los hechos y circunstancias acreditados con virtualidad en el proceso para rebatir los argumentos desarrollados por el juzgador (cfr. CNCiv, Sala C, 11.07.67, LL, 128, pág. 447).

En esa inteligencia, apréciese que la demandada no logró desvirtuar los dos (2) argumentos centrales en los que la Señora Juez a quo sustentó su sentencia, consistentes en: i) que al accionante le correspondía cobrar en concepto de “diferencia” por el saldo insoluto un equivalente al 47 % del total aportado (representativo de 20,74 alícuotas), y ii) que la demandada había reconocido en su momento en las actuaciones administrativas N° 57.200, en trámite ante la Inspección General de Justicia, que -al mes de marzo de 2002- lo que correspondía devolver al reclamante por el concepto indicado equivalía a la suma de $ 6.605,23, o sea un monto superior al que de acuerdo con las constancias de autos se hallaría actualmente pendiente de pago.

Repárese que, con relación a este último argumento, la demandada adujo que tal reconocimiento de deuda no podía ser tomado fuera del contexto en el que había sido requerido por la autoridad de contralor, o sea en el marco de una denuncia administrativa efectuada por la contraria (véase, en tal sentido, fs. 300 vta. del memorial). Sin embargo, no aclaró concretamente cuál sería la razón por la cual tal reconocimiento efectuado ante la autoridad administrativa no debería ser tomado en cuenta a los efectos de la resolución del presente, cuando la situación frente al accionante es la misma en uno y otro plano.

Tales circunstancias determinan que la queja traída a consideración de esta Alzada carezca de la debida entidad en el plano ritual como para ser seriamente considerada como tal por este Tribunal.

Sin perjuicio de ello y dado que, como se dijo, la Sala se ha guiado siempre con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el art. 265 de la ley adjetiva, se pasarán a tratar a continuación los agravios planteados, soslayando las deficiencias precedentemente señaladas, de por sí suficientes para la desestimación del recurso.

3°) Naturaleza jurídica del contrato de ahorro previo y su incidencia en el sub-examine.

Sentado lo anterior, e ingresando entonces en el tratamiento de la cuestión de fondo precedentemente enunciada, estimo conducente destacar que en el precedente “Torres María Elena c/ Círculo de Inversores S.A. s/ ordinario” del 26.04.07, tuve oportunidad de expresar que los círculos de ahorro y préstamo para fines determinados constituyen(ían) un sistema que organiza a los ahorristas para la obtención directa o indirecta de bienes, basándose en el aporte mancomunado y el ahorro recíproco, mediante la acumulación de capitales que recaudan las entidades autorizadas, en las que se dan los presupuestos técnicos y financieros que facilitan el logro de las aspiraciones particulares de los ahorristas. Agregué en dicha ocasión que tal modalidad contractual constituía el desarrollo del principio de la mutualidad que permite(ía) atender mediante el aporte de todo un grupo de interés, la necesidad o el riesgo que le es común a sus miembros.

Sostuve, asimismo, en dicho precedente que la esencia del contrato se encuentra sustentada en la necesidad de adquirir bienes -posiblemente no indispensables, pero que hacen al confort y al mejoramiento del nivel de vida- que tiene un amplio sector de la población. Dejé sentado -en ese marco- que el valor de esos bienes los coloca fuera de las posibilidades de adquisición de los interesados mediante una operación individual de compraventa tradicional. Por ello, los potenciales adquirentes se unen entre sí a los efectos de formar un “pozo común” -fondo de ahorro- con el aporte mensual de sumas de dinero iguales, por cada uno de ellos. El total de ese fondo común debe resultar suficiente para que cada aportante, por turno y periódicamente, pueda adquirir el bien para cuya compra adhirió al grupo. Ahora bien, no debe pasarse por alto que como el precio de los bienes es alto y las disponibilidades mensuales de quienes desean adquirirlos reducidas, el número de personas con que se integra el grupo debe ser importante, para que el porcentaje del precio del bien objeto final de los aportantes a pagar regularmente por cada uno de ellos -en forma mensual, generalmente-, no sea excesivamente alto. Ello así, dado que el aporte debe ser constante, ya que lo contrario importaría no lograr reunir los fondos suficientes para acceder a la adquisición del bien. De lo expuesto se infiere -como también lo señalé en el mencionado antecedente- que quienes participan del grupo no van a obtener de manera inmediata y simultánea la satisfacción de su interés, ya que lo harán por turno, periódicamente (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.04.07, mi voto, in re “Torres María Elena c/ Círculo de Inversores S.A. s/ ordinario”, en igual sentido, Giuntoli, “Sistemas de Ahorro y Préstamo para fines determinados: Evolución, Precisiones y Distinciones”, LL -103- 913; Guastavino, “Contrato de Ahorro Previo”, Ed. La Rocca, 49, 195 y ss.).

En esa línea argumental, también he afirmado en los precedentes “Silvano, Sergio Fabián y otro c/ Lua Seguros La Porteña S.A. y otro s/ ordinario”, del 07.06.07 y “Scordo Carmelo c/ Florida Automotores S.A. y otro s/ ordinario”, del 24.07.08, que el contrato de ahorro previo para fines determinados conforma(ba) una compleja operatoria que permite(ía) al ahorrista, sobre la base de la mutualidad, acceder a la propiedad de bienes por adjudicación directa o por la entrega de una suma de dinero para adquirirlo (cfr. Stratta, Alicia J., Stratta, Osvaldo J., Stratta de David, María V., “Problemática del sistema de ahorro para fines determinados. Los caracteres del contrato de ahorro previo”, Rev. ED – UCA, Dir.: Germán Bidart Campos, Bs. As., 18.02.88; Guastavino, Elías, “Contrato de ahorro previo”, Ed. La Rocca, Bs. As., 1988, pág. 26 y ss.); y en sí mismo constituye(ía) un contrato pluriindividual de organización y administración, concertado entre la administradora del plan y cada uno de los participantes de aquél (denominados “adherentes” o “suscriptores”) vinculados -individual y colectivamente- entre sí en los términos del art. 1197 Cód. Civil.

Expliqué que de ese contexto surgía la certeza del adherente sobre la contraprestación que obtendrá en el tiempo, toda vez que las sociedades de ahorro previo -profesionales en el sistema de captación de fondos del público- administran(ban) lo recaudado para afectarlo al fin previsto en el contrato. Contrato que -a la sazón- encuentra su sentido jurídico en la reciprocidad de aportes que permite a todos los suscriptores acceder a la adjudicación del bien comprometido (esta CNCom. esta Sala A, 07.06.07, in re “Silvano, Sergio Fabián y otro c/ Lua Seguros…”; ídem, 24.07.08, “Scordo Carmelo c/ Florida Automotores S.A…”, citados precedentemente).

Indiqué también en los antecedentes jurisprudenciales referenciados en el párrafo anterior que dentro del marco de esta relación jurídica, la función de la administradora consiste(ía) en organizar el grupo de ahorristas, conformar el plan de ahorro, de modo que la cantidad de ahorristas y las cuotas que éstos pagan sean suficientes para adquirir mensualmente las unidades del bien objeto del plan para su adjudicación a los adherentes del modo previsto (v.gr., mediante sorteo, licitación, etc.) y luego recolectar el aporte mensual de los ahorristas con la finalidad de aplicar ese dinero a la adquisición de los bienes objeto del contrato para su ulterior entrega a los suscriptores de acuerdo a la modalidad pactada. En suma, la obligación de la administradora se centra en organizar el plan de ahorro, en recaudar los fondos entre los ahorristas y en administrar esos fondos para aplicarlos al destino previsto en el contrato (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 07.06.07, in re “Silvano c/ Lua Seguros…”, en igual sentido, 24.07.08, “Scordo Carmelo c/ Florida Automotores S.A. y otro s/ ordinario”, citados precedentemente).

4°) Derechos del suscriptor en caso de renuncia.

Sentado lo anterior, y entrando, pues, en el análisis de la temática particular que nos ocupa, esto es, lo relativo al “derecho de renuncia” del adherente a un sistema de ahorro previo, se ha sostenido en doctrina que el retiro, conocido también como abandono o renuncia concierne a la facultad del suscriptor de apartarse por voluntad unilateral de los planes de ahorro en la etapa anterior a la adjudicación y entrega (cfr. Guastavino, Elías P., “Reintegros al no adjudicario en el ahorro previo”, comentario a fallo de CNCom., Sala C, “Vega López, Ramón c/ Círculos Integrados S.A.”, del 21.09.92), artículo publicado en L.L. 1993- E,315). Así pues, la rescisión, en el sentido aquí empleado, refiere al derecho de la entidad administradora de excluir del plan de ahorro al suscriptor que ha incumplido la obligación de abonar las cuotas.

En ese marco, cabe hacer hincapié en que el retiro y la rescisión, en la noción expuesta, son alternativas que se plantean en el período de ahorro. Después de la adjudicación y entrega, en el período de amortización del préstamo, únicamente cabe exigir el cumplimiento de la obligación de pago. A este último fin responden las garantías y seguros correspondientes, constituidos de acuerdo a las estipulaciones contractuales (cfr. Guastavino, Elías P., “Reintegros al no adjudicario en el ahorro previo”, L.L. 1993- E,315, cit. supra).

Bajo esta óptica, es claro que la finalidad del ahorro, esencial en los planes examinados, exige que se asegure la recuperación de lo aportado con anterioridad a la adjudicación y entrega en los casos de retiro del suscriptor o de rescisión contractual por culpa de éste. Repárese que el régimen normativo, de fuente legal y reglamentaria, no lo ha preterido. Por el contrario, la vicisitud contractual extintiva por pedido del suscriptor a raíz de incumplimientos de las entidades administradoras no ha sido específicamente contemplada en las reglamentaciones ni suele tampoco estar previsto en los contratos de ahorro previo, debiendo aplicarse al respecto la legislación de fondo (arts. 505, 506, 508, 511, 1201, 1204, 1904, etc., Cód. Civil y concs., del Cód. de Comercio; cfr. Guastavino, Elías P., “Reintegros al no adjudicario en el ahorro previo”, L.L. 1993- E,315, cit. más arriba).

Sin embargo, no debe perderse de vista que en las distintas modalidades de capitalización y de ahorro previo rigen normas que establecen la aplicación de índices adecuados de ajuste de las cuotas y de los montos a reintegrar equitativamente según valores constantes en caso de retiro del suscriptor o de rescisión de los contratos por el incumplimiento culpable de sus obligaciones.

Llegado este punto, cabe concluir que el retiro y la rescisión, como vicisitudes contractuales extintivas por voluntad o por conducta de los suscriptores, operan como condiciones resolutorias legales y convencionales de los contratos en cuya virtud se excluye del plan de ahorro a los adherentes renunciantes y a aquellos cuyos contratos son rescindidos por incumplimiento (cfr. Guastavino, Elías P., “Reintegros al no adjudicario en el ahorro previo”, L.L. 1993- E,315, cit. supra).

Bajo este encuadre, adviértase que el régimen normativo ha previsto equitativamente las sanciones y los derechos que en tales hipótesis corresponden a los suscriptores en cuestión, debiendo tenerse presente que por la incidencia negativa para el resto de los suscriptores respecto de las posibilidades de normal cumplimiento de los planes, es justo que a los que se retiran y a quienes sus contratos son rescindidos se les apliquen sanciones, consistentes en moderadas multas o descuentos (cfr. Guastavino, Elías P., “Reintegros al no adjudicario en el ahorro previo”, L.L. 1993- E,315, citado supra).

Empero, -como bien señala reconocida doctrina- sería injusto e inconveniente que tales vicisitudes extintivas de la relación contractual significasen la pérdida total de lo ahorrado hasta el momento extintivo por el suscriptor (cfr. Guastavino, Elías P., “Reintegros al no adjudicario en el ahorro previo”, L.L. 1993- E,315, precedentemente citado). Caso contrario, es decir, en la hipótesis de avalarse la situación de pérdida total de los fondos aportados se desvirtuaría el espíritu de ahorro, que es -como su nombre lo indica- lo que tipifica y da razón de ser al sistema de ahorro de que se trata.

Síguese de ello, que las sociedades administradoras de planes de ahorro para fines determinados deben cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos que constituyen su objeto, así como de su correcta y leal ejecución hasta la entrega del bien y liquidación final (cfr. art. 1, Resolución 8/82 de la Inspección General de Justicia de la Nación); obligación ésta que obviamente se extiende a la debida restitución de los importes ya abonados por el suscriptor en supuestos de renuncia al plan respectivo, de conformidad con las pautas establecidas en el art. 2 de la Resolución 8/82 antes aludida, restitución que según esa misma reglamentación se encuentra condicionada a que los haberes recaudados de la totalidad de los ahorristas posibiliten esa restitución, y en la medida de esos haberes.

Sobre la base de toda esta estructura conceptual, corresponde, pues, pasar a analizar la prueba obrante en las presentes actuaciones a los fines de esclarecer si la accionada “Plan Ovalo” se encuentra obligada a oblar alguna suma adicional a la ya abonada al accionante en el marco del plan de ahorro previo para fines determinados oportunamente suscripto por éste- en concepto de “remanente” de los haberes aportados hasta el momento de su renuncia.

Veamos.

5°) En torno al resultado de las probanzas arrimadas al sub-lite.

Llegado este punto, cuadra comenzar por recordar que la accionada le reembolsó en su momento al actor, en concepto de saldo de haberes, los importes de $ 2.515,96 y $ 1.901,60, conforme surge de la pericia contable producida en autos, por lo que el análisis que corresponde efectuar se centra en establecer si además de esas sumas ya reembolsadas el actor tiene derecho a que le sea reintegrada una suma mayor a esta.

Del dictamen pericial producido a fs. 246/8 -con la finalidad de esclarecer justamente este punto- surge con meridiana claridad que: i) con fecha 10.06.01 la demandada percibió el cobro de la última cuota del plan de ahorro previo, cual poseía un total de sesenta (60) cuotas, y que, a partir de esa fecha, existía un plazo de treinta (30) días, por contrato, para realizar la puesta a disposición de haberes rescindidos y renunciados con los descuentos de menester, aclarando que dicha puesta a disposición era determinada teniendo en consideración la posibilidad del grupo de devolver el dinero aportado, habida cuenta de que -vgr.- en el supuesto de existir procesos judiciales habría -como es lógico- menos dinero para restituir, el cual debía ser reintegrado a medida que ingresase dinero al grupo (v. fs. 247 vta.); iii) en el mes de junio de 2001, se efectuó la primera puesta a disposición de haberes a favor del actor, la que representaba el 34 % del total por él aportado (o sea, la suma de $ 2.515,96), quedando en ese momento un remanente del 66 %; iv) luego, con fecha 21.08.03, se hizo una nueva puesta a disposición del 19 % (esto es, $ 1.901,60), quedando, a esa época, un saldo impago del 47 %, cual era -ciertamente- el mismo remanente existente a la fecha de realización de la pericia contable (véase fs. 247 vta.);

Sobre esa base, la perito concluyó que en el supuesto de existir dinero disponible en el plan de ahorro previo en función de los ingresos producidos, la demandada adeudaba al accionante el 47 % de la deuda (descontados los 53 % -es decir: los 34 % + 19 %- ya abonados) en concepto de saldo dinerario impago correspondiente al plan de ahorro oportunamente renunciado, es decir, la suma de $ 4.703,72, según se extraía de las cláusulas contractuales e informes recabados en la causa (fs. 246 vta.)

Síguese de lo expuesto que, según lo afirmado por la experta contable (cuyo dictamen no fue cuestionado por las partes), el actor poseía a su favor un saldo impago en concepto de reembolso de haberes aportados, el cual ascendía a $ 4.703,72; razón por la cual no cabe sino concluir que esa es la suma que la accionada “Plan Ovalo” se encuentra obligada a pagar respecto del primero.

Ello es así, con independencia de lo afirmado por la recurrente en cuanto a que la obligación de restitución en cuestión se hallaba sujeta a la condición de que “existieren fondos suficientes”; toda vez que -en todo caso- era carga de la demandada -frente a la contundencia de las conclusiones obtenidas de la pericia contable- acreditar que no existían fondos suficientes emergentes del activo excedente del sistema de plan de ahorro previo para hacer efectiva esa obligación.

Alcanzada esta conclusión, corresponde -entonces- desestimar los reproches esgrimidos por la demandada y, por ende, mantener el pronunciamiento apelado en lo que a este aspecto se refiere.

6°) Síntesis.

Como colorario de lo hasta aquí expuesto, y no habiendo progresado los planteos esgrimidos por la accionada en esta instancia, corresponde rechazar los agravios introducidos por esta última y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso.

V.- CONCLUSIÓN.

Por lo hasta aquí expuesto -entonces-, propongo al Acuerdo:

1.) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio;

2.) Imponer las costas de Alzada a la recurrente, dada su condición de vencida en esta instancia (CPCC: 68).

Así voto.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara Dra. María Elsa Uzal y la Señora Juez de Cámara Dra. Isabel Míguez adhieren al voto precedente.

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

1.) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio;

2.) Imponer las costas de Alzada a la recurrente, dada su condición de vencida en esta instancia (CPCC: 68).– Alfredo A. Kölliker Frers.– Isabel Míguez.– María E. Uzal. (Sec.: Valeria C. Pereyra).

 

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