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Medidas Cautelares: Por Jorge A. Rojas

Soluciones provisorias para lo urgente y lesivo

En el mundo del derecho, y específicamente dentro de la órbita del derecho procesal, existe una preocupación constante que se refleja en el enfrentamiento entre el proceso y el tiempo que consume su desarrollo. Si bien el proceso judicial es naturalmente consumidor de tiempo, los hechos de la realidad a veces se presentan con una fuerza incontenible y requieren de soluciones -por lo menos provisorias- para contener una situación urgente.

Esa es la finalidad que vienen a cumplir las medidas cautelares en el desarrollo de un proceso. De ahí su denominación, pues tienen un carácter meramente instrumental. Y cautelar tiene la significación de resguardar, de proteger, en algunos casos bienes, en otros personas y en otros derechos.
Es decir que conforman un sistema que coadyuva a la realización de un proceso judicial, para propender a la eficacia de una sentencia de mérito. Y la combinación de las medidas cautelares dentro del proceso judicial viene a resguardar un derecho humano esencial como es el derecho a la jurisdicción, que actualmente tiene jerarquía constitucional por los tratados a los que ha adherido nuestro país.

De esto es conciente la ciudadanía, que pese a ello hoy asiste atónita a un fárrago informativo de distinta índole, que más que clarificar propende a una mayor confusión, desvirtuando institutos absolutamente claros, como derechos de neta raigambre federal.
Sin hacer un juicio de valor sobre las disposiciones de la ley de medios, aquellos que han visto afectados derechos que consideran legítimamente adquiridos, para acceder a la jurisdicción y poder defenderlos a través de un proceso judicial han solicitado medidas cautelares para su resguardo y permitir así su defensa. Precisamente la normativa cuya legalidad se cuestiona le ha permitido señalar a la Corte Suprema que de no adoptarse una decisión cautelar, esto es, una decisión provisoria, carecería de sentido desarrollar el proceso judicial correspondiente, toda vez que la operatividad de las disposiciones de la ley abortarían, por el simple transcurso del tiempo, cualquier tipo de reclamación y por ende de la sentencia que eventualmente se dicte. Esto permite mostrar una vez más el enfrentamiento entre proceso y tiempo.
De ahí entonces que la decisión cautelar que inmovilizó la aplicación de algunos preceptos de la ley no obsta a su vigencia y menos aún provoca menoscabo alguno a ninguna de las partes enfrentadas en el conflicto. Sólo se persigue que aquellos que quieran reclamar por sus derechos vean resguardado el acceso a la jurisdicción, con todas las implicancias que ello tiene para el desarrollo del debido proceso legal; mientras que, a su vez, aquellos contra quienes se promueve la acción tengan la posibilidad de ejercer las defensas que estimen corresponder. Este es el sentido que tiene una actuación cautelar en un proceso judicial.

Por cierto que es muy importante el alcance que puede tener una decisión de esa índole, pero en modo alguno ello significa poner fin a ningún debate. Por el contrario, se trata sólo del comienzo.

Para el dictado de toda medida cautelar, la jurisdicción debe observar reunidos determinados requisitos: unos sustanciales y otros procesales, siendo los primeros los de mayor trascendencia, toda vez que a través de estos el juez debe comprobar que quien la solicita tiene una simple apariencia del derecho que invoca y urgencia en su protección, precisamente a los fines de permitir su debate para dirimir el conflicto en el proceso judicial.

Toda decisión cautelar no es definitiva, siempre tiene carácter provisorio; es mutable, sustituible y nunca hace cosa juzgada, de ahí entonces que no sean idénticos los recaudos que se deben observar para concederla, de aquellos que se deben observar para dictar una sentencia definitiva. Por ese motivo, no puede confundirse lo provisorio de una medida cautelar con lo definitivo de una sentencia de mérito, que será la que ponga fin a la disputa que exista.

23/10/10 Fuente: Clarín.com

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