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San Luis: ¿Quien es el «defensor» de la gente?

Hoy hablaremos de los DEFENSORES de la gente. No, no nos vamos a referir a  Superman o al Hombre Araña. Lo que trataremos de analizar es el caso de determinados agentes dotados con poder suficiente -de manera institucional- como para representar los intereses de los particulares que se sientan afectados.

Defensores de Pobres y Ausentes:
La ley orgánica de Tribunales de San Luis  (que, como su nombre lo indica, organiza la distribución de funciones entre los diversos jueces, secretarios y otros funcionarios en el seno del Poder Judicial) instituye a los DEFENSORES de POBRES Y AUSENTES.
Si bien mencionamos la Ley orgánica de San Luis, entendemos que el sistema se aplica uniformemente en otras jurisdicciones.
Estos defensores pueden encontrarse defendiendo intereses de particulares, en PRIMERA instancia o bien en SEGUNDA  instancia.
Los de primera instancia son personas que cubren los requisitos como para ser fiscales; los de segunda instancia, deben cumplir los mismos requisitos que un Juez de primera instancia.

Las funciones de estos órganos son referidas a:
**Defender a la persona de escasos recursos en casos civiles, para lo cual se la considera en situación de «carta de pobreza».
**Defender a los detenidos, encausados y condenados que no tengan abogado particular.
En este punto de vista, están obligados a realizar visitas de cárceles e informar a sus defendidos del estado de las causas, para lo cual tienen que concurrir al lugar de detención, por lo menos una vez mensualmente.
**Defender o representar a los trabajadores en casos laborales.
**Defender a las personas de las cuales se ignore su paradero, llamados para la ley, «ausentes de domicilio ignorado».

Defensores de Menores e Incapaces:
No hay que confundir este tipo de defensores con los anteriores, si bien ambos están contemplados en la ley orgánica de Tribunales.
Estos defensores (hay dos en la primera jurisdicción de San Luis; están ubicados en la planta baja del Palacio de Tribunales, a diferencia de los defensores de pobres y ausentes, que están -hasta acá- en el primer piso) se involucran en defender a los menores e incapaces.
Cuando se habla de «menores», en la actualidad nos estamos refiriendo a Menores de DIECIOCHO   años.
Cuando la ley dice «incapaces», salvo que lo aclare, se estaría refiriendo, no a personas mayores de 18 años, con capacidades diferentes en la «vida real», sino que además de un sustrato «real», han sido declaradas de esa manera mediante un procedimiento establecido también por ley. Caso contrario, para la ley son «capaces».
Qué funciones tienen estos «Defensores de menores e incapaces»?:
**Son parte en todo asunto judicial donde haya un menor o incapaz, AUN CUANDO en ese asunto estén interviniendo normalmente los padres o representantes de esa persona.
** Deber de peticionar al Juez de Familia las medidas «convenientes para que sean educados y se les dé una profesión que les proporcione medios de vivir». (sic !!)
**Recibir denuncias de violencia familiar contra menores e incapaces.
**Realizar ante el Juez de Familia la denuncia formal de violencia familiar.
**Citar en su despacho a personas a los fines informativos o conciliatorios.
Aquí es donde normalmente se conoce la actuación del  Defensor de Menores: es muy común que las señoras que no reciben aporte alimentario del padre de sus hijos concurran a la defensoría, donde se citaría  al progenitor, para una audiencia conciliatoria. El común de la población tiene la «idea» de que estuvo «en el Juzgado» y que «hablaron frente a la Jueza». Cuando en realidad llevaron a cabo una audiencia conciliatoria en la Defensoría, y para mayor resguardo y obligatoriedad el acta firmada requeriría la homologación ante el Juzgado de Familia.
**Por último, otro de los deberes del defensor de menores es el de inspeccionar los establecimientos públicos o privados destinados a la internación de menores e incapaces, solicitando las medidas para un mejor trato. Eso es lo que tiene que hacer mensualmente.

Defensor de los derechos del Consumidor:

La ley de Defensa de los derechos del Consumidor 24.240, a la que la provincia de San Luis se ha adherido desde 1999, prevé la existencia de un organismo de DEFENSA de tales derechos.

En un principio (1999) las funciones fueron atribuidas a la Dirección de Comercio. Sin embargo, actualmente son cumplidas por el PROGRAMA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR.
Este programa, ubicado en el EDIFICIO CASA DE GOBIERNO DE SAN LUIS EN TERRAZAS DEL PORTEZUELO, tienen las siguientes funciones:
**Verificar infracciones a los derechos del consumidor, en cuanto a publicidad, cobro de precios, contenido de los productos vendidos, trato personal al consumidor, y todo lo contemplado por la ley 24.240 de derechos del consumidor.
**Recibir denuncias de particulares e iniciar actuaciones administrativas.
El problema actualmente reside en que el Programa se ha radicado en la Casa de Gobierno de Terrazas del Portezuelo, lo cual equivale a decir que un particular que ha sido estafado en un producto que cuesta treinta pesos,  tiene que tomar un remisse de ida y de vuelta que asciende al mismo valor, para hacer el reclamo.
Este «programa» u organismo defensor, sin dudas tendría que estar ubicado EN EL MEDIO DEL CENTRO, a disposición de las personas que lo necesitan. Caso contrario, no está cumpliendo con los objetivos de la ley de defensa del consumidor 24.240, a los que la Provincia se obligó cuando se adhirió a tal disposición.
**El programa tiene facultades para hacer inspecciones en los negocios, y comprobar las infracciones.
**Puede labrar actas e imponer multas a los comerciantes infractores.
**Inicia sumarios de reclamo, por denuncia de los particulares; toma audiencias conciliatorias; pasa a resolver tales sumarios y puede dictar resoluciones aplicando una sanción como resultado final de la denuncia.
En  nuestra experiencia personal, tenemos un reclamo iniciado en el Programa de defensa de derechos del consumidor en 2008, en el cual la audiencia conciliatoria se «tomó» en el 2009, y pasó en 2010 a «resolver», sin que hasta el presente se haya dictado ninguna resolución al respecto.
Contra las resoluciones de este organismo DEFENSOR, las partes pueden APELAR ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente a la jurisdiccion del lugar del Juzgamiento, dentro de los cinco días.

Defensor del Pueblo:
El caso del Defensor del Pueblo de San Luis es realmente un supuesto aparte:
La Constitución Provincial lo prevé, en el artículo 235, que dice en síntesis:
«Se crea en jurisdicción del Poder Legislativo la Defensoría del Pueblo, cuyo objeto fundamental es proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública Provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones, Tiene, asimismo a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual. Las actuaciones son gratuitas para el administrado.»

El artículo de la Constitución es suficientemente claro. Destacamos que:
**El defensor del Pueblo no depende del poder ejecutivo, sino que se crea «en jurisdicción» del legislativo.
**Evidentemente su función destacada es defender a los particulares de avances del poder publico (administración o agentes públicos).
**Busca poner un poco de equilibrio entre el poder omnímodo del estado y las personas comunes.

Desde el año 2004 no hay defensor del pueblo en San Luis.
La estructura -empleados y profesionales en el seno de la defensoría- sigue funcionando, pero, de alguna manera, desviada de sus atribuciones constitucionales.

En la página web oficial, al mencionar la función del defensor del pueblo, se dice:
«Dicho de otro modo, tiene la misión fundamental de tutela y amparo de los Derechos de los ciudadanos que sufran o pudieran sufrir atropellos por entidades publicas o privadas que brindan un servicio comunitario.»
También en la página web de la defensoría, se hace hincapié en que realizan «asesoramiento y gestión de seguimiento en todas aquellas tramitaciones y gestiones de los ciudadanos que han efectuado o desean comenzar el tramite para obtener el beneficio de la jubilación o pensión (debido a ) la latitud y la complejidad del sistema Previsional Argentino»
Evidentemente se está buscando, con este comentario, alejar la idea de la lucha por el equilibrio de poder en relación con la ADMINISTRACION PUBLICA.
Es de esperar que este organismo sea prontamente restituido, y comience a funcionar acabadamente en San Luis, para que tengamos un verdadero «Ombudsman», un representante del pueblo, frente al avance evidente del Poder Ejecutivo sobre las facultades y derechos de los particulares.

Columna en «La Marcha de las Noticias».
Programa de Elisa Sosa.
Día Lunes 6 de Junio de 2011.

Fuente: Cuyonoticias

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