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Ley beneficia a padres de alumnos

ley-beneficia-padres-alumnosEl contrato por el cual un establecimiento presta un servicio educativo privado se enmarca en una relación de consumo, razón por la cual se debe aplicar la norma más favorable al consumidor

El contrato por el cual un establecimiento presta un servicio educativo privado se enmarca en una relación de consumo, razón por la cual se debe aplicar la norma más favorable al consumidor: los padres de los alumnos.

Por ende, el plazo que tiene una institución para demandar judicialmente por cuotas impagas expira al año, porque ese plazo de prescripción, previsto por el Código Civil, es más benéfico para el consumidor que el genérico, de tres años, que fija la propia Ley de Defensa del Consumidor.

Así lo estableció la Cámara 4º de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que también ratificó que la prescripción debe computarse desde el vencimiento de cada cuota y no a partir del día posterior al último del año lectivo cursado.

El tribunal rechazó el recurso de apelación promovido por los representantes de un instituto educativo contra la sentencia del Juez de 20º Nominación del mismo fuero, que había hecho lugar a la excepción de prescripción articulada por el demandado (el padre de un alumno), criterio que fue reafirmado, por entender que el establecimiento accionó después del plazo establecido para hacerlo respecto de cada una de las cuotas reclamadas.

‘Tal plazo resulta aplicable al consumidor -demandado-, mas no al empresario -demandante-, desde que la acción conferida a éste último emerge del derecho común y no de la Ley 24240, por lo que no puede ampliarse a su favor tal término cuando, según la normativa de fondo, éste resulta inferior’, consideró.

Por otra parte, el camarista, a cuyo voto se adhirieron sus pares, manifestó que ‘el comienzo del cómputo del plazo de prescripción -un año- lo es desde el vencimiento de la obligación reclamada’, pues la acción judicial de cobro ‘nace a partir del vencimiento del crédito que resultó impago’.

‘En el caso, la obligación de pago se consolida mensualmente, pues el costo anual de la escolaridad (que incluye aranceles por servicio educativo, insumos, transporte y comedor) se dividió en 12 cuotas mensuales y consecutivas con fecha de vencimiento propia, pues debían abonarse por adelantado entre e1 1 y el 15 de cada mes, según el contrato celebrado por las partes’, expresó.

Esto se ve ratificado -agregó- por la circunstancia de que ‘las partes pactaron la mora automática, de pleno derecho’, así como ‘el devengamiento de intereses desde la fecha de cada vencimiento’.

De acuerdo con el tribunal, no debe confundirse el período lectivo (comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de diciembre) ‘con la forma de pago por la prestación del servicio educativo, que fue dividida en cuotas mensuales, cada una con su propia fecha de vencimiento’

El apelante, por el contrario, esgrimía que el contrato de prestación de servicios educativos, celebrado por año completo, concluye el último día del año cursado, a partir del cual debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, con independencia de que el pago se haya pactado en cuotas mensuales.

En su voto, el camarista Miguel Ángel Bustos Argañarás argumentó que el también denominado ‘contrato de enseñanza’ se encuentra ‘dentro de la categoría de los contratos de consumo’, por lo que todo el régimen protectorio de la Ley 24240, de Defensa del Consumidor ‘le resulta aplicable’.

Sin duda alguna, el contrato de servicio educativo se rige por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, integrada acerca de las cuestiones vinculadas con este elemento del contrato (el precio) por lo dispuesto por el Decreto Nº 2.417/93 en virtud de lo establecido en el artículo 3 º de la propia ley. Por ello, en esta materia son competentes para intervenir las autoridades de Defensa del Consumidor de cada provincia, o del municipio que corresponda en caso de tener delegadas las atribuciones.

No hay una intromisión en el hecho jurídico que le sirvió de génesis a la aplicación de la norma, la ley 24.240 en el caso, sino que se estableció que determinados preceptos de la legislación proteccionista del consumo, pueden ser objeto de aplicación, considerando a los padres la parte más débil de la relación en el contrato educativo. Desde esta perspectiva, y conforme las razones expuestas, el crédito reclamado se encuentra prescripto’, aseveró. Por lo tanto, las cuotas impagas en un colegio privado prescriben al año.

12/12/13 Fuente: Diario Popular

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