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La censura no existe, la inflación tampoco

Los argentinos que hayan pasado el medio siglo de vida recordarán que, en tiempos de turbulencias políticas, una de las pocas formas de acceder a una información confiable consistía en valerse de una buena radio de onda corta, extender la antena hacia el lugar apropiado y tratar de sintonizar alguna emisora del exterior. La preferida era Radio Colonia, que si bien contaba con sus estudios en el país estaba libre de los constantes aprietes de la censura por contar con antena en Uruguay.

Felizmente, los tiempos cambiaron, política y tecnológicamente. La circulación de la información no es tan fácil de bloquear como antaño, pero algunas persecuciones del poder de turno no hacen más que mutar y perfeccionarse, al punto de llegarse a octubre de 2012 con una extraña coincidencia con épocas que se creían superadas: hoy la única consultora que sigue difundiendo sus mediciones de inflación (sin la cobertura de diputados con fueros) puede hacerlo a través de un sitio de Internet localizado fuera del país y al que, por consiguiente, no alcanza el largo brazo de Guillermo Moreno.

Se trata de la página web Inflaciónverdadera.com, único sobreviviente de lo que fueron más de una decena de mediciones. Al cierre de esta nota, marca una tasa anual del 26,7 por ciento.
Días atrás se conoció la decisión de la organización Acción del Consumidor (Adelco) de discontinuar su relevamiento de precios en comercios que venía realizando desde hacía dos décadas, luego de una «sugerencia» de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para que adecuara sus números a los únicos que en el gobierno consideran creíbles: los del INDEC.

Moreno y su segunda, María Lucila «Pimpi» Colombo, ya habían tomado una medida distinta, pero con alcances similares en cuanto a la prohibición de difundir datos diferentes a los oficiales, con la ONG Consumidores Libres. El argumento sería cómico si no fuera absurdo: sólo podrán dar a conocer cifras que coincidan con las del INDEC, algo que de cumplirse tornaría innecesarias a las ONG, convirtiéndolas en meras repetidoras del discurso oficial.

Al acto de censura se le suma en estos casos por lo menos una confusión conceptual: las mediciones de estas entidades no tienen por qué coincidir con las del INDEC –aun cuando el organismo oficial diera índices confiables– por la sencilla razón de que comprenden universos diferentes. Adelco y Consumidores Libres se ocupan principalmente de alimentos y bebidas y en menor medida de indumentaria, es decir una parte (no más del 45 por ciento) de todos los precios al consumidor de los que debe ocuparse el INDEC y que incluyen, además, transporte, salud, esparcimiento, educación, vivienda, bienes y servicios varios.

En el ojo de la tormenta . En esta parte del año es el turno de las asociaciones de consumidores, por la sencilla razón de que ya no quedan consultoras para prohibir. De eso ya se ocupó Moreno hace un año y el listado de prohibiciones es extenso: Buenos Aires City, Finsoport, Melconian & Santángelo, Economía & Regiones, Ecolatina, Miguel Bein y Asociados, Ecoviews, Orlando Ferreres y Asociados, FIEL, son los nombres principales. La confusión conceptual es tan absurda como en los casos anteriores, como la de aplicar normas de defensa del consumidor para entidades que difunden estimaciones de precios.

En cuanto al afán persecutorio de estos últimos años en materia de difusión de mediciones alternativas, conviene recordar que índices de esa naturaleza no son una novedad surgida después de la destrucción del INDEC como organismo digno de confianza. Ya desde fines de la década del ’80 que el IPES de Jorge Domínguez saturaba los faxes de las redacciones con datos de inflación, no solo mensual sino también semanal.

Moreno habría tenido más de un conflicto dentro del oficialismo si dos entidades hubieran continuado en estos tiempos con la difusión de sus índices y mediciones: una era la Fundación NacionAL, conducida por Arnaldo Bocco, quien años después sería director del Banco Central durante el kirchnerismo. La otra era la canasta familiar que mensualmente daba a conocer la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (Fide), donde hacía sus primeras armas Mercedes Marcó del Pont.

Domínguez, Marcó del Pont y Bocco transitaron esos años desarrollando sus actividades profesionales desde diferentes carriles (el menemismo uno, el desarrollismo otra, el PI, el caputismo y el frepasimo en las diferentes escalas del último), con los avatares propios de quienes dan a conocer informes que pueden incomodar a los poderes de turno. Pero ninguno de los tres llegó siquiera a sospechar que algún funcionario pudiera blandir la ley de Defensa del Consumidor para vedarle la difusión de sus mediciones, que pudieron realizar sin interferencias durante años.

En tiempos en los que la presidenta Cristina Fernández despunta su vicio de secretaria de Redacción y dictamina que «no da» llamar cepo a las restricciones cambiarias, habrá que esperar qué denominación es la elegible para mencionar a la prohibición de difundir mediciones alternativas de índices de precios. Porque ya es sabido que, como la inflación, la censura no existe.

Marcelo Bátiz (*)

(*) Agencia DyN

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