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Nota de Prensa a Protectora: Recomiendan chequear antes de entregar dinero por una casa

Tras el caso de las 120 familias estafadas en Luján, aconsejan averiguar el respaldo de las cooperativas que ofrecen proyectos. El IPV no vende adjudicaciones. Dónde se puede mirar el registro de entidades.

Averiguar muy bien antes de pagar. Esta es en resumen la principal precaución que hay que tener en cuenta antes de comprometer recursos económicos para tratar de acceder a una vivienda propia a través de un plan motorizado por alguna acción cooperativa.

Todos los organismos consultados que tienen relación con la construcción de viviendas a través de acciones conjuntas o que protegen a los consumidores, la Subsecretaría de Cooperativas, la Dirección de Protección y Defensa al Consumidor, el IPV y la ONG Protectora, remarcan que hay que buscar asesoramiento y corroborar la existencia de las empresas que ofrecen planes para la construcción de barrios.

Si alguna de las 120 familias que fueron estafadas por falsos intermediarios que les prometieron casas del IPV a cambio de un pago inicial de entre $3.500 y $7.000 hubiera chequeado las promesas que un supuesto empleado del IPV y un delegado del Sindicato Unido de Petroleros (SUPE) les hicieron, podría haber advertido que los estaban estafando. Sucede que en este caso –que hizo público ayer Diario UNO– las familias confiaron en el sindicalista porque era compañero de trabajo de algunas de las víctimas.

Nada les hizo suponer que estaban siendo engañados y que el dinero que habían entregado para obtener un código que lo haría adjudicatarios a una vivienda, así sin más papeleo, se iba a esfumar con todas sus ilusiones.

Las familias cayeron en la cuenta del engaño cuando en enero el IPV entregó el barrio Solares del Río, en Luján, a otros adjudicatarios, cuando en realidad creían que esas casas eran para ellos.

El jueves los damnificados cortaron media calzada del Acceso Sur para luego dirigirse en masa a hacer la denuncia a la Oficina Fiscal Nº11.

Para evitar malos tragos como éste, desde el IPV remarcaron que todas las acciones para obtener una vivienda por medio de este organismo se tramitan en el propio instituto o en los municipios.

“Lo que deben hacer los interesados es consultar en el IPV, si se inscriben en un proyecto, deben ir hasta el IPV (ubicado en la calle Lavalle de Ciudad) o a las direcciones de Vivienda de los municipios y averiguar si el proyecto en el que se inscribieron existe y ver en qué estado está”, manifestaron.

“La gente debe saber además que no existen personas del IPV que vendan adjudicaciones, como les dijeron a los damnificados de Luján. No hay que hacer ninguna entrega de dinero por fuera del IPV”, remarcaron.

Destacaron además que casos como el que se conoció ayer son “aislados”. En general, la gente toma precauciones, pregunta antes de pagar y se informa.

En la Subsecretaría de Cooperativas, que ahora depende del Ministerio de Agroindustria, aún no hay un funcionario formalmente designado, pero destacaron que lo primero que hay que hacer es “chequear la existencia real de la cooperativa que ofrece el proyecto de vivienda”.

En la Subsecretaría hay un registro de todas las cooperativas de Mendoza, que son alrededor de 700, de las cuales aproximadamente el 70% son cooperativas formadas con el fin de hacer viviendas. “En el organismo conocen el desempeño de cada una de ellas. Nosotros podemos ver cuáles están sanas, que no tengan demandas, que hayan cumplido con los compromisos asumidos. Nos interesa que no se utilice la herramienta de las cooperativas para practicar engaños porque se desprestigia una herramienta que es muy útil”, apuntó quien será la titular del organismo, pero que prefirió mantenerse en reserva hasta que sea nombrada oficialmente.

Mario Vadillo, apoderado legal de la ONG Protectora, aconsejó –en el mismo sentido que los organismos públicos– corroborar la existencia real de las cooperativas antes de pagar.

“Hay que desconfiar de las empresas que ofrecen cuotas de ingreso muy baratas –dijo como consejo general– porque utilizan esto como un gancho, pero después no cumplen con lo pactado”.

La directora de Defensa al Consumidor, que depende del Ministerio de Agroindustria y Tecnología, Carmen Caballero, acotó que cuando llegan denuncias de víctimas se les aconseja radicar la denuncia en la Justicia porque en todos los casos este tipo de engaños entrañan una estafa que tiene que investigar la Justicia.

Sara González
sgonzalez@diariouno.net.ar

11/2/12 Fuente: Diario UNO

Link: http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2012/02/11/nota293290.html

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