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Argentina: Atlas Iberoamericano de Protección al Consumidor.

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LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

Existe todo un conjunto de normas, decretos y regulaciones, desde la Constitución Nacional hasta el Código Civil y leyes especiales que regulan y organizan, directa e indirectamente, la actividad económica de los mercados, las obligaciones de los proveedores de productos y servicios y los derechos de los usuarios y consumidores. Así, puede decirse que existe, dentro del ordenamiento jurídico argentino general, todo un “subsistema” protectorio en materia de derechos de los consumidores, integrado por leyes que regulan – a modo de ejemplo – el transporte, las comunicaciones, los alimentos, los medicamentos, los servicios públicos y privados y toda otra actividad destinada a los consumidores y usuarios. Y dentro de ese subsistema puede identificarse, como norma integradora o eje vertebral específico del sistema de protección de los consumidores, a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que rige desde el año 1993 y fue modificada sustantivamente a partir de la sanción de la ley 26.361 del año 2008, que actualizó su texto e introdujo figuras e institutos muy importantes como el daño punitivo, la protección de conductas indignas o abusivas en perjuicio del consumidor y la posibilidad de fijar reparación de daños a favor del consumidor en la esfera administrativa, a través de la autoridad de aplicación.

ARGENTINA
República Argentina
Capital: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Idioma oficial: Español
Población: 40.117.096 de habitantes2 Protección del Consumidor: Subsecretaría de Defensa del Consumidor Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas http://www.consumidor.gov.ar

RÉGIMEN LEGAL APLICABLE

1. ¿Existe alguna previsión constitucional relacionada con la defensa del consumidor en su país?

Los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional refieren específicamente a los derechos de los usuarios y consumidores, previendo aspectos relacionados básicamente con la protección de la salud, seguridad e intereses económicos de los mismos, así como a la acción de amparo para el ejercicio y protección de esos derechos.

2. ¿Existe alguna legislación especial de Defensa del Consumidor? ¿Se trata de normativa de orden público?

La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, reformada sustantivamente por la ley 26.361 a partir del año 2008, es la norma específica de protección de los consumidores y usuarios y es una norma de orden público, como la propia ley prevé en su art. 65.

3. ¿Ocurren conflictos entre el Derecho del Consumidor y otras normas de Derecho Público o Privado? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la tendencia en las decisiones de los Tribunales? ¿Ha existido predominio por el Derecho del Consumidor?

Dentro del ordenamiento jurídico general, existen conflictos o colisiones entre derechos o previsiones legales de la Ley de Defensa del Consumidor y otras normas generales o especiales que regulan distintos sectores de actividad. En general prevalece, en la resolución de los casos, tanto administrativa como judicialmente, la interpretación o la aplicación de la previsión legal más favorable para el consumidor.

4. ¿Se prevé una tutela penal en las relaciones de consumo?

Si bien la ley especial de los consumidores no prevé delitos para la materia, sí en el Código Penal de la Nación Argentina se prevén figuras o tipos penales aplicables a las relaciones de consumo. Ver artículos 159, 173, 174, 200, 201, 204, 204 bis, 204 ter, 204 cuater, 206, 208, 300, 301 y otras figuras establecidas en leyes especiales.

ESTRUCTURA DISPONIBLE PARA LA GARANTÍA DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR

5. ¿Existe un organismo central gubernamental de Defensa del Consumidor? En caso afirmativo, ¿cuáles son sus facultades y atribuciones?

Existe una autoridad administrativa nacional de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor que es la Secretaría de Comercio Interior; autoridad que puede, entre otras facultades y atribuciones, imponer sanciones por infracciones a la normativa, realizar audiencias de conciliación entre proveedores y consumidores, dictar medidas de cese de conducta, controlar cláusulas abusivas en contratos de consumo y autorizar el funcionamiento de las asociaciones de consumidores.

6. ¿Existe alguna forma de descentralización del referido organismo?

Conforme nuestro sistema representativo, republicano y federal de gobierno, existe una autoridad administrativa nacional de la ley ya referida y cada jurisdicción, es decir cada provincia del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen su propias autoridades administrativas de aplicación, pero que no operan como entes descentralizados del organismo nacional. A su vez, existe sí descentralización para algunas cuestiones en entes municipales.

7. ¿Qué tipo de sanciones están previstas para ser aplicadas por los órganos de Defensa del Consumidor en los ámbitos administrativo, civil y penal?

En sede administrativa, ante incumplimientos a la ley está prevista la aplicación de sanciones de apercibimiento, multa, decomiso de mercaderías, clausura de establecimientos, suspensiones de registros y pérdidas de exenciones impositivas o privilegios fiscales. Adicionalmente, en sede judicial y en materia civil puede adicionarse la aplicación de daño punitivo al proveedor a favor del consumidor y, en sede penal, las penalidades de multa y de penas privativas de la libertad enumeradas en el punto 4.

8. ¿Existen entidades civiles o de cualquier iniciativa no gubernamental de Protección al Consumidor? ¿Tienen alguna regulación especial?

Existen entidades civiles no gubernamentales, de distinta conformación, que tienen como finalidad la protección de los consumidores. Su actividad está regulada en normas generales atinentes a las personas jurídicas y – por especialidad – en los artículos 55 y siguientes de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

9. ¿El Gobierno de su país apoya de alguna forma a esas entidades? ¿A cuáles y de qué forma?

La autoridad de aplicación apoya a las asociaciones no gubernamentales a través de distintas modalidades, como proyectos de capacitación, y campañas de difusión de derechos, la entrega de subsidios para el funcionamiento o para financiar actividades o políticas especiales de consumo, la convocatoria a conformar consejos consultivos o a integrarse a directorios de organismos de control específicos, entre otras.

10. ¿Existen Comisiones o Consejos que reúnan a las entidades civiles de defensa del consumidor? ¿Actúan como órganos consultores del Atlas Iberoamericano de Protección al Consumidor?

Existen Consejos Consultivos de asociaciones de consumidores que actúan como órganos de consulta en relación con distintas políticas gubernamentales, generales o sectoriales, en materia de protección al consumidor, como el Consejo Asesor para Evaluar el Comportamiento Ético de las Asociaciones de Consumidores.

11. ¿Quien representa internacionalmente al país en las cuestiones referentes a la protección y defensa del consumidor?

En general son funcionarios de la propia autoridad administrativa de aplicación, a través de la participación de sus funcionarios en distintos eventos y foros regionales o multilaterales relacionados con la protección del consumidor, así como también – en determinadas situaciones – a través de la participación de expertos gubernamentales y no gubernamentales en la materia de protección al consumidor, a través de la Cancillería Argentina.


SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

12. ¿Cómo se presenta la Defensa del Consumidor en el ámbito judicial? ¿Hay algún procedimiento diferencial para la defensa del consumidor?

La problemática del consumidor también es receptada en el ámbito judicial a través de acciones, tanto particulares como de incidencia general o colectiva, presentadas por autoridades gubernamentales, consumidores damnificados o por distintos legitimados – en general asociaciones de consumidores – con la finalidad de obtener medidas de cese de conductas ilícitas por parte de los proveedores como la reparación integrales de los daños y perjuicios ocasionados.

13. ¿De cuáles mecanismos judiciales disponen los consumidores para su protección? ¿Es posible iniciar acciones de incidencia general o colectiva en materia de protección al consumidor? ¿Cual es su régimen o regulación?

Existen dos tipos de acciones: la individual o particular, articulada por un consumidor damnificado por determinado incumplimiento contractual o legal y las acciones de incidencia general o colectiva, ejercidas a través de distintos legitimados (Defensor del Pueblo, Asociaciones de Consumidores, Ministerio Público y Autoridad de Aplicación de la ley de protección al consumidor) y que se encuentran receptadas y reguladas en el artículo 43 de la Constitución Nacional, en los artículos 52 a 55 de la Ley 24.240 de Protección al Consumidor y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

14. ¿Se practican resoluciones alternativas de conflictos en el área de Protección al Consumidor? En caso afirmativo, ¿cómo funcionan y quiénes son los responsables?

Existen básicamente dos métodos alternativos de resolución de conflictos de consumo en el área de protección al consumidor: la conciliación y el arbitraje de consumo. La primera se encuentra prevista como etapa procesal previa y obligatoria en el procedimiento sumarial de la Ley 24.240 y es desarrollada por las autoridades administrativas de aplicación. El arbitraje, en cambio, está creado por Decreto Presidencial, funciona en la órbita de la autoridad de aplicación, aunque es un tribunal independiente, voluntario para las partes y que resuelve de modo inapelable y en instancia única la problemática planteada, en general por equidad, a través del dictado de laudos. La existencia de Tribunales Arbitrales de Consumo Turísticos, por otra parte, constituyen una opción de solución rápida de conflictos en períodos de vacaciones.

MATERIAL

15. ¿Existe la preocupación de aplicar el principio de la información en las relaciones contractuales?

Es un principio fundamental en las relaciones de consumo que debe verificarse tanto en la etapa precontractual, así como durante toda la duración del contrato y aún con posterioridad a su cese. Encuentra consagración legal a nivel constitucional y en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

16. ¿Hay alguna previsión de protección contra cláusulas abusivas?

Sí, en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, artículos 37 y siguientes. Se complementa a través de resoluciones reglamentarias de la autoridad de aplicación y en otras leyes especiales que regulan distintos sectores de actividad como tarjetas de crédito, medicina prepaga, tiempo compartido, planes de ahorro, etc.

17. ¿Existe reglamentación sobre los contratos de adhesión?

Encuentra regulación específica en el arts. 38 y 39 de la Ley 24.240, su Decreto Reglamentario Decreto 1798/94 y también en leyes especiales de distintos sectores de actividad ya referidas como la Ley 26.682 de Medicina Prepaga, la Ley 26.356 de Tiempo Compartido, ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, Ley 25.599 de Turismo Estudiantil, entre otras.

18. ¿Existe reglamentación sobre los contratos a distancia o fuera del establecimiento comercial?

Existe una regulación específica sobre este tipo de contrataciones, previendo distintos requisitos esenciales en la contratación y el derecho de arrepentimiento del consumidor durante el plazo de 10 días corridos, contemplados en los artículos 32 a 34 de la Ley 24.240; su Decreto Reglamentario Decreto 1798/94, y en la Resolución de la autoridad de aplicación SCT N° 104/05, que implicó la incorporación al ordenamiento jurídico argentino de la Resolución MERCOSUR, de fecha 8 de octubre de 2004 referida al comercio electrónico y los requisitos de información a suministrar a los consumidores.

19. ¿En lo que concerniente a la responsabilidad civil del proveedor, ella es objetiva o subjetiva?

En materia de relaciones de consumo, la responsabilidad del proveedor por daños causados al consumidor, derivada de la prestación de servicios o la comercialización de productos es objetiva y solidaria entre todos los proveedores integrantes de la cadena de comercialización (fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores).

20. ¿Existen delitos en las relaciones de consumo? En caso afirmativo, ¿cuáles serían los tipos penales y cuales sus respectivas sanciones?

Ya hemos referido en el punto 4 que no existen delitos típicos previstos en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, pero en el Código Penal sí se prevén penalidades relacionadas con las relaciones de consumo tales como estafas y defraudaciones en la comercialización de mercaderías, delitos contra la salud pública, falsificación de medicamentos, contaminación ambiental, manipulación de precios, etc.

21. ¿Existe responsabilidad por la fabricación del producto y por la prestación del servicio?

Sí, ya hemos referido también que, independientemente de las previsiones legales generales sobre la materia existente en la legislación civil general (Código Civil), la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor prevé en su artículo 40 que la responsabilidad por el daño causado derivado del vicio o riesgo de la cosa de la prestación del servicio es de tipo objetiva y solidaria entre todos los proveedores integrantes de la cadena de comercialización.

22. ¿Existe responsabilidad por el vicio (falla) del producto o del servicio?

Existe en tal sentido un régimen de garantía legal obligatoria de seis meses para los productos nuevos y tres para los productos usados, prevista en el artículo 11 de la Ley 24.240 para las cosas muebles no consumibles, sin perjuicio de la garantía contractual adicional que prevean los proveedores. Para los servicios de reparación, mantenimiento, o similares -en general- está previsto una garantía legal mínima de 30 días para subsanar los vicios o desperfectos advertidos en el trabajo realizado, dispuesta en el artículo 23 de la Ley 24.240.

23. ¿Existe responsabilidad entre todos los integrantes de la cadena de consumo? En caso afirmativo, ¿cómo se procesa?

Tanto para el régimen de garantía legal obligatoria como para los daños derivados de la relación de consumo para el consumidor, la responsabilidad de todos los integrantes de la cadena de comercialización (fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores) es solidaria, sin perjuicio de las acciones de regreso que, en su caso y con posterioridad, se entablen para repetir lo abonado.

24. ¿El poder público o privado mantiene algún tipo de archivo, ficha o registro de los datos personales y de consumo de los consumidores?

No existe un organismo o ente público que contenga datos personales y/o patrones o conductas de consumo en general sobre los consumidores, sin perjuicio de los datos sobre clientes que registren las empresas proveedoras de productos y servicios.

25. ¿Los organismos públicos de defensa del consumidor tienen algún tipo de registro sobre los reclamos formulados por los consumidores?

Existen en la mayoría de las autoridades de aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor dos tipos de registros: uno, referido a la identificación del reclamo interpuesto por cada consumidor y la problemática allí referida, para realizar el sumario correspondiente; y el otro el que se procesa con fines estadísticos que registra las denuncias efectuadas y la problemática y los sectores de actividad involucrados.

26. ¿Esos datos son divulgados públicamente? En caso afirmativo, ¿de qué forma?

Los datos de las encuestas realizadas por lo general son divulgados a través de distintos medios, principalmente a través de las páginas webs de los distintos organismos de protección del consumidor y los materiales de difusión que al efecto se preparan.

REGULACIÓN TEMAS ESPECIALES

RÉGIMEN DE PUBLICIDAD SOBRE PRODUCTOS y SERVICIOS DE CONSUMO

27. ¿Existe regulación especial sobre contenido publicitario, publicidad engañosa, abusiva o comparativa?

Existe regulación especial referida a la publicidad engañosa en general sobre productos y servicios, que pueda inducir a error, engaño o confusión en el consumidor, prevista en el artículo 9 de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial y las distintas regulaciones que existen en leyes especiales sobre sobre requisitos formales o de contenido informativo en publicidad de alimentos, medicamentos, tabaco, etc.

28. ¿Existe una Autoridad de Aplicación especial en materia publicitaria, o es la misma de protección de los consumidores? ¿Cuál es su régimen?

La autoridad de aplicación del régimen regulatorio de la publicidad engañosa es la misma autoridad de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Y está previsto um procedimiento sumarial para reprimir la publicidad engañosa, que puede ser pasible de sanciones de multa y la autoridad puede, preventivamente, hacer cesar cautelar o preventinamente la publicidad reputada engañosa, mientra se instruyen las actuaciones.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT) es la autoridad que aplica las regulaciones relacionadas com la publicidad de medicamentos, alimentos y productos médicos.

29. ¿Considera necesaria alguna actualización o complementación de la regulación existente en la materia?

En este momento, se encuentra en pleno proceso legislativo un importante proyecto del Poder Ejercutivo de reforma del Código Civil y del Código Comercial de la República Argentina. Dentro de las modificaciones que se estudian se encuentra la regulación de la publicidad comparativa y abusiva, entre otras cuestiones a regular, que carecen actualmente de regulación específica.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

30. ¿Existe regulación especial en materia de Protección de Datos Personales?

Existe la Ley 25.326 de Habeas Data o Protección de Datos Personales, que prevé princípios generales relativos a la protección de datos personales, derechos de sus titulares, responsables de archivos o bases de datos y régimen de control y sanciones de la actividad.

31. ¿Existe una Autoridad de Aplicación especial en la materia, o es la misma de protección de los consumidores? ¿Cuál es su régimen?

La autoridad de aplicación del régimen especial es la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y se encuentran previstas facultades y atribuciones al organismo para atender los reclamos de los usuarios perjudicados por información incorrecta, defectuosa o no autorizada y para aplicar sanciones a las empresas de bases de datos que violan la normativa específica. También está prevista para la sede judicial la acción de protección de datos personales.

32. ¿Considera necesaria alguna actualización o complementación de la regulación existente en la materia?

Existe actualmente en estudio una modificación al régimen de la ley de Protección de Datos Personales para mejorar la protección al consumidor respecto de los plazos de permanencia en las bases de datos de deudores, así como los mecanismos de obtención y corrección de la información existente.

MEDIO AMBIENTE y CONSUMO SUSTENTABLE

33. ¿Existe regulación especial en materia de protección medioambiental y consumo sustentable?

A través de la Ley N° 25.675, que tiene por finalidad el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En Argentina se impulsa un proyecto político basado en la equidad, el acceso a bienes de consumo, la producción nacional y el trabajo, como líneas centrales de un modelo de país con inclusión social y ampliación de derechos. En tal sentido se considera sustentable el incluir a las personas en un ambiente de mayor consumo, mayor trabajo y mayor producción.

34. ¿Existe una Autoridad de Aplicación especial en la materia o es la misma de protección de los consumidores? ¿Cuál es su régimen?

La autoridad de aplicación específica es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dependiente de la Jegatura de Gabinete de Ministros – Presidencia de la Nación. La norma prevé como instrumentos de la política y la gestión ambiental, el ordenamiento ambiental de un territorio con diversidad de realidades, de climas, culturales, de densidad poblacional, la evaluación del impacto ambiental, el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental, así como el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Existen asimismo otras normas especiales, que prevén distintas situaciones referidas a la protección medioambiental.

35. ¿Considera necesaria alguna actualización o complementación de la regulación existente en la materia?

El dinamismo de la cuestión, evidentemente plantea en forma permanente la revisión y actualización de la normativa.

OPERACIONES DE VENTA A CRÉDITO y RÉGIMEN DE TARJETAS DE CRÉDITO, COMPRA y DÉBITO

36. ¿Existe regulación especial en materia de operaciones de venta a crédito y régimen de tarjetas de crédito, compra y débito?

El artículo 36 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece regulaciones para las operaciones de venta a crédito para el consumo, estableciendo distintos requisitos de información, así como regulaciones especiales para la protección del consumidor. Y en lo atinente a las tarjetas de crédito, compra y débito, existe una ley especial em materia regulatoria, la Ley N° 25.065. Por el Decreto Presidencial N° 246/11 existen topes en las tasas de interés de prestamos a jubilados y pensionados otorgados por mutuales, cooperativas y demás entidades. El programa de crédito ARGENTA, también destinado a jubilados y pensionados nacionales, permite el acceso al crédito en cuotas y con tasas fijas.

37. ¿Existe una Autoridad de Aplicación especial en la materia, o es la misma de protección de los consumidores? ¿Cuál es su régimen?

La normativa de Tarjeta de Crédito prevé dos autoridades de aplicación del régimen de la ley: para los aspectos financieros de la operatoria, el Banco Central de la República Argentina y para los aspectos comerciales, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. El régimen de la ley establece determinadas normas y regulaciones sobre la actividad, pudiendo realizarse audiencias de conciliación entre emisores y consumidores para la solución de conflictos y el estableciminento de sanciones para los emisores por violaciones a la ley. El Banco Central de la República Argentina, cuenta asimismo con un área específica denominada Gerencia Principal de Protección del Usuario de Servicios Financieros.

38. ¿Considera necesaria alguna actualización o complementación de la regulación sobre la materia?

La dinámica de la materia que nos ocupa, plantea en forma permanente la revisión, actualización y complementación de la normativa vigente.

COMERCIO ELECTRÓNICO

39. ¿Existe regulación especial en materia de Comercio Electrónico?

Resulta de aplicación una regulación parcial sobre este tipo de contrataciones, cuando se trata de un consumidor, que prevé determinados requisitos y formalidades para las transacciones y el derecho de arrepentimiento del consumidor, artículos 32 a 34 de la Ley 24.240
y su Decreto Reglamentario Decreto 1798/94. Específicamente y en relación con los requisitos de información a suministrar a los consumidores a través de los sitios web, rige la Resolución SCT N° 104/05, que implicó la incorporación al ordenamiento jurídico argentino de la Resolución MERCOSUR, de fecha 8 de octubre de 2004 referida al comercio electrónico.

40. ¿Existen una Autoridad de Aplicación especial en la materia, o es la misma de protección de los consumidores? ¿Cuál es su régimen?

La autoridad de aplicación es la misma que la de la Ley 24.240 de Defensa del consumidor, com todas sus facultades y atribuciones.

41. ¿Considera necesaria alguna actualización o complementación de la regulación existente en la materia?

En atención a la naturaleza y problemática específíca de la contratacion electrónica, la formulación de marcos regulatorios específicos y acuerdos regionales e internacionales que regulen y contemplen la conflictividad de la actividad y la disposición de medios para la resolución de los mismos, resultan ser el camino adecuado y más eficaz.

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO

42. ¿Establece la legislación de protección del consumidor aspectos relacionados con la educación para el consumo?

Existe un capítulo específico en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, referido a la Educación al Consumidor, que prevé formulación de planes generales de educación para el consumo y su difusión pública, así como la introducción de los mismos en las currículas escolares; la realización de planes y políticas para formar al consumidor y la posibilidad de asignar contribuciones estatales para cumplir con los objetivos antes enumerados. La Ley Nacional de Educación tiene incorporada la temática.

43. ¿Existen programas de educación para el consumo en la currícula escolar?

En orden al régimen federal (descentralizado) de competencias respecto de la materia educativa en la República Argentina, existen en algunas jurisdicciones distintos programas de educación para el consumo a nível escolar.

44. ¿Existen cursos de grado o postgrado de Derecho del Consumidor en las universidades?

Existen en distintas universidades públicas y privadas de la República Argentina, cursos y programas relacionados con el derecho del consumo y la protección del consumidor, tanto de grado y de postgrado.
Existen además cursos en modalidad virtual, via internet, dirigidos a profesionales y funcionarios, a líderes comunitarios y a docentes.

CONSIDERACIONES FINALES

Desde su concepción a nivel mundial hasta llegar a ocupar su lugar como derechos de tercera generación y rango constitucional, la protección de los derechos en materia de consumo ha ido creciendo e insertándose en los marcos normativos de los países con algunas variaciones.

En ese sentido, el renovado paradigma de desarrollo con inclusión social, plantea nuevos desafios a los gobiernos nacionales, quienes ponen en marcha políticas activas de promoción del consumo, en defensa del trabajo y el fortalecimiento de la producción. En un contexto internacional de profunda crisis financiera e incertidumbre respecto del comportamiento de los actores económicos, las políticas nacionales y regionales apuntan al sontenimiento de la economía real.

Los gobiernos plantean actualmente en la región, una redefinición de los roles de los distitnos actores de las relaciones de consumo, dado que los Estados son activos en la generación de políticas de consumo, en materia de regulación e implementación normativa de los derechos de los consumidores, y en la promoción del conocimiento de los derechos de los usuarios y consumidores, fortaleciendo la participación y organización social para su pleno ejercicio.

28/7/13 Fuente: Atlas Iberoamericano de Protección al Consumidor.

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