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La empresa como consumidora

 “Se puede admitir el carácter de usuario o consumidor de la persona jurídica, cuando pese a que los bienes o servicios son adquiridos dentro del ámbito de la actividad de la empresa, ellos no se relacionan ni directa ni indirectamente con el objeto propio de aquella.”

I. Introducción

La controversia en torno a la invocación de tutela de la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante LDC) por parte de las empresas fue abordada de manera dispar por la doctrina y jurisprudencia con anterioridad a la reforma introducida por la ley 26.361 (B.O. 07/04/2008) (Adla, LXVIII-B, 1295). Ya entonces se consideraban consumidores a las personas jurídicas, públicas o privadas; y pese a las voces que pregonaron circunscribir el concepto a las personas físicas (al menos en líneas generales), la nueva normativa mantuvo el criterio mentado.

Responder el interrogante planteado obliga a analizar los términos en los que están redactados actualmente los artículos 1º y 2º LDC, que definen las nociones de “consumidor” y “proveedor”; perfilando el ámbito de aplicación de la ley. Asimismo, escudriñar la jurisprudencia referida al tema máxime cuando en los últimos tiempos se ha podido observar un considerable incremento de compañías que demandan a otras intentando ampararse en la protección el Estatuto del Consumidor. (1)

En pos de obtener dicha respuesta, enunciaremos los caracteres que permiten dilucidar los supuestos en los que las personas jurídicas con fines de lucro y los comerciantes actuarían como consumidores y podrían reclamar la protección de la LDC, que, como es sabido, prevé trascendentes beneficios para el sujeto tutelado si se los compara con las disposiciones ordinarias del Derecho Comercial que parten del presupuesto de tratar en un plano de igualdad (muchas veces artificial) a aquellos empresarios que se ven envueltos en un conflicto jurídico entre sí. (2)

Será nuestra tarea entonces echar luz sobre aquellos límites que hay que respetar para que la norma no pierda su norte, sin dejar por ello de otorgar la protección en aquellos supuestos en los que su aplicación se torne imperiosa para resolver adecuadamente un caso.

II. Pautas interpretativas

En cuanto al ámbito subjetivo, debe expresarse que la ley es aplicable a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, persigan fines de lucro o no. Sin embargo, resta expresar cuales son las notas distintivas del acto de consumir como hecho jurídico.

Conforme a la letra del actual artículo 1º de la ley 24.240 (Adla, LIII-D, 4125), se considera consumidor o usuario a quien “adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”, sea o no contratante, y al expuesto a una relación de consumo.

A su vez, el art. 2º, LDC, cuando define al proveedor como toda persona “que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios”, termina de bosquejar la figura por exclusión.

De lo expuesto, y lo que subyace en las normas de protección y defensa de los consumidores, se han extraído diversos elementos que valorados de manera desigual por la doctrina, han motivado diferentes enfoques que luego veremos. Ellos son:

1) Destino final. Hace referencia al hecho objetivo que supone retirar al producto del mercado, lo que es igual al fin de la vida económica del bien o su salida de la cadena de valor (destinatario final fáctico).

2) Beneficio propio. Pone el acento en lo subjetivo: el uso privado, doméstico o no profesional del bien (destinatario final económico).

3) Vulnerabilidad. Se identifica con la debilidad o hiposuficiencia del consumidor, que puede ser económica, técnica, jurídica, informativa o material; e implica un desequilibrio entre las partes de la relación de consumo que merece ser atendido (favor debilis).

Al describir la organización bipolar del mercado, Fulvio Santarelli afirma: “por un lado la figura del consumidor, quien adquiere para sí los bienes y servicios, retirándolos de la vida económica, ya que lo adquirido es retirado de la cadena de valor. En el otro grupo se ubican todos los participantes de la cadena de elaboración y comercialización, desde el originador del producto hasta el último minorista que contacta con el consumidor… Los extremos señalados no son otros que la representación de la conjunción contractual de la “profesionalidad” con los “profanos” que caracteriza a este sector de los contratos. (3)

Vemos en la cita transcripta cómo el autor relaciona las variables apuntadas, y adelantamos que compartimos su visión teleológica, aunque advertimos que existen otras posturas.

En dicho sentido, y haciendo un uso distinto de esas herramientas, se han esgrimido varias teorías para delimitar los conceptos de consumidor y de proveedor, que desarrollaremos sucintamente:

a) Finalista, teleológica o subjetiva (concepto económico). Hace hincapié en el criterio del uso no profesional del bien, que no debe interpretarse como totalmente desvinculado del concepto de destino final sino como condicionante del mismo o real agotamiento del bien en el mercado. Por ello, niega el carácter de consumidor aun cuando lo adquirido tenga una relación indirecta con la cadena de producción o comercialización de la persona. A su vez, incorpora la noción de hiposuficiencia o vulnerabilidad (informativa, negocial, etc.).

Más adelante desarrollaremos esta postura que compartimos con mayor profundidad.

b) Maximalista u objetiva (concepto jurídico). Tiene en cuenta como elemento definitorio de la categoría de consumidor la salida del producto del circuito económico. A diferencia del enfoque anterior, no importa la cuestión del uso que se le quiera dar —privado o profesional— ni la debilidad frente al proveedor; y únicamente se excluye el supuesto en que el bien es utilizado en forma directa en la cadena de producción.

En esta posición se enrola Federico Álvarez Larrondo expresando que “el único elemento que hoy permite determinar quien es consumidor y quien no lo es, es el de ser o no ser ‘destinatario final’. De tal manera, observamos que la nueva ley se ha alineado al concepto maximalista de nuestra Constitución Nacional, que concibe al Derecho de Consumo no como un régimen tutelar del débil jurídico, sino como una herramienta reguladora del mercado, y de allí la amplitud que debe guiar la interpretación de cada caso”. (4)

c) Mixta o subjetiva-relacional. Aquí el eje central del sistema tutelar de la LDC es la vulnerabilidad del sujeto protegido. Quien más ha desarrollado en nuestro país esta postura es Dante Rusconi. Recomendamos la atenta lectura de su texto, que no merece ser recortado, dada la minuciosidad de su análisis:

“De lo visto hasta aquí obtenemos los elementos para la delimitación “subjetiva-relacional” del ámbito de aplicación del Estatuto del Consumidor:

– el derecho del consumidor es un orden protectivo especial que no regula “el mercado” o “el consumo” sino que brinda protección a las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en él en condiciones de vulnerabilidad;

– la vulnerabilidad del consumidor puede ser económica, técnica, jurídica, informativa, o material;

– la vulnerabilidad es un “estado” que en algunos casos, se presume y en otras situaciones, es producto de las circunstancias del caso;

– el carácter de consumidor se presume siempre respecto de las personas físicas y de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, mientras que esa presunción no opera respecto de comerciantes o las empresas;

– el carácter de consumidor puede presumirse respecto de comerciantes o empresas cuando intervienen en operaciones realizadas fuera del ámbito de su actividad profesional habitual;

– los comerciantes y las empresas, para ser consumidores, no deben adquirir o utilizar el bien como insumo directo de su actividad productiva o comercial;

– en algunos supuestos excepcionales, puede considerarse consumidor al comerciante o empresario que adquiere insumos para su actividad profesional en situación de vulnerabilidad material, ya sea porque se trate de un bien escaso, esencial, insustituible, comercializado en condiciones monopólicas o mediante una operación particularmente compleja, entre otras posibles situaciones; incluso podrán serlo cuando se encuentran expuestos a prácticas comerciales anticompetitivas o abusivas que impliquen un extraordinario sometimiento, aun respecto de otros sujetos profesionales”. (5)

Al respecto de lo último apuntado por el autor, como bien advierte Santarelli debe distinguirse el supuesto de protección para el empresario débil de la propia del consumidor y descartar el recurso a la analogía de situaciones (6), tratándose en aquel la relación de desequilibrio entre profesionales (ámbito excluido de la LDC) por abuso de posición dominante, con notas diferenciales que hacen impropia la extensión sin más de soluciones; máxime si consideramos que la injusticia contractual es el género y la relación de consumo, una de sus especies. (7)

Como veremos, el carácter de “no profesionalidad” muta en no profesionalidad relevante cuando nos centramos en las empresas, donde es menester precisar —de la manera posible— si su actuación sea encuentra fuera del ámbito de su especialidad o explotación habitual. De esta manera, se podría llegar a afirmar que pueden realizar además de actos de comercio, actos de consumo.

Así por ejemplo, en el conocido caso “Artemis”, fallado en el año 2000, se tomó en cuenta esta idea de la “no profesionalidad relevante”, permitiéndose a la empresa invocar la tutela de la LDC en la inteligencia de que, además de no integrarse el bien adquirido a la cadena de producción o comercialización del adquirente, éste último carecía de los conocimientos técnicos o de la profesionalidad suficiente como para “plantarse” en igualdad de condiciones frente al vendedor. (8)

No obstante lo dicho, debe tenerse en cuenta también la dimensión o envergadura de la empresa consumidora pues puede suceder que su capacidad de compra y su fuerza económica permita negociar con los proveedores en igualdad de condiciones, compensando así la falta de conocimiento técnico específico. (9)

En estos últimos casos es particularmente compleja la solución puesto que el desequilibrio negocial no se torna tan ostensible, dificultando visualizar el acierto (o no) de aplicar la LDC.

III.- Nuestra posición antes de la reforma de la LDC

La ley 24.240 (texto original de la LDC) caracterizaba al consumidor con una visión teleológica, despreocupándose en cierta medida de que quien consuma sea un particular o una empresa.

Se ha expresado que, esta mirada coincidía con la planteada por la ciencia económica, que predica que:

“El consumo es la causa final y el cumplimiento de todo el proceso económico: producción, circulación, reparto… Es decir, para la economía, el consumidor es un sujeto de mercado que adquiere bienes o usa servicios para destinarlos a su propio uso o satisfacer sus propias necesidades, personales o familiares; participa de la última fase del proceso económico, a diferencia del empresario, que adquiere el bien por su valor de cambio para incorporarlo transformado a su proceso de producción o distribución”. (10)

En efecto, la LDC, en su artículo 1º, expresaba que eran consumidores o usuarios “las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social”.

Para esta concepción teleológica será destinatario final “aquel destinatario fáctico y económico de bienes o servicios, sea la persona física o jurídica. Es decir, no bastará con ser destinatario fáctico del producto, sino que también se deberá ser el destinatario económico del bien: no adquirirlo para revenderlo, ni para uso profesional, pues el bien sería nuevamente un instrumento de producción cuyo precio sería incluido en el precio final del profesional que lo adquirió”. (11)

Como una reafirmación de esa óptica finalista, el segundo párrafo del artículo 2º les negaba el carácter de consumidores a todos aquellos que “adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros”.

Para no dejar dudas, el artículo 2º del decreto reglamentario 1798/1994 (actualmente vigente pero no en este punto) prescribía que “se entiende que los bienes o servicios son integrados en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros cuando se relacionan con dichos procesos, sea de manera genérica o específica”.

Sobre la base de lo mencionado, no obstante estar previsto que una empresa podía ser reputada como consumidora o usuaria en los términos de la LDC, lo cierto era que, en los hechos, se tornaba bastante difícil dilucidar si una compañía adquiría un determinado producto para consumo final o bien para incorporarlo a su proceso productivo o de comercialización.

Esta última duda llevó a que doctrinariamente se dé nacimiento a una serie de distinciones (de gran vigencia en la actualidad) que permitían regular la situación con mayor precisión. Siguiendo a Ricardo Lorenzetti (12) podemos efectuar la siguiente clasificación:

1. En algunos casos, los productos pueden ser adquiridos por empresas, pero como consumidores finales. Es decir, bienes “no integrados al proceso productivo”. Sería el supuesto, por ejemplo, de la compra de obsequios de fin de año por parte de la compañía para sus empleados.

Aquí estaríamos indudablemente frente a situaciones que permitirían a la empresa invocar la LDC para defender su posición.

2. Podemos encontrar también situaciones de “integración parcial”. Aquí el bien utilizado ostenta una finalidad mixta. Por un lado, la cosa o servicio forma parte del proceso productivo pero, simultáneamente, se desvincula de él. Pasaría, verbigracia, con un rodado afectado a una actividad de venta, pero que, los fines de semana, es usufructuado por el dueño de la empresa para su disfrute personal.

El actual presidente de la Corte Suprema esboza aquí una serie de herramientas que permitirían dilucidar si estamos ante una relación amparada por la LDC. Fija los siguientes parámetros:

a. Criterio subjetivo “ex ante”. Haciendo uso de esta primera guía, corresponde indagar si la persona que invoca la protección de la ley es usualmente consumidor o, por el contrario, comerciante, siéndole aplicable la LDC sólo en el primer caso.

b. Criterio objetivo “ex post”. Bajo esta óptica, lo primordial será observar cuál es el destino principal que se le da al bien. Es decir, si será mayormente para consumo final, o bien si su uso fundamental se relacionará con su integración a un proceso de producción o comercialización.

En algún antecedente jurisprudencial se hizo aplicación de lo expresado. Es decir, se tuvo en cuenta cuál era la finalidad principal que se le daba a la cosa y se aplicó la LDC. Se trataba puntualmente de una persona que adquirió una camioneta utilitaria destinada tanto al ejercicio de su actividad industrial como al uso personal. (13)

c. Inexistencia de ánimo de lucro. Si existe dicho afán no se estaría ante una relación de consumo, como ocurriría, por ejemplo, si una persona que no tiene actividad habitual de comerciante (que sería consumidor conforme al criterio de habitualidad), compra un solo auto con el ánimo de revenderlo.

Sin perjuicio de lo establecido mediante esta regla, consideramos que aún en situaciones en donde esté ausente el afán de lucro pueden generarse algunos titubeos. Es decir: ¿es dable predicar que en estos supuestos sería aplicable siempre la LDC?

En un caso fallado por un Tribunal de San Isidro (14) se discutió sobre este tema. La actora era una asociación civil sin finalidad de lucro. En base a este carácter, invocó el amparo de las normas del Estatuto del Consumidor.

El Tribunal rechazó la petición considerando que lo determinante para el encuadre en la LDC no era el afán de lucro, sino que el objeto de la contratación sea para consumo final, lo que no había ocurrido en este caso.

Asimismo, los magistrados recordaron que el concepto “empresa” no se identifica necesariamente con el “lucro” ni tampoco se restringe al campo de lo estrictamente mercantil. Se basaron para ello en una noción amplia de empresa, caracterizándola como una organización de recursos humanos y materiales, destinadas a la consecución de un proyecto.

3. Puede existir una “integración inmediata y total en el proceso productivo”. En este caso, al existir una sintonía total entre la finalidad de la empresa y el destino que se le dará al bien, no procede la aplicación del Estatuto del Consumidor. Sería el caso, verbigracia, de la adquisición de materia prima para elaborar el producto que luego se venderá al público.

Al único fin de ilustrar al lector, la jurisprudencia ha expresado que la adquisición de una máquina fotocopiadora para integrarla a una cadena de comercialización no permite la aplicación de la LDC.(15)

En otra reciente causa la Sala F de la Cámara Nacional en lo Comercial rechazó la invocación de la protección consumeril por parte de una sociedad comercial contra la cual se había iniciado ejecución prendaria, puesto que los fondos de la operación iban destinados a completar el precio de compra de maquinaria agrícola (que se integraba al proceso de producción de la demandada) y que, sumado a su carácter de sociedad comercial, conducía inevitablemente a considerar excluida la invocación del Estatuto del Consumidor. En otras palabras, el préstamo de dinero no tenía como finalidad el consumo sino que fue integrado a un proceso productivo. (16)

4. En otros casos puede darse una integración mediata del bien al proceso productivo. Se trata de cosas que, aunque no se encuentran plenamente vinculadas al mismo, forman parte de la “base de soporte necesaria” para que la finalidad de la empresa se pueda efectivamente cumplir. Por ejemplo, los equipos telefónicos que se utilizan en las oficinas de una fábrica.

En este supuesto es donde encontraremos las mayores dificultades para dilucidar si corresponde o no la aplicación de la LDC.

Si se observa con agudeza, se da lugar aquí a una discusión similar a la que gira en torno al alcance de la responsabilidad solidaria plasmada en el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175), cuando allí se habla de actividad normal y específica propia de la empresa. Recordemos que sobre este tema existe en el Derecho Laboral una tesis amplia que habilita la solidaridad para aquellas actividades que aunque no formen parte del proceso productivo en sentido estricto, siendo accesorias son, al mismo tiempo, necesarias para que el fin de la empresa se cumpla. En cambio, la tesis restringida excluye de la obligación de responder por aquellas actividades que no se hallen inescindiblemente unidas al proceso productivo.

Para discernir la aplicación de ese artículo 30 a estas situaciones se impone la utilización de un criterio casuístico que permita analizar la actividad no en abstracto, sino relacionada con su contexto. Es decir, puede ser que determinado servicio en un caso forme parte del proceso productivo, pero analizado al abrigo de otras circunstancias aconseje la adopción del criterio contrario.

Mutatis mutandi cabría aplicar el mismo tipo de razonamiento (es decir “caso por caso”) para resolver los supuestos de integración mediata o inmediata a los fines del encuadre de la situación de hecho en los términos de la LDC. Por lo tanto, en principio, no se pueden sentar posiciones apriorísticas, a menos que la integración o falta de ella surja de manera manifiesta a través de un primer y rápido análisis.

IV.- La modificación de la noción de consumidor en la reforma propiciada por la ley 26.361

La ley 26.361 alteró el contenido de las caracterizaciones del “consumidor” y del “proveedor” que se encontraban presentes en el texto original de la LDC.

Si bien se mantiene el criterio teleológico para escoger a quienes se puede considerar consumidores o usuarios, con respecto al tema que nos ocupa, es decir, permitir a las empresas invocar la protección de la LDC, creemos que la posibilidad ha tomado algo más de fuerza.

Por ejemplo, podemos expresar, basándonos en el segundo párrafo del artículo 1º (17), que una empresa no necesita haber contratado efectivamente a un proveedor para invocar la protección de la ley. Por ejemplo, se puede dar el caso de que el bien haya sido adquirido por una compañía para el consumo final de una fundación que forma parte del mismo grupo de aquella, pero que no contrató efectivamente con el proveedor. Entendemos que, en dicho caso, alguien podría alegar que esa fundación estaría habilitada para solicitar la aplicación de la LDC, aunque reconocemos que la hipótesis necesitaría algún tipo de análisis más profundo.

Asimismo, resulta llamativa la supresión de parte del segundo párrafo del antiguo artículo 2º, es decir, la que excluía del ámbito de la ley a quienes adquirieran bienes o utilicen servicios para incorporarlos a procesos de producción, comercialización o prestaciones a terceros.

Si bien la situación puede llegar a generar alguna duda, creemos que la eliminación del mencionado fragmento no afecta la vigencia del criterio teleológico que ha quedado lo suficientemente plasmado en el nuevo art. 1º, que resguarda “a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.

Rusconi (18) expresa que no solo se deberá demostrar que la cosa no se encuentra destinada a ser incorporada a la actividad comercial o productiva del empresario, sino también que la adquisición del bien se realizó fuera de la esfera de la actividad profesional de aquél. Agrega que, de lo contrario, se puede desvirtuar el sistema legal, extendiéndose el amparo a supuestos que choquen contra la protección que se le debe brindar al débil. Desde otra perspectiva, la jurisprudencia (19) tiene dicho que se puede admitir el carácter de usuario o consumidor de la persona jurídica, cuando pese a que los bienes o servicios son adquiridos dentro del ámbito de la actividad de la empresa, ellos no se relacionan ni directa ni indirectamente con el objeto propio de aquella.

Luis Crovi (20), si bien coincide en general con la posición de Rusconi, manifiesta que normativamente sería aconsejable proteger al “débil”, independientemente de que este sea empresa o persona física. (21) Expresa que “la pequeña empresa debería verse beneficiada por la aplicación de normas sobre cláusulas abusivas cuando se ve obligada a ceder a las imposiciones de grandes corporaciones”.

La posición de este último autor se compatibiliza bastante con la postura adoptada por lo que era entonces proyecto de reforma a la ley 24.240 y que fue “podado” en alguna medida al sancionarse la Ley N° 26.361. En efecto, en el artículo 2º del citado proyecto, se incluía dentro del ámbito de protección a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) previstas en la ley 25.300.

Desde nuestro punto de vista, más allá de que desearíamos que se protegiera también a las empresas débiles aun cuando no adquieran para consumo final, lo cierto es que el texto normativo actual no admite ni siquiera remotamente esta posibilidad.

Cabe destacar que, dentro del derecho comparado, esta tendencia de incluir a la empresa como un consumidor más no es uniforme. Si bien en Sudamérica (22) se exhibe una idea similar a la plasmada en Argentina, en Europa, verbigracia, la normativa comunitaria circunscribe el concepto a la persona física. (23)

V. Conclusión

En atención a que la LDC incorpora a las empresas dentro de su ámbito, y a fin de decidir cuándo es plausible su aplicación, detectamos tres elementos considerados por la doctrina para definir la categoría jurídica de consumidor, que son: “destino final”, “beneficio propio” y/o “vulnerabilidad”.

Según donde sea ubicado su eje central, se han desarrollado tres teorías: “Maximalista u objetiva” (destino final), “Finalista o subjetiva” (beneficio propio), y “Mixta o relacional” (vulnerabilidad), que delimitan el campo de acción de la ley con diferente alcance.

Compartimos la visión teleológica porque creemos que respeta los términos en que fuera concebida la ley 24.240, los cuales se mantuvieron en esencia invariables en este sentido luego de la reforma introducida por la ley 26.361.

Aun cuando la LDC se orienta a nivelar un estado de desequilibrio entre los polos de la relación de consumo (consumidores – profesionales), y que esta condición puede darse también entre proveedores, consideramos un exceso extender su aplicación a los supuestos del empresario débil, aunque reconocemos que éste merece una tutela diferenciada.

Se puede admitir el carácter de usuario o consumidor de la persona jurídica, cuando pese a que los bienes o servicios son adquiridos dentro del ámbito de la actividad de la empresa, ellos no se relacionan ni directa ni indirectamente con el objeto propio de aquella; ir más allá es hacerle decir a la ley lo que la ley no dice.

Es que como bien se ha expresado la “directriz debe objetivizarse en pautas claras, de manera tal que no se trata de los que el sujeto entiende o quiere desde el punto de vista subjetivo, sino que debe concretarse objetivamente por su propia finalidad”. (24)

Finalmente, más allá de manifestarnos respetuosos del ordenamiento jurídico vigente evitando realizar interpretaciones que puedan distorsionarlo, podemos expresar que el hecho de que pequeñas empresas intenten reclamar algún medio de tutela más efectivo de los que actualmente disponen (en nuestro caso concreto la LDC) evidencia la necesidad de que las mismas cuenten con normas adecuadas (que hoy en día resultan escasas) que permitan “disimular” (cuanto menos) los graves desequilibrios de poder en la relación entre una empresa “grande” y una “pequeña”, sometida muchas veces a los arbitrios de aquélla.

(1) Se suele hablar de “Estatuto del Consumidor” para hacer referencia, de un modo amplio, a las distintas normas que entrelazadas entre sí se utilizan para brindar tutela jurídica a los consumidores y usuarios. Así, lo integran no solo la LDC, sino además el art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley N° 22.802 (Lealtad Comercial) y la ley 25.156 (defensa de la competencia), como así también otras normas generales o especiales aplicables a las relaciones de consumo (por ejemplo, la ley 25.065 de Tarjetas de Crédito o la Ley 25.326 de Hábeas Data).

(2) Consideramos que la ventaja más relevante hoy en día para quien invoca la LDC es la posibilidad de reclamar, además de la reparación o el resarcimiento “clásico”, la imposición de la figura de los daños punitivos. CHAMATROPULOS, Demetrio A., Los Daños Punitivos en la Argentina, Errepar, Buenos Aires, 2009.

(3) SANTARELLI, Fulvio G., “La regulación del mercado a través del contrato. Una propuesta para la protección del empresario débil”, publicado en LA LEY, 2007-C, 1044 – LLP 2007 (agosto), 863.

(4) ALVAREZ LARRONDO, Federico M., “El impacto procesal y de fondo de la nueva ley 26.361 en el Derecho del Consumo”, publicado en Sup. Esp. “Reforma de la ley de defensa del consumidor”, La Ley, (abril de 2008), 25.

(5) RUSCONI, Dante D. (Coordinador), Manual de Derecho del Consumidor, Abeledo Perrot, 1ª ed., Buenos Aires, 2009, p. 155.

(6) SANTARELLI, Fulvio G., “La regulación del mercado a través del contrato. Una propuesta para la protección del empresario débil”, cit.

(7) PICASSO, Sebastián y VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A. (Directores), Ley de Defensa del Consumidor: comentada y anotada, t. I, La Ley. 1ª ed., Buenos Aires, 2009, p.32.

(8) CNCom., sala A, autos “Artemis Construcciones S.A. c. Diyon S.A. y otro”, 21/11/2000. Se trataba de la adquisición de un vehículo automotor por parte de una empresa constructora que se utilizaba para trasladar a sus empleados.

(9) JUNYENT BAS, Francisco y GARZINO, María Constanza, “La categoría jurídica de “consumidor”, en especial con relación a las personas jurídicas”, Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, Año II, N° 5, octubre 2011, p. 73.

(10) FERNÁNDEZ, Raymundo L., GÓMEZ LEO, Osvaldo R. y AICEGA, María Valentina, Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial, 3ª ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, t. II-B, Lexis N° 9212/001274.

(11) FERNÁNDEZ, Raymundo L, GÓMEZ LEO, Osvaldo R. y AICEGA, María Valentina, op. cit., Lexis N° 9212/001274.

(12) LORENZETTI, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, p. 92 y ss.

(13) Cám. Nac. Com., Sala B, autos “Rosalino Cándido Medina González c. Peugeot Citröen Argentina S.A. y otro”, 29/12/2005. Se cita a LORENZETTI, Ricardo L., Defensa del consumidor. La relación de consumo, Depalma, Buenos Aires, 2003, p. 88 y ss.

(14) Cám. Civ. y Com. San Isidro, Sala 1ª, autos “Sociedad Escolar Alemana de Villa Ballester c. Ditada, Nicolás M. y otro”, 23/10/2008.

(15) CNCom., sala D, autos “De Pascale, I. c. Lardo, D. R. y otros”, 22/06/2006.

(16) Concretamente, la demandada había invocado el art. 36 LDC buscando contrarrestar el pacto de prórroga de la jurisdicción que se había celebrado a favor del acreedor. CNCom., sala F, autos “Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726 c. Rodi Jorge y otro, s/ejecución prendaria”, 07/06/2011. Decisión similar tomó la misma Sala en varios casos, entre ellos los autos “Provincia Leasing SA c. Comercializadora Interprovincial SRL” (17/02/2011), donde los bienes dados en leasing fueron destinados a un proceso productivo por parte del demandado, lo que le impedía la invocación de la LDC.

(17) El segundo párr. del art. 1º expresa que “Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo”.

(18) RUSCONI, Dante D., “La noción de “consumidor” en la nueva ley de defensa del consumidor”, JA, 2008-II-1225.

(19) CNCom., sala C, autos “Tacco Calpini SA c. Renault Argentina SA y otro”, 06/03/2009.

(20) CROVI, Luis D., “La protección al empresario consumidor en el contrato de leasing”, SJA, 5/8/2009.

(21) Esta tesis no es compartida por todos. Se ha dicho, en sentido contrario, que el espíritu de la LDC es proteger a las personas físicas y no a las jurídicas (CNCom., sala D, autos “Sierra Gas SA c. EG3 SA”, 18/12/2006).

(22) El Código del Consumidor de Brasil se refiere, por ejemplo en su art. 2º a “personas físicas o jurídicas”.

(23) Por ejemplo, la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (art. 2.b) y la Directiva 98/6 CE relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (art. 2.e). Cabe aclarar que en esto el derecho comunitario funciona como un piso mínimo, pudiendo los Estados miembros hacer más extensivo dicho concepto de consumidor (Francia, verbigracia, permite la inclusión de las personas jurídicas).

(24) JUNYENT BAS, Francisco y GARZINO, María Constanza, “La categoría jurídica de “consumidor”, en especial con relación a las personas jurídicas”, cit.

Por Demetrio Alejandro Chamatropulos y María Agustina Nager,

Publicado en Derecho Comercial, del consumidor y de la Empresa 2012 (abril), 02/04/2012, 117

27/6/12 Fuente: ThompsonReuters

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