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España: «La defensa del consumidor es una tarea social, comprometida e independiente»

Testigo y protagonista al mismo tiempo del nacimiento del movimiento consumerista en España, la presidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid, María Rodríguez, considera que «los ciudadanos, organizados en torno a asociaciones potentes y ágiles, son una garantía frente al creciente poder de los mercados».

Formó parte del núcleo impulsor de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), organización de ámbito estatal, que dirigió hasta 2004. La actual presidenta de CECUMadrid (Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid) cree que la crisis “debería servir para poner coto a la especulación, aumentar la capacidad de decisión de los gobiernos democráticos, aplicar políticas de regulación, o impulsar de verdad la competencia”.

No todos los días se cumplen 25 años, y mucho menos si hablamos de una organización como la que usted preside. Supongo que habrá sido un año de celebraciones.

María Rodríguez: Si, ha sido un año especial. Hemos recorrido toda la Comunidad de Madrid llevando el mismo mensaje que nos impulsó y que impulsamos como organización defensora de los consumidores hace 25 años, el compromiso por un consumo sostenible que, claro está, supone una actitud responsable por parte del consumidor. Esa ha sido, digamos, nuestra actividad troncal, la que ha estado viva y con la que hemos querido ir dejando la huella de nuestro 25 aniversario, pero hemos realizado otras muchas actividades.

En estos últimos 25 años han pasado muchas cosas, la sociedad española ha cambiado mucho. ¿Cómo han afectado esos cambios y que influencia han tenido en CECUMadrid?

Empecemos por lo primero. Si lo enfocamos desde el punto de vista organizativo, filosófico, CECUMadrid no ha cambiado apenas. Seguimos siendo una organización social, y lo de social es para nosotros relevante. Independiente, que no neutral ni tibia, es decir, que somos independientes pero estamos comprometidos y desde luego mantenemos una actitud crítica frente al mercado. Y a todo eso añadimos que somos una organización sin ánimo de lucro. Esos son los principios a partir de los cuales defendemos a los consumidores. Y son los mismos prácticamente que los que nos vieron nacer. Al igual que hace 25 años ponemos en primer lugar la palabra ciudadanos y en segundo lugar consumidores. Quiero decir que defendemos a personas que son poseedoras de derechos, o sea ciudadanos, que como tal son consumidores, pero lo económico no es lo primero, los primero es la persona y de entre estas las más desfavorecidas económicamente. A partir de ahí CECUMadrid ha ido evolucionando al compás de las necesidades y de los problemas de los ciudadanos-consumidores. Nos hemos ido adaptando a los cambios. Por ejemplo ahora somos muchos más profesionales que en 1985. En muchos sentidos seguimos siendo militantes, pero en la medida en que la sociedad se ha vuelto cada vez más compleja, nosotros también hemos abandonado el voluntarismo. Ahora tenemos algunas garantías que no teníamos antes, pero insisto, los principios son los mismos.

Dice que mantienen una “actitud crítica” frente a los mercados, ¿cómo se visualiza?, ¿con qué tipo de acciones?

No discutimos la existencia del mercado. Sin embargo creemos que su funcionamiento es muy mejorable. En el terreno social por ejemplo, es evidente que el mercado no puede ser ajeno a la sociedad. Una parte de sus beneficios deben volver a la sociedad en forma de inversión o apoyo a programas educativos o de salud. Por otra parte las empresas deben comprometerse a respetar condiciones justas para sus empleados (rechazar el trabajo infantil o la sobreexplotación, horarios laborales adecuados, respetar la actividad sindical así como el derecho a la huelga y la protesta etc. ) Esto es especialmente importante en las empresas multinacionales que suelen tener un comportamiento desigual dependiendo del país que se trate.

Como Presidenta del Observatorio por la Responsabilidad Social Corporativa promuevo, junto al resto de miembros del Observatorio, acciones concretas y ejercemos presión sobre las empresas del IBEX 35 para que cumplan estos requisitos. Pero el mercado tiene que mejorar mucho en su relación con el consumidor. Falta información y transparencia. El mercado tiene que abandonar prácticas abusivas (en el sector financiero, inmobiliario, telecomunicaciones, energía, viajes etc) fomentar el arreglo de los conflictos invirtiendo en oficinas de atención al cliente eficaces y eficientes, huir de las prácticas monopolísticas (cárteles de precios) impulsando de verdad la competencia y reconociendo y apoyando a las asociaciones de consumidores como legítimos representantes de los derechos de los ciudadanos-consumidores.

Pero CECUMadrid desarrolla también otro tipo de acciones sobre el mercado, como la presión que ejercemos con nuestras opiniones críticas a través de los medios de comunicación, las denuncias que presentamos ante los tribunales en defensa de los derechos del consumidor, o en el campo legislativo, donde presionamos a los poderes públicos para que a través de leyes concretas, se fortalezca y equilibre el papel del consumidor frente al mercado. Es evidente que el objetivo no puede ser otro que impulsar una mayor presencia, vía regulación, de los poderes públicos sobre el mercado con el fin de cortar los comportamientos especulativos o descontrolados que de forma inexorable generan los mercados.

¿Y qué mecanismos tiene el consumidor para defenderse de la voracidad de los mercados?

Hay una actitud individual que resulta fundamental para defenderse de la agresividad y el poder de los mercados, y esto es la información. Y junto a eso la formación. Un consumidor informado es un consumidor inteligente, atento y precavido. En una palabra, consciente de que el mercado es sólo un instrumento que debemos utilizar en función de nuestros intereses y necesidades y no al contrario. Pero no todos los ciudadanos-consumidores están informados ni hay por que suponer que deban estarlo. Por eso, y más allá de la conciencia individual, está también la responsabilidad de los Gobiernos. Y para eso están las leyes. Es necesario disponer de una herramienta legal que permita al consumidor ejercer sus derechos frente al abuso o la “voracidad” de los mercados. En España existe un importante desarrollo normativo en defensa del consumidor, sin embargo somos conscientes de que su aplicación no está cumpliendo las expectativas necesarias. Es preciso trabajar más en este campo. Por último hay que organizarse. Los ciudadanos-consumidores, organizados en torno a asociaciones potentes y ágiles son una garantía frente al creciente poder de los mercados.

¿Cree que se están dando en el marco de la Unión Europea pasos adecuados y decisivos para una mayor regulación de los sistemas financieros?

La respuesta es no. Lo demuestran los intentos fallidos que ha habido hasta ahora para impulsar el establecimiento de una tasa en el sistema financiero internacional. Es cierto que Europa sola no puede aplicar una tasa de estas características en su territorio, pero también es cierto que no existe en Europa el consenso necesario para aplicar esta política. Los causantes de la crisis saldrán, una vez más, victoriosos de esta debacle.

La crisis económica está zarandeando a los consumidores. ¿Cree que la situación empezará a mejorar en 2011?

La verdad es que no soy muy optimista, pero también resulta difícil pensar que se pueda empeorar más. En estos tres últimos años la confianza del consumidor se ha desplomado, los niveles de consumo se han reducido de forma ostensible y hay en marcha toda una estrategia para que sean los sectores más débiles económica y socialmente los que financien la crisis. Y lo peor de todo es que los recortes, la pérdida de derechos o los despidos indiscriminados son presentados como algo ineludible e incluso necesario para, según se dice, acabar con la crisis y retomar la senda del crecimiento. Se trata de algo vergonzoso amén de hipócrita, y como organización que defiende a los consumidores debemos denunciar la terrible paradoja de que aquellos que propiciaron la actual crisis sean los que lideran las soluciones para superarla. Además se da la circunstancia de que mientras los mercados exigen políticas restrictivas, no dejan de advertir sobre las consecuencias que pueda tener esa misma política. Por supuesto las desigualdades han aumentado aún más de lo que estaban.

¿Afectará todo esto a la idea que tenemos del consumo?

Si alguna lección parece dejarnos la actual crisis es que ya nada será como antes. Me gustaría que se abriera paso la idea del desprestigio del exceso por inútil, aunque no me hago demasiadas ilusiones. Posiblemente la crisis debería servir para poner coto a la especulación, aumentar la capacidad de decisión de los gobiernos democráticos, aplicar políticas de regulación, o impulsar de verdad la competencia pero las cosas van en sentido contrario. En cuanto al consumidor nos reafirmamos, hoy más que nunca, en hábitos responsables, respetuosos con los recursos naturales y adaptados a nuestras necesidades.

Y, respecto a los consumidores, ¿han cambiado también los hábitos?, ¿no se ha vividouna cier ta fiebre consumista?

Por lo que respecta a lo último yo diría que sí, que sobre todo en los últimos años el consumo se ha desbordado. Y no ha sido tan sólo un problema del consumidor individual, sino que ha sido un fenómeno social. Toda España ha estado un poco por encima de sus posibilidades. En algunos momentos nos hemos comportados como estúpidos, como nuevos ricos. Ha sobrado la ostentación. Y ahora la crisis nos ha puesto en nuestro sitio. Pero al mismo tiempo que ha sucedido esto, al tiempo que crecía esta idea del consumo como un fin en sí mismo, aumentaba también la conciencia por un consumo más responsable, más solidario, más inteligente. Y los hábitos han sufrido también cambios muy importantes, lo que ocurre es que estos cambios son muy lentos y a veces no nos damos cuenta, pero el consumidor del siglo XXI es, en general, un ciudadano mucho más informado y consciente, que sabe que tiene determinados derechos y que no tiene miedo a reclamar cuando cree que se han vulnerado esos derechos. De manera que es cierto que existe una cierta tendencia a consumir por consumir, pero eso convive al mismo tiempo con tendencias cada vez más responsables y críticas. Personalmente creo que la presión del ciudadano consumidor sobre los mercados ha crecido, pero aún no somos decisivos.

¿Cuál es el colectivo de consumidores más vulnerable?

En estos momentos el más importante de todos es el colectivo de ciudadanos inmigrantes que carecen de derechos políticos y de información. A eso hay que sumar las dificultades económicas en que los ha sumido la crisis. Estos factores los hacen especialmente vulnerables. El otro colectivo es el de las personas de edad avanzada. Desde luego por su situación económica, precaria en la mayoría de los casos, pero también porque carecen, o no se reconocen, en la cultura de la reclamación. Una mayoría de este colectivo vivió aún bajo la dictadura franquista, ajenos por tanto a los mecanismos y costumbres de la sociedad consumista de hoy en día, y en general poco familiarizados con ella. Por último un creciente número de ciudadanos victimas de la crisis económica empiezan a ser también muy vulnerables en términos de consumo.

¿Qué consejos daría a los consumidores ahora que estamos en Navidad?

Las fiestas de Navidad son un momento de mucho consumo. Las recetas son las de siempre. Es posible y legítimo, y seguramente necesario, pasar unos días especiales y razonablemente felices, pero insistimos en que la calidad y la satisfacción de estas celebraciones no están relacionadas con un aumento del consumo. Al contrario. No está demostrado que la abundancia o el consumo desorbitado aporten más calidad o equilibrio. La recomendación es evitar los excesos y atender a las necesidades. Planificación a la hora de gastar y racionalidad en el consumo debe ser la norma en esta fiestas.

¿Cree que es necesaria más pedagogía por parte de las instituciones públicas para un consumo responsable?

Las instituciones públicas y las administraciones en general no hacen lo suficiente para informar y formar acerca del consumo responsable. Tal vez se piense, equivocadamente, que al promocionar la racionalidad en el consumo éste pueda bajar aún más en estos tiempos de crisis. Si así fuera sería absurdo. En todo caso es necesario que las administraciones redoblen los esfuerzos en promocionar hábitos de consumo responsables, sostenibles y saludables. Eso es bueno para la economía en general y para los ciudadanos en particular.

Respecto a Madrid y a la gestión del Gobierno de Esperanza Aguirre. ¿En qué medida está afectando a los derechos de los usuarios las políticas privatizadoras del PP en sanidad, educación, etc.?

Ya existe desde hace mucho tiempo sanidad, educación o pensiones privadas en la Comunidad de Madrid. Y seguramente seguirán existiendo y es legítimo que existan. El problema se plantea cuando se utilizan recursos públicos, de todos los madrileños, en financiar actividades privadas. Cuando se hace esto no se está pensando en la salud, la educación o en la jubilación de los ciudadanos, sino en el negocio de unos cuantos. La Comunidad de Madrid, uno de los territorios con mayor PIB de España, es la que menos invierte en salud y una de las últimas en educación. El objetivo de la privatización de servicios públicos básicos no tiene nada que ver, como se quiere hacer creer de forma falaz, con la eficacia, la eficiencia o una mayor calidad de estos servicios, sino con la cuenta de resultados de una compañía. Tiene que ver con el negocio y la falta de responsabilidad del Gobierno regional. Las consecuencias serán dramáticas para las futuras generaciones y para toda la Comunidad de Madrid. La sanidad y la educación públicas ya están sufriendo un deterioro muy importante y acabarán convirtiéndose en instituciones marginales, de segunda clase, mientras se siguen financiando –ver últimos presupuestos del Gobierno regional- la entrada de los negocios privados en la gestión de los servicios universales (salud, educación, pensiones, agua). De proseguir esta deriva, las desigualdades sociales seguirán ampliándose en nuestra comunidad.

¿Qué opina sobre la subida del IVA y la posibilidad de otras subidas impositivas?

Creemos que los impuestos son el arma más importante que existe para combatir las desigualdades. Es cierto que muchos piensan que la subida de impuestos es, por principio, contraria a los intereses de los consumidores, pero nosotros pensamos que en España la presión fiscal es una de las más bajas de Europa. Creemos que hay margen para subir la presión fiscal. Ahora bien los impuestos no pueden ser iguales para todos. Los impuestos deben ser progresivos. El que tenga más rentas (incluyendo patrimonio) debe pagar más, para que los que tienen escasos ingresos puedan disfrutar de los servicios esenciales (educación, sanidad, jubilación etc.). Dicho esto la subida del IVA no es precisamente progresiva. Hubiéramos preferido actuar directamente sobre el IRPF con el criterio de progresividad ya mencionado. Igualmente consideramos necesarios nuevos impuestos que graven beneficios empresariales.

¿Cree que el anuncio de una nueva subida de la luz en enero pone de manifiesto que el Gobierno se pliega a los intereses de las eléctricas?

No creemos que se trate de un problema de sometimiento a estos o aquéllos intereses. En realidad la política eléctrica de los últimos diez años, y aún antes, ha sido un desastre. Ahora existe una confusión importante. El sector se ha liberalizado pero no hay competencia real y así lo han entendido la mayoría de los consumidores que siguen fieles a la tarifa intervenida (la llamada Tarifa del Ultimo Recurso). Lo cierto es que se ha generado también un déficit importante que se ha complicado con las primas de las renovables y ahora con las subvenciones al carbón mientras seguimos pagando, de alguna manera, la moratoria nuclear. Se trata de un jeroglífico de muy difícil solución. No tenemos información fiable que nos permita dar una opinión responsable, pero si tenemos una exigencia: la solución de este problema debe ser compatible con una evolución de precios razonable (es decir que se mantenga en torno a la inflación).

¿Cómo valora la gestión del Gobierno en el conflicto con los controladores aéreos?

En general nos parece correcta. El recurso utilizado no es el más aconsejable, pero la gravedad del caso y el comportamiento de los controladores lo justifica. Apoyamos también el mantenimiento de las medidas ante el peligro que podría suponer un comportamiento parecido en plenas fiestas navideñas. Creemos que en la negociación que se ha abierto con los controladores se debe desactivar toda posibilidad de que vuelvan a desafiar a un gobierno democrático. Las reivindicaciones son todas respetables, pero los derechos de este colectivo no pueden defenderse reteniendo a cientos de miles de ciudadanos, cerrando el espacio aéreo de un país y causando un quebranto económico incalculable. La sociedad democrática debe castigar a estos insensatos.

El 1 de enero entre en vigor la nueva ley antitabaco. ¿Qué le parece la reforma acometida?

Apoyamos esta nueva ley porque por encima de los derechos de los fumadores está la salud de los ciudadanos. Insistimos en que los poderes públicos deben velar por el interés general, y este lo es. Todos los datos concluyen que el tabaco es el responsable de una gran mayoría de las enfermedades pulmonares que se registran en la actualidad. La opción de la Comunidad de Madrid, que intenta ampliar los espacios donde se pueda fumar, en nombre de una extraña idea de la libertad, no es una opción responsable sino, otra vez, ideológica.

¿Qué opinión le merece la denominada ‘Ley Sinde’ sobre las descargas en Internet?

No parece posible que Internet se pueda convertir en un territorio sin control donde se puedan descargar contenidos sujetos a limitaciones legales sin más. Este no es, como se sugiere de forma interesada por algunos, un problema que tenga que ver con la libertad de expresión, sino como suele ser habitual un problema económico. Nosotros en realidad somos mucho más partidarios de que se trabaje en la implantación de unas tarifas competitivas y al alcance de todos, que oponernos a una regulación que consideramos inevitable. En cuanto a esta ley, el tiempo nos dirá si es esta la que se necesita o hay que cambiar para evitar posibles abusos o acciones injustificadas.

Por último, ¿como ve el futuro de las asociaciones de consumidores?

Creo sinceramente que somos más necesarias que nunca. Los últimos acontecimientos que han tenido como protagonistas a los controladores lo demuestran. Eso no significa que no tengamos que hacer una reflexión sobre el papel que debemos jugar en el futuro, pero con independencia de otras cuestiones, sigo pensando que la defensa del consumidor es una tarea social, que deben llevar a cabo organizaciones democráticas, en un marco de independencia y compromiso y con un alto grado de profesionalidad.

26/12/10 Fuente: nuevatribuna.es

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