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Europa: Demandas colectivas, ¿Por fin?

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Es demasiado habitual la llamada de teléfono que siempre llega cuando nos encontramos ocupados haciendo algo o en el maravilloso momento en el que nuestra mente está en blanco y nuestro cuerpo descansado en el sofá, y en la que solo quieren ofrecernos algún tipo de nueva contratación u oferta de conexión a internet, telefonía, televisión por cable, etc.

Y, ¿qué podemos hacer con ello? Yo soy de las que contesta con un simple “No me interesa” incluso antes de oír el contenido de la maravillosa oferta, pero eso no evita que vuelva a preguntarme cómo puedo proteger mi privacidad.

La normativa comunitaria ya previó en su Tratado de funcionamiento determinadas actuaciones que constituían infracciones en materia de competencia, y el efecto directo de sus artículos hace que estas disposiciones generen derechos y obligaciones para los individuos que deben ser aplicados por los órganos jurisdiccionales de los estados miembros. Del efecto directo de las prohibiciones establecidas en los arts. 101 y 102 del Tratado se desprende que cualquier persona puede solicitar la reparación del perjuicio sufrido cuando exista una relación causal entre dicho perjuicio y la infracción de las normas de competencia de la UE.

No obstante estas previsiones normativas, el ejercicio práctico de las mismas suele resultar difícil o casi imposible debido a las normas y procedimientos que lo regulan. En el caso de España, fue tímido el intento promovido por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre por la que se reformaba la Ley 3/1991 de Competencia Desleal. Esta normativa habilita para actuar contra estas prácticas al Instituto Nacional de Consumo y otros organismos a nivel autonómico y local competentes en materia de defensa de consumidores y usuarios, y a las asociaciones privadas de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos que la propia norma establece. Pese a ello, ninguno de estos Organismos o Asociaciones ha asumido actuación alguna que comporte una efectiva defensa de los consumidores frente a estas prácticas abusivas que se nos plantean.

La Comisión Europea quiere poner fin a toda esta impunidad que para las grandes empresas conlleva la falta de una previsión normativa que garantice a los ciudadanos y a las empresas el ejercicio de los derechos que les confiere el mercado interior, y para ello se ha presentado una Propuesta de Directiva.

Esta Propuesta quiere homogeneizar la normativa existente en los Estados Miembros, al objeto de facilitar, a ciudadanos y empresas, las reclamaciones oportunas en defensa de sus derechos frente a infracciones del Derecho a la Competencia en contratación de servicios, garantizando la posibilidad de presentar demandas colectivas.

Se quiere promover la presentación de estas demandas, y para ello la propuesta de la Comisión Europea introduce cambios y facilidades en las reclamaciones de daños y perjuicios derivados de tales infracciones ya que se amplía el plazo de reclamación y de prescripción que se anuncia sea cuando menos de 5 años.

Importante en esta Propuesta de Directiva son las pretensiones contenidas en cuanto a tender a otorgar una mayor facilidad al consumidor tanto en cuanto a la prueba de los hechos que se alegan como a la cuantificación del perjuicio.

En cuanto a la prueba de los hechos alegados, se prevén en la propuesta supuestos en los que la empresa demandada puede verse obligada por la autoridad judicial a la exhibición de estos medios de prueba y que hasta la fecha no se encontraban al alcance del consumidor, incluyendo sanciones en caso de negativa. Esta misma previsión contiene no obstante normas de proporcionalidad a la hora de determinar qué documentos pueden o no ser exigibles para su exhibición, proporcionalidad ésta que tiene por finalidad establecer un régimen de protección temporal de aquellos documentos que las partes hayan elaborado específicamente a efectos del procedimiento de ejecución pública.

Indicar también como, a efectos de prueba, se prevé como las decisiones de la Comisión relativas a los procedimientos en virtud de los arts. 101 ó 102 del Tratado tienen efecto probatorio en las demandas posteriores por daños y perjuicios.

En lo relativo a la cuantificación del perjuicio también se establecen novedades tendentes a proteger al consumidor, haciendo uso de la inversión de carga probatoria y basándose ésta no tanto en el perjuicio sufrido por el consumidor sino en cuanto al beneficio obtenido por el demandado.

No obstante todo ello deberá esperar, se pretende que la directiva entre en vigor antes de la renovación de la Comisión en octubre de 2014.

MADRID, 11 de SEPTIEMBRE de 2013 – LAWYERPRESS
Por Araceli Beltran García, Responsable Dpto. Civil AGM Abogados – Barcelona

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