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Es ilegal retener el carnet por una multa de tránsito

Es ilegal retener el carnet por una multa de tránsito

Así lo afirma un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia local. La medida, según la sentencia, “es una sanción anticipada y además es incoherente”.

Fallo completo:

QUINTA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL – PRIMERA CIRCUNSCRIPCION DE MENDOZA
PODER JUDICIAL MENDOZA
foja: 129CUIJ: 13-02154914-7( (010305-51685))
GARAY DIEGO SEBASTIÁN C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN DE AMPARO
*102173434*
En la ciudad de Mendoza, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil trece, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, los Srs. Jueces titulares de la misma Drs. Adolfo Mariano Rodríguez Saá, Beatriz Moureu y Oscar Martínez Ferreyra y trajeron a deliberación para resolver en definitiva la causa Nº 251.032/51.685, caratulada “GARAY DIEGO SEBATIAN C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN DE AMAPARO”, originaria del Séptimo Juzgado en el Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 72/75, 76/83 por la Provincia de Mendoza, la parte actora Y LOS Drs. Omar Esteban Fornetti y Janet C. Maldonado contra la sentencia dictada a fs. 66/68.
Llegados los autos al Tribunal y corrido traslado de las fundamentaciones de los recursos, a fs. 98/101 y 103/106 se contestan los mismos, quedando los autos en estado de dictar sentencia a fs. 127, habiendo dictaminado previamente a fs. 123/124 el Sr. Fiscal de Cámara.
Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de votación: Drs. Rodríguez Saá, Moureu y Martínez Ferreyra.
En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTION: Es justa la sentencia apelada?
SEGUNDA CUESTION: Costas.
SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. RODRIGUEZ SAA DIJO:
I.- Que en esta causa se promueve acción de amparo contra Provincia de Mendoza en virtud de la violación manifiesta y arbitraria de los derechos consagrados en los artículos que se mencionan, tanto de la Constitución Nacional como de la Provincial, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la sanción por falta de uso de cinturón de seguridad y por la retención de la licencia de conducir efectuada el 19 de noviembre de 2014, conforme a lo ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza in re “Carlucci”. Se pide de esta manera que se declare la inconstitucionalidad del artículo 28 de la ley 6.082, ordenando la devolución inmediata de la licencia de conducir retenida y anule la sanción, imponiéndose las costas a la accionada.
Que en el fallo dictado en primera instancia, luego de hacerse referencia y de analizarse los presupuestos de procedencia de la acción de amparo, se señala que no surge del art. 85 de la Ley de Tránsito que la falta de cinturón de seguridad no se encuentra expresamente incluida entre las faltas graves o gravísimas, sanciones a las cuales les corresponde como sanción el retiro del carnet de conducir y que la arbitrariedad de la medida tomada surge con mayor nitidez dada la falta total de proporcionalidad entre la falta y la sanción aplicada.
Se aclara finalmente que “La situación en virtud de la cual se retuvo al carnet de conducir al amparista vulneró de modo ostensible y evidente su derecho de propiedad relacionado con el uso y goce del vehículo de su propiedad, como también el derecho de la libre circulación con su vehículo, además del derecho de defensa en juicio dado que no se posibilitó descargo alguno, imponiéndose la sanción apuntada – de extrema gravedad – inicialmente y antes de que la afectada pudiese intentar cualquier remedio, ya fuere administrativo o judicial, contra su dictado”.
Como consecuencia de lo dicho se hacer lugar parcialmente la acción de amparo incoada por el Sr. Diego Sebastián Garay, declarando la inconstitucionalidad del art. 28 de la Ley 6.982 y, en consecuencia, se ordenar a la demandada que en el plazo de dos días deberá restituir a la amparista la licencia de conducir que le fuera retenida oportunamente, bajo apercibimiento de ley.
La sentencia es apelada por la Provincia de Mendoza, por la parte actora y por el Dr. Omar Esteban Fornetti.
A.- RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA:
II.- Que al fundar su recurso, señala la parte recurrente que se agravia en cuanto en la sentencia dictada se entiende que la no utilización del correaje de seguridad o cinturón de seguridad constituye un falta grave o gravísima según la Ley de Tránsito, expresando además que es erróneo interpretar que el no uso del cinturón viola el art. 19 de la Constitución Nacional, pues esta norma resguarda las acciones privadas de los hombres y en el caso el amparista se encontraba transitando por la vía pública, por lo que se encontraba obligado a respetar las leyes y reglamentos de circulación, constituyendo así una falta grave que autorizaba a retener en carnet de conducir, no resultando por ende desproporcionada la sanción impuesta.
Continúa diciendo que existe una errónea valoración de los hechos pues sin justificación alguna se entendió que su conducta vulneró en forma ostensible y evidente su derecho de propiedad relacionado en el caso con el uso y goce del vehículo, como así también su derecho de circulación, cuando la misma norma dispone la confección de una acta que permite circular provisoriamente durante treinta días.
En otro orden de cosas, pide que se declare que la causa ha devenido en abstracto dado que la copia del acta autoriza provisionalmente a circular, por lo que en el caso a partir del 30 de junio del año 2.009 estaba a su disposición.
A fs. 98/101 contesta el recurso la parte actora quien pide que se lo declare desierto. En subsidio pide su rechazo.
III.- Que en forma previa corresponde señalar que este Cuerpo entiende que sólo corresponde declarar desierto un recurso de apelación cuando en forma clara y evidente su fundamentación no se ajuste a lo preceptuado por el art. 137, primer párrafo, del C.P.C., debiendo en caso de duda admitirse la procedencia formal del recurso, privilegiándose de esta manera el pleno ejercicio del derecho de defensa de la parte recurrente.
Consecuentemente con tal criterio, y entendiendo que la fundamentación de los dos recurso de apelación interpuestos reúnen los requisitos suficientes exigidos por el art. 137 del C.P.C., por lo que deben desestimarse los pedidos efectuados por ambas partes de que se declare desierto el recurso interpuesto por la contraria, pues en ambos casos se cumple con lo dispuesto por el art. 137 del C.P.C.
En otro orden de cosas, y en forma previa a analizar los agravios expuestos por las partes, también resulta oportuno señalar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, Tº I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T. 1, pág. 620
IV.- Que conforme a los términos en que ha sido planteado el recurso de apelación interpuesto, entiendo que son cuatro las cuestiones esenciales que deben ser analizadas: a) si la causa ha devenido en abstracto; b) si el no uso del cinturón de seguridad constituye o no una falta grave o gravísima; c) si así fuera, si la retención del carnet de conducir resulta anticonstitucional y d) si el uso o no del cinturón constituye una acción privada y por ende disponible para los interesados en no utilizarlo.
Sobre el primer punto, tengo dicho con anterioridad que este tribunal comparte el criterio seguido por nuestra jurisprudencia y por el cual se sostiene que el “moot case” o caso abstracto, tal como se lo denomina doctrinariamente, se da cuando no existe discusión real entre el actor y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde su comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes -como en esta causa- se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de la acción (Conf. IMAZ Y REY, “Recurso extraordinario”, Ed. Nuevas ediciones, 2a. edición, págs. 61 y 70).
Para que las circunstancias sobrevinientes impongan un cambio tan drástico en la situación de hecho que determinen la inoficiosidad del pronunciamiento judicial, resulta necesario que el agravio que suscita el litigio haya perdido interés actual. Conforme a la doctrina del fallo “Ríos” de la Corte Federal (Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 310-819 y sig.) el requisito del gravamen actual no subsiste cuando el transcurso del tiempo lo ha tornado inoperante, cuando éste ha desaparecido de hecho o ha sido removido el obstáculo legal en que se asentaba.
Esta ė”sustracción de materia” resulta -desde el punto de vista procesal- un modo anómalo de terminación del proceso, puesto que como tiene dicho nuestra Corte provincial, la sentencia tiene por finalidad componer un conflicto de interés y no puede ser una dirimente de un mero conflicto de opiniones sobre una cuestión que ha dejado de tener relevancia práctica, por lo que, si el interés del art. 41 del C.P.C. ha desaparecido en el transcurso del proceso, no podrá dictarse la sentencia (S.C.J. Mza., LS-181-437) y deberá sobreseerse la causa.
Ante la desaparición del interés que sustentaba la controversia, el juzgador se encuentra inhabilitado para ejercer su jurisdicción, no pudiendo dictarse pronunciamiento sobre lo que ya ha dejado de existir, sobre una cuestión que ha devenido en abstracta, debiendo en tales supuestos sobreseerse los procedimientos (Conf. 2a. C.C. y C. Mza., L.S. 75-151).
Debe agregarse, que esta doctrina del “moot case”, receptada por el más alto tribunal de la Nación y aplicada por diversos órganos judiciales del país (L.L. 131-282), en modo alguno se opone al principio a tenor del cual el juez no puede negarse a fallar, desde que conforme a aquella, el órgano jurisdiccional sentencia pero negativamente; es decir, sin decidir sobre el fondo del asunto, porque a su juicio quedó superada la necesidad de hacerlo al devenir abstracta la cuestión (Conf. CARNELUTTI, “Instituciones …”, pág. 388, No. 450).
Conforme a tal criterio entiendo que las razones esgrimidas por la parte apelante para sostener que la causa ha devenido en abstracta no resultan aceptables, pues la copia del acta de infracción que se otorga al retenerse el carnet y que habilita a conducir por treinta días hábiles, de manera alguna suple la plena disponibilidad del carnet de conducir, ya que el acta no permite por ejemplo la libre circulación conduciendo vehículos por el resto del país y en los países limítrofes, como si sucede en cambio con la portación del carnet habilitante.
Además de lo dicho, al plantearse la acción de amparo se ha sostenido que el retiro del carnet implica una sanción anticipada y constituye u medio de coerción que afecta derechos constitucionales, planteo éste que debe ser dilucidado en esta causa aún cuando se otorgue una autorización supletoria y limitada, cuya existencia misma requiere el análisis de la legitimidad de la sanción aplicada.
Tampoco la restitución del carnet realizada en virtud del cumplimiento de sentencia apelada justifica que se declare que la causa ha devenido en abstracto, ya que se trata simplemente del cumplimiento forzado de una orden judicial dispuesta en la sentencia dictada, la cual por otra parte podría ser revocada.
Respecto al segundo punto, le asiste razón a la parte apelante al sostener que constituye una falta grave el hecho de conducir sin los correajes de seguridad previstos en el art. 40 de la Ley de Tránsito, pues así surge del nuevo texto del art. 85, inc. 2, ap. j) de la ley 6082.
Sin embargo, lo dicho carece de toda relevancia dado que aún tratándose de una falta grave, la retención del carnet de conducir por tal motivo resulta inaplicable por ser inconstitucional, que es a su vez la tercera cuestión a resolver.
Sobre este tema, al igual que los sostenido sobre el mismo por el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 124/125, comparto plenamente que resulta aplicable al presente caso el criterio seguido por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el caso “Carlucci; L.S. 355-248 de fecha 5 de septiembre de 2.006; LL Gran Cuyo 2006 (febrero), 86: cita on line AR/JUR 5361/2005).
En dicha causa, en criterio que comparto, se dijo en esencia sobre la norma cuestionada que “En primer lugar, la misma emerge como una sanción anticipada, y como tal irrumpe claramente en abierta violación de derechos reconocidos constitucionalmente, vinculados de modo liminar con las garantías del debido proceso”. De esta manera “Labrada el acta de infracción, y procediéndose al retiro de la licencia, el presunto infractor de modo inmediato, y sin posibilidad alguna de ejercer su derecho de defensa, padece los efectos que la imposición de la sanción implica”.
Además se señaló que “ El retiro de la licencia, opera sin lugar a dudas como un medio de coerción, que no es otra cosa que el uso de intimidación —retiro mismo de la licencia— para limitar o cercenar libertades o facultades de que gozan las personas en un orden jurídico, con el objeto de alcanzar un fin determinado, “cuando hablamos de coerción legítima que ejerce el Estado, nos referimos al uso de su poder, acordado por la ley, ley que debe respetar las reglas constitucionales que limitan el poder estatal, que conculca o restringe ciertas libertades o facultades de las personas, para lograr un fin determinado (Maier, Julio, “Derecho Procesal Argentino”, 1 b., Fundamentos, Hammurabi, p. 275)”, agregándose que “El mismo autor citado, enfáticamente sostiene: “La afirmación de que el imputado no puede ser sometido a una pena, y por tanto, no puede ser tratado como culpable hasta que se dicte la sentencia firme de condena, constituye el principio rector para expresar los límites de las medidas de coerción procesal. Este principio rector, que preside la razonabilidad de la regulación puede sintetizarse expresando: repugna al estado de derecho, previsto en nuestro estatuto fundamental, anticipar una pena al imputado durante el procedimiento de persecución penal” (conf. autor y obra citada, p. 277); o bien que “Resulta imposible concebir estos medios de coerción sin establecer sus límites, pues, tratándose en todo caso de derechos o garantías atribuidos a todo habitante por la ley fundamental, ni la ley puede alterarlos al reglamentar su ejercicio, ni es posible olvidar que, hasta la sentencia firme de condena, resulte contrario a la Constitución imponer una pena”.
El Sr. miembro preopinante señaló además que “Debo en estricto respeto de las garantías enumeradas, afirmar que el anticipo de la sanción, importa a su vez, como consecuencia derivada y necesaria, la flagrante violación de derechos esenciales, tales como la libertad física o ambulatoria, derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de trabajar, de propiedad, derechos que, en principio sólo pueden ser alterados por una sentencia firme de condena que imponga al condenado una pena (conf. aut. y ob. citada, p. 285). En particular referencia al derecho de propiedad, reconocido constitucionalmente, y por ser “La licencia de conductor un documento público, personal e intransferible que no acredita per se identidad sino idoneidad, y que habilita para conducir los vehículos que cada clase determina. Que es un documento personal que su titular posee sobre la licencia un verdadero derecho de propiedad, por lo que sólo puede ser privado de ella conforme a lo dispuesto en las normas vigentes, previa actuación judicial o administrativa con control judicial suficiente en la que el interesado vea asegurado su derecho de defensa” (conf. Mosset Iturraspe, Rosatti Horacio “Derecho de Tránsito. Ley 24.449”, Rubinzal Culzoni Editores, ps. 67/68)”.
Finalmente se aclaró que “Por otro lado, el fundamento del retiro de la licencia, (art. 28, inc. “b” Ley de Tránsito) posee una incoherencia interna, pues si el fin de tal atribución radica en impedir por razones preventivas, que el afectado conduzca el vehículo, la norma evidencia una contradicción desde que prevé “La copia de este habilitará provisionalmente para la conducción durante treinta días hábiles desde su fecha…”; así no resulta razonable el retiro de la licencia, y su sustitución por una habilitación transitoria para la conducción vehicular. Dicho con otras palabras, el probable fin de prevención de la sanción, se desnaturaliza ante la sustitución inmediata de la respectiva licencia, quitándole por ello el fundamento que eventualmente puede tener la norma en comento”
Consecuentemente con lo dicho, resulta correcto el criterio seguido sobre este tema por la Sra. Juez a-quo en cuanto sostiene que “La situación en virtud de la cual se retuvo al carnet de conducir al amparista vulneró de modo ostensible y evidente su derecho de propiedad relacionado con el uso y goce del vehículo de su propiedad, como también el derecho de la libre circulación con su vehículo, además del derecho de defensa en juicio dado que no se posibilitó descargo alguno, imponiéndose la sanción apuntada – de extrema gravedad – inicialmente y antes de que la afectada pudiese intentar cualquier remedio, ya fuere administrativo o judicial, contra su dictado”.
Por el contrario, incurre la misma en error al afirmar que surge del art. 85 de la Ley de Tránsito que la falta de cinturón de seguridad no se encuentra expresamente incluida entre las faltas graves o gravísimas, sanciones a las cuales les corresponde como sanción el retiro del carnet de conducir, pues ha quedado dicho que en el nuevo texto del art. 85, inc. 2, ap. j) de la ley 6082 se incluye como falta grave y no gravísima el no uso de los corretajes y cabezales de seguridad previstos en el art. 50 L.T.
Finalmente, corresponde pronunciarse sobre si el uso de cinturón de seguridad en la vía pública es una facultad amparada por el principio de privacidad contemplado en el art. 19 de la Constitución Nacional, o si por el contrario constituye un debe de cumplimiento ineludible para quienes circulan en un vehículo por la vía pública.
Cabe señalar que si bien esta cuestión fue omitida en su tratamiento en la sentencia apelada, a pesar de que fue expresamente pedida por el amparista en la demanda al solicitar “…que se declare la inconstitucionalidad tanto de la sanción por falta de uso de cinturón de seguridad al ser violatoria del art. 19 CN…”, tal omisión de tratamiento no obsta para que el Gobierno de la Provincia tenga suficiente interés para agraviarse por ello y por ende que pueda apelar la sentencia dictada en virtud del principio de eventualidad procesal.
Dado que esta cuestión constituye el agravio principal de la parte actora, considero razonable analizarla al examinar el recurso de apelación por ella interpuesto, limitándome en esta oportunidad a señalar que el uso de cinturón de seguridad previstos en el del art. 85, inc. 2, ap. j) de la ley 6082 no constituye una facultad cuando se circula por la vía pública y no está amparado por el art. 19 de la Constitución Nacional, constituyendo por el contrario un deber de cumplimiento ineludible, cuyo incumplimiento autoriza a sancionar al infractor por tratarse de una falta grave. Adelanto de esta manera opinión sobre la suerte del recurso deducido por la parte actora.
Por lo dicho, corresponde admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, limitando de esta manera la declaración de inconstitucionalidad pretendida por el amparista exclusivamente al retiro del carnet de conducir.
RECURSO DE APELACIÓN DEDUCIDO POR LA PARTE ACTORA:
IV.- Que al fundar su recurso, señala que se agravia en cuanto en la sentencia dictada se ha omitido tratar el pedido de inconstitucionalidad referido al no uso del cinturón de seguridad y la nulidad de la sanción aplicada por su no uso.
Expresa que el planteo de inconstitucionalidad se basa en el art. 19 de la Constitución Nacional, dado que el no uso del cinturón de seguridad está amparado por el principio de privacidad al no afectar a terceros. En subsidio planta que resulta ilegal la calificación de falta gravísima que se atribuye al su no uso.
Sostiene que la manda constitucional no afilia al Estado al paternalismo o al perfeccionamismo, considerando que es esta la justa interpretación que ha realizado la Corte de Justicia de la Nación sobre el art. 19 de la Constitución Nacional, citando jurisprudencia y destacando que el derecho a la privacidad está protegido también por el Pacto de San José de Costa Rica.
Entiende que el no uso del cinturón constituye una conducta que no afecta a terceros ni mejora la seguridad en el tránsito vehicular y por lo tanto su uso es exclusivamente para protección del individuo, refiriéndose tanto al no uso en caso de no producirse un accidente como cuando se produce, supuesto que en su criterio no hay mayores responsabilidades para terceros.
A fs. 103/106 y 111/113 contestan el recurso el Gobierno de la Provincia de Mendoza y Fiscalía de Estado quienes piden que se declare desierto el msߏ-_
ismo. En subsidio piden su rechazo.
V.- Que como ya adelantara al tratar el recurso de apelación interpuesto por la Provincia de Mendoza, entiendo que el uso del cinturón de seguridad previsto en el art. 85, inc. 2, ap. J) de la ley 6082 no constituye una facultad cuando se circula en un vehículo por la vía pública y no está amparo por el art. 19 de la Constitución Nacional, constituyendo por el contrario un deber de cumplimiento ineludible, cuyo incumplimiento autoriza a sancionar al infractor por tratarse de una falta grave.
Como señala María Angélica Gelli, “…el principio de privacía –que como ya se dijo incluye el de la intimidad-reconoce la autonomía personal pero no dispone la neutralidad del estado en materia de fines y medios, relativos al orden, la moral pública y la prohibición de causar daños a terceros. Desde el mismo Preámbulo, la Constitución enuncia principios y adopta valores entre los que se incluye los de la libertad como axiología central” (“Constitución de la Nación Argentina- Comentada y Concordada, Ed. La Ley, pág. 184).
Continúa diciendo que “En concordancia con ello, la primera parte del art. 19 no parece filiada a la filosofía paternalista ni a la perfeccionista en lo que se refiera a las acciones privadas, pero no renuncia a fines tuitivos, ni de bien común, ni de bienestar general, todos ellos reconocidos en el Preámbulo de la Constitución, en el art. 14 bis, y en el hoy art. 75, incs. 18 y 19 relacionados, en principio, con la moral pública, que también tiene una dimensión social. Lo que aparece como fuera de dudas es que el art. 19 de la Constitución Nacional es que existe –y se reconoce protegido- un ámbito cerrado a la intervención o interferencia del Estado y de terceros, al que solo se puede acceder si lo abre, voluntariamente, la persona involucrada…” (aut. y ob. citada, pág. 185).
Es por ello que los párrafos de Stuart Mill, citados por el apelante no son suficientes al efecto de la interpretación de las normas jurídicas a la luz de la Constitución Nacional, como un todo sistemático. Utilizar sólo el pensamiento liberal (y también utilitarista) decimonónico para interpretar el sentido y alcance de las normas constitucionales es anacrónico.
Hoy en día resulta imprescindible recurrir a los criterios de interpretación que destacan la unidad de la Constitución (dado que “la relación e interdependencia existentes entre los distintos elementos de la Constitución obligan a no contemplar en ningún caso solo la norma aislada sino siempre además en el conjunto en el que debe ser situada) al criterio de la realidad histórica en la que se analiza la norma (debe analizarse la situación social, política y social existente al momento de realizar la interpretación) y al principio de armonización: (las normas constitucionales que se enfrentan en tensión recíproca tienen que ser armonizadas, puestas en concordancia la una con la otra, si bien hoy no puede discutirse que en algunos casos particulares las normas y principios constitucionales no pueden ser armonizados y debe recurrirse a su ponderación).
El art. 85, inc. 2, ap. J) de la ley 6082 no implica una actitud paternalista del estado pues este tipo de interferencia en la esfera individual supone que el Estado tiene por misión legítima hacer que los individuos acepten y materialicen ideales válidos (a juicio estatal) de virtud personal. Por el contrario, la imposición del uso del cinturón de seguridad cuando se maneja un vehículo en la vía pública, no implica la imposición de ninguna “virtud” o preferencia moral para el usuario.
La prescripción de la obligatoriedad del cinturón de seguridad no afecta al principio de la autonomía personal, ni mucho menos al plan de vida que cada persona puede elegir libremente para sí.
Aún cuando en principio esa restricción a la libertad esté basada en la autoprotección del individuo, el no uso de tal sistema puede afectar gravemente a derechos de terceros.
Una conducta valorada por el agente como parte importante del plan de vida que ha elegido no puede ni debe ser interferida por el Estado. Ahora bien si la actividad pretendida fuere trivial o poco significativa para el agente en referencia a ese plan de vida, tanto como cuando la conducta prudente representa un costo ínfimo (de libertad) para gran parte de los individuos, basta con que se demuestre que ella está asociada de algún modo aunque sea remoto con un perjuicio a terceros o a la comunidad para que la interferencia en ella esté justificada.
Es por ello que en caso como el referido a la utilización del cinturón de seguridad, se produce una limitación razonable que la privacidad permite sin menoscabarse la esencia de la misma pues la autonomía de la voluntad y el interés particular del conducto de un vehículo que circula por la vía pública cede ante intereses generales y superiores que el Estado debe proteger.
Con tales fundamentos es que la doctrina, en criterio que comparto, refiriéndose a los arts. 30 y 40 de la Ley Nacional de Tránsito y al Decreto Reglamentario 779/95 ha sostenido que dichas normas (al igual que lo dispuesto por el art. 85, inc. 2, ap. j) de la ley 6082) “…imponen la obligación del uso del cinturón de seguridad a todos los que se desplacen en vehículos como conductores o pasajeros. La Norma pare a simple vista una intromisión estatal en la vida privada de las personas adultas, con un fin claramente paternalista al pretender cuidar a quienes no desean cuidarse. No obstante, la disposición es defendible –aunque resulte a algunas personas incómoda de cumplir- en la preservación del daño a terceros pues, en casos de accidentes, pueden generarse responsabilidades mayores para el conductor –en caso de que no use el cinturón sea un pasajero- o para terceros, eventualmente involucrados en el accidente (Conf. María Angélica Gelli, ob. Cit. pág. 184).
A ello me permito agregar el daño que tal conducta puede significar para terceros y la comunidad toda, si se tiene en cuenta que está probado científicamente que la omisión en el uso del cinturón de seguridad puede producir –en caso de accidente- lesiones que van desde el comúnmente llamado latigazo cervical hasta otras graves lesiones incapacitantes como la fractura de cráneo, lesiones graves a los pulmones, etc.(cfr.http://www.cesvi.com.ar http://www.culturavial.cl entre tantas otras.)
En estos casos, y aún cuando el Estado no pueda exigir que cada individuo contribuya a incrementar el producto nacional, no puede objetarse por el contrario que el Estado esté interesado en no tener una población con altos índices de incapacidad que generan costos importantes en materia de salud pública, a las obras sociales o a las empresas de medicina prepaga, a la actividad de las compañías aseguradoras de riesgos, y en definitiva a los familiares y dependientes de quien puede incapacitarse por esta omisión, ya que como surge también del conjunto del ordenamiento jurídico los individuos sí tienen el deber de contribuir a la subsistencia y bienestar de sus dependientes inmediatos.
Conforme a las razones dadas tengo para mí la plena certeza que no resulta inconstitucional el art. 85, inc. 2, ap. j) de la ley 6082 en cuanto obliga a usar cinturón de seguridad a quienes circulen en vehículos en la vía pública. Debe por tanto rechazarse el recurso de apelación deducido por la parte actora, desestimándose en consecuencia la pretensión ejercida por la misma al interponer la acción de amparo con la finalidad que se declarara inconstitucional la sanción por falta de uso del cinturón de seguridad, sanción que por tal motivo de manera alguna es nula.
Para terminar sólo me permito hacer referencia a dos aspectos. Los votos del Dr. Petracchi en los casos Bazterrica y Arriola se referían a la inconstitucionalidad de la penalización del autoconsumo de drogas, pero en un ámbito absolutamente privado y en determinadas cantidades y tipos de sustancias ingeridas. Esto es, el voto no se hizo en abstracto y sin consideración a las circunstancias de la conducta analizada.
En segundo lugar, y a modo de conclusión quiero transcribir un párrafo de uno de los más importantes autores del Derecho y de la Filosofía Jurídica de nuestro país, respetado y seguido internacionalmente, que define al derecho a la autonormación y a repeler la intromisión del Estado en conductas privadas como sigue “…una conducta está exenta de toda interferencia estatal cuando ella es susceptible de ser valorada por el agente como relevante a su plan de vida libremente elegido y no implica un riesgo apreciable de generar causalmente perjuicios relativamente serios a intereses legítimos de terceros, no incluyéndose entre esos interese las meras preferencias de los demás acerca del modo de vida que el agente debería adoptar” (Nino, Carlos Santiago, Ética y Derechos Humanos, Astrea, 2° edición, 1989, pág. 441).
Desde este punto de vista es imposible admitir que la prescripción del uso del cinturón de seguridad cuando un individuo quiere hacer uso de las vías de circulación utilizadas por el público en general puedan interferir con sus valores y el modo de vida que libremente ha elegido.
C.- RECURSO DE APELACIÓN PLANTEADO POR LOS DRS. OMAR SEBASTIAN FORNETTI Y JANET C. MALDONADO:
VI.- Que cabe recordar que la particular estructura prevista en el art. 40 del C.P.C., impone a este tribunal el deber de revisar la regulación apelada, aun cuando no se hayan expresado agravios concretos respecto a la resolución recurrida. De esta manera, las facultades que asume este tribunal en el presente caso son amplias y le permiten considerar incluso cuestiones no planteadas expresamente por las partes.
Analizada la regulación de honorarios practicada en la sentencia dictada, entiendo que resulta errónea la normativa arancelaria citada pues en las acciones de ampara las regulaciones deben realizarse de conformidad con el art. 10 L.A.
En cuanto a los montos regulados, teniendo en cuenta la labor profesional cumplida por los profesionales intervinientes en esta causa en función con las pautas contenidas en el art. 10 L.A. considero que los mismos resultan bajo y por ende deben ser elevados, estimado prudente fijar como pauta de referencia la suma de pesos doce mil ($ 12.000.-) para quien hubiera resultado patrocinante de la única parte ganadora, de modo tal que al prosperar parcialmente el recurso y admitirse solo una de las dos pretensiones ejercidas deberá regularse la suma de pesos seis mil ($ 6.000.-) para el patrocinante de cada una de las partes por lo que prospera y por lo que no progresa la acción de amparo deducida (arts. 4, 10 y 31 L.A.).
VII.- Que en conclusión, y a modo de resumen, por las razones dadas corresponde admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, limitando de esta manera la declaración de inconstitucionalidad pretendida por el amparista exclusivamente al retiro del carnet de conducir y desestimarse el recurso de apelación planteado por la parte actora. Así voto.
Sobre la misma cuestión los Drs. Moureu y Martínez Ferreyra manifiestan que por las razones dadas adhieren al voto que antecede.
SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. RODRIGUEZ SAA DIJO:
Que dado el resultado al cual se arriba respecto a la primera cuestión analizada, corresponde que las costas de primera instancia estén a cargo de la parte demandada en la proporción que progresa la acción promovida y a cargo del actor en la que la misma no prospera.
En cuanto a las costas de la alzada, corresponde que las correspondientes al recurso deducido por el Gobierno de la Provincia estén a cargo de la parte actora en la proporción que progresa el recurso y a cargo de la actora en la que el mismo no prospera, estando a cargo de la actora las costas referidas al recurso por ella deducido (arts. 36 C.P.C. y 4 L.A.). Así voto.
Sobre la misma cuestión los Drs. Moureu y Martínez Ferreyra expresan que por las razones expuestas adhieren al voto que antecede.
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:
SENTENCIA:
MENDOZA, 14 de diciembre de 2.015. Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo precedente, este Tribunal,
RESUELVE:
I.- Rechazar el pedido del Gobierno de la Provincia de Mendoza respecto a que se declare que la presente causa ha devenido en abstracta.
II.- Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto a fs. 72/75 por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, y en consecuencia revocar en forma parcial la sentencia dictada a fs. 66/68, la cual se sustituye por la siguiente:
“I.- Hacer lugar parcialmente la acción de amparo incoada por el Sr. Diego Sebastián Garay, declarando la inconstitucionalidad del art. 28 de la Ley 6.982 y, en consecuencia, ordenar a la demandada que en el plazo de DOS DIAS deberá restituir a la amparista la licencia de conducir que le fuera retenida oportunamente, bajo apercibimiento de ley, rechazado el pedido de inconstitucionalidad referido a la aplicación del art. 85, inc. 2, ap. j) de la ley 6082, en cuanto obliga a usar cinturón de seguridad a quienes circulen en vehículos en la vía púbica”.
“II.- Imponer las costas de primera instancia a la parte demandada en la proporción que progresa la acción promovida y a cargo del actor en la que la misma no prospera (arts. 36 C.P.C. y 4 L.A.).
“III.- Janet C. Maldonado, Omar E. Fornetti, María del Valle Nanclares Regular los honorarios profesionales de los Dres. y Adriana Barrancos en las sumas de pesos seis mil ($ 6,000.-), tres mil ($ 3.000.-), dos mil cien ($ 2.100.-) y dos mil cien ($ 2.100.-) respectivamente por lo que progresa la demanda, y en las sumas de pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200.-), dos mil cien ($ 2.100.-), tres mil ($ 3.000.-) y tres mil ($ 3.000.-) respectivamente por lo que la misma no prospera (arts. 3,10 y 31 L.A.)”.
II.- Imponer las costas de la lazada a la parte actora en la proporción que progresa el recurso y al Gobierno de la Provincia en la que el mismo no prospera, (arts. 36 C.P.C. y 4 L.A.).
III.- Regular los honorarios de los Drs. Francisco Losada y Omar E. Fornetti en las sumas de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.-) y mil seiscientos ochenta ($ 1.680.-), respectivamente por lo que progresa el recurso y en las sumas de pesos y mil seiscientos ochenta ($ 1.680.-) y dos mil cuatrocientos ($ 2.400.-), respectivamente por lo que el mismo no prospera (arts. 3,10 y 15 L.A.).
IV.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 76/83 por la actora contra la sentencia dictada a fs. 66/68.
V.- Imponer las costas a la parte actora (art. 36 C.P.C.).
VI.- Regular los honorarios de los Drs. Omar E. Fornetti, Janet C. Maldonado, Francisco Losada, María del Valle Nanclares y Eliseo Joaquín Vidart en las sumas de pesos quinientos cuatro ($ 504.-), mil seiscientos ochenta ($ 1.680.-), seiscientos ($ 600.-), mil doscientos ($ 1.200.-) y mil doscientos, respectivamente (arts. 3,10,13,15 y 31 L.A.).
NOTIFÍQUESE Y BAJEN.-

Dr. Adolfo RODRÍGUEZ SÁA Dra. Beatriz MOUREU
JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA

Dr. Oscar Alberto MARTÍNEZ FERREYERA
JUEZ DE CÁMARA

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