Inicio / Formularios de reclamo / Daño a la Salud / Formulario de Reclamo Daños a la Salud causados por Perros Peligrosos

Formulario de Reclamo Daños a la Salud causados por Perros Peligrosos

A raíz de la cantidad de personas, que son víctimas cada vez más frecuente de mordeduras de perros de razas “peligrosas”, es importante saber que esto surge en base a una comercialización defectuosa, surgido en base a tratar de ganar en seguridad para el hogar, sin querer también traemos un “arma cargada”.

Ante una agresión de un perro:  a un ser humano o a otro perro, se hace extensiva la responsabilidad al vendedor y/o criadero, conforme la Ley de Defensa al Consumidor.

Las malas prácticas en la crianza de perros ha llevado a que se críen en pequeñas jaulas, sin el mínimo espacio para el desarrollo territorial, con altos grados de irritabilidad por su confinación, sin ningún tipo de afecto, defecando y pariendo en el mismo lugar, siendo los cachorros destetados y vendidos casi de inmediato.

Estas pariciones masivas, lleva acondicionado cachorros que crecerán irritables, con instintos agresivos  y por sobre todo de mal temperamento.

Con un proceso de comercialización donde prima “lo estético”, se comienza a vender razas destinadas a la caza o de guardia,  a familias con niños infantes o sin lugar y medios adecuados para poder evitar la peligrosidad del perro.

Se venden perros de razas cuyo porte, tamaño, temperamento, sentido de pertenencia y territorialidad,  sentido del alerta,  gran resistencia al dolor,  los sitúa como un verdadero “peligro” para sus dueños y para terceros.

La crianza y venta de perros, supone que el mismo antes de su venta, el cachorro  haya sido seleccionado por su buen temperamento  e instruido con una buena sociabilidad, jerarquizando los niveles de autoridad y lo más importante haber brindado al comprador una información detallada revelando todas las características para ser un propietario responsable.

La Ley de Defensa al Consumidor provee la protección del consumidor  en sus intereses económicos, y por sobre todo en su salud.  La generalización de malas prácticas comerciales, han llevado a poner en riesgo cierto a los transeúntes.  Conforme lo muestran las estadísticas  los ancianos y los niños son los que mayormente son agredidos violentamente.  En la mayor parte de los casos registrados los mismos han presentado  graves daños físicos y estéticos, incluso llegando a la muerte.

Conclusión: La extensión de la responsabilidad a los vendedores de perros, permite que un mayor número de casos encuentren reparación en el patrimonio de los criadores

La extensión de la responsabilidad a los vendedores de perros, es un gran disuasivo de malas prácticas en la comercialización de canes.

La extensión de la responsabilidad a los vendedores de perros, cambia el eje en el flagelo cotidiano que se vive por las agresiones caninas.  No solo vemos al dueño como único responsable, sino que también se responsabiliza al vendedor por no realizar todas las medidas necesarias para evitar la tenencia de un perro peligroso en la comunidad.

La extensión de la responsabilidad a los vendedores de perros,  obliga a las instituciones del estado a fiscalizar y controlar el proceso de comercialización de perros, que se ha tornado un verdadero peligro para la sociedad.

Si Ud. ha sufrido daños físicos y psíquicos a causa de un perro, puede reclamar al dueño y también al vendedor y/o criador.

Ud. dispone de derecho a reclamar. Para lo mismo lo puede hacer:

────────────────────────────────

PASO 1: REALIZAR RECLAMO ANTE EL CRIADERO Y/O VENDEDOR , A CADA UNO O A TODOS

  • POR CARTA DOCUMENTO
  • POR NOTA FIRMADA, SOLICITANDO SU CONSTANCIA DE RECEPCION

*** NUNCA DEJAR LOS ORIGINALES, PRESENTAR SOLO FOTOCOPIAS ***

─────────────────────────────────────

xxxxxx (poner razón social criadero – vendedor)

S——–/——-D:

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx , Provincia de xxxx, Teléfono Nº xxx, Email xxx@xxxxx, se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos: Que en fecha xx/xx/xxxx, siendo las xx: xx,  sufrí el siguiente daño:

xxxxxxxxxxxxxx

(Especificar los daños y determinarlos en su extensión y cuantía, o en todo caso proporcionar los elementos para poder determinarlo: físicos, psicológicos y las cosas de su patrimonio).

Que la  existencia del daño a mi patrimonio resulta del vicio o riesgo del animal comercializado, por lo que lo hace responsable en virtud del art. 1, 2, 5, 6, 7  40 y ccs. de la Ley 24.240 que tienen su base en el art. 42 de la C.N., dado que al suponer el mismo un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.

Prueba:

Documental: agregar copia de factura, recibo o comprobante que se tenga de la relación de consumo.

Agregar toda la documentación que sirva como prueba de la determinación de los daños y su cuantía (por ejemplo presupuestos, facturas de gastos, certificados médicos, recetas, tickets, fotos, etc.)

Petición:

1. Solicito que en forma inmediata y urgente se repare los daños causados que ascienden al monto de $ XXXX (Pesos XXXX), todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan.

2. Daño Directo, dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240 en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor.

3. Sanciones:  dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el  el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones  atento la posición en el mercado (conf. art. 49 de la ley 24.240) en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor.

Firma: xxxxxxxx

────────────────────────

PASO 2: DENUNCIA A DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Para el caso que no le se ha satisfecho su reclamo o no sea plenamente satisfactorio, porque no se la abono intereses por la demora en la devolución de su dinero, o los daños y perjuicios ocasionado por la demora o por los trastornos ocasionados Ud. deberá concurrir a formular la denuncia al Organismo Gubernamental de Defensa del Consumidor.

MODELO DE DENUNCIA : x triplicado.

──────────────────────────────

Organismo Gubernamental

de Defensa al Consumidor

S——–/——-D:

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx , Provincia de xxx, Teléfono Nº xxx, Email xxx@xxxxx, se presenta ante Uds., a fin de denunciar lo siguiente:

Denunciada: Empresa (RAZON SOCIAL ) , CUIT Nº XXX, con domicilio en XXX , localidad XXX; Provincia de XXX, Telefóno Nº xxx.

Hechos:

Conforme surge del reclamo a la denunciada que he acompañado y me remito a los mismos,  surge a existencia del daño a mi patrimonio resulta del vicio o riesgo del animal comercializado, por lo que lo hace responsable en virtud del art. 1, 2, 5, 6, 7  40 y ccs. de la Ley 24.240 que tienen su base en el art. 42 de la C.N., dado que al suponer el mismo un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.

No obstante mi oportuno reclamo y pedido de indemnización, la misma no ha cumplido con  sus obligaciones legales, que me obliga a presentar esta denuncia para que la misma cumpla con la Ley  procediendo a la reparación.

Prueba:

Documental: agregar copia de factura, recibo o comprobante que se tenga de la relación de consumo.

Agregar toda la documentación que sirva como prueba de la determinación de los daños y su cuantía (por ejemplo presupuestos, facturas de gastos, certificados médicos, recetas, tickets, fotos, etc.)

Constancia: de haber hecho el reclamo previo (si fue necesario).

Los proveedores deberán acompañar toda la documentación que obre en su poder y que resulte necesaria y suficiente para resolver la cuestión planteada (art. 53 LDC).

Petición:

1. Solicito que se declare la infracción al art.  5, 6, 40 ,  y ccs. de la Ley 24.240 que tienen su base en el art. 42 de la C.N, proveyendo a que en forma inmediata y urgente se repare los daños causados que ascienden al monto de $ XXXX (Pesos XXXX), todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan.

2. Daño Directo, dado el Daño sufrido, los gastos que se han generado, la pérdida de tiempo en hacer efectivo este reclamo para evitar que los daños “bagatela” queden sin reparación y “en abstracto”, y hacer operativos mis derechos de consumidor , conforme lo he expresado solicito se indemnice con el máximo valor dispuesto por el art. 40 Bis. Ley 24.240.

3. Sanciones: por la conducta asumida por la denunciada, solicito que a la misma le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el  el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones  atento la posición en el mercado (conf. art. 49 de la ley 24.240)

Firma:

xxxxxx

────────────────────────────────

PASO 3: VIA JUDICIAL

En el caso que la audiencia de conciliación fuera dispuesta a una fecha remota, que prolongue el trámite innecesariamente en el tiempo, se puede reclamar judicialmente, sin necesidad de agotar la vía administrativa, o recurrir en forma previa.

Para iniciar una Acción Judicial, requerirá un abogado que la asesore y patrocine.

Todas las acciones por defensa al consumidor gozan de gratuidad art. 53 LDC, por lo que no se abonará ninguna tasa o gasto para su inicio.

Multa. En caso de verse obligado a litigar judicialmente para poder reclamar el cumplimiento de las obligaciones legales Ud. podrá también reclamar una  multa (sanción punitiva) que deberán pagar a su favor. Esta multa puede ser establecida entre los $ 100 y $ 5.000.000 (Art. 47 inc. b) y 52 bis ley 24.240, dependiendo  del carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones  atento la posición en el mercado.

───────────────────────────────────

INDEMNIZACION:

El art. 40 bis de la LDC dispone que todos los daños y perjuicios que tenga el consumidor, serán indemnizados hasta un monto de casí $ 11.300 (pesos once mil trecientos). En la vía administrativa, sin necesidad de ir a juicio. En el caso de ir a juicio, dicha suma se tomará a cuenta de lo que disponga como indemnización el Juez.

───────────────────────

LEGISLACION APLICABLE

Ley de Defensa del Consumidor 24.240

ARTICULO 1º – Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines.

Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

ARTICULO 2º – PROVEEDOR.

Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.

No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

ARTICULO 3º – Relación de consumo. Integración normativa. Preeminencia.

Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.

Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.

Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

ARTICULO 4º – Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.

La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

ARTICULO 5º – Protección al Consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.

ARTICULO 6º – Cosas y Servicios Riesgosos. Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.

En tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el artículo 4 responsables del contenido de la traducción.

ARTICULO 7º – Oferta. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer. La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley. (Ultimo párrafo incorporado por art. 5° de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

ARTICULO 8º – Efectos de la Publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor.

En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de CUIT del oferente. (Párrafo incorporado por el art. 1º de la Ley Nº 24.787 B.O. 2/4/1997)

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

ARTICULO 40. – Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

(Artículo incorporado por el art. 4º de la Ley Nº 24.999 B.O. 30/7/1998)

ARTICULO 40 bis: Daño directo. Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

La autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de CINCO (5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

El acto administrativo de la autoridad de aplicación será apelable por el proveedor en los términos del artículo 45 de la presente ley, y, una vez firme, respecto del daño directo que determine constituirá título ejecutivo a favor del consumidor.

Las sumas que el proveedor pague al consumidor en concepto de daño directo determinado en sede administrativa serán deducibles de otras indemnizaciones que por el mismo concepto pudieren corresponderle a éste por acciones eventualmente incoadas en sede judicial.

(Artículo incorporado por art. 16 de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

───────────────────────────────────

JURISPRUDENCIA RELACIONADA:

 DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Accidente en las instalaciones de una Estación Subterránea. Lesiones sufridas por pasajero. Caída por una escalera. Defensa de los Derechos de los Consumidores. Responsabilidad del transportista por los daños causados al consumidor con motivo o en ocasión del servicio. Obligación accesoria de seguridad frente a los usuarios.

“En autos, el objeto de la pretensión queda aprehendido por el plexo legal emergente de la ley citada, que en su art.40 dispone que el transportista responderá por los daños causados al consumidor con motivo o en ocasión del servicio, lo cual incluye que sea tanto por el vicio o riesgo de la cosa, como por la prestación del servicio. El proveedor del servicio, además, asume una obligación accesoria de seguridad frente a los usuarios, que incluye el uso de la escalera de acceso al transporte. Esta obligación accesoria de seguridad abarca no sólo a quienes ya hubieran celebrado un contrato con la demandada, sino que debe ser garantizada tanto en el período precontractual, como en las situaciones de riesgo creadas en sus instalaciones respecto de sujetos no contratantes. (conf. expte. Nº 66.728 (95.377/00). CNCIV – SALA L – 20/10/2008”.

“La protección al consumidor o usuario del servicio queda resguardada por el deber de seguridad preceptuado por el art. 5º de la Ley 24.240.” La relación de consumo, como concepción más amplia que el contrato de consumo, “abarca todas las situaciones en que el sujeto-consumidor o usuario- es protegido antes, durante y después de contratar, cuando es dañado por un ilícito extracontractual, o cuando es sometido a una práctica de mercado, cuando actúa individual o colectivamente (Conf. Lorenzetti, Ricardo L. “Consumidores”, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa F, 2003, pág. 74).

“Lezcano, Yolanda c/ Metrovías S.A. s/ daños y perjuicios ” – CNCIV – 26/02/2009

“Al resultar el peaje una típica relación de consumo, también la obligación de seguridad se halla indudablemente incorporada a su contenido virtual, en razón de la normativa de los arts. 42 de la CN. y 5 de la Ley 24.240 de Protección al Consumidor (que se mantiene en el texto dispuesto por la ley 26.361), que expresamente la establecen, sobre este punto. Por ende, en orden a la normativa vigente ni siquiera resultaría necesario recurrir a la del artículo 1198 del Código Civil, para dar fundamento a su existencia en este tipo de contrato”. “B. Y. G. L. y otros c/ Autopistas del Sol S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala: M. 5/02/09.

 

 “Que es sabido al respecto que el régimen específicamente tuitivo de los consumidores que se enmarca en el contexto de la Ley 24.240 y actualmente en la 26.361 no es excluyente de las normas generales que en materia de responsabilidad Civil (según lo analizado en el sub lite) dimanan de otras estructuras normativas generales (como el Código Civil) o singulares (como la Ley de defensa de la competencia o de lealtad comercial, vide artículo 5° de la Ley 24.240 y su correlato expansivo en la 26.361), así como que el artículo 5° de dicho régimen protectorio de las relaciones de consumo (citado por la sentencia del Tribunal a quo), prevé que “.las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.”, con lo cual la imputación hecha por el quejoso de que la supuesta inobservancia de ese régimen legal singular hubiera podido llevar a una solución del caso que variaría si se hubiera atendido al mismo, no deja de ser una apreciación subjetiva, válida como tal pero no apta para justificar la apertura de la queja”

“Tessio Gatius Roberto Enrique c/ Aufe S.A. y/o Aufe S.A.C. y/u otro s/ I. D. P.”  Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe. Sala: I.  18/11/08

 “La Dirección Nacional de Comercio Interior puede imponer una multa por incumplir con el deber de protección al consumidor previsto en el art. 5 de la Ley 24.240, en virtud de encontrarse a la venta, a la fecha de realización de la inspección, mercadería que tenía una semana de vencimiento”.

 116.109/02 “TIA S.A. c/DNCI-Disp 18%2 (Expte 64-87119 9)” C. NAC. CONT. ADM. FED. Sala 1., Coviello, Morán. 25/09/2008

 

 “El art. 5 de la Ley 24.240 se refiere al deber de seguridad de la salud y a la integridad física de los usuarios. La interpretación que debe darse al artículo debe ser amplia abarcando todas las situaciones de las cuales durante el desarrollo del contrato se pueda derivar algún daño para el usuario. La ley impone la obligación de garantizar a los usuarios que a raíz de su prestación no sufrirán daño alguno (Sala II “Cianáio José María c/ Resol 184/97 Enargas”, 5/11/98) (Cons. VIII)”.

116.109/02“TÍA S.A. c/ DNCI-DISP 180/02 (Expte 64-871/99)”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala 1. Coviello, Morán. 25/09/2008
“La obligación de quien comercializa un producto es arbitrar los medios necesarios para que se encuentre en las condiciones que por las normas vigentes se impone y se mantenga en esa situación hasta el momento de ser adquirido por el consumidor, única forma de que resulten protegido los derechos de aquél (Sala V, “Quilmes Gas S.R.L. c/ DNCI -Disp 847/05”, 28/2/2007) (Cons. VIII)”. 116.109/02 “TIA S.A. c/ DNCI-DISP 180/02 (Expte 64-871/99)”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala 1., Coviello, Morán. 25/09/2008

 

 “Cabe  admitir  el reclamo incoado contra una entidad bancaria por uno  de  sus clientes, titular de una caja de ahorro en la que se deposita  su  sueldo, por restitución de los fondos que, luego de un  ardid  telefónico,  le  habían  sido sustraídos de su cuenta; toda  vez  que el banco -que según constancias de la causa estaba en   conocimiento   de  esa  modalidad  delictiva-,  no  advirtió oportunamente  de  ello a sus  clientes violando su obligación de seguridad;  no  obstando  a  ello lo informado en las condiciones generales  de  uso  de la tarjeta o los stickers colocados en los cajeros  automáticos  en los que se aconseja no divulgar el pin o la  publicación  que al respecto hiciera lo policía federal en un diario  de  amplia  difusión; además, el hecho de que mediante la apertura  de una cuenta en el banco y la obtención de una tarjeta por  uno de los miembros de la banda delictiva, esta haya logrado hacerse  del  “patrón  original  de  la banda” de la tarjeta para reemplazarla  por  el  nombre  de las victimas, revela también la vulnerabilidad  del  sistema  que  la  propia  entidad financiera manejaba  y  utilizaba con sus clientes; por lo que cabe concluir que  la  entidad  bancaria  incumplió  la obligación de seguridad -garantía  expresa  o  tacita  que  asumen  las partes en ciertos contratos,   de   preservar  a  las  personas  y  bienes  de  sus cocontratantes,  respecto  de  los  daños  que puedan ocasionarse durante  su  ejecución  (CFR.  López  herrera,   Edgardo, “teoría general  de  la  responsabilidad  Civil”,  lexisnexis,  lexis  Nº 7004/004379)-,  que ha sido reconocida como principio general del derecho   protector  de  todas  las  relaciones  jurídicas  y que encuentra  fundamento en normas constitucionales (CN: 19, 41, 42, 43  y  75-22°),  en  la  solidaridad  social y en el principio de buena   fe   (CFR.  XX  jornadas  nacionales  de  derecho  Civil, reunidas  en la facultad de derecho de la UBA) y en la L ey 24240: 5”.

“Traverso,  Maria  c/  Banco  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala E. Arecha – Ramírez – Sala. 30/06/08

“Debe sancionarse con multa, por violación al art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor a una empresa de garrafas que tiene para la venta garrafas que se encuentran fue del periodo de aptitud que establece la resolución 148/01 de la Secretaria de Energía y Minería”.

12.001/06. “Quilmes Gas SRL c/ DNCI-DISP 84 7/05 (Expte. SO1:58636/06)”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala V., Gallegos Fedriani, Moran. 28/02/2007.

 “Es obligación de quien comercializa un producto arbitrar los medios necesarios para que se encuentre en las condiciones que por las normas vigentes se impone y se mantenga en esa situación hasta el momento de ser adquirida por el consumidor, única forma de que resulten protegidos los derechos de aquél”.

 12.001/06 “Quilmes Gas SRL c/DNCI-DISP 847/05 (Expte SO1:58636/06)”.C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala V., Gallegos Fedriani, Moran. 28/02/2007

 “Cabe rechazar la acción intentada contra el propietario de un local  de  comidas rápidas,  por  indemnización  de los daños y perjuicios sufridos por la accionante al caer en las escaleras del local, toda vez que no se acreditaron deficiencias o vicios de la escalera donde se produjo el accidente, y no es esta un elemento en si  mismo peligroso, dado que su propia naturaleza inerte no puede ser instrumento de la acción del hombre que responda a su voluntad, ni es cosa que pueda causar de un modo autónomo un daño a quienes lo emplean, salvo el peligro estático que pudiera llegar a tener por motivos ajenos a su naturaleza (Cfr., CNCIV, Sala E,  16.8.01,”Farhi, Alejandro Víctor c/ Fortín Maure S.A. s/ Daños y Perjuicios),maxime cuando de los testimonios aportados a la causa se desprende que hubo imprudencia de la victima, resultando ajenas  al  caso  las previsiones de la Ley 24240: 5, 6, y 37”.

 “Del  Valle,  Maria  Cristina  c/  Arcos Dorados S.A. Mc Donald’s s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala E.

Arecha – Ramírez – Guerrero. 17/12/03

 “El art. 5 de la Ley 24.240 se refiere al deber de seguridad referido a la salud y a la integridad física de los usuarios. La interpretación que debe darse al artículo debe ser amplia abarcando todas las situaciones de las cuales durante el desarrollo del contrato se pueda derivar algún daño para el usuario. La ley está imponiendo a la empresa prestadora del servicio la obligación de garantizar a los usuarios que a raíz de su prestación no sufrirán daño alguno en bienes distintos de los que conforman el objeto contractual. Se trata en definitiva de un deber contractual de resultado, cuyo incumplimiento traer por ende aparejada responsabilidad objetiva de la empresa deudora. (Cons. IV)”.

 “Ciancio, José María c/ Resol. 184/97 –Enargas-  (Expte. 3042/97)”. Causa: 26.895/97. C. NAC. CONT. ADM. FED. , SALA II, Damarco, Garzón de Conte Grand, Herrera, 5/11/98.

 Corresponde confirmar la multa impuesta por infracción al art. 4 de la Ley 24.240, por carecer los productos de la respectiva fecha de vencimiento que indique la aptitud del producto para ser consumido, porque en supuestos como el de autos no se requiere un daño concreto en los derechos del consumidor, sino la posibilidad de la existencia de tal daño”.
“Carrefour Argentina S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 162/98” Causa nº 23.909/98. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala V, Grecco, Gallegos Fedriani, Otero, 21/10/98.

 “Si bien la jurisprudencia ha admitido la aplicabilidad de los principios generales del Código Penal a la legislación económica que establece sanciones de multa (confr. C.S.J.N. “S.A. Frigorífico Yaguané C.I.F.A.”, fallo del 4-XII-1975, entre otros), también ha señalado que ello no supone que el principio de retroactividad sea aplicable a la legislación represiva económica y las llamadas leyes penales en blanco cuando la situación más ventajosa resulta como consecuencia de las variaciones del precepto extrapenal que la complementa. Si, por vía de hipótesis, admitiéramos que la norma del art. 5º de la ley de defensa del consumidor describe una infracción de tipo abierto –en tanto las posibles violaciones a las normas de comercialización pueden derivar de reglamentaciones dictadas por las distintas áreas de la administración dada la variedad de productos y servicios pasibles de ser consumidos-, deberíamos también admitir que sanciones como las de autos tienen un claro contenido económico, que normalmente varían en lapsos breves. “En tales casos, la modificación o supresión de la Ley no responde a una distinta valoración de la realidad que se regula, sino que manteniéndose idénticos criterios valorativos, la rápida mutación de las circunstancias que condicionan los hechos a que la ley se refiere hace necesario modificarla para que la regulación se mantenga acorde con aquellas pautas invariadas”. (Véase dictamen del Procurador General del fallo citado en el párrafo anterior, confr. CNApel. Cons. Adm. Fed. , Sala II, causa “Argón S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones – Disp. DNCI 249/96, del 25-III-1997). (Cons. IX)


“YPF Gas S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp.
DNCI 1478/96”. Causa nº 13.657/97.C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala IV, Uslenghi, Galli, 7/4/98.

 
El derecho del consumidor de ser debidamente informado por el empresario se extienda no solo a las características, cualidades, modos de utilización del producto sino también a los riesgos que puedan provocar para su salud, todo ello en la faz previa a la contratación y además dicha información debe ser objetiva, es decir, sin el añadido propio de la propaganda ( que a través de inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades de los bienes o servicios que comercialicen) y cuando se trata de bienes ( productos en el caso), para lograr eficacia, la información deberá estar junto con ellos, mediante rótulos y etiquetas”. (Considerando IV)

“Wassington S.A.C.I.F.I. c/ Sec. de Comercio e Inversiones – Disp. DNCI. nº 187/97” Causa: 6655/97. C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala V, Gallegos Fedriani, Otero, 2/7/97.


“Resulta competente la Secretaría de Comercio para entender en la comercialización de gas licuado contenido en garrafas por ser su naturaleza una actividad apta para generar situaciones de riesgo en los consumidores, comprendidas en el art. 5º de la Ley de Defensa del Consumidor. A ello no empecé la circunstancia de que la circunstancia para verificar la existencia de la infracción, la Secretaría de Comercio deba tener en cuenta las resoluciones de contenido técnico que dicta, en el caso, la Secretaría de Energía”.

 “Argón S.A. c/ Sec. de Com. e Inv. –Disp. DNCI. 249/96”. Causa: 15.933/96. C. NAC. CONT. ADM. FED, Sala II, Damarco, Garzón de Conte Grand, Herrera. 25/3/97

 “El art. 5 de la Ley 24.240 muestra claramente que la protección que por la ley se brinda al consumidor no es solo desde el aspecto estrictamente comercial, sino que se extiende a otros campos, tales como los de la protección de la salud y de su seguridad, debiendo reconocerse, en ciertas circunstancias como las actuales, a la Sec. De Comercio e Inversiones facultades concurrentes con otros organismos que ejercen funciones de control desde otro ángulo de examen de la cuestión.”(Consid. IV). (Ver en el mismo sentido, esta Sala in re “Sánchez Gas S.A.C.I.F. e I.”, del 25/3/97)”.

 “Algas S.A. c/ Sec. De Com. E Inv. – Disp. DNCI 254/96”. Causa: 15.923/96. Galli, Jeanneret de Pérez Cortés, Uslenghi. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala IV. 25/3/97.

“La tenencia para su venta de gas licuado envasado en garrafas que se encuentra fuera del período de aptitud encuadran en la reglamentación invocada y en las previsiones de los artículos 5 y 6 de la Ley 24.240, ya que el estado de los envases afecta la seguridad de los consumidores (Consid. 7º)”.


“Algas S.A. c/ Sec. De Com. E Inv. –DNCI 669/96”. C. NAC.
CONT. ADM. FED. , Sala II. Damarco, Garzón de Conte Grand, Herrera. 4/3/97.

“Para la aplicación de la sanción no es requerida la comercialización directa de los productos a los usuarios en tanto dicha producción o fraccionamiento en el caso, forma parte de una cadena económica cuyo último eslabón es el consumidor, respecto del cual rige la norma del art. 5 de la Ley 24.240 que intenta evitar la obtención de productos que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, presentes peligro para la salud o integridad física. “Algas S.A. c/ Sec. de Com. E Inv. –Disp. DNCI 669/96. Causa: 23.562/96. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala II, Damarco, Garzón de Conte Grand, Herrera, 4/3/97.

 Sanción La Autoridad de Aplicación de la Ley Nº; 24.240 de Defensa del Consumidor, por Disposición Nº; 1.024/97, impuso multa de $ 4.000 a la firma Y.P.F. GAS S.A. por incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 5º; del referido texto legal, por haberse verificado la existencia para su comercialización de garrafas de gas licuado de petróleo fuera del período de aptitud (Nota Gas del Estado Nº;3.067/94). La Excma. Cámara rechaza la apelación interpuesta por la recurrente y confirma la sanción impuesta por la autoridad administrativa.

“Y.P.F. Gas S.A. c/ Secretaria de Comercio e Inversiones s/ Disposición DNCI Nº; 1.024/96 EXPTE. Nº; 28.142/96” Cámara Nacional de Apelación en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala III – Sentencia  Tº; V Fº; 27 – 18/02/97

 

 “Que, la resolución impugnada sancionó con una multa de $ 4.000 (art. 1º) a la razón social GAS BRILL S.A.I.C., por infracción del art. 5º de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. La propia apelante reconoce…que respecto del fraccionamiento y rellenado de los “envases restantes se puede considerar como un error de carácter humano”; por ende, este tipo de comportamiento no es eximente de responsabilidad y tampoco lo es porque dicha conducta se verifique en un “mínimo porcentaje” puesto que “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos” (art. 902 del Código Civil)


“Gas Brill S.A.I.C. c/ Sec. de Com. e Inv. –Disp. DNCI. 1467/96”. Causa: 32.628/96. C. NAC. CONT. ADM. Fed, Sala V, Otero, Gallegos Fedriani, Grecco – 10/2/97.

 La Autoridad de Aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por Disposición nº 661/96, impuso multa de $ 4.000 a la firma ALGAS S.A. por incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 5º del referido texto legal, por haberse verificado la existencia para su comercialización de garrafas de gas licuado de petróleo fuera del período de aptitud (Nota Gas del Estado nº 30.697/94). La Excma. Cámara rechaza parcialmente la apelación interpuesta por la recurrente determinando el monto de la multa en $ 3.000.-

 “Algas S.A. c/ Secretaria de Comercio e Inversiones s/ DISP. DNCI Nº 661/96 EXPTE. Nº 28.130/96”. C. Fed Apelaciones en lo Penal de la Plata, Sala III, Sentencia Tº IV, Fº 80 –26/12/96.

 LA Autoridad de Aplicación de la Ley Nº; 24.240 de Defensa del Consumidor, por Disposición Nº; 35/96, impuso multa de $ 4.000 a la firma BRAGAS S. A. Por incumplimiento de lo preceptuado en el articulo 5º; del referido texto legal, por haberse verificado la existencia para su comercialización de garrafas de gas licuado de petróleo fuera del periodo de aptitud (Nota Gas del Estado Nº; 30.697/94). La Excma. Cámara rechaza la apelación interpuesta por la recurrente y confirma la sanción impuesta por la autoridad administrativa.

-“Bragas S. A. c/ Secretaria de Inversiones s/DISPOSI- CIÓN DNCI Nº; 35/996 EXPTE. Nº, 20.393/96”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala V – Sentencia Nº; 1880 Tº , II Fº; 3024/5 – 06/12/96

_____________________________

Por Mario N. Vadillo

4/7/14 Fuente: Protectora Asociación de Defensa del Consumidor

Sobre Mario Vadillo

Revisa También

Guía de Reclamo: Ambulancias que no llegan a tiempo

“El tiempo de respuesta es urgente” En caso que la ambulancia se demore, debe ser …