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Banco deberá indemnizar a clienta por el extravío de un certificado de plazo fijo

Camaristas ratificaron que las actitudes dilatorias de la entidad financiera ocasionaron un daño moral que debe ser resarcido…

Por el extravío de un certificado que impidió el cobro de un plazo fijo, un banco privado deberá indemnizar a una clienta con 23.366 pesos (5.000 pesos de ellos en concepto de daño moral) más intereses. Así lo ratificó la Cámara en lo Civil y Comercial de 6º Nominación de la ciudad de Córdoba.
El tribunal, al rechazar el recurso de apelación planteado por el banco y al admitir parcialmente el recurso de la mujer, confirmó la sentencia del Juzgado de 8º Nominación del mismo fuero. La Cámara sólo rectificó que los intereses, computables desde la fecha de la mora en el pago del plazo fijo (1 de diciembre de 2008) hasta el efectivo cumplimiento de lo dispuesto, deberán ser calculados según la Tasa Pasiva promedio que publica el Banco Central (BCRA) con más el 2% mensual.
La causa tuvo como origen la demanda promovida por la mujer, porque en noviembre de 2008 había acordado con el banco privado con sede en Córdoba que, previo pago de una comisión, este gestionaría el cobro de un plazo fijo por 75.696 pesos que ella y su padre tenían depositados, en el carácter de cotitulares, en una sucursal de Lanús (Buenos Aires) de otra entidad financiera (nacional). Ante reiteradas consultas por la demora que insumía el cobro, en el banco privado le informaron que el certificado del plazo fijo había sido extraviado en el sector de procedimiento de cheques de la institución. Esto hizo que, a principios de 2009, pidiera por escrito a la entidad bonaerense el cobro mediante la presentación de una fotocopia del certificado, cosa que le fue denegada, razón por la cual decidió accionar contra el banco privado.
En primera instancia, la demanda fue acogida, pero por 23.366 pesos, teniendo en cuenta que, en julio de 2010, a través de una medida cautelar, se ordenó la transferencia de los fondos a la mujer, que pudo cobrarlos. El monto de la condena impuesta al banco se compuso de 18.366 pesos (por los intereses devengados entre el 1 de diciembre de 2008 y el 21 de julio de 2010, momento en el que fue girado el monto a la demandante) y 5.000 pesos (por daño moral).
En su voto, el camarista Walter Adrián Simes esgrimió que correspondía indemnizar el daño moral ocasionado a la mujer, ante los problemas y aflicciones que le acarreó “la imposibilidad de disponer del dinero propio por más de un año”, sin certeza de cuándo podría cobrar, a lo que hay que sumar “lo engorroso, dilatorios y carentes de respuestas efectivas que pueden llegar a ser los procedimientos administrativos de las entidades bancarias”.

Relación de consumo 
El camarista insistió en que, aun tratándose de una relación contractual, como la que unía a la mujer con el banco privado (gestión de cobro), “el juez no puede negarse a indemnizar el daño moral contractual ‘peticionado y probado’”. “Por ello y tratándose de una relación de consumo, el carácter de consumidora de la demandante le confiere una especial protección de sus intereses (artículo 42, Constitución Nacional), en virtud del deber de información (artículo 4 de la Ley 24.240). Conforme al deber de obrar de buena fe (obligación accesoria, artículo 1198, Código Civil) que pesa sobre el banco, éste debió enmendar expeditivamente el error incurrido (pérdida del certificado), lo que no fue llevado a cabo –sino hasta después de incoada la demanda- por actitudes dilatorias, lo que vulneró los deberes que pesan a su cargo, según lo prescribe la Ley 24.240 (de Defensa del Consumidor)”, enfatizó el vocal, a cuyo voto se adhirieron sus pares (Alberto Zarza y Silvia Palacio de Caeiro).
Asimismo y pese a que la mujer había cuestionado la cifra que en primera instancia se había establecido en concepto de daño moral, la Cámara concluyó que las circunstancias valoradas para fijar el monto indemnizatorio resultaban “justas y equitativas”. No obstante, el tribunal acogió parcialmente al recurso planteado por la demandante en materia de intereses, porque “en la fijación de la tasa debe primar un criterio de justicia, teniendo en cuenta un hecho de la realidad innegable, cual es que las tasas de interés varían de continuo en la Argentina”. Por ende, los camaristas establecieron que, entre el 1 de diciembre de 2008 y hasta el efectivo pago de la suma por la que se condenó al banco deberá aplicarse la Tasa Pasiva promedio del BCRA con más el 2% mensual.

Fecha de la resolución: 28 de mayo de 2014. 
Causa: “Pérez, Alicia c/Banco Santander Río S.A.- Ordinario – Cobro de pesos – Recurso de apelación”.

fuente: http://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/indexDetalle.aspx?id=617

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