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Disolución del Consejo Asesor creado para evaluar a las Asociaciones de Consumidores (Resolución 287/18)

¿Es acertada dicha decisión?

Queríamos en esta oportunidad formular algunas reflexiones con motivo del dictado de la Res. 287, emanada de la Secretaría de Comercio con fecha 14 de mayo de 20181, donde se derogó la disposición 25/12 de la ex Subsecretaría de Defensa del Consumidor, por la cual se dispuso la creación de un “Consejo Asesor para evaluar el Comportamiento Ético de las Asociaciones de Usuarios”.

1. Las Asociaciones de Consumidores

a) Su rol e importancia

1. El art. 42 de la CN, en sus párrafos 2º y 3º, contiene una clara directiva con relación a las asociaciones de consumidores y usuarios, a fin de que tanto los órganos legislativo y ejecutivo arbitren la regulación pública pertinente a los efectos de dotar del andamiaje jurídico suficiente para la constitución y actuación de dichas asociaciones en el marco del derecho del consumo.
A su vez, con una mayor especificidad, se prevé que las mismas participen de modo necesario en los organismos de control, en lo relativo a la prestación de los servicios públicos de competencia nacional.
Desde ya, el esquema ideado por el constituyente, otorgándole un rol preponderante en la dinamización cotidiana del derecho del consumo y en la constante defensa de los derechos e intereses de los consumidores y de los usuarios, es de perfecta aplicación a la organización constitucional provincial y a la órbita de actuación municipal, siendo sus respectivos regímenes jurídicos y estructuras organizativas estatales quienes deben dar cabida a los principios y razones que justifican la actuación de las asociaciones de consumidores, actores fundamentales a nuestro juicio en el desarrollo de la tutela y protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios.
Tal como señala Gelli2, el campo de acción en el que pueden desenvolverse las referidas asociaciones, se halla enmarcado dentro de los medios habilitados por la Constitución para la salvaguardia de los usuarios, de los competidores económicos y de la transparencia del mercado. Dichos medios abarcan a su vez las acciones privadas que tienen derecho a emprender tanto las personas físicas como las personas jurídicas3.
Indudablemente, el papel que el constituyente ha delineado para las asociaciones potencia los controles sociales a través de la sociedad toda, ya a nivel individual o en forma organizada y comunitaria, a través del accionar mancomunado de aquellas.
Las atribuciones concedidas (no sólo por el texto de la Constitución, sino también por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor) a favor de los organismos no gubernamentales de defensa de los consumidores otorgan un canal de control de la organización económica, operando tanto como un canal de viabilización de propuestas y soluciones a los problemas que aquejan a usuarios y consumidores, así como también la posibilidad de actuar como un foro de manifestación, debate y exposición de las principales problemáticas que se suscitan a diario en la materia4.
Resulta fundamental dotar a los derechos consagrados en el art. 42 de la CN de una faceta colectiva, confirmada por la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. En la realidad económica, éstos se hallan fragmentados y desorganizados frente a la dinámica de la relación de consumo, motivo por el cual su situación de desigualdad y debilidad estructural frente al oferente se agrava, por lo que cabe motorizar el derecho de asociarse con fines útiles contemplado en el art. 14 de la CN, con la finalidad de constituir estas asociaciones, las que expresamente tienen en la letra constitucional (además de todas las demás funciones que le puedan caber en el amplio espectro de facultades posibles de ejercer) un rol protagónico en el control de los servicios públicos (art. 42, párr. 3º, CN) y en la interposición de amparos colectivos, atento la legitimación que se les reconoce (art. 43, párr. 2º, CN)5.

2. También debe tenerse en cuenta que las Directrices para la Protección del consumidor de las Naciones Unidas, en su punto III (Principios Generales), punto 5, inc. f), resalta que entre las necesidades legítimas que las directrices procuran atender se encuentra “La libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten”6.
También la ley modelo de Consumers International para la protección de los derechos del consumidor de América Latina y el Caribe, dedica su Capítulo X a las Asociaciones de Consumidores (arts. 57 a 59), especificando entre sus fines: 1) Promover y proteger los derechos de los consumidores; 2) Representar los intereses individuales o colectivos de los consumidores ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan; 3) Representar los intereses de los consumidores ante las autoridades de gobierno, o ante los proveedores; 4) Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva acerca de los bienes y servicios existentes en el mercado; 5) Realizar programas de capacitación, orientación y educación del consumidor7.

3. Adentrándonos en el lugar que se les reserva en el marco normativo legal del consumo, señala Farina con acierto que, si bien la ley 24.240 de defensa del consumidor (en adelante, LDC) dedica a las asociaciones un tratamiento específico en su Capítulo XIV (arts. 55 a 58)8, se refiere a ellas en otros artículos.
Tal es el caso del art. 43, inc. b), donde se encomienda a la autoridad nacional de aplicación llevar el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores; o el del art. 45, que les reconoce implícitamente legitimación para formular denuncias ante la autoridad de aplicación, y el art. 52, que les reconoce legitimación para promover acciones judiciales, o el art. 59, que les otorga injerencia en la constitución de tribunales arbitrales, o el caso de la importantísima disposición contenida en el art. 60, que establece la obligación para Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias y los Municipios —entre otros tópicos— de fomentar la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios y la participación de la comunidad en ellas, en aras de propender a la implementación de la educación al consumidor en el seno de la sociedad civil9.

b) Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores

1. Brevitatis causae, en directa relación al punto que aquí nos interesa analizar, cabe señalar que el art. 56 de la LDC establece, como primera regulación normativa que tiene a definir cuáles emprendimientos colectivos pueden ser considerados como asociaciones de consumidores, en sentido estricto, a fin de detentar todas las competencias y funcionalidades habilitadas por el Estatuto del Consumidor, dos características: por un lado, la necesidad de solicitar autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales, lo que se traduce en la obligación previa de ser inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores10, para lo cual, a su vez, deben tener las finalidades indicadas en el art. 56 de la norma11. De ser efectivamente así, se entiende que cumplen con el objetivo de defender, informar y educar al consumidor (cf. art. 56, LDC), lo que les permite inscribirse en el Registro de marras, obteniendo la autorización pertinente para funcionar.
Lo dicho, indudablemente nos habla de la sujeción a la intervención de las asociaciones en cuestión, atento la cuestión de interés público que se está tutelando y fortaleciendo en su entramado social a través de aquellas.
Precisamente por ello,es que el art. 57 de la LDC establece las “condiciones especiales”12 que deben cumplir para ser reconocidas como organizaciones de consumidores, además de acreditar los requisitos generales expuestos en el art. 56.
Además, la reglamentación de dicho artículo (cf. decr. 1798/94) dispone en su inc. b) que, las asociaciones reconocidas como tales que no cumplan las condiciones mencionadas en los arts. 56 y 57 de la LDC, serán dadas de baja del Registro respectivo, y la Autoridad de Aplicación podrá suspenderles las contribuciones estatales otorgadas. Además, la autoridad de aplicación pertinente podrá disponer la pérdida de la personería jurídica conferida oportunamente13.

2. Mosset Iturraspe nos recuerda el carácter de entes privados de las asociaciones de consumidores, que requiere que los particulares que así lo han previsto se agrupen bajo la forma jurídica de la asociación14, dotando a aquella de la condición de persona jurídica (art. 141, CCCN) y de carácter privado (art. 148, CCCN), debiendo tener un objeto preciso y determinado (art. 156), que debe siempre propender primordialmente al bien común (cf. art. 168, para las asociaciones civiles)15.
Pero además de los requisitos comunes a toda asociación, se les exige para una “autorización” para funcionar como tales, el cumplimiento de un rol particular. Es allí donde la potestad reguladora específica estatal, a través de los textos reseñados supra, establece los fines y condiciones específicas que deben cumplimentar, para poder ser inscriptas en el Registro de Asociaciones de Consumidores 16.
Siempre el acento de su accionar deberá estar puesto en la defensa y representación de los intereses de los consumidores, ante la justicia, autoridad de aplicación y otros organismos oficiales o privados.
La experiencia práctica y el devenir del tiempo, ante la necesidad de actualizar diversas circunstancias atinentes a los requisitos reglamentarios a cumplimentar por las asociaciones, tanto para inscribirse en el aludido Registro como para mantener su inscripción, dieron lugar a diversa normativa sobre el particular y también respecto del otorgamiento de contribuciones financieras por parte del Estado17.
No debemos olvidar que las “condiciones especiales” establecidas en el art. 57 de la LDC, son estrictas en el sentido de preservar la independencia de las asociaciones del poder político y económico, por lo que sólo podrían subsistir y cumplir satisfactoriamente las funciones establecidas en el art. 56 con la financiación producto de los aportes de los propios consumidores, lo que constituye una cuestión altamente limitante para la problemática.
Por ello, Lombardi y Marrapodi proponen la inclusión en el texto de la LDC de la obligación por parte del Estado de financiar a las asociaciones debidamente inscriptas con la asignación presupuestaria correspondiente para asegurar su normal desenvolvimiento, evitando que el aporte sea sólo facultativo y, por ende, restringido y arbitrario, frustrando en la práctica el desenvolvimiento de las asociaciones18.
Como puede advertirse, los términos en cuanto a funciones a desarrollar por las asociaciones y los requisitos que deben cumplimentar, han sido establecidos en forma clara y precisa, pudiéndose advertir que la LDC y su reglamentación persiguen el objetivo de lograr que los consumidores se asocien mancomunadamente y puedan de ese modo superar todos los inconvenientes de la actuación singular19.

3. Actualmente, la inscripción y/o reinscripción en el mentado Registro, las cuestiones vinculadas con la autorización para funcionar y el mantenimiento de aquella y la exclusión del Registro —entre otras cuestiones— son regidas a nivel reglamentario por la Res. 90/16 de la Secretaría de Comercio.
La misma no sólo reafirma el deber de la autoridad de aplicación de mantener el Registro de Asociaciones y otorgar las autorizaciones pertinentes ante la solicitud de las asociaciones para inscribirse en el mismo (cf. art. 43, inc. b) y 56, LDC), sino que establece que la inscripción en dicho Registro debe facultar a las organizaciones para actuar en el ámbito nacional20.
Establece la medida una serie de requisitos para la inscripción y/o reinscripción en el Registro, ya que se considera necesario establecer —en función de la experiencia acumulada en la materia— los requisitos que se consideran necesarios a tal fin (contar con una sede física, disponer de atención presencial para los requerimientos de usuarios y consumidores, tener un dominio de internet propio, disponer de vías de contacto para los consumidores y poseer cuenta bancaria activa en el Banco de la Nación Argentina)21.
Con la presentación de la solicitud de inscripción o reinscripción ante la autoridad de aplicación de la LDC, se debe adjuntar determinada documentación (copias de estatuto vigente y de la constancia de inscripción como persona jurídica; copia de las actas de asamblea en las que se hubiere aprobado la composición del órgano directivo en funciones; memoria y estado contable del último ejercicio o balance de inicio; acreditación del cumplimiento de las obligaciones impositivas, previsionales y sociales que correspondieren)22.
A su vez, se regulan las condiciones para la permanencia en el Registro y se establece un plazo de readecuación para aquellas asociaciones que debieran reinscribirse en el mismo23.
Como señala al respecto D’Archivio, estamos ante requisitos y pautas objetivas, no dando lugar al arbitrio o discrecionalidad. Se brinda una instancia para subsanar los eventuales defectos formales, no habiendo criterios condicionantes sujetos a eventuales valoraciones subjetivas o políticas de la autoridad de aplicación24.

2. El Consejo Asesor para evaluar el comportamiento ético de las Asociaciones de Consumidores

1. Por Res. n° 25, emanada de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor con fecha 4 de septiembre de 201225, se crea el Consejo Asesor para el Comportamiento Ético de las Asociaciones de Consumidores (en adelante, el Consejo Asesor) en el ámbito de la citada Subsecretaría, con la función de asesorar a la misma, en la evaluación de conductas y acciones de las asociaciones, estén o no inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, vinculadas a los requisitos para su permanencia en dicho Registro y/o su reconocimiento público que puedan resultar contrarias a la ética que debe caracterizar el accionar de las mismas, según reza el art. 1°de la misma.
Lo integran las organizaciones que representen un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la temática del consumidor, que soliciten su inscripción en el Consejo Asesor y sea la misma aprobada por la Subsecretaría (art. 2°)26.
Dicho Consejo actuará a requerimiento de dicha Subsecretaría, y se expedirá respecto de las consultas que se le formulen (cf. art. 3°), de acuerdo con el reglamento de funcionamiento del mismo que se aprueba por el art. 4°.

2. Como hemos visto hasta aquí, si bien la autoridad de aplicación de la LDC tiene el deber de controlar el cumplimiento y mantenimiento de los diversos requisitos exigidos para la autorización para funcionar y la consecuente inscripción en el Registro de Asociaciones, ello se debe hacer en base a criterios objetivos, comprobables más allá de cualquier interpretación o apreciación subjetiva y, sobre todo, de considerarse que se está ante una irregularidad de una asociación que le impediría seguir funcionando como tal, a través del procedimiento administrativo correspondiente, respetando el principio de razonabilidad en su faceta subjetiva y objetiva, salvaguardando las garantías del debido proceso, puede serle retirada a la asociación en cuestión la autorización para funcionar, dársele de baja del Registro de Asociaciones, y suspender todo tipo de contribución económica otorgada por el Estado, entre otras medidas27.
El accionar de un Consejo Asesor integrado por asociaciones inscriptas y no inscriptas; que actúa a requerimiento de la autoridad de aplicación ante situaciones presuntamente irregulares, instruyendo sumarios que, junto con la imputación formulada dispone la suspensión preventiva del Registro como sanción solapada en una medida preventiva sobre la base de presunciones28, da lugar —en nuestra humilde opinión— a situaciones que se prestan no sólo a arbitrariedades sino a cuestiones subjetivas que pueden responder a intereses diversos, más allá de las cuestiones estrictamente técnicas respecto del control de la actuación de las asociaciones29.
Sumado a ello debe computarse la modificación que se operó en ese entonces en el art. 8° de la Res. 461/99-SICyM (entonces vigente), que establecía los requisitos a los que debían ajustarse las asociaciones de consumidores, de acuerdo a los arts. 55, 56 y concs. de la LDC 30.
En efecto, por dicha modificación, dispuesta por la resolución 47/2012-SCI, se facultó a la Dirección Nacional de Comercio Interior de la entonces Subsecretaria de Defensa del Consumidor, a verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución31, a dictar las normas interpretativas y complementarias y a realizar todas las acciones necesarias para su ejecución, inclusive la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, reservándose el titular de la Secretaría de Comercio Interior la atribución de dar de baja a las asociaciones “que correspondan”.
Dicha facultad y su expresión ambigua ahondaban, en conjunción con la implementación práctica del Consejo Asesor y las decisiones adoptadas habiendo sido el mismo convocado, el margen discrecional de los funcionarios actuantes, y su accionar basado en apreciaciones subjetivas, que violentaban los claros criterios reglados establecidos respecto de las asociaciones de consumidores y sus obligaciones, en el marco normativo del consumidor.
Bien señala D’Archivio que la decisión administrativa que finalmente resolviese dar de baja del Registro a la asociación de que se trate, podrá ser impugnada judicialmente con el fin de que la misma sea revocada, de comprobarse en el ejercicio de la función administrativa ilegitimidad o arbitrariedad32.

3. La Resolución 287/18 de la Secretaría de Comercio

En función de lo antedicho, a nuestro juicio con buen criterio, la Secretaría de Comercio, por Res. 287 del 14 de mayo de 201833, dispuso derogar la Disposición 25/2012-SSDC, disolviendo en consecuencia el aludido Consejo Asesor, el cual no tenía a dicha fecha cuestión pendiente alguna para resolver.
En sus considerandos, acertadamente, la repartición actuante pondera que sólo es la Autoridad de Aplicación el organismo competente para evaluar si, de modo objetivo, las organizaciones registradas como asociaciones de consumidores cumplen con su finalidad y con los requisitos determinados por la ley o si, por el contrario, conforme a lo determinado por el marco normativo, deben ser pasibles de alguna sanción. Es por ello que la Secretaría de marras considera necesario la derogación de la disposición 25/18, a fin de “preservar el régimen de asociaciones de consumidores” 34.
Estimamos, por tanto, acertada dicha decisión y pensamos que fortalece el marco regulatorio de la actividad de las asociaciones de consumidores, resultante tanto de la voluntad del legislador como de las autoridades administrativas competentes, sobre la base de puntualizaciones claras y transparentes, estructuradas sobre la base de criterios objetivos que demarcan aquellos aspectos o materias de carácter reglado, con más aquellos márgenes que resulten justificados para la actuación discrecional (pero no por ello irrazonable) de la autoridad administrativa en relación con actores tan valiosos para la defensa de los usuarios y consumidores, como lo son las asociaciones de la misma índole.

 

NOTAS

* Abogado y Procurador (UBA, 1985); Magister en Doctrina Social de la Iglesia (Facultad de Sociología y Ciencias Políticas León XIII de la Pontificia Universidad de Salamanca, Campus Madrid, 2012); Posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, 2013); Posgrado en Organizaciones de la Sociedad Civil (FLACSO, 2014); Programa de Actualización en Discapacidad y Derechos (Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho –UBA-, 2016); Egresado de Carrera Docente (Dirección de Carrera y Formación Docente de la Facultad de Derecho de la UBA, 2006). Docente de Grado y Posgrado de diversas Casas de Altos Estudios. Habitual Conferencista y Expositor sobre aspectos atinentes al Derecho Administrativo; Contratos Civiles, Comerciales y de Consumo; Derecho de Daños; Servicios Públicos; y Derecho de la Salud, Derecho del Consumidor y Discapacidad. Autor de numerosos artículos de los temas de su especialidad, coautor de numerosas obras jurídicas y autor de los libros ¿Existe una Salud Sana?, en Colección “Tesis”, Ediciones Baudino, Buenos Aires, 2015 y Reflexiones Éticas sobre el Consumo, Visión Jurídica, Buenos Aires, 2018.
1 BO, 17/5/18.
2 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina (Comentada y Concordada), p. 329, La Ley, Buenos Aires, 2001.
3 Ibidem. Entre otros ejemplos, con basamento en los arts. 14, 42 y 43 de la CN, puede citarse el derecho de peticionar a las autoridades, de ejercer la libertad de expresión con el fin de ejercer la crítica a las conductas de productores y comerciantes, o para advertir a los demás habitantes acerca de prácticas violatorias de los derechos de los consumidores, de crear y asociarse a organizaciones de defensa de los consumidores y usuarios o también la facultad de informar y educar a los consumidores o de iniciar acción de amparo contra todo acto y omisión de autoridad pública o de particulares que afecte derechos de los usuarios o consumidores y obtener eventualmente la declaración de inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivos para los intereses ya indicados.
4 Gelli, op. cit., p. 336. Como pone de manifiesto la autora, es sumamente importante para las asociaciones sostener su independencia tanto del poder político como del económico. A dicho fin, una serie de prohibiciones establecidas en la regulación legal propende a lograr ese objetivo, con el objetivo de direccionar a las asociaciones al cumplimiento de los fines principales para los cuales fueron pensadas.
5 Quiroga Lavié, Humberto – Benedetti, Miguel Ángel – Cenicacelaya, María de las Nieves, Derecho Constitucional Argentino, t. I, ps. 320-321, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2001.
6 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio Y Desarrollo (UNCTAD), Directrices para la Protección del Consumidor, 1985, revisión de 2015, Nueva York y Ginebra, 2016.
7 Consumers International, El consumidor, propuestas para su protección: Ley modelo de Consumers International para la protección de los derechos del consumidor de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Consumers International, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 1994.
8 Stiglitz, Gabriel A. y Stiglitz, Rubén S., Derechos y Defensa de los Consumidores, p. 357 y ss., La Rocca, Buenos Aires, 1994.
9 Véase Farina, Juan M., Defensa del Consumidor y del Usuario, p. 431, Astrea, 1ª ed., Buenos Aires, 1995.
10 La reglamentación aprobada por decr, 1798/93 de la Ley de Defensa del Consumidor, en lo atinente al art. 55 preceptúa la creación del citado Registro y la obligación para las asociaciones de estar inscriptas en el mismo para poder funcionar como tales. Dicha reglamentación se extiende como tal a los preceptos del art. 56 de la LDC.
11 “… a) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional, provincial o municipal, que hayan sido dictadas para proteger al consumidor;  b) Proponer a los organismos competentes el dictado de normas jurídicas o medidas de carácter administrativo o legal, destinadas a proteger o a educar a los consumidores;  c) Colaborar con los organismos oficiales o privados, técnicos o consultivos para el perfeccionamiento de la legislación del consumidor o materia inherente a ellos;  d) Recibir reclamaciones de consumidores y promover soluciones amigables entre ellos y los responsables del reclamo;  e) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la justicia, autoridad de aplicación y/u otros organismos oficiales o privados;  f) Asesorar a los consumidores sobre el consumo de bienes y/o uso de servicios, precios, condiciones de compra, calidad y otras materias de interés;  g) Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores. En los estudios sobre controles de calidad, previo a su divulgación, se requerirá la certificación de los mismos por los organismos de contralor correspondientes, quienes se expedirán en los plazos que establezca la reglamentación;  h) Promover la educación del consumidor (el texto en negrita fue vetado por el art. 10°, decr. 2089/93); i) Realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protección de los intereses del consumidor”.
12 Las asociaciones de consumidores: “… a) No podrán participar en actividades políticas partidarias; b) Deberán ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y productiva; c) No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras; d) Sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios”.
13 Wajntraub, Javier H., Protección Jurídica del Consumidor, p. 280, Lexis Nexis, 2004.
14 Es importante resaltar la aclaración formulada por Wajntraub, en el sentido de que la constitución de la asociación bajo la forma de Cooperativa, mientras coadyuve y persiga una finalidad atinente al bien común como lo es, en forma exclusiva la de defender a los consumidores, no colisiona el espíritu y propósitos delineados por el legislador en la LDC y en el CCC en su parte pertinente, ya que en modo alguno son controvertidos por la ley 20.337 (Ley de Cooperativas). Ver Wajntraub, Javier H., Régimen Jurídico del Consumidor Comentado, pp. 358-359, Rubinzal Culzoni, 2017.
15 Mosset Iturraspe, Jorge, Defensa del Consumidor, p. 179 y ss., Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 1998; y D’Archivio, María Eugenia, Comentario del art. 55 de la ley 24.240, en Tambussi, Carlos E. (dir.), Ley de Defensa del Consumidor, ps. 365-369, Hammurabi, 2017.
16 Debe tenerse en cuenta que, al constituirse como persona jurídica, su existencia como tal comienza el día en que fuese autorizada por la autoridad competente para funcionar con aprobación de sus estatutos. Dicha autorización es conferida por la Inspección General de Justicia de la Nación, o la autoridad competente en cada jurisdicción provincial.
17 Puede ampliarse sobre dichos aspectos en Suárez, Enrique Luis, Reviendo algunos aspectos del marco normativo de las Asociaciones de ConsumidoresMicroJuris.com, Ref.: MJ-DOC-4421-AR.
18 Lombardi, Élida y Marrapodi, Marcela, Comentario a los artículos 52 a 59 de la ley 24.240, en Ghersi, Carlos A. y Weingarten, Celia, Defensa del Consumidor, ps. 333-334, Nova Tesis, Rosario, 2005. Debe recordarse que el art. 62 de la LDC, respecto de las contribuciones estatales en esta materia, determina específicamente que el Estado Nacional puede disponer el otorgamiento de contribuciones financieras con cargo al presupuesto nacional con el fin de que las asociaciones cumplimenten los objetivos determinados para las mismas. Sobre la reglamentación de dichas contribuciones véase Suárez, art. cit., Ref.: MJ-DOC-4421-AR y D’Archivio, op. cit., en Tambussi, Carlos E. (dir.), Ley de Defensa del Consumidor, p. 364.
19 Junyent Bas, Francisco et. al., Ley de Defensa del Consumidor comentada, anotada y concordada, p. 462 y ss., Errepar, 2013.
20 Cabe agregar que por la disposición 19, emanada el 5 de julio de 2016 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, se aprobaron los “Criterios complementarios e interpretativos” para la implementación de la Res. 90/16-SC y el formulario del Informe de Gestión Anual que deberán presentar las Asociaciones para proceder a su inscripción o reinscripción, respectivamente.
Los Criterios especifican cuestiones puntuales atinentes a cada requisito exigido para la inscripción o reinscripción. El Informe de Gestión Anual establece un modelo de presentación a través del cual se brinda la Información Básica y la Información General de la Asociación, la actualización de su trayectoria y cantidad de socios y adherentes, los ingresos y los gastos de la misma, las actividades y servicios brindados en la sede o en sus filiales, y un detalle de las acciones colectivas promovidas por la asociación, si ello hubiese ocurrido en el año anterior. También se solicita un detalle de las diversas publicaciones del año anterior que hubiesen sido realizadas por la Asociación.
21 Art. 1° de la Res. 90/16-SC.
22 Arts. 2° y 3° de la Res. 90/16-SC.
23 Asimismo, se derogó la resolución n° 461/99 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería, que regía la cuestión hasta el momento (art. 8°, 90/16-SC).
24 Véase D’Archivio, op. cit., en Tambussi, Carlos E. (dir.), Ley de Defensa del Consumidor, ps. 378-381.
25 BO, 18/9/12.
26 El Formulario de Solicitud de Incorporación se aprueba por el artículo 5° de la Disposición 25/12-SSDC.
27 Ampliar en D’Archivio, op. cit., en Tambussi, Carlos E. (dir.), Ley de Defensa del Consumidor, ps. 382-384.
28 Ibidem. Véase el interesante análisis que hace la autora sobre las consecuencias de la “suspensión preventiva” sobre una asociación, no estando dicha medida prevista para las asociaciones en la normativa aplicable.
29 De hecho, durante la vigencia del citado Consejo Asesor, se suscitaron diversos cuestionamientos sobre su accionar. Véase Juegen, Francisco, Embestida oficial contra entidades de consumo, Diario La Nación del 21 de septiembre de 2012; Consumidores: se los castiga en lugar de protegerlos, Editorial del Diario La Nación del 7 de agosto de 2013; Nuevo cruce del Gobierno con las asociaciones de consumidores y El Gobierno detalló qué rol pretende que cumplan las asociaciones de consumidores, Diario Clarín del 22 de septiembre y del 8 de octubre de 2012, respectivamente, entre otros.
30 Luego fue derogada por el art. 8° de la ya mencionada Res. 90/2016-SC.
31 Se refiere a la mentada Res. 461/99-SICyM.
32 Ver referencia de nota 28.
33 BO, 17/5/18.
34 El carácter de autoridad de aplicación de la ley 24.240 le está reconocido a la Secretaría de Comercio a través de los objetivos conferidos a la misma a través de los decrs. 1/16 y 174/18.

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