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La obligación de saneamiento en las relaciones de consumo

Autor: Barocelli, Sergio S. – Arias Cáu, Esteban J.

Fecha: 26-jul-2017

Cita: MJ-DOC-11931-AR | MJD11931

Sumario:

I. Fundamentos. II. Conclusiones

Doctrina:

Por Sergio S. Barocelli (*) y Esteban J. Arias Cáu (**)

I. FUNDAMENTOS

Como hemos sostenido en otras oportunidades, el Derecho del Consumidor es la respuesta del campo jurídico a las transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y tecnológicas que atravesaron y atraviesan las sociedades como consecuencia de la consolidación de la llamada «sociedad de consumo», donde las relaciones entre quienes adquieren o utilizan bienes o servicios para satisfacer necesidades domésticas y quienes proveen bienes y servicios en el mercado se dan en un marco de vulnerabilidad estructural de los consumidores y usuarios (1). Por tanto, el derecho del consumidor se erige como un sistema de normas principiológicas, de orden público y fuente constitucional, trasversal, con perspectiva de derechos humanos de tercera generación (2) y carácter esencialmente protectorio de los consumidores en las relaciones de consumo (3).

Con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (CCivCom), se ha deconstruido la noción unitaria de contrato, como estaba pergeñada en el Código de Vélez (CCiv), unificándose al mismo tiempo la materia civil y la comercial y originando que la gran divisoria de aguas de la teoría general del contrato la encontremos ahora por la forma en que se ha brindado el «consentimiento»: contratos paritarios, discrecionales o de negociación individual vs. contratos por adhesión a condiciones generales; y por la causa fin del contrato en relación con el destino (4) de los bienes o servicios involucrados: contratos interempresarios vs. contratos de consumo (5).

Como sostuvieron los autores del «Anteproyecto de Código Civil y Comercial» en sus fundamentos, las previsiones en materia de Derecho del Consumidor en dicho «corpus normativo» constituyen una «protección mínima», un «núcleo duro de tutela», lo que tiene los siguientes efectos importantes: a. En materia de regulación, ello implica que no hay obstáculos para que una ley especial establezca condiciones superiores. b. Ninguna ley especial en aspectos similares puede derogar esos mínimos sin afectar el sistema. c.También es considerable el beneficio en cuanto a la coherencia del sistema porque hay reglas generales sobre prescripción, caducidad, responsabilidad civil, contratos, del Código Civil que complementan la legislación especial proveyendo un lenguaje normativo común. d. En el campo de la interpretación, se establece un «diálogo de fuentes» de manera que el Código recupera una centralidad para iluminar a las demás fuentes (6).

El «diálogo de fuentes» como metodología del reciente Código Civil y Comercial abandona los criterios clásicos de los llamados «conflictos de las leyes en el tiempo» o «derecho intertemporal» y la solución del «conflicto», cuyos criterios de solución eran, por orden de importancia creciente, entre otros, los siguientes: 1. la anterioridad (la ley más nueva supera y retira a la ley anterior en conflicto del sistema; 2 la especialidad (la ley general nueva no deroga a la ley especial antigua, a no ser que la incorpore o incorpore su materia totalmente); 3. la jerarquía (la ley jerárquicamente superior, por ejemplo, por su origen constitucional, o una ley complementaria en relación con una ley ordinaria, o una ley en relación con un decreto o una resolución administrativa, tiene prioridad de aplicación y puede afectar o derogar a la ley de jerarquía inferior en conflicto (7).

El diálogo de las fuentes, por tanto, es una expresión simbólica del nuevo paradigma de coordinación y coherencia restaurada de un sistema legal; sistema hoy de fuentes múltiples, con diversos campos de aplicación, para crear, en la era «pos-descodificación», una gran complejidad del -antes- simple hecho (o acto) del aplicador de la ley de «escoger» entre las fuentes (en aparente conflicto) la ley / las leyes que iba/n a ser aplicada/s en el caso concreto; simboliza el pasaje del conflicto de las leyes a la coordinación de leyes o de órdenes jurídicos (8).

Los criterios tradicionales no son más exclusivos o suficientes, más aún frente a la constitucionalización del derecho privado.La teoría de Erik Jayme referida al «diálogo de fuentes» se inserta en la tradición de la visión sistémica y funcional del orden jurídico, actualizada por una visión internacional y cultural del derecho, y una nueva perspectiva más humanista sobre la relación entre las normas, por medio de la cual los «valores guía» serían una valorización de los derechos humanos y la interpretación «pro homine» (9). De la misma forma, en la idea de que las leyes no son más «castillos» estancos y compartimentados, «feudos» de una sola ley, bajo la orden de los valores constitucionales, las leyes por aplicar pueden compartir «finalidades y ratios» para alcanzar un resultado justo y de acuerdo con la sociedad y con el sistema de valores positivizado en la Constitución o recibido en los derechos humanos, como un componente político de aplicación e interpretación del sistema (10).

Así, para entender el dispositivo jurídico aplicable a un hecho social, requerirá -necesariamente- no solo de un «diálogo horizontal» entre el Código Civil y Comercial (CCivCom) y las leyes especiales -en este caso, las leyes de protección al consumidor-, sino también, previamente, y más importante, un «diálogo vertical» de estas normas con aquellas de fuente constitucional y convencional. En este último caso, no hay, en rigor, un «diálogo», pero sí hay un «monólogo» porque las reglas superiores preponderan necesariamente sobre aquellas que se sitúan en un nivel inferior (11).

Pero ese «diálogo», como comunicación lingüística, deberá necesariamente realizarse bajo un «código compartido»: en el caso del derecho del consumidor, el diálogo deberá hacerse a la luz de los estándares constitucionales y legales y de los principios y valores, conforme disponen los arts. 1 y 2 del CCivCom).

Sin dudas que, a la hora de la interpretación y aplicación del derecho, el más importante será el «principio protectorio», que encuentra su anclaje constitucional en el art.42 de la CN y que ha sido reconocido expresamente en el art. 1094 del CCivCom. Para su aplicación, el principio protectorio se suele expresar en tres formas: a. regla «in dubio pro consumidor»; b. regla de la norma más favorable; y c. regla de la condición más beneficiosa. El principio «in dubio pro consumidor», en su contenido, determina que, cuando una norma, general o particular, una situación de hecho, puede llevar a dos o más posibles interpretaciones, el intérprete debe privilegiar aquella que fuera más favorable al consumidor en el caso concreto. La regla de «la norma más favorable» establece que, en caso de que haya más de una norma aplicable a una situación jurídica, se opte por aquella que sea más favorable para el consumidor, sin importar su jerarquía, generalidad o especialidad, orden temporal o clasificaciones de otro tipo (12) (art. 1095 del CCivCom y el art. 3 de la LDC, y que goza de predicamento también en el derecho comparado (13).

Por último, el principio protectorio se refleja también en la regla de «la condición más beneficiosa». Dicha regla prescribe que la aplicación de una nueva norma nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un consumidor. Esta regla supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, concreta y determinada, que debe ser respetada en la medida en que sea más favorable. Por tanto, si una situación anterior es más beneficiosa para el consumidor, se la debe respetar; esto es, toda modificación normativa, general o particular debe ser para ampliar, y no para disminuir derechos. Esta regla ha sido consagrada recientemente por la Corte Suprema en el caso «CEPIS», con fundamento en el art. 26 de la «Convención Americana sobre Derechos Humanos» y en el art. 2, inc. 1 , del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.En dicho pacto, se consagran los principios de «progresividad» y de «no regresividad» de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

Por todas estas razones, concluimos que la obligación de saneamiento en las relaciones de consumo debe interpretarse y aplicarse en «diálogo de fuentes» con las normas, principios e instituciones del derecho del consumidor.

Sobre este punto, podemos señalar varias consideraciones en las que la obligación de saneamiento tendrá «aplicación diferente» en tanto el contrato que resulte aplicable sea un contrato de consumo. A saber: a. Son acreedores de la obligación de saneamiento en las relaciones de consumo los consumidores directos e indirectos, conforme los arts. 1 y 11 de la LDC y el art. 1092 del CCivCom. Comprende aquí al consumidor contratante y a consumidores indirectos: destinatarios de regalos, sucesivos adquirentes como sucesores singulares del consumidor, sucesores universales del consumidor, etcétera; b. Son sujetos responsables por la obligación de saneamiento en las relaciones de consumo los productores, importadores, distribuidores, proveedores y vendedores, de conformidad con los arts. 2 y 13 de la LDC. Comprende -por tanto- no solo al enajenante que contrató con el consumidor, sino también a todos los que participan de la cadena de producción y comercialización de bienes y servicios; c. Se encuentran comprendidas por la obligación de saneamiento en las relaciones de consumo tanto las operaciones onerosas como gratuitas, de conformidad con el art. 1 de la LDC y el art. 1092 del CCivCom, sin perjuicio de entender que en las operaciones gratuitas (ej., muestras gratis, regalos, programas de fidelización de clientes, como millajes o programas de puntos, etc.), existe una onerosidad indirecta (14); d. La cláusula de supresión y la disminución de la obligación de saneamiento const ituyen en «todos los casos» en que ellas sean estipuladas en los contratos de adhesión o de consumo, una «cláusula abusiva» (15), por constituir un supuesto de desnaturalización de las obligaciones, en los términos de los arts. 988, inc.a , del CCivCom y el art. 37, inc. A , de la LDC, respectivamente. El art. 1036 del CCivCom reza lo siguiente: «La responsabilidad por saneamiento existe aunque no haya sido estipulada por las partes. Estas pueden aumentarla, disminuirla o suprimirla, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente». En el caso de las relaciones de consumo, se podrá «ampliar» la garantía, pero no podrá renunciarse a ella o restringirla. De ser así, estaremos en presencia de una cláusula abusiva, en los términos del art. 37, inc. a, de la LDC y del art. 988, inc. a, del CCivCom, por ser tanto una desnaturalización de la obligación de saneamiento como una renuncia o restricción de los derechos del consumidor. Recordemos que la frase «desnaturalización de las obligaciones de las partes» debe interpretarse como aquel cambio de lo que se considera la normalidad del «ser» del contrato (16). Clásicamente se ha sostenido, al estudiar los elementos esenciales, naturales y accidentales del contrato y sus presupuestos de validez, que los elementos naturales son aquellos que integran el contrato, salvo que las partes, expresamente, hubieran establecido su exclusión (17). Se trata, entonces, de una «desnaturalización de las obligaciones» el privar a un contrato de consumo de sus elementos «naturales»; esto es, el apartamiento arbitrario y sin justificación del derecho supletorio. Dicho apartamiento trae, como consecuencia, un «desequilibrio significativo» en el programa prestacional de la relación de consumo. En este orden de ideas, no es legítimo apartarse sin motivo justificado de los «modelos de razonabilidad» que el legislador construye e incluye en las normas dispositivas (18). Los supuestos del art. 1038 del CCivCom se aplican, por tanto, exclusivamente a la contratación interempresaria paritaria en los cuales se encuentren en un mismo plano de igualdad jurídica y económica; e. En las relaciones de consumo, coexisten la garantía de idoneidad y funcionamiento del art. 11 de la LDC y la garantía de vicios redhibitorios del art.18 de la LDC y los arts. 1051 y concordantes del CCivCom. En el derecho del consumidor, existen dos tipos de garantías: las convencionales, acordadas de común acuerdo entre las partes por imperio de la autonomía de la voluntad, y las legales, emanadas de las normas de orden público. En este orden de ideas, el Capítulo IV de la LDC establece un régimen de garantías para cosas muebles no consumibles, a saber: a. la llamada «garantía de idoneidad o funcionamiento» de los arts. 11 y 13 a 17 de la LDC; b. la garantía de servicio técnico del art. 12; y c . la garantía de «vicios redhibitorios» del art. 18 . Si bien se encuentran íntimamente interrelacionadas y vinculadas, corresponde señalar que son tres garantías independientes, con características propias.

La garantía por vicios redhibitorios en las relaciones de consumo, es independiente de las dos garantías antes mencionadas. El art. 18 de la LDC establece que «la aplicación de las disposiciones precedentes, no obsta a la subsistencia de la garantía legal por vicios redhibitorios». Cabe recordar, por tanto, que el art. 1051, inc. b, del CCivCom caracteriza a los vicios redhibitorios como los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiera sido significativamente menor.

Podría resultar que el vicio, por ser oculto, se manifestara con posterioridad al plazo de la garantía legal. En este caso, la vía de los vicios redhibitorios será la apropiada.

Corresponde también tener presente que son requisitos configurativos esenciales, según el derecho común (19), los siguientes: a. que el vicio sea materia; b. que sea oculto; c. que aparezca grave o importante; d. que haya sido desconocido por el adquirente; e. que haya existido al momento de la enajenación; f.que estemos en presencia de un contrato oneroso (20).

Frente a la manifestación de los vicios redhibitorios, el adquirente cuenta, de conformidad con el art. 1039 del CCivCom, con derecho a optar entre: a. reclamar la subsanación de los vicios; b. reclamar un bien equivalente, si es fungible. Están comprendidas tanto las relaciones de consumo onerosas como gratuitas. Esto, por aplicación del art. 1 de la LDC y del art. 1092 del CCivCom. Asimismo, el artículo 1040 lo faculta a reclamar reparación de los daños.

Sin embargo, cabe realizar algunas diferencias entre el régimen de vicios redhibitorios en el régimen común (21) y en el del sistema de derecho del consumidor. Asimismo, la aplicación del régimen protectorio será aplicado -aun de oficio- por los jueces por estar en juego el orden público (22). Ellos son los siguientes:

1. No resulta necesario acreditar el requisito de gravedad o importancia del daño. Muchas veces los daños al consumidor pueden ser vistos como daños «menores»; esta mirada, no obstante, no está desprovista muchas veces de prejuicios de clase que impiden ver que, en otras realidades socioculturales, perjuicios de sumas pequeñas pueden tener un impacto significativo en la economía familiar (23).

2. Señala el art. 18 de la LDC que el art. 2170 del Código Civil no podía ser opuesto al consumidor. Cabe recordar que dicho artículo señalaba que «el enajenante está también libre de la responsabilidad de los vicios redhibitorios, si el adquirente los conocía o debía conocerlos por su profesión u oficio». El artículo equivalente en el Código Civil y Comercial sería el artículo 1053, inc. a, que dispone que la responsabilidad por defectos ocultos no comprende «los defectos del bien que el adquirente conoció, o debió haber conocido mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición, excepto que haya hecho reserva expresa respecto de aquellos.Si reviste características especiales de complejidad, y la posibilidad de conocer el defecto requiere cierta preparación científica o técnica, para determinar esa posibilidad se aplican los usos del lugar de entrega».

3. Dispone también el art. 18 que, a instancias del consumidor, se aplicará de pleno derecho el art. 2176 del CCiv. Vale señalar que dicho artículo disponía que «si el vendedor conoce o debía conocer, por razón de su oficio o arte, los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, y no los manifestó al comprador, tendrá este a más de las acciones de los artículos anteriores, el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos, si optare por la rescisión del contrato”. Con el Código Civil y Comercial, siempre el consumidor podrá reclamar, además de las opciones del art. 1039, la reparación de los daños y perjuicios, no siéndole aplicables las limitaciones del art. 1040.

4. Haciendo un adecuado diálogo de fuentes con el Código Civil y Comercial, al sostener el art. 18 que la garantía de vicios redhibitorios subsiste más allá de la garantía legal, que es de seis meses para cosas muebles no consumibles, entendemos que en las relaciones de consumo, interpretando conforme dispone el reciente Código en el art. 1096, a la luz del principio protectorio, no resultará de aplicación el plazo de caducidad de seis meses para cosas muebles del art. 1055 del CCivCom; ya que interpretarlo de otra manera implicaría «confundir y subsumir» ambas garantías y por ende dejar en letra muerta el artículo 18 de la LDC. En ese sentido, entendemos que dicha garantía valdrá hasta el plazo de prescripción residual de cinco años (art. 2560 ).

5. En relación con el art. 1043 del CCivCom «nunca» el obligado al saneamiento podrá invocar su ignorancia o error, teniéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario.

6.En relación con la prueba de que el vicio existía al tiempo de la adquisición, resultará de aplicación el art. 53, párr. 3.° de la LDC, que consagra en materia probatoria el «principio de las cargas dinámicas», cuando dispone que «los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio». Así lo ha entendido la jurisprudencia en «Constructora de Proyectos S. A. c/ Autovisiones S. A. s/ ordinario» (24).

Finalmente, en materia de garantía de evicción, para la aplicación del art. 1048 del CCivCom, sobre cesación de la responsabilidad del obligado a saneamiento, deberá interpretarse restrictivamente y bajo el prisma de la regla «in dubio pro consumidor».

II. CONCLUSIONES

1. La obligación de saneamiento en las relaciones de consumo debe interpretarse y aplicarse en «diálogo de fuentes» con las normas, principios e instituciones del derecho del consumidor.

2. Son acreedores de la obligación de saneamiento en las relaciones de consumo los consumidores directos e indirectos, conforme los arts. 1 y 11 de la LDC y el art. 1092 y cctes. del CCivCom.

3. Son sujetos responsables por la obligación de saneamiento en las relaciones de consumo los productores, importadores, distribuidores, proveedores y vendedores, de conformidad con los arts. 2 y 13 de la LDC y el art. 1093 y concordantes (CCivCom).

4. Las relaciones de consumo gratuito gozan de la obligación de saneamiento.

5. La cláusula de supresión y la disminución de la obligación de saneamiento constituyen en todos los casos en que sean estipuladas en contratos por adhesión o de consumo a una cláusula abusiva, por constituir un supuesto de desnaturalización de las obligaciones, en los términos de los arts. 988, inc. a, del CCivCom y art. 37, inc. a, de la LDC, respectivamente.

6.En las relaciones de consumo, coexisten la garantía de idoneidad y funcionamiento del art. 11 de la LDC y la garantía de vicios redhibitorios del art. 18 de la LDC como también los arts. 1051 y cctes. del CCivCom).

7. El plazo de caducidad de la garantía por defectos ocultos del art. 1055, inc. b, no resulta aplicable a las relaciones de consumo.

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(1) ARIAS CÁU, Esteban J., y BAROCELLI, Sergio S.: «Necesaria acreditación de una relación de consumo para los daños punitivos», en La Ley, 5/9/2014, 4; La Ley Online AR/DOC/2443/2014.

(2) En efecto, los derechos de primera generación comprenden los civiles y políticos; los de segunda generación son los económicos y sociales; y por último, los derechos colectivos o nuevos derechos, entre los cuales podemos mencionar el medio ambiente, los derechos de consumidores y usuarios, etcétera. Conf., GELLI, María A.: Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 4.ª ed. ampliada y actualizada. Buenos Aires, La Ley, 2008, t. 1, p. 582. Cfr., BALBÍN, Carlos F.: Tratado de derecho administrativo. Buenos Aires, La Ley, 2011, t. 1, p. 113. Allí el autor, refiriéndose a la evolución del reconocimiento de los derechos, explica lo siguiente: «En este proceso de crecimiento es posible distinguir, aun con las arbitrariedades propias de cualquier clasificación, tres períodos: a. los derechos civiles y políticos, b. los derechos sociales, económicos y culturales, y c. los nuevos derechos o también llamados “derechos colectivos”. Así, clasificamos los derechos en individuales, sociales y colectivos -más allá de las críticas razonables y que incluso compartimos- sobre este relato. En el caso de los derechos individuales, es posible estudiarlos como libertades públicas de contenido esencial y libertades económicas».

(3) BAROCELLI, Sergio S.: «Seguros, derecho del consumidor y daños punitivos», en Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa. La Ley, febrero de 2014, pp. 80 y ss.

(4) TARTUCE, Flávio: «Direito material», en Tartuce, Flávio, y NEVES, Daniel A.A.: Manual de direito do consumidor. Direito material e processual, 3.ª ed. São Paulo, Método, 2014, p. 74. Allí dice lo siguiente: «Ha prevalecido en Brasil la idea de que el consumidor debe ser destinatario final y económico, conforme las preciosas lecciones de Claudia Lima Marques».

(5) Es cierto que podrían quedar fuera de esta clasificación algunos contratos, que la doctrina española llama «de beneficencia», en los que si bien el destino del bien o servicio es destinado para fines domésticos, como cocontratante no tenemos un proveedor, sino alguien unido a la otra parte por vínculos familiares, de solidaridad o cortesía, se observa esto en algunos supuestos de donaciones, mutuos, comodatos, mandatos, depósitos, etcétera. Corresponde recordar, por tanto, para que exista un contrato de consumo, como una de las fuentes de la relación de consumo, se requiere subjetivamente que un polo sea un consumidor, y el otro un proveedor. En otras palabras, si hay un consumidor y del otro término no hay un proveedor, no hay relación de consumo.

(6) Conf.: http://www.nuevocodigocivil.com/pdf/Fundamentos-del-Proyecto.pdf.

(7) Conf. MARQUES, Claudia L.: «O “diálogo das fontes” como método da nova teoria geral do direito: um tributo a Erik Jayme», en MARQUES, Claudia Lima (coord.a): Diálogo das fontes. San Pablo, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 33.

(8) Ibídem, p. 27.

(9) Ibídem, p. 20 y ss.

(10) Ibídem, p. 25.

(11) Conf. DO AMARAL JÚNIOR, Alberto: «El “diálogo” de las fuentes: fragmentación y coherencia en el derecho internacional contemporáneo», en Academia, Revista sobre enseñanza del Derecho, año 7, N.° 13, 2009, p. 71 y ss.

(12) Conf. RUSCONI, Dante: Manual de Derecho del Consumidor, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009, p. 133.

(13) Por ejemplo, en Brasil. CDC, Art. 47: «Las cláusulas contractuales serán interpretadas de la manera más favorable para el consumidor». Cfr., art. 423 del Código Civil, en materia de contratos por adhesión. Art. 423:«Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente». En idénticos términos: Código Italiano de Consumo (art. 35); Código de Consumo Francés (art. L 133.2).

(14) MIRAGEM, Bruno: Curso de directo do consumidor, 3.ª ed. San Pablo, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 145. Allí dice lo siguiente: «Cuando resulta de ventajas económicas del proveedor a ser percibidas independientemente del contrato de consumo presente».

(15) En tal sentido, se ha estipulado en el Código de Defensa del Consumidor del Brasil. CDC, art. 51: «Son nulas de pleno derecho, entre otras, las cláusulas contractuales relativas al suministro de productos y servicios que: 1. impidan, exoneren o atenúen la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos y servicios o impliquen renuncia o deposición de derechos. En las relaciones de consumo entre el proveedor y el consumidor o persona jurídica, la indemnización podrá ser limitada, en situaciones justificables».

(16) GARRIDO CORDOBERA, Lidia M. R.: «El poder en la negociación contractual y las desigualdades negociales», RCyS 2009-I, 3.

(17) GARRIDO, Roque F., y ZAGO, Alberto J.: Contratos civiles y comerciales, parte general. Buenos Aires, Universidad, 1998, p. 90.

(18) NICOLAU, Noemí: Fundamentos de derecho contractual. Buenos Aires, La Ley, 2009, t. 1, p. 440; LORENZETTI, Ricardo L.: «Principios generales de calificación de la cláusula abusiva en la Ley 24.240», en La Ley, 1994-C, 918.

(19) Remitimos a nuestro trabajo, ARIAS CÁU, Esteban J.: «Estudio comparativo en torno a la responsabilidad en materia de vicios (Derecho Civil vs. Derecho del Consumidor)», en LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. (dir.): Responsabilidad Civil. Homenaje al Profesor Doctor René A. Padilla. Buenos Aires, La Ley, 2010, pp. 151-168.

(20) Conf., GARRIDO, Roque Fortunato, y ZAGO, Jorge Alberto: Contratos Civiles y Comerciales. Buenos Aires, Universidad, 1998, t. 1, pp. 378-384.

(21) ARIAS CÁU, Esteban J.: «Obligación de saneamiento. Tercera parte: Vicios redhibitorios», en TINTI, Guillermo P., y CALDERÓN, Maximiliano R. (dir.): Contratos. Parte general.Buenos Aires, Zavalía, 2016, t. 1, p. 271 y ss.

(22) CNCiv., sala F, 17/11/2010, «in re», «Mennah, Cristina Liliana c. Fernández Sarcone, Claudia Aída y otros», en DJ, 13/4/2011, 77, con nota a fallo ARIAS CÁU, Esteban J., y NIETO, Matías L.: «La prescripción de la acción estimatoria y el orden público del consumidor», en DJ, 8/6/2011, año 27, N.° 23, pp. 9-21.

(23) Conf. BAROCELLI, Sergio S.: «El régimen de garantías en el sistema de defensa del consumidor», en DJ, 9/5/2012, p. 15.

(24) CNCom: sala C, 23/10/2012, «Constructora de Proyectos S. A. c. Autovisiones S. A. s/ ordinario», LA LEY AR/JUR/62980/2012.

(*) Profesor Adjunto Regular Contratos Civiles y Comerciales y Elementos de Derecho Civil (UBA) Profesor Titular Ordinario Derecho Civil III (USAL).

(**) Profesor Asociado Derecho Civil III «Contratos» y Profesor Adjunto «Derecho del usuario y del consumidor» (Universidad Católica de Santiago del Estero, DASS).

N. de la R.: Artículo realizado sobre la base de la ponencia presentada y aceptada para las «XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil», Comisión 5: Contratos: «Obligación de saneamiento», por realizarse en la ciudad de La Plata, en el mes de septiembre de 2017. Se han realizado cambios de formato para presentarlo como artículo de doctrina.

Fuente: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/07/03/la-obligacion-de-saneamiento-en-las-relaciones-de-consumo/?mkt_hm=0&utm_source=email_marketing&utm_admin=45919&utm_medium=email&utm_campaign=Novedades_Microjuris_al_Da_Boletn_Diario_del

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