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“Para el gobierno nacional, el consumidor nunca fue prioridad”

El presidente del Instituto Argentino de Derechos del Consumidor, Gabriel Stiglitz criticó fuertemente la inacción del gobierno nacional en la materia, y reconoce a Catamarca como una de las provincias que mejor trabajó en la materia.

El notable jurista especialista en esta materia preside desde hoy el XII Congreso Argentino de Derechos del Consumidor que se lleva a cabo en el Cine Teatro Catamarca.

¿Cómo ha evolucionado el derecho al consumo en Argentina?

Fueron fundamentales los años 93 y 94. Se producen la sanción de la ley nacional y en segundo lugar la reforma constitucional, que jerarquiza un sistema especial a través del máximo nivel de una norma jurídica que es el reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores.

Nosotros siempre decimos que el artículo 42 de la Constitución Argentina que consagra el derecho de los consumidores es la norma constitucional más importante del mundo en esta materia, por lo tanto la legislación, la jurisprudencia y también la administración pública han debido ser consecuentes y esto es lo que ha provocado tantos avances en los últimos años.

La gente empieza a tener soluciones normativas para los problemas cotidianos en materia de contratos, las cláusulas abusivas son nulas, la publicidad engañosa está prohibida, debe brindarse información adecuada, cuando existen daños deben ser resarcidos, si el producto es defectuoso debe ser repuesto por otro, si los servicios públicos facturan en exceso entonces el usuario no está obligado a pagar más allá de lo que corresponde razonablemente, si se corta un servicio público se presume que es por culpa de la empresa y está obligada a repararlo, en fin… son soluciones muy especiales. De esto se trata el derecho del consumidor, de dotar al píublico de respuestas eficaces que sirvan, si es posible, de forma preventiva. Y si no, al menos para –a través de un procedimiento administrativo-judicial- equilibrar la relación, porque en definitiva el consumidor es vulnerable porque tiene conocimiento e información sobre la operación que va a realizar, si es un contrato, una compra, el producto, el servicio.El derecho, lo que hace es traer soluciones para equilibrar esa vulnerabilidad y dar una respuesta positiva.

En general se trata de relaciones asimétricas de un consumidor individual, aislado, con empresas organizadas y de gran poder económico… Pero esta posibilidad de reparar judicial o extrajudicialmente al consumidor cuando se siente defraudado está todavía en proceso de consolidación.

Yo creo el avance que hemos tenido es enorme tanto en materia de demandas individuales como colectivas. Por suerte nuestra constitución y nuestra ley autorizan las acciones llamadas colectivas, o sea que los consumidores tengan soluciones a través de la Justicia no sólo de manera individual sino representados por el defensor del pueblo, por asociaciones de consumidores o por el ministerio público, entonces, cada tanto, afloran sentencias judiciales que traen respuestas que benefician a toda la comunidad y no sólo a un consumidor individual. En la Administración Pública hay que distinguir. Muchas provincias han realizado muy buen aporte a través de sus direcciones de Comercio o de Defensa del consumidor –por supuesto Catamarca ha estado trabajando muy bien, lo sabemos- y otras provincias avanzaron más aún descentralizando hacia los municipios. Por ejemplo en San Juan y Buenos Aires hay códigos provinciales –legislativamente hablando- que llevan la autoridad de aplicación directamente a los municipios. En Buenos Aires esto es muy importante por las dimensiones de esa provincia. Creo, a título personal, que la gran asignatura pendiente fue siempre del gobierno nacional.

Nunca cumplió con los mandatos constitucionales y legales a los efectos de ejecutar políticas activas para la defensa del consumidor. Es un gobierno ausente, nunca el consumidor fue prioridad.

Ni en esta década, ni en la anterior, por supuesto, no hubo educación para el consumo como exige la Constitución y la ley 24.240, no hubo campañas de divulgación pública desde el gobierno nacional sobre los derechos de los consumidores, no hubo control preventivo. O sea que sólo se ha ocupado en estas dos décadas de recibir denuncias y darles trámite, pero nunca de evitar que los abusos, que los daños, que los engaños, las agresiones estén circulando en el mercado. Por ejemplo, la ley exige al gobierno nacional evitar que circulen contratos por adhesión –o sea en formularios tipo- con cláusulas abusivas. Debería controlarlos, fiscalizar que esas cláusulas abusivas no existan y si las detecta, impedir que circulen. Nunca lo hizo. De hecho, circulan en bancos, tarjetas de crédito, seguros, medicina prepaga.

¿Es por ahí por donde entran los reclamos?

Son los problemas más grandes. Las cláusulas abusivas de los contratos. Por ejemplo: aquellas cláusulas donde un empresario se exonera  él por su propia voluntad de responder en caso de incumplimiento o daño. El gobierno las deja circular y luego, si alguien viene a denunciar, abre un expediente pero no evita lo que debe y puede evitar porque la ley se lo ordena, no sólo en forma individual sino también colectivamente, para todos los consumidores.

En monopolios y oligopolios, ¿debería tener injerencia el Estado?

Nunca evitó, ni antes ni ahora, a pesar que se invocan distintas banderas ideológicas. En materia de defensa del consumidor, no hubo ninguna diferencia de gestión entre los gobiernos nacionales de los 90 y los de esta década.

Siempre se permitieron los monopolios, nunca se evitaron los aumentos de precios en servicios públicos y sólo se han evitado cuando la Justicia lo impidió. Los entes reguladores en materia de servicios públicos no han sido protectores de los usuarios, al contrario, parecieran agencias con cierta llegada por parte de las empresas.

¿Ni siquiera el proceso de re-estatización de las empresas públicas contribuyó?

En teoría podría beneficiar, sobre todo en lo que hace al acceso al consumo, vale decir, las privatizaciones provocaron daños enormes a los usuarios, sobre todo en materia de ferrocarriles, redes de gas, etcétera, que no hubieron de llegar más allá de los centros más importantes a nivel de población y en cada ciudad. Más bien las empresas reconocían que no llevaban las redes hasta barrios marginales porque no era rentable. Ahora, la re-estatización ha tenido consecuencias, sobre todo desde el punto de vista del Tesoro Nacional, diría yo. Pero desde el punto de vista de beneficios para los usuarios no ha tenido efectos. Se nota al menos en cuanto a los servicios públicos domiciliarios. Siempre terminamos diciendo, aunque venimos del derecho, que no se puede hacer de ésta una herramienta sólo jurídica. Las herramientas jurídicas en Argentina son inmejorables. Tenemos, insisto, una reforma constitucional que es la mejor del mundo, un Poder Judicial comprometido con este tema en todas las jurisdicciones, una ley nacional que es muy importante. Ha sido modificada, es moderna, pero no alcanza con las herramientas jurídicas. Deben movilizarse herramientas desde la política que activa y preventivamente eviten las distorsiones propias de la economía de mercado. La información es incompleta, por eso son vulnerables los consumidores. Los contratos reflejan un poder de dominación de parte de las empresas, con las reglas de la Economía sóla no alcanza. Y las reglas del derecho traen todas las soluciones pero no pueden actuar tan a gran escala preventivamente como sí podrían actuar las políticas activas.

¿Son incompatibles la protección del consumidor y la producción?

Los países más desarrollados son los que tienen los sistemas más enérgicos de defensa del consumidor. No están en Nicaragua o en Cuba. Están en Estados Unidos o en la Unión Europea, donde están los mayores desarrollos de la producción. Lo cual demuestra que la defensa del consumidor no es incompatible con la producción, sino que es una de las bases para un desarrollo económico y productivo sustentable.

Pero lo tenemos en el Ministerio de Economía, con la lógica de un ministerio de Economía. Creo que ahí está el error. Alguna vez hemos intentado que en algún gobierno nacional la defensa del consumidor pase al área de Gobierno o de Justicia, o de derechos. En las provincias me parece correcto que estén en las áreas de Producción porque obviamente éstas no tienen a su cargo la ejecución de políticas económicas macro. En las provincias la escala ayuda. Además hay una inmediación que permite que el gobierno interactúe con ambos grupos: empresarios y consumidores. Con este Congreso organizado por el ministerio de la Producción, esto está a la vista. Ahora, ¿dónde vieron ustedes un congreso como éste organizado por el Ministerio de Economía de la Nación? Nosotros estamos en esto hace 30 años y nunca lo hemos visto. Ni siquiera con la ley vigente de la que son autoridad de aplicación. No han divulgado.

La divulgación pública es lo más importante. Así como la conciencia ecológica. Es necesaria a través de los medios, de la propaganda oficial y de los establecimientos educativos. Es lo que no se hace a nivel nacional. Digo pública, porque algunos medios privados lo han intentado. Si al menos dos minutos del entretiempo de Fútbol para todos, en vez de pasar propaganda partidaria –que ni siquiera es de gestión o política, es partidaria, diría yo mística- le dedicaran a la defensa del consumidor y por supuesto a otros temas, cientos de miles de argentinos conocerían sus derechos como usuarios de servicios públicos contra los abusos en los contratos, los engaños en las publicidades, contra ausencia de información, para lo cual nosotros tenemos que hacer 30 o 40  congresos, escribir 30 o 40 libros porque el Estado Nacional no se ocupa de lo que la Constitución Nacional le exige que se ocupe.

 

16/9/11 Fuente: Diario C

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