Daño Directo concepto

Daño Directo

A continuación transcribimos el dispositivo que regula el daño directo en la Ley de Defensa al Consumidor

“… Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios. La autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de CINCO (5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec). El acto administrativo de la autoridad de aplicación será apelable por el proveedor en los términos del artículo 45 de la presente ley, y, una vez firme, respecto del daño directo que determine constituirá título ejecutivo a favor del consumidor. Las sumas que el proveedor pague al consumidor en concepto de daño directo determinado en sede administrativa serán deducibles de otras indemnizaciones que por el mismo concepto pudieren corresponderle a éste por acciones eventualmente incoadas en sede judicial….” Art. 40 bis

Por Mario N. Vadillo

El objeto de la reparación

Todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios. Las pautas evaluativas serán tomadas por la autoridad de aplicación en base al proceso rendido ante ella.

Existe una alta conflictividad sobre las facultades dispositivas de reparación del daño en la vía administrativa. No obstante entendemos, que el mismo se ha dispuesto solo para daños inmediatos que surgen de las típicas faltas al consumidor, donde el tiempo y la cantidad de veces que tiene que reclamar y posibles afectaciones personales, son la base de esta indemnización que no puede superar la tarifa legal. Entendemos que como el Juzgador dispone el daño moral, en este caso la autoridad administrativa ha sido investida por el legislador para imponer un sistema reparatorio acotado y tarifado, tendiente a la satisfacción del usuario o consumidor, en daños de poca monta, logrando también el afianzamiento a la justicia. Con la posibilidad de revisión judicial, por parte del proveedor.

Respecto de la facultad de la fijación del monto en cabeza del órgano administrativo con limite previsto en la propia ley, podemos decir que en la Cámara Alta del Congreso Nacional, según refiere el Dr. Mosset Iturraspe,   se han escuchados voces en el sentido de que de otra manera seria impracticable debido a que los consumidores por cuestiones de poca monta nunca recurren a la vía judicial y son objeto de abuso de algunos proveedores inescrupulosos.

La facultad le corresponde a la autoridad de aplicación nacional, a las provinciales y a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la salvedad de que las autoridades locales deberán prever su propio procedimiento para arribar a esta condena.

Para arribar a una determinación de daño directo en sede administrativa es necesario que el consumidor o usuario lo haya requerido y que se haya sustanciado un procedimiento anterior respetuoso del derecho de defensa del proveedor, en el que hayan podido colectarse pruebas y las partes hayan sido oídas. A los fines de la procedencia de la indemnización, debe comprobarse sumariamente la concurrencia de todos los presupuestos de la responsabilidad civil, pues de lo contrario se desnaturalizaría la dinámica inmanente de la responsabilidad civil, admitiéndose indemnización sin antijuridicidad, sin factor de atribución, sin nexo causal, etc.

El acto administrativo de la autoridad de aplicación es susceptible de impugnación por ambas partes: si ha sido dictado por la autoridad de aplicación nacional, mediante el recurso del Art. 45 de la ley 24.240; si lo dictó una autoridad de aplicación provincial, mediante la vía impugnativa que tenga establecida en su respectivo régimen adjetivo (acción contencioso administrativa o recurso). En caso de quedar firme dicho acto, constituye título ejecutivo a favor del consumidor. Las sumas percibidas por el consumidor de acuerdo a este régimen son deducibles de otras indemnizaciones eventualmente fijadas en sede judicial. Esta solución es razonable, en tanto aplica la regla según la cual el damnificado no puede recibir indemnizaciones a doble título por un mismo hecho, inspirada en el principio de enriquecimiento sin causa.


Procedimiento Administrativo

Al margen de la remisión al régimen de recursos del Art. 45 de la ley 24.240, este Art. 40 bis no contiene previsiones de procedimiento que reglamenten el trámite administrativo tendiente a la fijación del resarcimiento.

Podría pensarse que el legislador ha querido excluir este procedimiento particular de la norma del Art. 45, al remitir al mismo en un aspecto puntual (recurribilidad de la resolución final). Además, siendo el procedimiento del Art. 45 una norma prevista específicamente para la aplicación de sanciones, no ostentaría carácter de procedimiento genérico o común, aplicable en todos los casos.

Creemos, por el contrario, que el tracto administrativo diseñado por el Art. 45 puede servir perfectamente a fin de sustanciar pretensiones de resarcimiento por daño directo e, inclusive, podría dar lugar a planteos complejos, que impliquen un requerimiento resarcitorio y sancionatorio, simultáneamente.