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El campo de aplicación del Art. 36 de la ley de defensa del consumidor y su inaplicabilidad al secuestro prendario

I. El fallo que se comenta-

Por sentencia de fecha 22 de mayo de 2012, dictada en la causa “Banco Comafi SA c/Morales, Cristian J. s/Secuestro Prendario”, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la entidad bancaria actora y revocó la resolución de primera instancia por la que se había declarado -oficiosamente- la incompetencia territorial.

La sentencia en comentario fue dictada en un secuestro prendario tramitado en los términos del art. 39 de la Ley de Prenda con Registro (decreto-ley 15.348/46, ratificado por la ley Nro. 12.962, T.O. por el decreto 897/95, en adelante la “LPR”)[1]. La Cámara, con criterio que compartimos, resolvió que en este tipo de procesos la competencia territorial se debe resolver de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 28 de la LPR, siendo inaplicable el art. 36 de la ley de defensa del consumidor (Ley N° 24.240, modificada por Ley N° 26.361, en adelante “LDC”).

En este trabajo, se analizarán los motivos por los que se entiende que el nuevo art. 36 de la LDC no puede ser aplicado al secuestro prendario. Algunos de estos argumentos son utilizados por la Sala para sustentar el fallo que se comenta, mientras otros, de no menor importancia, no fueron merituados expresamente.

En este sentido, se adelanta que –en nuestro criterio- el principal fundamento para resolver que la norma antes citada de la LDC no es aplicable al secuestro prendario radica en que este especial trámite se encuentra fuera del ámbito de aplicación expresamente previsto por el legislador para dicha norma, ya que no estamos en presencia de un litigio.

II. El secuestro prendario. La naturaleza del proceso [arriba] –

El secuestro ha sido definido como aquella medida “por la cual se desapodera a una persona de un bien sobre el cual se litiga o sobre el cual existe un privilegio especial válidamente constituido o un embargo judicial”[2].

Por su parte, el art. 39 de la LPR prevé en favor de ciertos acreedores (entidades financieras o bancarias, como así también el Estado y sus reparticiones autárquicas) el derecho a solicitar a un juez la expedición de una orden de secuestro de los bienes pignorados, a efectos de proceder a su venta en los términos del art. 585 del Cód. Com.[3].

Recuérdese que el Art. 585 del citado código autoriza al acreedor, ante la mora del deudor, a proceder a la venta de los bienes prendados y a imputar los fondos así obtenidos al pago de la deuda garantizada. Esta venta la realiza directamente el acreedor y sin intervención judicial.

En el caso de la prenda común o con desplazamiento ello no ofrece mayor dificultad, ya que la cosa prendada se encuentra en poder del acreedor, quien de esta forma puede venderla y entregarla al eventual adquirente del bien.

Por el contrario, en el caso de la prenda con registro o sin desplazamiento, si bien los acreedores mencionados en el Art. 39 de la L.P.R. también tienen derecho a la venta extrajudicial de los bienes prendados, sucede que los mismos no tienen el bien en su poder. Como los acreedores no pueden recuperar la cosa por sí mismos, tienen la necesidad de recurrir a un juez para solicitar que se expida una orden de secuestro de los bienes y su entrega al acreedor[4].

Como se observa, este trámite no es más que una vía instrumental y la «misión del juez concluye con la entrega de los bienes al acreedor para su enajenación extrajudicial»[5]. Es unánime la jurisprudencia al sostener que el trámite no importa la iniciación de una ejecución judicial[6].

La actividad jurisdiccional es extremadamente limitada, pues se acota a la mera comprobación de los recaudos de admisibilidad de la medida de secuestro y su diligenciamiento[7]. Farina ha señalado que el acreedor prendario “en cuyo favor se ha inscripto la prenda con registro no tiene que probar absolutamente nada para ejercer el derecho que le confiere el art. 39, salvo la existencia del certificado prendario” [8].

Una vez entregados los bienes al acreedor el objeto procesal del secuestro prendario queda agotado.

III. El rol del deudor en el secuestro prendario [arriba] –

El trámite especial de secuestro prendario regulado en el art. 39 de la LPR no contempla ninguna intervención del deudor[9], por lo que la medida se debe cumplir sin que medie contradictorio[10]. Es más, no sólo no está prevista su intervención, sino que la ley expresamente dispone que el deudor no puede formular recurso alguno para enervar el ejercicio del derecho que le asiste a su acreedor de obtener la entrega del bien para su venta y que los derechos que el deudor tenga que reclamar al acreedor deben ser ejercidos en un juicio ordinario[11].

Esto es así porque la intención del Legislador ha sido dotar a algunos acreedores prendarios de una herramienta que les permita, de manera expedita y simple, obtener la entrega del bien pignorado. Este no es un dato menor dentro del sistema de la LPR, sino que viene a servir de contrapeso al derecho del constituyente del gravamen de permanecer con la posesión del bien prendado.

Con incuestionable acierto, el Legislador entendió que permitir la participación del deudor en este trámite implicaría la frustración de su finalidad. En efecto, si se permite que el deudor pueda realizar planteos o defensas que impidan o de alguna manera obstaculicen el secuestro del bien, ello llevará a que el proceso se dilate y que la prenda con registro haya perdido su utilidad como garantía fácilmente ejecutable.

No debe perderse de vista que el favorecimiento por parte del Legislador a los acreedores previstos en el Art. 39, ha sido una decisión de política legislativa que, indudablemente, tiende a beneficiar el otorgamiento de créditos garantizados con prenda con registro[12].

Este especial tratamiento no se limita al extremo antes mencionado, sino que también se ve reflejado cuando la norma dispone que el trámite de la venta extrajudicial no se suspenderá por el embargo del bien ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.

Lo que se pretende señalar con lo antes expuesto es que hace a la esencia del régimen de la LPR que el deudor no pueda tener ninguna intervención en el trámite de secuestro prendario. De lo contrario, lo que por expresa decisión de política legislativa fue creado como un trámite expedito y simple, se transformaría en un largo y costoso proceso, ya que no debe olvidarse que una mayor participación del deudor generaría gran cantidad de incidencias a resolver y que probablemente sean recurridas, lo que a su vez implicaría mayores costas judiciales.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, se ha reconocido que el deudor sí podría plantear y demostrar que el secuestro se refiere o comprende otros bienes que no se hallaren prendados, pero sin obstaculizar la medida en su justo alcance[13].

IV. Competencia. Art. 36 de la Ley N° 24.240, modificado por Ley N° 26.361 [arriba] –

El art. 39 de la LPR no contiene ninguna reglamentación sobre las normas de competencia que serán de aplicación al secuestro prendario. Por ello, la generalidad de la doctrina entiende que resulta aplicable el art. 28[14] de la misma ley. Este es el criterio sustentado por el tribunal en el fallo que se comenta.

Recuérdese que el citado art. 28 de la LPR fija la competencia de la acción prendaria ante el juez de comercio con competencia en tres lugares diferentes: el lugar de pago, el de ubicación de los bienes prendados o el del domicilio del deudor. La elección del juez ante el que se promoverá la acción corresponde al acreedor.

Por el contrario, Cámara ha señalado que el juez competente sería el de la ubicación de los bienes prendados, entendiendo que la fijación de competencia del art. 28 es de carácter excepcional, por lo que no es aplicable a este trámite especial[15].

Ahora bien, como es sabido, el art. 15 de la Ley N° 26.361 modificó el art. 36 de la Ley N° 24.240, estableciendo una norma especial de competencia para ciertos temas vinculados con financiaciones para consumo.

En los acápites siguientes se analizará la aplicabilidad de esta norma al secuestro prendario. Esta investigación se realizará desde dos ángulos diferentes; el primero de ellos tomará en cuenta la literalidad de la norma y el segundo su ratio legis.

Sin perjuicio del análisis que se efectúe a continuación, debe tenerse presente que en los casos en que la LDC no resultare aplicable, las partes podrán pactar libremente, en el certificado prendario, una jurisdicción diferente, apartándose de la prevista en el art. 28 de la LPR. Este forum destinatae solutionis excluye la posibilidad de opción que confiere el referido art. 28[16].

IV.A. El texto del art. 36 y su ámbito de aplicabilidad expresamente determinado.

Considerando que esta perspectiva de análisis de la cuestión tomará en cuenta el texto del art. 36, se estima imprescindible transcribir su parte pertinente. Esta norma dispone que en las operaciones financieras y de crédito para consumo “Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor”.

Como se observa este artículo es absolutamente claro en cuanto a que su ámbito de aplicación son los litigios. Esto lleva a cuestionarse si el trámite de secuestro prendario puede ser calificado como un litigio.

No está de más comenzar la indagación por la definición que del término realiza la Real Academia Española[17] para quien significa “m. pleito, altercación en juicio. 2. Disputa, contienda”.

También resulta esclarecedor reparar en el término pleito, que es definido como “contienda, diferencia, disputa, litigio judicial entre partes”.

De estas definiciones, se comienza a advertir que para que exista litigio deben existir, al menos, dos partes. Estos serán los litigantes, los contendientes o los disputantes.

Continuando con esta perspectiva de análisis, resultan ilustrativas las palabras de Alsina, quien con total claridad expresó que “Todo litigio supone un conflicto de intereses, cuyo contenido puede ser de diversa naturaleza, como diferente su posición en orden de valores. Sujetos del litigio pueden ser dos o más individuos, en cuyo caso se afectan intereses de orden privado; pero también la litis puede surgir entre un individuo y la comunidad, afectándose entonces intereses colectivos”[18]. Este autor también hace referencia a la necesidad de que exista intervención de, al menos, dos individuos para que se pueda estar ante un litigio.

Por otra parte, la ausencia de litigio es lo que caracteriza a los procedimientos de jurisdicción voluntaria[19].

Según Palacio, “se denomina contencioso al proceso que tiende a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de intereses suscitados entre dos personas que revisten calidad de partes…. En el proceso voluntario los órganos judiciales cumplen la función consistente en integrar, constituir o acordar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas. Su objeto se halla configurado por una o más peticiones extracontenciosas y sus sujetos privados se denominan peticionarios o solicitantes” (las cursivas están en el original)[20].

De la descripción efectuada más arriba sobre la naturaleza del trámite de secuestro, ha quedado claro que en el mismo sólo interviene el acreedor, quien no somete a resolución del juez un conflicto de intereses. El acreedor se limita a requerir al juez su colaboración para obtener la entrega del bien prendado. En este trámite no hay pluralidad de partes, ya que el deudor no tiene prevista ninguna intervención.

La inexistencia de litigio en el secuestro prendario también ha sido reconocida jurisprudencialmente. En este sentido, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, ha manifestado recientemente que “… aquel proceso que no refleje técnicamente un litigio -entendido éste como el que se desarrolla entre partes adversas- sino un trámite no contencioso, como el regulado por el art. 39 de la Ley de Prenda con Registro”[21].

Siguiendo este razonamiento, hay que concluir que, siendo que el trámite de secuestro prendario no constituye un litigio, el mismo se encuentra fuera del ámbito de aplicación del art. 36 de la LDC.

Como reflexión final para cerrar este aspecto del análisis, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto[22] y que “si la ley emplea determinados términos la regla de interpretación más segura es la que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito”[23].

IV.B. La ratio legis del art. 36 de la LCD no justifica su aplicación al secuestro prendario.

Con lo expuesto en el apartado precedente ha quedado demostrado que el trámite de secuestro prendario –por no ser un litigio- se encuentra fuera del ámbito de aplicación del art. 36 de la LDC. Sin perjuicio de ello, cabe cuestionarse si la mencionada norma no podría ser aplicada, de todas formas, recurriéndose al argumento de la analogía.

El análisis efectuado de la finalidad del art. 36 de la LDC y de la naturaleza del secuestro prendario también lleva a concluir que la mencionada norma es inaplicable al citado procedimiento, incluso por vía análoga.

En efecto, no se advierte cuál sería el objeto de aplicar una norma que tiende a facilitar la intervención del deudor en el proceso judicial a un trámite en el que, justamente, el deudor no tiene prevista intervención alguna.

No debe perderse de vista que la reforma introducida al art. 36 de la LDC tendió a proteger el derecho de defensa en juicio del deudor/consumidor, partiendo del preconcepto de que la tramitación de una causa fuera de la jurisdicción que corresponda a su domicilio real le dificultaría la posibilidad de ejercer dicho derecho, ya sea por la mayor dificultad de conseguir patrocinio letrado adecuado o por los mayores costos que ello le podría significar.

Ahora bien, cabe preguntarse si la tramitación de un secuestro prendario fuera de la jurisdicción del domicilio real del deudor puede tener la virtualidad de lesionar su derecho de defensa en juicio.

Entendemos que el interrogante planteado tiene, necesariamente, una respuesta negativa. Recuérdese que –como lo destacamos más arriba- el trámite del secuestro prendario no contempla ninguna intervención del deudor y la ley expresamente dispone que el mismo no puede plantear recurso alguno y que sus derechos deben ser ejercidos en un juicio ordinario. Entonces, si la ley expresamente dispone que el deudor no puede intervenir en el trámite no podría válidamente sostenerse que hay que aplicar una norma que tiende a favorecer dicha intervención[24].

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, debe reconocerse que la jurisprudencia actualmente mayoritaria viene aplicando la tesis contraria a la propiciada[25]. En efecto, un repaso por los fallos dictados sobre este tema por las distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial deja en evidencia que la mayoría de ellas aplican el art. 36 de la LDC a los trámites de secuestros prendarios.

El fundamento utilizado para aplicar la norma en análisis fue que por la condición de las entidades que promueven estos trámites –en su enorme mayoría son entidades financieras, bancarias o no- y el carácter de personas físicas de los sujetos contra los que se dirige el mismo, puede presumirse la existencia de una relación de consumo.

En sentido contrario al resto de las Salas del mismo tribunal, la Sala A viene sosteniendo –tal como lo ratifica en el fallo que se comenta- que en los secuestros prendarios la competencia debe resolverse a la luz de los criterios atributivos de jurisdicción de base legal contenidos en las específicas reglas aplicables, esto es, el Art. 28 de la L.P.R, descartando la aplicación del art. 36 de la LDC.[26].

V. A modo de conclusión –

El análisis efectuado en el presente trabajo nos hace compartir enteramente el criterio de atribución de competencia territorial sustentado por el tribunal en el fallo que se comenta.

En este sentido, entendemos que de los expresos términos del art. 36 de la LDC surge que su ámbito de aplicación está constituido por los litigios vinculados con operaciones financieras y de crédito para consumo. Así, siendo que se encuentra por demás aceptado –tanto por la doctrina como por la jurisprudencia- que el secuestro prendario no constituye un litigio, es forzoso concluir que al mismo no le resulta aplicable la norma.

También hemos destacado que la ratio legis del nuevo del art. 36 de la LCD, tampoco justifica su aplicación al secuestro prendario, ya que esta norma tiende a favorecer la intervención del consumidor en los procesos, mientras que en el secuestro prendario el deudor no tiene prevista ninguna intervención.

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[1] ARTICULO 39: “Cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el artículo 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor”.
[2] Villegas, Carlos Gilberto, Las Garantías del Crédito, segunda edición actualizada, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, T. I, Pág. 34.
[3] Cfr. Hernández, Hernando, Tratado de la Ejecución, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1991, T. 2, P. 196. C.N.Com., Sala E, 28-5-1996, LL., 1997-C-762.
[4] Cfr. Barbier, Eduardo Antonio, Litigiosidad en la Actividad Bancaria, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2008, Pág. 480. Zavala Rodríguez, Carlos Juan, Código de Comercio y Leyes Complementarias, Ediciones Depalma, Bueno Aires, 1967, T. III, Pág. 355. Podetti tenía una posición critica del trámite del secuestro prendario, ya que consideraba que se debió autorizar a los acreedores autorizados a iniciar dicho trámite a proceder a la “ejecución directa” otorgándoseles la facultad de solicitar a la policía el secuestro del bien prendado (Podetti, Tratado de las ejecuciones, t. VII, actualizado por Guerrero Leconte, Buenos Aires, 1968, n. 228, Pág. 417, citado por Cámara, Héctor, Prenda con registro o hipoteca mobiliaria, segunda edición, EDIAR, Buenos Aires, 1984, Pág. 544).
[5] Gómez Leo, Osvaldo R. y Coleman, María del Carmen, Nueva ley de Prenda con registro (decreto 897/95) comentado y anotado, Depalma, Buenos Aires, 1996, Pág. 111.
[6] Cfr. Rouillon, Adolfo A. N. (Direc.), Alonso, Daniel F. (Coord.), Código de Comercio Comentado y Anotado, Ed. La Ley, T. I, Pág. 1166. Casadío Martínez, Claudio Alfredo, Créditos con garantía real en los concursos, Astrea, Buenos Aires, 2004, Pág. 136.
[7] Cfr. Mugillo, Roberto A., Prenda con Registro, 3ra. Edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2001, Pág. 259.
[8] Farina, Juan M., “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, ED 121-842.
[9] C.N.Com., Sala A, 5-3-80, ED, 87-723. Sin embargo, cierta jurisprudencia deformante ha aceptado que la deudora concursada se constituya en “parte” en el secuestro prendario a fin de solicitar la suspensión de la medida, por una aplicación incorrecta del Art. 21, Inc. 2°, ley 24.522 (C.N.Com., Sala D, 25/11/1996, Banco de Crédito Argentino c. La Unión del Sud S.R.L., LL 1998-A-457, 458.
[10] C.N.Esp. Civ. Com., Sala III, 7-10-80, ED, 91-491.
[11] C.N.Com., Sala B, 18-3-58, LL 92-365.
[12] En este sentido, Cámara encontró justificado el otorgamiento de este beneficio a las entidades financieras porque “la garantía y apoyo del Estado a dichas organizaciones, hace pensar que no abusarán de sus privilegios; por otra parte, la mayor liberalidad con que otorgan sus créditos los entes previstos por el art. 5°, inc. 1° de la ley 12.962 -plazo, tasa de interés, etc.- requiere correlativamente ventajas singulares, que le permitan lograr una restitución inmediata en caso de incumplimiento, sin necesidad de acudir a los trámites judiciales, siempre largos y onerosos”. Cámara, Prenda con registro…, Págs. 541/2
[13] Cfr. Zavala Rodríguez, Op. Cit. Pág. 355.
[14] Art. 28: “La acción prendaria compete al juez de Comercio del lugar convenido para pagar el crédito, o del lugar en que según el contrato se encontraba o se encuentran situados los bienes, o del lugar del domicilio del deudor, a opción del ejecutante”.
[15] Cfr. Cámara, Prenda con registro…, Pág. 545.
[16] CCiv. Y Com. Trenque Lauquen, 24/02/1998, “Finfia S.A. c.Nadal, Mario A”, La Ley Buenos Aires, 1999-145, 146. En igual sentido: Fernández, Raymundo y Gómez Leo, Osvaldo R., Tratado teórico-práctico de derecho comercial, Depalma, Buenos Aires, 1992, T. III-C, Pág. 439.
[17] Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Villa Ballester, 2004.
[18] Alsina, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, Ediar, Buenos Aires, 1956, T. I, Pág. 26.
[19] Cfr. Midon, Marcelo Sebastián, “Procedimiento de ejecución de la prenda con registro. Reflexiones en punto a la posibilidad de declarar su perención”, LL 2010-D-257, 258.
[20] Palacio, Lino Enrique, Manual de Derecho Procesal Civil, duodécima edición actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, Pág. 76.
[21] C.N.Com., Sala D, 23/03/2010, Banco Supervielle S.A. c. Hoyos, Juan Oscar, LL 2010-D, 256. Así también lo ha destacado la Dra. Uzal, quien de manera categórica afirmó que “Es claro pues, que en el procedimiento establecido en el art. 39 de la Ley 12.962 (t.o. decreto 897/95) (…) excluye la existencia de contradicción o litigio”; ver voto de la Dra. Uzal en la causa “Banco Comafi SA c. Medina, Julio César”, C.N.Com. Sala A, 15/06/2010, LL online, cita online: AR/JUR/38661/2010.
[22] C.S.J.N., Fallos: 312:2078.
[23] C.S.J.N., Fallos 322:385, del voto del Dr. Petracchi.
[24] En este sentido, la Sala A de la Cámara Comercial de la Capital Federal ha señalado que el Art. 36 de la L.D.C. “se funda en preservar el derecho a la defensa en juicio del consumidor en la inteligencia de que el ejercicio de ese derecho no se vea obstruido si la causa judicial se aleja de los jueces del domicilio de la parte presuntamente débil en una relación negocial…”, concluyendo que en un proceso de las características del secuestro prendario “el deudor-consumidor no debería tener que defenderse”, por lo que “no se advierte cual sería el sentido de mandar tramitar el secuestro al juez del domicilio del deudor ya que el trámite no prevé intervención alguna de este último dentro de dicho proceso” . Sala A, 17/06/2010, “Banco Supervielle S.A. c. Bavastro, Monica”, LL online, cita online: AR/JUR/38670/2010.
[25] C.N.Com., Sala C, 29/06/2010, “Banco Supervielle S.A. c. Alcapan, Rolando Fabian”, LL online, cita online: AR/JUR/39470/2010. C.N.Com., Sala D, “Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. c. Neris, Blanca Higinia”, 16/06/2010, LL online, cita online: AR/JUR/39283/2010. C.N.Com., Sala F, “Banco Comafi S.A. c/Manrique, Luis Leonardo s/Secuestro Prendario”, Expte. 053300/09, 26-11-2009.
[26] C.N.Com., Sala A, 17/06/2010, “Banco Supervielle S.A. c. Bavastro, Mónica”, LL online, cita online: AR/JUR/38670/2010.

Comentario Banco Comafi SA c/Morales, Cristian J. s/Secuestro Prendario

Por Fernando Gabriel Morinigo

(Revista Argentina de Derecho Comercial y de los Negocios
Cita: IJ-LXVI-218)

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