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Ineficacia en los tribunales argentinos del pacto de jurisdicción internacional en contratos entre consumidores y bancos

I. Introducción –

1.1. Se sostuvo que, si bien la tuición a los consumidores no estaba ontológicamente limitada por la cuantía del objeto de los contratos, la práctica profesional desmentía esto: sólo frente a un monto cuantioso se justificaba la inversión en tiempo y dinero implicada en un litigio transfronterizo[1].

Las “acciones de clase” iniciadas por una asociación de consumidores demostraron haber tenido un mejor criterio para superar este escollo y hacer rentable el litigio transfronterizo.

1.2. El fallo en análisis es el segundo de dos fallos dictados en Argentina en 2012 relativos a pactos de jurisdicción internacional relacionados con las repercusiones legales de la estafa Madoff en EEUU[2].

1.3. La solución es la misma, el criterio disímil. Ambos coinciden en declararse competentes pero sin aplicar el leading case “Volpi c. UBS” de la Sala B que traía la creación pretoriana del criterio atributivo de jurisdicción lugar de cumplimiento de un contrato relacionado, introduciendo la doctrina del doing business jurisdiction[3] y que modificaba en materia de consumidores el criterio de interpretación de los arts. 1215/1216 de la Corte Suprema en «Exportadora Buenos Aires[4]».

1.4. Con ese antecedente, es la tercera vez que se declara la ineficacia de una cláusula de pacto de jurisdicción y se otorga jurisdicción a los tribunales locales por sobre la autonomía de la voluntad de los contratantes consumidores de productos bancarios.

II. Noticia del fallo [arriba] –

2.1. Thema decidendum: (a) si es válido o no el pacto de jurisdicción en contratos con consumidores[5] (calificados lex fori[6]) ; en caso de ineficacia de dicho pacto[7], (b) si es válido pactar el lugar de cumplimiento en contratos con consumidores[8] y (c) si tienen o no competencia internacional los jueces argentinos en un conflicto entre un “consumidor argentino” y un “banco suizo” para invertir fondos “norteamericanos e ingleses”[9].

2.2. Hechos: una asociación de consumidores, en el marco de una acción de clase representativa de argentinos[10], reclama el incumplimiento contractual (“contrato de apertura de cuenta y de un depósito”) de la manda de inversión y mala praxis de los bancos intermediarios constituidos en Suiza que captaron ahorro en Argentina para ser invertido en EEUU e Inglaterra.

2.3. Nulidad del pacto de jurisdicción: El tribunal analizaría la cláusula de pacto de jurisdicción y el pacto de lugar de cumplimiento[11], insertos ambos en el art. 14 de dichos contratos[12]: se usa el condicional porque la actora habría desconocido dichos contratos[13]. El fallo no se expide respecto de la existencia de dichos documentos.

2.3.1. El tribunal considera, sin más, ambiguo y arbitrario[14] el pacto de jurisdicción internacional y que designa el lugar de cumplimiento; supone que la cláusula fue inserta de modo unilateral, sin el concurso de la voluntad del consumidor[15]. Toma en cuenta que la cláusula no sería válida ante un tribunal suizo[16]. Las cláusulas de pacto de jurisdicción ante litem natam (anteriores al litigio) son intrínsecamente disvaliosas y peligrosas[17].

2.4. Competencia internacional de los tribunales argentinos. Al no existir normas de Derecho Internacional Privado (de ahora en más DIPr) argentino en materia de jurisdicción de consumidores, acude a las normas de contratos, arts. 1215/16 CC, por analogía[18].

2.4.1. Aclara, sin estar exento de cierta confusión conceptual[19], que NO debería aplicarse el punto de conexión “lugar de cumplimiento de la prestación más característica” (cfr. art. 1209/1210 CC) en los temas de jurisdicción.

2.4.2. Entiende que, paraentender “el lugar de cumplimiento” a los fines de la jurisdicción internacional, se aplica el criterio atributivo de jurisdicción de cualquier lugar de cumplimiento[20], pero se contradice aplicando la doctrina opuesta, que es la que interpreta que la norma de los arts. 1215/1216 habla del lugar de cumplimiento de la prestación reclamada en juicio[21].

2.4.3. Sea que utilice uno u otro criterio atributivo, hace un salto lógico y determina que hay jurisdicción de los tribunales argentinos si el cliente consumidor es argentino (¿nacionalidad o domicilio de éste?)[22].

2.5. Holding: (a) no es válido nunca y a priori el pacto de jurisdicción en contratos relacionados con consumidores argentinos; (b) se debe abrir la jurisdicción argentina en caso de que el consumidor sea argentino.

2.6. Obiter dictum: el tribunal aplica de oficio, sin necesidad de alegación o prueba de las partes y sin discutir su naturaleza, el derecho extranjero[23]. Se acepta de este modo la teoría de que el derecho extranjero es un derecho y no un hecho, en contra del art. 13 CC y en un todo de acuerdo con el art. 2 de la CIDIP II de Normas Generales[24] y la teoría del uso jurídico de Werner Goldschmidt[25].

III. Validez o invalidez del pacto de jurisdicción internacional [arriba] –

3.1. La acción de clase frente al caso internacional y el pacto de jurisdicción

3.1.1. El art. 1 C.P.C.C.N. regula todos los pactos de la jurisdicción internacional

3.1.1.1. El art. 52 LDC pone en cabeza de las asociaciones de consumidores del art. 55 las acciones de los consumidores, sin distinguir entre acciones contractuales o extracontractuales y sin cambiar la naturaleza jurídica del vínculo consumidor-proveedor, ni el contrato que los vincula.

3.1.1.2.- En el DIPr de fuente interna existen distinciones entre los criterios subsidiarios atributivos de jurisdicción en material contractual (art. 1215/1216 Cód. Civ. – lugar de cumplimiento) y extracontractual (lex loci delicti), pero el art. 1 del C.P.C.C.N., que se aplica antes que esos criterios y en forma exclusiva y excluyente, no hace este distingo respecto del criterio autonomía de la voluntad, que es el primero a tener en cuenta. Acudimos al art. 1 C.P.C.C.N. porque no existe ningún tratado que vincule a Argentina y Suiza en la materia de jurisdicción internacional directa.

3.1.1.3.- Concluimos que es irrelevante el hecho de que se esté iniciando una acción colectiva o individual a los fines de determinar la validez o invalidez de un pacto de jurisdicción, sea que el derecho de los consumidores esté o no ampliado sociológiamente a sujetos con los que el consumidor no contrató, como acertadamente sostiene el fallo[26].

3.1.2. ¿Qué ley determina la validez o invalidez del pacto de jurisdicción?

3.1.2.1. Las cláusulas de elección de foro y su validez se rigen por la lex fori o la ley del juez al cual se le lleva el caso para determinar su propia competencia internacional[27].

3.1.2.2. Esto puede justificarse también mediante el siguiente silogismo: se puede observar que todas las normas de jurisdicción internacional son normas directas[28] (resuelven el caso en vez de remitir a un derecho que lo resuelva como norma indirecta), el juez debe siempre aplicar su propio DIPr; ergo, el juez siempre va a encontrar la solución a los casos de jurisdicción internacional en su propio DIPr, sea este de fuente internacional (tratados) o de fuente interna (leyes locales).

3.1.2.3. Si toma por válido el razonamiento anterior, para determinar la validez de una cláusula de jurisdicción directa el juez aplicará sus propias normas de DIPr con prescindencia de lo que pudieren decir las normas de jurisdicción de otros países vinculados al caso por los elementos internacionalmente relevantes de éste. En Argentina, empezará por el art. 1 CPCC si es que no hay tratado internacional que nos vincule con el país cuyos elementos extranjeros son relevantes.

3.1.2.4. Las cláusulas de elección de foro, sean relativas a cuestiones contractuales o a extracontractuales, en las que se pacta validamente el juez competente, antes o después de surgido el conflicto, tienen siempre un origen contractual pero una naturaleza procesal, en razón de su objeto y efecto, lo que trae como consecuencia la aplicación de la lex fori, como a toda cuestión procesal[29]. La determinación acerca de si la cláusula es nula o válida se rige por la lex fori.

3.1.3. ¿Qué analiza el fallo?

3.1.3.1. El análisis de validez del pacto de jurisdicción es metodológicamente desacertado: cabalga entre negar la existencia de la cláusula misma de pacto de jurisdicción –hecho controvertido y falto de prueba-, sin llegar a declararlo (supra 2.3.1), y adjetivarla de unilateral, arbitraria y ambigua (supra 2.3), sin prueba o razonamiento algunos que sustenten estos epítetos.

3.1.3.2. La metodología de análisis de la prueba es inapropiada: si el tribunal consideraba controvertida e improbada la existencia del texto de la cláusula misma y su inserción en un documento o bien que no había tal pacto, siquiera implícita o tácitamente, a los fines del proceso y de la decisión de la excepción –verdad judicial relativa y provisoria, pero definitiva para la decisión-, no existía contrato: no existía contrato (en el sentido de acuerdo de voluntades) de pacto de jurisdicción. Sin contrato no hay cláusula susceptible de adjetivación peyorativa.

3.1.3.2.1. Ontológica y apriorísticamente no existiría acuerdo de voluntades, por lo que mal se puede predicar que este fuese arbitrario, unilateral o ambiguo. El art. 2 del C.P.C.C.N. establece la validez si “(…) surgiere de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia (…)”.

3.1.3.2.2. Si el tribunal consideraba que no se cumplía con el art. 2 C.P.C.C.N., no podía válidamente expedirse acerca de la arbitrariedad, unilateralidad o ambigüedad de algo que no existía, porque lo que no existe no puede ser adjetivado ni calificado, salvo de inexistente.

3.1.3.3. En la hipótesis de que la cláusula hubiese existido, y así lo hubiese considerado el tribunal, lo único arbitrario es la adjetivación dogmática del tribunal, de arbitraria, unilateral o ambigua. No vemos un solo sustantivo que sustente esa adjetivación.

3.1.3.3.1. Si bien en doctrina se reserva la palabra arbitrariedad para predicar de las decisiones judiciales y no de los contratos, se puede definir arbitrariedad como voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho. En el caso, no se ve capricho o falta de razón algunos: se pacta un tribunal de los tres posibles (domicilio del proveedor/domicilio del consumidor/lugar de cumplimiento físico de la prestación). El proveedor hizo un contrato de o por adhesión y el consumidor adhirió. ¿Lo hizo el consumidor válidamente con discernimiento, intención y libertad? ¿Aún así era válida esa adhesión por no estar prohibida por la ley? Estas preguntas son válidas, pero nada tienen que ver con la arbitrariedad.

3.1.3.3.2. La unilateralidad de la cláusula puede presuponerse o intuirse, incluso como presumptio hominis, como ya se hizo en numerosas ocasiones y con diversos argumentos[30], pero el fallo no hace el esfuerzo argumentativo de analizar por qué, lo que lo convierte en arbitrario.

3.1.3.3.3. Escapa al análisis la acusada ambigüedad: la cláusula transcripta dice: “Jurisdicción exclusiva en todo procedimiento será Zurich (…)”, luego suma el domicilio de la oficina del banco donde el cliente contrató y, a opción del banco, los lugares que las normas estatales de jurisdicción determinen. Es muy claro que las partes pactaron que sólo se puede demandar al banco en Zurich o, si se contrató en otro país donde este banco tenga sucursal, en ese país. Sin embargo y a priori, sí parece abusivo limitar al consumidor a una sola jurisdicción, mientras que la otra parte tiene amplias posibilidades de elegir el foro que más le convenga.

3.1.3.4. El fallo deja sin analizar el primer interrogante que debió plantearse: ¿es válido el pacto de jurisdicción? Como no hay normas de DIPr de fuente internacional que nos vinculen con Suiza, la respuesta la debe buscar el juez en la fuente interna, por excelencia el art. 1 C.P.C.C.N..

3.2. Normología: el art. 1 C.P.C.C.N. y sus alcances

3.2.1.- Norma de habilitación de la autonomía de la voluntad. La única norma[31] de fuente interna[32] que permite pactar la jurisdicción internacional es el art. 1 del C.P.C.C.N., con dos restricciones: (a) a lo estrictamente patrimonial y (b) a lo que no esté prohibido por la ley (otra ley, otra más específica). Sin el art. 1 CPCC no existiría en el DIPr argentino de fuente interna, en la dimensión normológica al menos, la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción internacional.

3.2.1.1. Preguntarse si los contratos con parte débil son materia “exclusivamente patrimonial” o están “prohibidos por la ley[33]” es lo mismo que preguntarse si los jueces argentinos tienen jurisdicción exclusiva en las relaciones de consumo relacionadas con Argentina o si está prohibido por la ley el pacto de jurisdicción.

3.2.1.2. En el fallo “Overseas Union”[34] se sostuvo que, si está prohibido el pacto de jurisdicción por una norma específica, entonces no se aplica el art. 1 C.P.C.C.N. y el pacto no está permitido. A la permisión o prohibición de la cláusula se le aplica la ley del juez al cual se le trae el caso, de acuerdo a la CNCom Sala E[35].

3.2.2. Las excepciones a la norma que habilita la autonomía de la voluntad

3.2.2.1. Si se considera que la materia consumidores no es “exclusivamente patrimonial”, por existir, mediante la tutela del derecho administrativo, un interés estatal superior[36], es sencillo responder que no es válido el pacto conforme a la letra misma del C.P.C.C.N..

3.2.2.2. Esto se corresponde con la asunción de que existe una jurisdicción exclusiva que se funda en un interés del Estado, en una materia del derecho privado donde éste tenga un «interés fuerte» y siempre que se trate de una «cuestión particularmente sensible»[37].

3.2.2.3. Existe una conexión directa entre el caso internacional y los jueces del lugar donde existe ese interés administrativo que hace que la cuestión sea, además de comercial, administrativa y, por tanto, no exclusivamente patrimonial.

3.2.2.4. Si el reclamo civil está relacionado con la infracción a normas de orden público administrativo[38], el interés del Estado es tan grande que hace gravitar el juicio privado hacia sus tribunales civiles.

3.2.2.4.1.- Es más eficiente y valioso que sea el juez civil del Estado con competencia administrativa sobre la causa fuente administrativa el que entienda en ambos temas, sin perjuicio de la posterior división entre competencias internas material y territorial.

3.2.2.4.2. Este razonamiento se basa en que el pacto de jurisdicción internacional no está prohibido por el Congreso, que sería el único órgano con facultades de hacerlo mediante una Ley Federal (ley en sentido restringido y formal), pero sí está prohibido por el poder de policía del Estado en cabeza del PEN (ley en sentido material y amplio), y es adecuado pensar que también a este tipo de prohibición se refiere el art. 1 del CPCC.

3.2.2.4.2.1. La Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor es incompetente para modificar una ley del Congreso Federal, como es el caso del art. 1 C.P.C.C.N.. Con este alcance la Resolución 53/2003 es inconstitucional, por violación del art. 75 CN.

3.2.2.4.2.2. Dicho claramente esto, la Resolución 53/2003 determinó (con mero alcance penal administrativo) qué cláusulas no podrían ser incluidas en los contratos de consumo, como el del caso en análisis.

3.2.2.4.2.3. Se estableció una prohibición o sanción penal administrativa y no una modificación del art. 1 C.P.C.C.N. y sus alcances. De este modo, está administrativamente prohibido pactar la jurisdicción en materia de consumidores, salvo a favor del domicilio del consumidor[39].

3.2.2.5. La letra del art. 1 del C.P.C.C.N. es lo suficientemente comprensiva como para abarcar las prohibiciones de origen y con consecuencias administrativas. En conclusión: el pacto de jurisdicción internacional en materias relacionadas con consumidores no está permitido por imperio del art. 1 del CPCC, por perderse la “exclusividad patrimonial” en el interés estatal superior y por estar prohibido por imperio del poder de policía administrativo.

3.3. Sociología. Los antecedentes jurisprudenciales

3.3.1- En otra oportunidad[40] se señalaron tres líneas doctrinales: (i) nacionalista y propagadora del OPI argentino, (ii) tolerante del pacto aunque se trate de un contrato de adhesión, salvo que se demuestre un vicio del consentimiento, y apegada al art. 1 C.P.C.C.N., y (iii) que agrega requisitos secundum legem para proteger a la parte débil: «irrazonable disparidad de poder negociador», «abuso de situación económica dominante» o interpretación contra proferentem.

3.3.2. El fallo en análisis parece enrolarse en la primera corriente con la valoración apriorística negativa del pacto de jurisdicción. Las dos últimas resuelven qué es un contrato de adhesión sólo basadas en calificarlo lex fori e ignoran el elemento extranjero. La segunda hace lo propio, pero con corrección metodológica: limita la consideración de ese elemento extranjero (a posteriori de su aplicación) pero basada en principios básicos de nuestra moral, cultura y ordenamiento jurídico[41].

3.3.3.- En una cuarta corriente y un verdadero leading case, la Sala A del fuero estableció que, en materia de jurisdicción y en casos relacionados con consumidores, es nula la cláusula que establece la competencia de jueces diferentes de los del domicilio del consumidor[42] si

3.3.3.1. existe desequilibrio entre las partes, respecto de a qué tribunales pueden ocurrir,

3.3.3.2. si se viola la garantía de igualdad del artículo 16 de la Carta Magna, y

3.3.3.3. si no se tuteló a la parte débil.

3.3.3.4. Todo esto impone expurgar la cláusula de pacto de jurisdicción declarando su invalidez, de acuerdo con el artículo 37 de la ley 24.240; refiere a la violación del orden público (internacional) argentino. Concluye que no es válido el pacto de jurisdicción en contratos relacionados con consumidores por ser violatorio del orden público (internacional) argentino. Este fallo fue objeto de recurso de queja ante la CSJN por arbitrariedad; su tratamiento fue desestimado in limine[43], lo que permite intuir cierta anuencia del Supremo Tribunal a su contenido o, al menos, que sus fundamentos eran razonables para el Supremo Tribunal.

IV. Criterios atributivos de jurisdicción en materia de consumidores [arriba] –

4.1. El fallo

4.1.1. Mencionamos (supra, 2.4.2 y 2.4.3) que el fallo dice aplicar la norma de los arts. 1215/16 e interpretar lugar de cumplimiento como cualquier lugar de cumplimiento, pero limitar ese “cualquier lugar” al lugar de cumplimiento de la prestación reclamada en juicio. Este razonamiento es inválido por autocontradictorio. Luego, el mismo fallo concluye, en un razonamiento falaz non sequitur, que se debe abrir jurisdicción en caso de que se litigue ante el juez de la nacionalidad del consumidor o del banco, o bien que el asiento del tribunal coincida con el lugar de la inversión.

4.1.2. El criterio atributivo “nacionalidad” es ajeno a nuestro sistema jurídico, en el cual las normas dan jurisdicción al lugar del domicilio. En nuestro sistema de DIPr la nacionalidad (incluso del consumidor) es irrelevante[44].

4.1.3. El concepto mismo de nacionalidad de las sociedades, sean o no bancos, es repulsivo a nuestro sistema de DIPr y DIPúblico. En nuestro derecho las sociedades no son ni nacionales ni extranjeras[45], salvo para contadísimas cuestiones, específicamente legisladas[46] y de derecho administrativo. En el DIPr se habla de lugar de constitución las sociedades y sociedades constituidas en el extranjero y no de nacionalidad de las sociedades.

4.1.4. El criterio de abrir jurisdicción cuando el lugar de realización de las inversiones sea en el país resulta acertado, ya que es incuestionable que es un lugar de cumplimiento (cfr. Boggiano y Exportadora Buenos Aires) del contrato de mandato de inversiones o la realización de la actividad bancaria en cualquier contrato bancario. Se hacen dos objeciones:

4.1.4.1. Las inversiones se habrían realizado en EEUU o en Inglaterra, lo que no habilita a abrir jurisdicción en Argentina.

4.1.4.2. El fallo dice circunscribirse a la doctrina del fallo “Vicente Giorgi”, el cual remite en realidad a “Espósito”, que contempla la teoría de Goldschmidt del lugar de cumplimiento de la prestación reclamada en juicio[47]. O sea, la teoría contraria.

4.2. “Exportadora Buenos Aires” y “Volpi c/UBS”

4.2.1. La CSJN en el leading case “Exportadora Buenos Aires[48]” estableció que hay dos criterios atributivos de jurisdicción a elección del actor: “domicilio del demandado” y “lugar de cumplimiento”. El segundo de ellos se califica como cualquier lugar de cumplimiento de cualquiera de las prestaciones.

4.2.1.1. En la jurisprudencia del máximo tribunal, que ya es bastante generosa con la letra de la ley, no están comprendidos los criterios atributivos: (i) domicilio del actor aunque éste sea consumidor[49] (que es lo que habría querido decir el tribunal con “consumidor argentino”) ni (ii) cualquier acto realizado en la Argentina (doing business jurisdiction) sino el lugar de cumplimiento de las prestaciones a cargo de cualquiera de las partes en Argentina. Se hace la siguiente salvedad: que se hubiera demostrado el cumplimiento de alguna prestación en Argentina[50]. Según la doctrina de la CSJN en el leading case “Exportadora Buenos Aires” no habría jurisdicción internacional en el caso.

4.2.1.2.- En contra de su propia letra (supra 4.1.4.2), el fallo comentado parecería haber querido recoger pretorianamente el primer criterio (domicilio del actor consumidor), aunque sin asidero normativo o en los antecedentes jurisprudenciales, como se ha demostrado. Si se ha de transitar el agregado de criterios atributivos no legislados, se puede echar mano, con más pureza metodológica y de lege lata, al interés estatal superior para unir el país en dónde se ejerce el poder de policía administrativo con la jurisdicción civil (solución socialmente valiosa).

4.2.2.- Luego de declarar la nulidad de la cláusula, en “Volpi c. UBS” se analizan los criterios atributivos subsidiarios a la autonomía de la voluntad prohibida y se recoge pretorianamente un criterio muy similar a cualquier acto realizado en la Argentina (doing business jurisdiction), aunque nuevamente sin asidero normativo. Se tomó como punto de partida un contrato con conexión causal demostrada, pero no el contrato cuyo incumplimiento se está demandando.

4.2.3. La Sala B debió recurrir a este expediente porque sabía que no se podía recurrir al domicilio del actor aunque fuese consumidor, porque no es un punto de conexión válido en el DIPr de fuente interna argentino. El criterio de la Sala B, si bien no está receptado en la legislación positiva es esencialmente justo, razonable y no exorbitante[51].

4.2.4. No se considera que se pueda predicar la misma razonabilidad del punto de conexión domicilio del consumidor cuando ninguna de las prestaciones se hubiera realizado en él. Piénsese en el caso de un consumidor argentino, con domicilio en Argentina, de paso por el Uruguay, que contrata un servicio de un banco suizo. ¿Qué proximidad con el foro argentino se podría encontrar?

4.2.5. Resulta inadmisible el criterio atributivo nacionalidad del consumidor. Baste para sostener esta afirmación decir que las chances de reconocimiento de una sentencia extranjera (jurisdicción indirecta), dictada por un juez que se hubiese declarado competente en razón de la nacionalidad del consumidor, serían nimias para un juez argentino que debiera evaluar su reconocimiento y éste no se reconocería en nuestros estrados[52].

4.3. Otros criterios atributivos en materia de consumidores (de lege lata).

4.3.1. Lex loci delicti de las violaciones a las normas de policía y penales administrativas

4.3.1.1. Los hechos del fallo que se comenta se diferencian de los otros antecedentes en materia de consumidores de la Cámara Nacional en lo Comercial:

4.3.1.1.1. En “Volpi c/UBS” se menciona la existencia de algún contrato relacionado con servicios bancarios, con lugar de cumplimiento en Argentina; si bien en el caso de marras se lo puede adivinar por la mecánica habitual de estas operaciones, el fallo no trae datos al respecto. Si los actores estaban representados por una asociación de defensa de consumidores constituida en Argentina, se podría intuir que sus domicilios están en el país. Este hecho sugiere una alta probabilidad de que, por lo menos, el lugar de pago del precio del servicio bancario de “apertura de cuenta y de un depósito” (cfr. consid. 4.a, párr. 3) hubiera sido la Argentina (NO se trata del precio del contrato bancario de manda de inversión y depósito, sino el pago del precio de la parte de la operación realizada en Argentina). El lugar de pago de este precio es, a su vez, un lugar de cumplimiento, y habría abierto jurisdicción en Argentina.

4.3.1.1.2. En “Consumidores Financieros c/Banco Santander[53]” el juez tiene por cierta la existencia de captación de inversiones en Argentina como una de las prestaciones del contrato o relacionada con él. En el fallo de marras la demandada se defiende de esta acusación de captación de fondos en Argentina diciendo que no está relacionada con el contrato cuyo incumplimiento se achaca, pero al tribunal no le parece esto relevante al sentenciar.

4.3.1.2. No se dispone del texto de la demanda, pero se podría señalar que, si se hubiera demandado por la nulidad de contratos con causa en el hecho cuasidelictivo de los representantes o intermediarios locales por las actividades en contravención a normas administrativas de orden público, se aplicarían las normas de DIPr en materia de responsabilidad extracontractual y no las normas contractuales. Si se basa la acción en el ilícito realizado por el intermediario en argentina (lex loci delicti), la jurisdicción sería clara.

4.3.1.3. Entendemos que el tema puede plantearse desde dos vertientes con igual resultado:

4.3.1.3.1. El planteo de mala praxis de la asociación actora debería ser extracontractual y seguir las normas de jurisdicción de la materia. El fallo apunta en estas direcciones[54], pero luego cambia el objetivo y resuelve sin tener esto en cuenta.

4.3.1.3.2. Si hubo ventas en Argentina, los representantes que actuaron en el país llevaron adelante actividades prohibidas de captación e intermediación de ahorros, para las que no estaban capacitados, habilitados o preparados, sin tener en cuenta el daño que esa negligencia en su falta de profesionalidad iba a ocasionar. Así, el banco principal o la inversora responde de haber elegido a esos personajes para que la representen en Argentina (cfr. arts. 43 y 1113 CC[55]). Existiendo la posibilidad de demandar a uno solo de ellos en Argentina, se puede citar a todos por existir un litisconsorcio pasivo necesario (cfr. art. 5.5 CPCCN).

4.3.1.3. Demandándose la nulidad del contrato por hechos cuasidelictivos y de violación del orden público internacional, el caso no es una mera cuestión contractual sino que se está analizando la responsabilidad extracontractual o aquiliana y, por lo tanto, el criterio atributivo debe ser el del lugar de comisión de los delitos civiles, o loci delicti, o lugar de la violación de las normas administrativas.

4.3.1.4. No existe una norma positiva expresa en el Cód. Civ., aunque podría localizarse el tema en el art. 8 CC, como lo hacen pacíficamente (¿qué quiere decir el adjetivo?) la doctrina y jurisprudencia[56]. Si se quisiera recurrir por analogía a las normas de competencia interna –lo cual no sería metodológicamente tan correcto- podríamos aplicar el art. 5.4 C.P.C.C.N., que establece el loci delicti como alternativa al domicilio del demandado.

4.3.1.5. De este modo, las violaciones a las normas de policía administrativa en materia de consumidores dan como resultado la competencia del juez argentino, de acuerdo con su propio sistema legal positivo y sin necesidad de recurrir a criterio pretorianos de difícil explicación al juez suizo al momento del análisis de la jurisdicción indirecta al momento de la ejecución de la sentencia (exequatur) en Suiza (se debe recordar que la demandada acusa no tener bienes en el país[57]).

4.3.2. Interés estatal superior

4.3.2.1. Interés estatal superior 1206 Cód. Civ. y su nota in fine

4.3.2.1.1. En el fallo “Consumidores Financieros c/Banco Santander[58]” se sostuvo que los contratos violaban normas del ordenamiento administrativo argentino de captación de ahorro e inversión. En el fallo que se comenta, el demandado se defiende de eso: todo indicaría que se intentó el mismo argumento en la demanda -mismo actor- y que no fue sintetizado por la relatoría de la Sala F y, así, no fue visto por la Sala al fallar. De los hechos del caso se intuye la captación de ahorro no autorizada y la labor de intermediarios en el país, de otro modo no se podrían haber llevado adelante las operaciones.

4.3.2.1.2. Si se captó ahorro o se intermedió para ello en Argentina sin autorización del BCRA se hace patente la aplicación del art. 1206 del Cód. Civ., que establece que los contratos “(…) cuyo reconocimiento en la República resultase injurioso a los derechos, intereses o conveniencias del Estado o de sus habitantes (…)” se encuentran excluidos de la aplicación de la normativa extranjera y de la autoridad de los jueces extranjeros (cfr. Doctrina, art. 1205 Cód. Civ., remitido por el art. 1206).

4.3.2.1.3. La nota de Velez Sarsfield va un poco más lejos y sostiene: “(…) cada pueblo independiente debe juzgar por sí mismo hasta dónde la urbanidad y consideración debida a otros pueblos le permiten dar ejecución a las leyes de un país extranjero. Ciertamente la limitación más justa es: que el reconocimiento de la autoridad de esas leyes no sea perjudicial para la Nación, o los habitantes de ella.”

4.3.2.1.4. Cuando Vélez habla de “dar ejecución a las leyes”, no puede estar hablando de otra cosa que de la jurisdicción internacional y de la aplicación del mismo criterio atributivo de jurisdicción internacional que se aplica como punto de conexión para la ley aplicable para el caso de violación de normas administrativas en la Argentina, negando la aplicación de la ley extranjera y la competencia de los tribunales foráneos.

4.3.2.1.5. Y es que un Estado que asuma una materia como de su competencia exclusiva en materia legislativa y que NO declare asimismo la competencia judicial exclusiva o es hipócrita o es estúpido. Lo primero, porque tiene valores diferentes y contrapuestos; lo segundo, porque le manda al juez extranjero dejar de aplicar su norma y aplicar la norma argentina, o sea, lo obliga a actuar en contra de la propia legislación del juez extranjero pero por imperio de la ley argentina, que es para ese otro juez la de un Estado que no tiene soberanía allí donde reclama la aplicación exclusiva de su ley[59].

4.3.2.1.6. Si se considera que la materia de consumidores no es “exclusivamente patrimonial”[60], por existir, mediante el derecho administrativo, un interés estatal superior[61], es fácil determinar que existe una conexión directa entre el caso internacional y los jueces del lugar donde existe ese interés administrativo, aun cuando los criterios atributivos no señalen la competencia del juez civil argentino. Todo esto sin que se deba entender que la jurisdicción nace de la aplicación de la ley, como sostiene la teoría del paralelismo[62].

4.3.2.1.7. Si el reclamo civil está relacionado con la infracción de normas de orden público administrativo (Resolución 53/2003, Anexo, punto E.I. de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, o las normas de captación e intermediación en la captación del ahorro de los habitantes de Argentina), el interés del Estado es tan grande que hace gravitar, incluso por cuestiones de eficiencia, el juicio privado hasta sus tribunales civiles.

4.3.2.1.8. Es preferible que sea el juez civil del Estado con competencia administrativa sobre la causa fuente administrativa el que entienda en ambos temas, sin perjuicio de la posterior división de competencia interna material y territorial. Esta es una aplicación práctica del principio anglosajón del proper law of the tort y de la teoría del acto jurídico bifronte del Dr. Butty[63].

4.3.2.1.9. Concluimos que cuando hay un interés Estatal superior, como en el caso de la aplicación de normas administrativas de orden público, corresponde la jurisdicción civil del país en el cual esas normas fueron violadas y en donde se llevará a cabo la investigación administrativa correspondiente, ello con asiento positivo en el art. 1206 CC y la nota clarificadora de Vélez Sarsfield.

V. Conclusiones [arriba] –

5.1- De lege ferenda

5.1.1. Se impone una pronta actividad legislativa del Congreso Federal, que prohíba los pactos de jurisdicción internacional en materia de consumidores.

5.1.2. Es preciso que se reconozca legislativamente en el DIPr de fuente interna la competencia internacional de los tribunales del domicilio del consumidor.

5.2. Valoración del fallo «Consumidores Financieros c/Credit Suisse»

5.2.1. El resultado final es justo y tuitivo de los consumidores, pero la elección metodológica y el análisis del criterio atributivo de jurisdicción a los tribunales locales (nacionalidad del consumidor[64]) están reñidos con el sistema de legislación positiva argentina aplicable, donde siempre se usa el domicilio y no la nacionalidad del demandado.

5.2.2. Es arbitrario fallar que una cláusula de un contrato es arbitraria, ambigua y unilateral y, al mismo tiempo, desconocer su existencia (era aquí de aplicación el art. 2 CPCCN). Resulta dogmático sostener que las cláusulas de pacto de jurisdicción ante litem natam son disvaliosas per se y sin distingos. Es más acertado reconocer que el art. 1 C.P.C.C.N. no se aplica a las relaciones entre consumidores, por no ser materia exclusivamente patrimonial y que, por tanto, no está permitido el pacto de jurisdicción.

5.2.3. No existe ningún sustento en las tres dimensiones del derecho (normológica, sociológica o dikelógica) para la creación pretoriana del criterio atributivo “nacionalidad del consumidor”. Este criterio resulta repulsivo de todo el ordenamiento de DIPr argentino.

5.2.4. Acudir al criterio del lugar de cumplimiento de la prestación de algún contrato conexo y a la doctrina de la Sala B en “Volpi c UBS” hubiera sido una solución razonable para el caso; los hechos, en lo que a jurisdicción internacional se refiere, eran suficientemente análogos.

5.2.5. Era metodológicamente mucho más preciso acudir a las normas sobre jurisdicción en materia extracontractual, por la mala praxis o la captación de ahorro no autorizada por los intermediarios por los que la demandada debía responder (cfr. art. 1113 Cód. Civ.). El lugar de violación de las normas administrativas o de realización de la mala praxis en Argentina abre la jurisdicción del juez local (cfr. art. 8 CC o art. 5.4 CPCCN por analogía).

5.2.6. Si hubo captación de ahorro no autorizada se violó una norma de policía argentina o penal administrativa: los contratos hechos en el extranjero para violar normas locales son nulos (cfr. art. 1206 Cód. Civ.) y se encuentran excluidos de los jueces extranjeros (cfr. doct. art. 1205 Cód. Civ.).

5.2.7. Hoy existe un criterio diferente en cada una de las salas de la Cámara Nacional Comercial (B, E y F) que se abocaron al tema, pero todas coinciden en que la declaración de ineficacia del pacto de jurisdicción implicaría per se la apertura de la jurisdicción de los jueces locales, en contra del derecho internacional privado argentino positivo. Concluimos que existe un divorcio entre las dimensiones normológica y sociológica del Derecho.

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[1] Cfr. PAIVA, RM, “Jurisdicción internacional en contratos entre consumidores y bancos”, en Temas Actuales de Derecho Comercial, Homenaje al Dr. Enrique Manuel Butty, IJ Editores, Buenos Aires, 2011, p. 411. Disponible en formato digital en http://www.paiva-balatti.com.ar/Paiva-Volpi-UBS-jur-int-consumidores.pdf
[2] Cfr. CNCom, sala E, 27/12/2011, “Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c. Banco Santander S.A. s/sumarísimo”, LA LEY 12/04/2012, 6, LA LEY 23/04/2012 , 5, con nota de Liliana Etel Rapallini; Luciana Beatriz Scotti, Cita Online: AR/JUR/93654/2011; remitimos al lector a los comentarios del fallo para la evaluación de su valía científica y utilidad práctica.
[3] Cfr. Silberman, L.J., «Comparative Jurisdiction in the Internatioanl Context: ‘Will the Proposed Hague Judgements Convention be Stalled?'», De Paul Law Review, vol. 52, 2002, pág. 331, citado por DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, «Pluralidad de jurisdicciones y unificación de las reglas de competencia: una visión trasatlántica», en Revista española de derecho internacional, Vol LVIII, 2006 (1), pág. 51.
[4] CSJN. 20/10/98 “EXPORTADORA BUENOS AIRES Sociedad Anónima c. Holiday Inn’s Worldwide Inc.”, en LL 2000-A, pp. 403-426.
[5] Cfr. cons. 4.a, 3º párr.
[6] Cfr. cons. 4º en el cual el tribunal sólo se pregunta si el caso encuadra en la ley 24240, sin preguntarse si es o no esa ley la llamada a decidir si estamos o no frente a un consumidor o parte débil; ignora que el art. 120 de la misma ley suiza de diciembre de 1987 que cita en el considerando 4.a párr. 8 establece un criterio diferente –y más restrictivo- para calificar quién es o no consumidor: “(…) Contracts relating to the provision of ordinary goods and services intended for the personal or family use of the consumer and which are not associated with the professional or commercial activities of the consumer (…)”; cfr. Switzerland’s Federal Code on Private International Law (CPIL) of December 18, 1987. “Contratos relativos a la provisión de bienes y servicios que habitualmente se utilizan para el uso familiar del consumidor y que no estén asociados con el la actividad profesional o comercial de éste” (la traducción es mía).
[7] Cfr. cons. 4.a últ. párr.
[8] Cfr. cons. 4.b párr. 5 y 6; en contra del art. 1212 CC: “(…) El lugar de cumplimiento de los contratos que en ellos no estuviese designado (…)”; Cfr. BOGGIANO, A, Curso de Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994, Capítulo XIX, B 1 a, pág. 586, que parecería ser lo contrario de lo sostenido en los arts. 34, Tratado de Derecho Civil, Montevideo 1890, y 38, Tratado de Derecho Civil, Montevideo 1940, donde NO se menciona el “lugar designado en el contrato” como en el DIPr de fuente interna. En Montevideo, la autonomía de la voluntad no tendría virtualidad respecto del lugar de cumplimiento, el cual no podría ser designado por las partes sino que sólo debería ser determinado por el juez analizando las prestaciones del contrato.
[9] Cfr. cons. 4.b párr. 7: “cliente argentino” y no “cliente domiciliado en Argentina”; “banco suizo” (entendemos que es un error de pluma y que no se está recibiendo la teoría de la nacionalidad de las sociedades) y no banco “domiciliado” o “constituido” en Suiza; “fondos ingleses/americanos” y no fondos invertidos, vgr., en la Bolsa de Nueva York, EEUU. La captación en Argentina la tomamos del cons. 2.b pto. c: argumento importantísimo del “Interés estatal superior” en contra de la demandada, dado por esta misma y no utilizado en el fallo; cfr. PAIVA, RM, idem nota 1.
[10] No pudimos determinar si la actora habló de “ciudadanos” o “personas domiciliadas en Argentina”.
[11] Cfr. cons. 4.b párr. 4.
[12] Cfr. cons. 4.a párr. 6
[13] Cfr. cons. 4.a últ. párr.
[14] Cfr. cons. 4.a párr 7.
[15] Cfr. cons. 4.a párr. 8.
[16] Cfr. cons. 4.a párr. 8.
[17] Cfr. cons. 4.a últ. párr. Esta doctrina, que el fallo atribuye a Werner Goldschmidt (Berlín, 1910 – † Buenos Aires, 1987), quien excepcionalmente habría comentado una convención de 1994; al parecer, luego de 7 años del paso a la inmortalidad del genial jurista. En contra de lo atribuido a Goldschmidt, podemos citar a GOLDSCHMIDT, W, Derecho Internacional Privado, Derecho de la Tolerancia, 8va edición, Depalma, 1997, #183, pág. 201 quien concluye que la autonomía de la voluntad es dikelógicamente aceptable y valiosa. El pensamiento del fallo coincide con la doctrina chauvinista de la CSJN de la ”década infame” de la historia argentina: ver «Compte c. Ibarra» (CSJN, 16/11/1936, Fallos 176:218 y JA 56-356; en este pronunciamiento se citan fallos más antiguos aún: 9:486, 149:210, 146:49 y 66:222) en la que se sostenía que permitir el pacto de tribunales extranjeros implicaba una renuncia a la soberanía nacional y a las facultades indelegables del Congreso Federal y de los Tribunales Federales; todo era una cuestión de orden público (cfr. arts. 67 inc. 12, 28 y 100 de la Constitución Nacional (CN), texto de 1854; se señalaba en dicho fallo que, por ser los argentinos necesariamente la parte débil, se los debe proteger del menosprecio o desconfianza por las leyes nacionales que tienen, mayormente, los extranjeros, cosa que disimulan mal (Cons. 8º).
[18] Cfr. cons. 4.b párr 1.
[19] Entre las nociones de normas indirectas de derecho aplicable –puntos de conexión- y directas de jurisdicción internacional –criterio atributivo-.
[20] Cfr. cons. 4.b párr. 6. En línea con la CSJN, idem nota 4.
[21] El fallo cita CNCom, Sala E, 30/09/98, “Vicente Giorgi c AT Cross Company”, pero en realidad este fallo no trae nada nuevo sino que remite a la doctrina más vieja del leading case CNCom, Sala E, 10/10/85, “Espósito e hijos, S. R. L., Antonio c. Jocqueviel de Vieu”, La Ley 1986-D, p. 49, con nota de Werner Goldschmidt. En este comentario se exponía la doctrina de que los jueces argentinos sólo tienen jurisdicción cuando se cumple en el país la prestación reclamada en juicio; contraria a Boggiano (luego plasmado en “Exportadora Buenos Aires” 7 años más tarde por la CSJN). Tal vez, la cita de cita de cita sin verificar la fuente primigenia lleva a las confusiones con el tema de la prestación más característica que sólo se predica respecto de la ley aplicable.
[22] Cfr. cons. 4.b últ. parr.
[23] Cfr. cons. 4.a párr. 8.
[24] Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, CIDIP-II, Montevideo, 6 de mayo de 1979, 01/12/1983, aprobado por Ley 22921.
[25] Cfr. la excelente explicación metodológica del Dr. SOTO, MA, Derecho Internacional Privado. La importación del derecho extranjero, Universidad del Salvador, Buenos Aires – Madrid, 2001, p. 34 y ss.
[26] Cfr. cons. 4.b párr. 1.
[27] Cfr. FEUILLADE, MC, Competencia internacional civil y comercial, Elementos judiciales en el proceso internacional, Editorial Ábaco de Rodolfo de Palma, Buenos Aires, 2004, pág. 117.
[28] Todas las normas de jurisdicción dicen, en unos u otros términos, “será competente el juez x”. Esto es una solución del caso y no una remisión como en “se aplicará el derecho del país x”, en el cual se tiene que ver cuál es la solución allí proporcionada. En las normas de jurisdicción lo único que le debería importar al juez es si alguno de los criterios atributivos le otorga jurisdicción a él (siéndole indiferentes los que se la quitan) y si algún criterio manda que la competencia de otro juez es irrelevante (que no la otorgan realmente porque el juez del otro Estado, competente por las normas del primer juez, no verá las normas del primer juez sino las propias).
[29] Cfr. RADZYMINSKI, AP, “Las cláusulas de elección de foro insertas en contratos internacionales”, El Derecho t. 150, p. 309.
[30] Cfr. CSJN idem nota 17, CNCom, Sala C, 15/3/91, ED 150:307 y CNCom, Sala A, 22/06/05, “Volpi, María C. c. UBS AG (ex Unión de Bancos Suizos)”, http://fallos.diprargentina.com/2007/03/volpi-c-ubs.html , también en SJA 12/10/05 y en JA 2005-IV, 784.
[31] La referencia al art. 1197 CC es metodológicamente inaceptable: (a) no es una norma de DIPr; (b) en todo caso, sería una norma de ley aplicable y no de jurisdicción; (c) existe una diferencia ontológica inmensa entre reconocer la autonomía de la voluntad dentro de un ordenamiento jurídico y reconocer la facultad de elegir ordenamientos jurídicos y su exclusión completa. (no se entiende la conexión lógica de las últimas cuatro palabras)
[32] Existen varias normas de fuente internacional (tratados) pero ninguno que vincule a la Argentina con Suiza en esta materia.
[33] Con anterioridad a la redacción actual del art. 1 CPCC ya la CSJN tenía determinado que, como no existía ninguna norma que se opusiese, se podía pactar la jurisdicción, siempre y cuando no se opusiera a ninguna “ley de la República”, a las “leyes de la Nación”, u otras expresiones análogas: cfr. CSJN Fallos 25:235; 48:492; 138:62.
[34] Cfr. CNCiv. y Com. Fed., sala III, 22/11/05, “Overseas Union Insurance Limited y otros c. Caja Nacional de Ahorro y Seguro en liquidación” en http://fallos.diprargentina.com/2007/09/overseas-union-insurance-limited-c-caja.html
[35] Cfr. CNCom., sala E, 10/10/93, “Inta S.A. c. MCS Officina Meccanica S.P.A. s. ordinario” en http://fallos.diprargentina.com/2007/03/inta-sa-c-mcs-officina-meccanica-spa.html y en ED 157, 129/137.
[36] Cfr. Paiva, RM, idem nota 1. En el caso es el argumento de la demandada, usado en su contra, el de que se le endilga un accionar natijurídico en Argentina por la captación de fondos sin autorización del BCRA.
[37] Cfr. FERNÁNDEZ ARROYO, D, “Capítulo 3. Aspectos generales del sector jurisdicción internacional”, en FERNANDEZ ARROYO, D (Coordinador), Derecho internacional privado de los estados del MERCOSUR, Buenos Aires, Zavalía, 2003, pág. 161.
[38] El orden público administrativo, como conjunto de normas imperativas e inderogables que sujetan el accionar de la administración en sus relaciones con los administrados; en el caso está relacionado con el poder de policía de Estado Argentino para limitar el accionar comercial en su territorio.
[39] El Anexo a la Resolución sustituido por el art. 2° de la Resolución N° 26/2003 de la Secretaría de Coordinación Técnica (B.O. 14/8/2003) establece que “Son consideradas abusivas las cláusulas que: e) (…)I. Se disponga que las acciones judiciales puedan entablarse en jurisdicción distinta del lugar del domicilio del consumidor al tiempo de la celebración del contrato (…)”.
[40] Cfr. Paiva, R.M., idem nota 1.
[41] La definición del OPI es un tema complejo y anfibológico que desveló a las mentes más despiertas y confundió a las que no lo eran tanto. Se sigue aquí el criterio a posteriori y de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. CIDIP-II. Montevideo, 6 de mayo de 1979.
[42] Cfr. CNCom, Sala A, idem nota 20.
[43] Cfr. CSJN V. 148. XLII., 30/11/06, «Volpi, María Celia c/ Unión de Bancos Suizos -recurso de hecho-» publicado en http://fallos.diprargentina.com/2010/09/volpi-c-ubs-csjn.html
[44] Sin pretensión de ser exhaustivo y a mero título de curiosidad, se señala que la única referencia a la nacionalidad en todo el DIPr argentino de fuente interna e internacional que se conoce es en materia de jurisdicción indirecta (reconocimiento de sentencias, por sinécdoque llamado exequatur), en el art. 22.2.h de la Convención de asistencia judicial y de reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil entre la Republica Argentina y la Republica Italiana (ley 23.720).
[45] Doctrina Irigoyen, enunciada en 1876 y sostenida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país; cfr. p. ej. VILLEGAS, CG, “Tratado de las Sociedades”, Editorial Jurídica Chile, 1era edición, 1995, p. 209/10 y 216/7, http://books.google.com.ar/books?id=kvGVAzmE440C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.
[46] Cfr. p. ej. ROVIRA, A, “Sociedades Extranjeras”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1985, pág. 85/86.
[47] Cfr. CNCom, Sala E, idem nota 20.
[48] “(…) cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales en la República justifica la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos (…)”
[49] Como sí lo está en el Protocolo de Buenos Aires, art. 7.c, si demuestra haber cumplido con su prestación.
[50] Se debe referir a lo dicho más abajo (infra 4.3.1.1) respecto de que es altamente probable que una parte, aunque sea ínfima, del servicio bancario hubiera sido prestada en Argentina.
[51] Se considera que no existe justificación cuando la atracción del foro no cumple con el índice de proximidad y se realiza en menoscabo del equilibrio entre las partes, favoreciendo a una de ellas, que es la vinculada con el foro; cuando el criterio es meramente tangencial o accidental, cfr. FERNÁNDEZ ARROYO, D, idem nota 35. Lo que se intentó fue recomponer el desequilibrio original al vincular el caso con el foro, lo que no puede entenderse como exorbitante, máxime cuando se ha hecho sin tintes nacionalistas, como en otros fallos, sino con una función tuitiva de la parte débil.
[52] V. gr. por aplicación del art. 517.1 CPCCN.
[53] Cfr. idem nota 2.
[54] Cfr. cons. 4.b párr. 1.
[55] Esto se rige por ley argentina, ya que el lugar de cumplimiento (cfr. arts. 1209/1210 CC) de la manda y consecución de negocios (prestación más característica) de los bancos o fondos de inversión a sus representantes locales se da en el país. Asimismo, el lugar donde se comete el delito civil, penal o penal administrativo (lex loci delicti, cfr. doctrina art. 8 CC) también es la Argentina.
[56] Cfr. Goldschmidt, Werner, Derecho Internacional Privado. Derecho de la tolerancia, Buenos Aires, 8ª edición, Depalma, 1997.
[57] Cfr. Cons. B. 2do párr. punto b
[58] Cfr. idem nota 2
[59] Cfr. Albornoz, MM, “El debilitamiento de las normas internacionalmente imperativas en el arbitraje comercial internacional”; Ponencia realizada en el XXIII Congreso Argentino de Derecho Internacional, Santa Fé, 10/11/11, pág. 5.
[60] Cfr. Kessejian, C., “Mandatory Rules on Law in International Arbitration: What are Mandatory Rules?” American Review of international Arbitration, vol. 18, 2007, p. 149.
[61] Cfr. «cuestión particularmente sensible», en FERNÁNDEZ ARROYO, D. idem nota 35, pág. 161.
[62] V.gr. Tratado de Montevideo de 1940, Derecho Civil, art. 56: el método es que el juez debe determinar la ley aplicable y luego, y sólo luego, declararse competente si va a aplicar su propio derecho de fondo.
[63] Cfr. WALD, A y BUTTY, EM, «Aspectos peculiares del Derecho Bancario. Régimen jurídico de los actos Bifrontes.», inédito, obtenido por gentileza del segundo.
[64] Cfr. especialmente el cons. 4.b, párr. 5: “(…) el actor, (…) relaciones multinacionales – gr. cliente argentino, banco suizo, fondos ingleses/americanos- puede optar entre los tribunales de todos las países en los que se llevó a cabo alguna de las prestaciones.- Siguiendo tales directivas estímase que los tribunales nacionales tienen competencia (…)”

Comentario al fallo Consumidores Financieros Asociación Civil p/su Defensa c/Credit Suisse s/Ordinario

Por Roberto Martín Paiva

(Revista Argentina de Derecho Comercial y de los Negocios
Cita: IJ-LXVI-216)

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