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Santa Fe: Primer paso en defensa de los consumidores y usuarios: código de consumidor, ludopatía, autopista Santa Fe – Rosario

La Cámara de Diputados aprobó -por unanimidad- y giró al Senado un Código del Consumidor y del Usuario, intentando poner a los habitantes de la provincia en sintonía con otras y con normas nacionales dictadas a partir de 1993. También votó una norma tendiente a prevenir la ludopatía, dándoles cobertura social a quienes se vean afectados por esta adicción al juego, especialmente en los casinos.

20/08/2010 Fuente: El Litoral

Ambos temas fueron respaldados tras llegar al recinto con los respectivos despachos de comisiones y con fundamentos de los autores expresados en el marco de una sesión semanal que se dividió en dos partes. En los primeros 90 minutos, el cuerpo dio ingreso a los temas de la semana y votó una serie de proyectos tras el paso de comisiones y unos pocos sobre tablas. En los 90 minutos restantes, fue el tiempo de las manifestaciones, en que el justicialismo -de igual manera que en la misma jornada lo hizo en el Senado (ver pág. 5)- volvió a embestir fuertemente contra la concesión directa de la autopista Santa Fe-Rosario a la unión de empresas formada por Supercemento SA-Edeca SA, especialmente a través del kirchnerista Luis Rubeo, quien repitió, en el recinto, las afirmaciones realizadas por la mañana en conferencia de prensa sobre un expediente armado después de haberse firmado el contrato. La réplica del socialista Raúl Lamberto cuestionando parte de los aspectos de la observación legal del Tribunal de Cuentas no hizo más que generar réplicas, ya no sólo de Rubeo, sino de sus pares Silvina Frana y Mario Lacava, este último afirmando que hay un ilícito penal en el acto administrativo.

Lamberto aseguró, en su ponencia, que “no habrá prórroga en el contrato” realizado con las dos empresas (180 días), para acotar que, “si el Estado tiene que asumir la concesión, no será por la transición”.

Años de atraso

En cuanto a temas legislativos, se destacó la media sanción al Código del Consumidor y del Usuario donde se fusionaron tres proyectos. El radical Hugo Marcucci propuso la figura del Código y los socialistas Lamberto e Inés Bertero habían presentado sendas iniciativas, creando Tribunales Arbitrales del Consumidor y de adhesión a la ley nacional 24.240, que regula la defensa de los derechos del consumidor y del usuario.

En los hechos, se giró al Senado un texto de 93 artículos que parte de adherir a esa norma nacional y deja en manos de la Dirección Provincial de Comercio Interior el deber de crear y adoptar políticas de protección para esos sectores, pudiendo la provincia delegar dicha facultad en los municipios y comunas que así lo acepten. Más adelante, establece el procedimiento administrativo que deberá seguirse ante una presentación, el régimen de sanciones, y legitima a asociaciones de consumidores y al Defensor del Pueblo para actuar judicialmente ante los juzgados de circuito o los civiles y comerciales. También dispone la creación de Tribunales Arbitrales del Consumidor en las cinco circunscripciones judiciales, integrados por tres árbitros, asistidos por un secretario, fijando el procedimiento de actuación. Los últimos títulos refieren a la regulación de las asociaciones de consumidores y usuarios y a la educación para con el sector.

Lamberto explicó que, para darle operatividad a la norma nacional dictada en 1993, cada provincia debe declarar la adhesión, paso que recién ahora empieza a dar Santa Fe, pese a que desde la Oficina del Consumidor de la ciudad de Rosario viene insistiendo con la adhesión desde años varios años.

“Es un paso fundamental para empezar a reconocer derechos al consumidor, al usuario, y para equiparar la relación asimétrica en las partes”, dijo Marcucci, quien también hizo notar el retraso normativo que tiene la provincia en la materia. “Es necesario avanzar en un Código que, al amparo de los designios de la ley nacional, comprenda la gratuidad de la Justicia para las causas de consumidores, tribunales especiales, con procedimientos abreviados, educación, descentralización de las competencias administrativas a los municipios y comunas, campañas de capacitación y difusión de derechos”, resumió. El radical reconoció el aporte y el apoyo por parte de Adelco Santa Fe

“El derecho del consumidor se sustenta en su situación de debilidad y desigualdad frente a los proveedores de bienes y servicios, situación esta que se acrecienta aún más con los fenómenos de la globalización, las técnicas de marketing, la evolución de la publicidad y la potenciación que produce Internet”, añadió.

Hagan juego

Un rato antes, la Cámara había aprobado un proyecto de ley que dispone medidas tendientes a la prevención de la ludopatía y la promoción del juego responsable, iniciativa que fundamentó el radical Leonardo Simoniello, coautor del tema junto a Santiago Mascheroni, Enrique Marín y Oscar Urruty.

En sus artículos, dispone que, en todo espacio publicitario contratado o promovido por la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe, se destine un porcentaje no menor al 10 % a la difusión de las consecuencias perjudiciales de la ludopatía, así como la educación y promoción de la formación de conductas vinculadas al juego responsable.

Otra de las medidas propuestas es la creación de un registro provincial de personas autoexcluidas y garantiza el tratamiento de esta adicción en los efectores sanitarios públicos, así como la obligatoriedad de que obras sociales y empresas de medicina prepaga brinden cobertura asistencial y tratamiento integral a quienes padezcan dicho trastorno.

“La ludopatía, o juego compulsivo, es reconocida como un trastorno mental que empuja a las personas a un abrumador e incontrolable impulso a jugar, que progresa en intensidad y urgencia, y finalmente, invade, socava y a menudo destruye todo lo que es significativo en sus vidas. El Estado, por las prerrogativas propias del Poder de Policía, no puede estar ausente y debe tomar intervención en la problemática. La regulación que se propone no intenta constituir una traba u obstáculo a la industria del juego, sino regular la actividad con un criterio de razonabilidad, atendiendo a que se encuentran en juego intereses trascendentales como la protección de la salud de las personas”, señaló el legislador.

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