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Los peligros que acarrea la tala indiscriminada de bosques nativos

Desmonte desastre

Inundaciones, sequías, migraciones, extinción de especies. La tala indiscriminada de árboles y el imparable monocultivo de soja están causando en el ecosistema argentino consecuencias tan graves como irreversibles. Ante la connivencia de los gobiernos y el lobby de las empresas, las comunidades afectadas comenzaron a organizarse para frenar la catástrofe que año tras año avanza sobre sus pueblos.

Textos Miguel Jorquera y Pablo Icardi

Tercer Sector en Mendoza y Salta

“Allí era”, dice Pedro Villegas y señala un enorme playón de tierra seca en la entrada al pueblo de San José, en el corazón del departamento Lavalle, en el extremo norte de Mendoza. Allí, donde señala Pedro, hay troncos enormes cortados casi al ras del suelo, en el medio hay dos arcos que ayudan a simular una cancha de fútbol. Allí donde hoy hay una cancha de fútbol y un horizonte enorme, antes había un cerrado bosque de algarrobos y un ecosistema alrededor de esa especie. “Esto se taló todo, cuando se acabaron los árboles se fueron y la gente que se acostumbró a trabajar con la leña también se fue”, cuenta Pedro, para quien San José sólo se convirtió en un paseo de fin de semana, pues él y su familia también se mudaron del pueblo. Lo mismo le pasó a alrededor de 10 mil personas que vivían en esa zona.

Los algarrobos son la especie nativa más importante de Mendoza y durante un siglo los bosques fueron comidos por la ciudad. De promedio se talaron 3.300 hectáreas de algarrobo por año, hasta que se agotaron. La extracción se realizó con criterio minero. Es decir, se extirparon los recursos, sin que se planificara la recuperación. Hoy organismos científicos, pobladores y organizaciones de la sociedad civil intentan revertir esa realidad.

La depredación de los algarrobales ocurrió en 3 etapas y aún no pueden recuperarse. Hasta la década del ’50 esa madera fue la base del desarrollo del ferrocarril. Además se usaban para hacer carbón. Luego el crecimiento de la actividad vitivinícola también hizo sufrir al bosque nativo: los algarrobos fueron usados para levantar gran parte de las viñas. Pero eso no fue todo. “Hasta hace muy poco se sacaba leña de manera industrial. Se entregaban autorizaciones que permitían la tala a cambio de la reforestación. Pero nunca nadie reforestó. En 2001 se logró suspender ese mecanismo”, explicó Gerardo Vaquer, director de Medio Ambiente de Lavalle.

Alerta rojo

Mendoza está en alerta rojo. El 72 por ciento del territorio provincial está en alto riesgo de desertificación. Además del norte y del este, la zona de mayor riesgo es el Piedemonte, es decir, el área comprendida entre el llano de la ciudad y la alta montaña.

A Lavalle lo llaman el desierto. Pero en realidad se trata de una zona desertificada. La diferencia está en que el desierto es un tipo de ambiente natural, y el otro, en cambio, es generado por el hombre. A la tala de los bosques se le suma la falta de planificación hídrica, que terminó prácticamente secando el brazo del río Mendoza que llegaba hasta la zona. De esa manera se afectaron también todas las especies que viven alrededor del algarrobo.

“Hay lugares donde directamente se ha calcinado la tierra, no ha quedado ni microflora. Los bosques frondosos de algarrobo desaparecieron por completo, salvo en pequeños reductos. El impacto es tan grande que se ha vuelto invivible el lugar”, explica Diego Bourget, de la Fundación Mendocina para la Protección de la Vida y el Entorno (Funprove), una de las OSC que trabaja para frenar el proceso de desertificación que vive Mendoza. Esa organización lleva adelante un programa de reforestación de los bosques de algarrobo y trabaja en un plan piloto para usar de manera sustentable los recursos que el propio bosque puede dar. La intención es sumar a los pobladores de la zona en la protección de los bosques.

Entre los proyectos que están ejecutando se encuentra el desarrollo de una bebida alcohólica en base al fruto del algarrobo. La idea es que los crianceros de la zona encuentren una alternativa económica a la tala de bosques y a la cría de ganado. “Los pobladores de la zona no son los causantes de los grandes problemas. Lo que hacemos ahora es transferir los conocimientos que logramos con las investigaciones para generar actividades sustentables. Primero enseñamos el valor que tiene el algarrobo para lograr el reimplante, y el segundo paso es conseguir que haya alguna rentabilidad económica sustentable en base al árbol”, asegura el ambientalista.

Dentro del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas también trabajan para la recuperación de las especies nativas. Desde el laboratorio de desertificación promueven un proyecto para cambiar el modelo de producción ganadera y evitar los impactos que el ganado ejerce sobre las especies.

Para perderse dentro del secano lavallino basta con ingresar algunos metros desierto adentro. Allí, entre las dunas y algunos “tocones” de algarrobos talados, está el puesto Los Amigos. La familia González habita el lugar desde hace al menos dos siglos. Vieron la mutación del terreno y están adaptados a vivir en ese ambiente extremo. “No queda mucho por hacer, los chicos se van del lugar porque se ha perdido el agua que antes había, los bosques y los animales”, dice la mujer mayor de la familia.

En emergencia

En los últimos 70 años la Argentina perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos. Cada año se desmontan otras 250 mil hectáreas y las cadenas de las poderosas topadoras D-8 arrasan, mensualmente, un bosque de 200 km2, la misma superficie que toda la Capital Federal. La tala indiscriminada depreda cientos de miles de hectáreas de árboles, de los que dependen la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos. De esa manera, el excesivo desmonte provoca cambios en los regimenes de lluvias que, sin bosques para absorber y frenar el agua, desata el repentino, y cada vez más frecuente, desborde de importantes cuencas hídricas, como las que dejaron sumergidas a la ciudad de Santa Fe y el delta entrerriano, desbarrancaron casas y puentes en la salteña Tartagal, inundaron regiones donde el agua escasea, y hasta amenazan a la propia ciudad de Buenos Aires.

Aunque en 2004 la Argentina fue declarada “en estado de emergencia forestal”, aún duerme en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para regular la tala de bosques, acunado por el lobby sojero y maderero de las provincias. Mientras, desplazados pueblos originarios, pequeños productores y numerosas OSC reclaman su tratamiento en medio de un panorama poco alentador, no sólo para los amantes de la naturaleza sino para nuestra propia supervivencia.

En apenas 4 años, la expansión de la frontera agrícola ganadera le ganó más de 800 mil hectáreas a los bosques nativos. Las zonas más afectadas por esa “pampeanización” de las tierras son el Parque Chaqueño que se extiende por las provincias de Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán; y la Selva Tucumano-Boliviana que abarca vastas regiones de Tucumán, Salta y Jujuy.

Con sólo caminar por la capital de Salta se puede observar hasta dónde llegó el “bum” sojero en la provincia. Las plantaciones crecen en los propios suburbios de la ciudad, a pocos metros de los edificios de viviendas que ampliaron el tejido urbano. Tierra adentro, la expansión de los cultivos sojeros arrasa con miles de hectáreas de bosques nativos por año.

“Es lógico deducir que el desarrollo sustentable no puede ser una temática reducida a lo ambiental o al sistema tecnológico predominante, ni al sistema económico, y, mucho menos, a la sola responsabilidad de los actores económicos”. La afirmación del ingeniero agrónomo Pablo Frére busca poner equilibrio entre quienes insisten en la “necesidad” de impulsar el “desarrollo económico” sin detenerse en las tragedias sociales y ambientales que desata la expansión sojera.

Preocupado por esas consecuencias, Frére fue uno de los impulsores, desde Fundapaz, de unir al amplio abanico de instituciones y OSC que venían bregando individualmente para ponerle freno a la catástrofe ambiental que amenaza a la provincia. Así nació el Foro Salteño por la Tierra, donde se reunieron Fundapaz, Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (Asociana); Aredete (organización de Aguaray); el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Salta; la Universidad Nacional de Salta a través de la Facultad de Humanidades; el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de la Escuela de Agronomía y el Programa Social Agropecuario (PSA).

“Nos han acusado de entorpecer el desarrollo sin tomar en cuenta ninguna de las graves consecuencias inmediatas y a futuro que nos deja esta expansión del monocultivo que arrasa con los bosques nativos”, agrega Chris Van Dam, profesor en Política Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Salta.

No es para menos. La devastación amenaza con desertificar la tierra y eliminar la barrera natural que regula los regimenes de lluvia, una situación que expulsa a los pueblos originarios y pequeños productores de su hábitat y expone a cada vez más grandes y repentinas inundaciones a los pueblos y ciudades que bordean las cuencas hídricas de la región.

“La tala indiscriminada para expandir la frontera agropecuaria avanza sin que exista un orden jurídico que le ponga freno. La deforestación aumenta el recalentamiento global y alimenta el cambio climático que padecemos por la cada vez mayor producción de monóxido de carbono, del que los bosques son sus reservorios naturales. Sin bosques el agua avanzará inexorablemente sobre las grandes urbes”. Éstas son algunas de las conclusiones a las que arribaron todas las organizaciones que trabajaron en la elaboración del proyecto de ley de bosques que aún duerme en el Congreso nacional.

Las catástrofes climáticas en Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa y Chaco son un síntoma claro de la advertencia. Pero la dura experiencia de la nueva inundación que abarcó la ciudad de Santa Fe, la que sumergió los suburbios de la ciudad de Rosario y dejó aislado al delta entrerriano, muestra que el agua avanza casi a las puertas de Buenos Aires, aunque la mayoría de sus habitantes lo ignore.

Reservas de desinterés

Un capítulo aparte merecen los 13.287 kilómetros cuadrados de las Yungas, que en 2002 fueron incorporados a la Red Mundial de Reserva de Biósfera de la Unesco por su “alto interés específico para la región tanto en los aspectos del medio natural como sociocultural”.

Sin embargo, la región está siendo arrasada. Se puede apreciar desde el aire, en un día con pocas nubes desde un vuelo regular de línea entre Salta y Jujuy: decenas de miles de hectáreas arrancadas a las Yungas sembradas con soja, parcelas geométricamente divididas en cuadrados, rectángulos y formas helicoidales donde los cultivos moldean los valles hasta las laderas mismas de las montañas. Allí recién se deja ver la vegetación espesa del bosque que todavía no fue talado.

El departamento de Iruya está dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas, a 330 kilómetros de Salta. Sólo se accede a su principal poblado después de atravesar gran parte de Jujuy y unos 50 kilómetros de camino de ripio y cornisas a 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar. La localidad está habitada por unas 1.500 personas, la mayoría de ellas pertenecientes a una veintena de comunidades coyas.

El pintoresco poblado donde siempre hay sol, porque las nubes atraviesan las montañas a menor altura, está enclavado en la ladera de uno de los cerros que conforman una inmensa quebrada y al borde de una barranca de más de 100 metros de alto que dibuja la curva del río Iruya, que en mayo es apenas un hilo de agua. Pero en la temporada de lluvias, que va de octubre a febrero, Iruya tiembla. “El volcán”, como sus pobladores llaman a la repentina crecida del río que arrastra aludes de piedra y barro, golpea y erosiona la barranca con tal fuerza que el año pasado desmoronó una casa, aunque no hubo allí una cámara para filmar la escena como ocurrió en Tartagal.

Sus pobladores saben y no ocultan las causas que desencadena el fenómeno. “La tala de bosque para el consumo doméstico de leña y el pastoreo de los animales que arranca las raíces que sujetan la tierra, dejan que el agua se venga del cerro sin ninguna barrera”, explica Pedro Cruz, parado sobre la barranca desde donde, con su brazo extendido, sigue la cuenca del río hasta detenerse y señalar los restos de la casa desbarrancada. Pegado a sus escombros de piedras y adobe se multiplican las casas del pueblo.

“No sé cuánto tiempo aguantarán los volcanes”, repite para admitir que su pueblo, en el que viven decenas de comunidades aborígenes, está en peligro. “Del otro lado es peor”, agrega Pedro señalando la montaña. Del otro lado, se expande frondosa la selva de Las Yungas, pero tierras abajo también comienza su depredación. Un tema que hasta ahora no era prioridad del Consejo Indígena Kolla de las Comunidades de Iruya, pero que la crítica situación transformó en una de sus reivindicaciones más acuciantes. El Iruya desemboca en el Río Bermejo, cuyo trazado recorre la Yunga y el bosque chaqueño, donde la deforestación es a escala industrial, provocando terribles inundaciones en Salta, Formosa y el Chaco hasta confluir con el Paraná, aportando un enorme caudal a toda la cuenca que termina en el Río de la Plata.

Desgobierno

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta (Semades) advierte en un informe que el “sobrepastoreo y la deforestación de los cerros produce el deterioro de las cuencas” hídricas y pone en peligro poblaciones rurales, es el propio gobierno provincial el que autoriza la deforestación a gran escala para la expansión del cultivo de soja, que ha ganado la mayoría del territorio salteño.

Como muchas otras provincias, Salta tiene su propia legislación sobre la regulación de bosques y tierras. Diez años después de su sanción, unos de sus principales impulsores, el diputado José Vilariño, se mostró decepcionado con la reglamentación por parte del gobierno salteño. “No se cumple o se recurre a artimañas para evitar la oposición de los ciudadanos en las audiencias públicas que exige la ley”, señaló. “La incorporación de las audiencias públicas, para que quienes se opusieran a los desmontes pudieran expresar sus argumentos, fue una avanzada en la ley provincial, pero con el tiempo se transformó en su propio talón de Aquiles”, concluye. Este tema fue señalado por el Foro Salteño como una de las debilidades sobre la que cabalga el lobby sojero para conseguir las habilitaciones para los desmontes.

Pero éste no es el único cuestionamiento. “Los emprendimientos inferiores a 300 hectáreas no necesitan cumplir con las audiencias públicas. Hemos recibido denuncias de algunos ambientalistas que aseguran que varios desmontes cercanos a Parques nacionales se harían de 300 en 300 hectáreas para esquivar el requisito legal”, señala Frére.

El trabajo conjunto de las OSC logró frenar este año el desmonte, autorizado por el gobierno salteño, de 30 mil hectáreas de las 43.800 que tiene la finca Don Tito, en el departamento San Martín al noroeste de la provincia. “El proyecto muestra la magnitud destructiva del emprendimiento por los volúmenes de extracción de madera del desmonte. Se extraerán 83 mil metros cúbicos de quebracho colorado y blanco, lo que representa siete veces más del promedio anual de desmonte de esta especie en la provincia. La tala amenaza también a varias especies de animales al borde de la extinción que habitan en la finca como el tatú carreta, el oso hormiguero bandera y el chancho quimilero.

Las comunidades Wichis vecinas y los puesteros criollos de la zona se opusieron al desmonte. “La eliminación de la cobertura forestal de la finca producirá a corto plazo fenómenos de inundación y quizá escurrimiento de la masa de sedimentos que afectarán a las comunidades que viven en el lote lindero”, denunció la Asociación de Comunidades Wichis Lhaka Honhat.

Si bien en 2004, el primer informe de Argentina elaborado sobre la base de la metodología GEO del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declaró a nuestro país en “estado de emergencia forestal”, todavía el Congreso de la Nación tiene cajoneado el proyecto de ley que busca parar la depredación de los bosques nativos e implementar su uso racional. Incentivados por los lobbys sojero y maderero, muchos legisladores aún se niegan a sancionarlo.

Cómo conectarse

Foro Salteño por la Tierra

tierrasalta@yahoo.com.ar

(0387) 155093151

Asociana (Acompañanamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino)

asocianet@salnet.com.ar

(0387) 4310095 / 421-1949

Aretede (Aguaray)

aretede@yahoo.com.ar

Tepeyac (Equipo de Pastoral Aborigen Diócesis de Orán)

m@salnet.com.ar

Endepa

rodrigosola@hotmail.com

Universidad Nacional de Salta (Facultad de Humanidades)

hrodriz@uolsinectis.com.ar

catalinabuli@yahoo.com.ar

Instituto de Desarrollo Rural-Escuela de Agronomía (IDR)

colinapablo@yahoo.com.ar

apais@unsa.edu.ar

Fundapaz Salta

fundapazsalta@arnet.com.ar

Programa Social Agropecuario (PSA Salta)

saltapsa@uolsinectis.com.ar

herran@unsa.edu.ar

Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase)

(03846) 15676457 / (011) 157618785 / (03843) 15456493

sachaioj@uolsinectis.com.ar

Organización de Naciones y Pueblos Indígenas (Onpia)

www.onpia.org.ar

Greenpeace Argentina

www.greenpeace.org.ar

Federación Agraria Argentina (FAA)

(0341) 512-2000

www.faa.com.ar

Funprove

Diego Bourguet (0261)- 4304369

fumprove@lanet.com.ar

El Laboratorio de Desertificación del CRICyt

(0261)- 4287995

abraham@lab.cricyt.edu.ar

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