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Se hace lugar a la demanda entablada por Asociación de Consumidores y Usuarios , aprobando un plan para sanamiento del rio.

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En un fallo inédito en la provincia y con pocos antecedentes en el país, la Justicia Civil dictó una medida cautelar para proteger al río Grande de la contaminación a que se ve sometido por el vertido de basura y líquidos cloacales sin tratar, particularmente en el tramo de su cauce cercano al parque Industrial de la ciudad.

Transcripción del Fallo Completo: Asociación de Consumidores y Usuarios (ACU) c/Municipalidad de Río Grande y otro s/Protección de intereses colectivos

19 de febrero de 2010.

VISTOS:

Estos autos caratulados: «Asociación de Consumidores y Usuarios (ACU) c/Municipalidad de Río Grande y otro s/Protección de intereses colectivos o difusos», expediente número P-12459 de los cuales

RESULTA:

Que mediante presentación obrante a fs. 181/189 se presenta a estar a derecho la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Tierra del Fuego (A.C.U.), con el patrocinio letrado del Dr. Juan F. Sánchez Otharán, con el objeto de iniciar acción de amparo, contra la Municipalidad de Río Grande y contra el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego «a efectos de que se condene y constriña a dichas dependencias públicas a que en un plazo perentorio dispongan las medidas necesarias para paralizar y evitar los hechos y acciones que en la actualidad se encuentran contaminando de modo ilegal el cauce del Río Grande» (textual fs. 181).

Luego de explayarse respecto de la legitimación activa y pasiva expresan que, como miembros de la ACU y personas que viven y habitan la ciudad, han notado con gran preocupación que las autoridades omiten el control de los asentamientos urbanos sobre el río y también sobre sospechosos desagües cloacales que pueden provenir de la zona industrial de la ciudad.

Agregan que todo ello se encuentra documentado mediante las fotografías que se acompañan, siendo además de público conocimiento de toda persona que circule por la ribera del río.

Sostienen que la omisión de las autoridades violentan las normas tendientes a proteger el medio ambiente y en especial la ley 2.797.

A continuación describen las observaciones que pueden realizarse por medio de las fotos satelitales que acompañan, afirmando que el río prima facie se encontraría contaminado.

Más adelante señalan que cierta zona ribereña se ha convertido en un basural público en el que se arrojan residuos de la más variada índole, y adjuntan variadas fotografías para acredita este extremo.

Sostienen que tanto la municipalidad como custodio ambiental de la cuenca del Río Grande, como el Gobierno provincial, deben prever qué es lo que sucede con la ribera del río y controlar.

Por último fundan en derecho su pretensión, ofrecen prueba, peticionan medida cautelar y solicitan el dictado de sentencia estimatoria, con costas.

A fs. 191/192 el Tribunal dispone la adecuación del trámite conforme los procedimientos de protección de intereses colectivos o difusos previsto por el art. 654 y ss. del CPCCLRM.

A fs. 145 la actora adecua su presentación al procedimiento indicado por el Tribunal.

A fs. 201 se ordena difundir la demanda en los términos del art. 660 CPCCLRM por diez días en los medios de comunicación, a los fines de la adhesión por parte de la ciudadanía.

A fs. 214 la ACU amplía prueba documental, presentando diversos muestreos de las aguas del río realizados por el laboratorio de Galatea Group S.A., cuyos resultados indicarían la existencia de contaminación.

A fs. 216 se dispone de oficio la realización de una inspección ocular, previo a la resolución de la medida cautelar peticionada.

A fs. 218/221 se hace lugar parcialmente a la medida cautelar, requiriéndose a la Municipalidad de la ciudad de Río Grande que en forma conjunta o coordinada con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia implementen un plan de limpieza de las márgenes del Río Grande.

A fs. 265/268 el municipio local manifiesta que previo al inicio de la acción se encontraba en pleno proceso de ejecución de obras tendientes a paliar el objeto del presente y propone un plan de acción para lograr el objetivo propuesto por el Tribunal.

A fs. 271/440 se adjuntan firmas de ciudadanos que adhieren a la presentación de la ACU.

A fs. 449/554 el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego – Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, presenta un plan para la gestión hidro-ambiental del estuario del Río Grande.

A fs. 560/569 la Municipalidad de Río Grande presenta informe y recortes periodísticos que dan cuenta de la realización de tareas de saneamiento de la ribera del río, a fin de cumplir con la manda judicial.

A fs. 584 la Municipalidad manifiesta que se encuentra cumpliendo con sus obligaciones, y asimismo que estaría en condiciones de implementar conjuntamente con la provincia acciones directas con el fin de sanear el Río Grande, peticionando se realice una audiencia con el objeto de aunar criterios de las políticas a seguir y la delimitación de responsabilidades.

A fs. 597 se deja establecida la viabilidad de la acción en los términos del art. 654 y ccs. CPCCLRM y se fija audiencia preliminar.

A fs. 640 obra constancia de la celebración de la audiencia, en la cual el Tribunal insta a las partes a llevar adelante acciones conjuntas en torno al objeto del proceso, sentando las bases (marco acuerdo) para la implementación de las mismas y otorgándoles un plazo para su presentación.

A fs. 1167/1175 se adjunta el plan de trabajo conjunto (Municipalidad de Río Grande – Gobierno de la provincia), del que se le da traslado a la ACU, quedando los presentes en estado de dictarse sentencia definitiva. Y

CONSIDERANDO:

I-a).- EL OBJETO DEL PROCESO (Art. 370.5 CPCCLRM):

Que en los términos del artículo 370.5 del código de rito, al celebrarse la Audiencia Preliminar se fijó en forma definitiva el objeto del presente proceso, dejándose establecido que el mismo persigue el logro de los siguientes objetivos: a) Determinar los actuales niveles de contaminación del Río Grande y b) Establecer las acciones que los demandados deben adoptar en orden a su saneamiento, fijando sus plazos.

I-b).- La existencia de contaminación en el Río Grande no ha sido negada por los demandados, quienes se han limitado a poner de resalto que, con anterioridad al inicio de esta acción, se encontraban realizando gestiones para abordar la problemática planteada.

Por tal motivo en la audiencia mencionada se circunscribió el objeto de la litis a implementar las medidas necesarias para luchar contra dicha contaminación.

Y estas acciones habrán de ser adoptadas bajo la supervisión del Tribunal, toda vez que la contaminación del río no solo vulnera el derecho de los habitantes de esta ciudad a poseer y disfrutar de un ambiente sano, sino que también se erige en un factor de riesgo para la salud de la población, por lo que existe de por medio un interés social que se debe priorizar.

Por tal motivo esta juez propuso la celebración de un marco-acuerdo dentro del cual las partes encararan, en forma conjunta, las acciones a seguir.

II-a) EL DERECHO APLICABLE:

La presente acción encuentra sustento en el art. 41 de la Constitución Nacional que contiene un mandato, dirigido a todas las autoridades, para que persigan la preservación y utilización de los recursos naturales y del medio ambiente en general.

Las leyes que en su consecuencia han sido dictadas, en especial la Ley General de Ambiente Nº 25.675 (norma de aplicación en todo el territorio nacional y cuyas disposiciones son de orden público) y la Ley Nacional 25.688 (de Presupuestos Mínimos Ambientales para la preservación de las aguas) profundizan y amplían el mandato constitucional en lo atinente a la preservación del ambiente, y de las aguas en particular, y las acciones tendientes a su recomposición.

En el orden provincial se ha dictado la ley número 55 de Medio Ambiente, mientras que la Carta Orgánica Municipal otorga al Poder Ejecutivo Municipal el carácter de custodio ambiental de la cuenca del Río Grande (art. 16 Carta Orgánica Municipal).

Sentado entonces el deber constitucional y legal de preservar el río, cobra significativa trascendencia la circunstancia denunciada por la parte actora de que sus aguas están siendo contaminadas, lo que hace surgir la obligación de la magistratura de asumir una actitud activa en defensa del derecho de la comunidad riograndense a su preservación y saneamiento.

II-b) El marco procesal para la causa lo brindan las disposiciones de art. 654 y ss. de nuestro código de rito, y de conformidad con tales disposiciones se abordó el presente proceso.

En consecuencia se reconoció a la ACU legitimación activa para el inicio de la acción, en tanto esta legitimación en materia ambiental resulta amplia. Por otro lado existe vinculación entre su objeto estatutario y la pretensión vinculada en el proceso. A tal condición los accionantes agregan su calidad de vecinos asentados en esta ciudad, a la que el río provee de agua.

Posteriormente se agregan las numerosas adhesiones por parte de la ciudadanía de conformidad con las características de este tipo de acción (ver fs. 271/440) y la circunstancia procesal de que la legitimación activa de la ACU en ningún momento fuera cuestionada por la contraria.

En consecuencia se reconoció a la Asociación legitimación activa para el inicio de esta acción.

La materia ambiental también coloca al juez en la obligación de adoptar todas las medidas que considere necesarias e idóneas para evitar y prevenir situaciones como la presente, extremo que aleja a las resoluciones adoptadas en el presente proceso de su molde tradicional.

Tal por ejemplo la cautelar adoptada a fs. 218/221 por la que se ordena a las autoridades la limpieza de las márgenes del río, especialmente la remoción de la basura allí asentada, así como implementar una campaña pública de educación al respecto.

También por ello en la audiencia celebrada a fs. 640 se fijó un marco-acuerdo referencial que permitiera encausar la celebración de un plan conjunto (Municipalidad – Provincia) de obras y medidas de saneamiento del río.

Asimismo tal criterio ha de sustentar el presente resolutorio en tanto se aborden cuestiones no estrictamente sometidas a su consideración en el escrito de inicio, con el consiguiente alejamiento del principio de congruencia, puesto que en procesos de esta naturaleza el juez no se encuentra limitado por las peticiones de las partes ni las pruebas ofrecidas.

Finalmente cabe aclarar que todo lo relativo al ambiente es de orden público, lo que impide toda homologación o transacción de los derechos involucrados, ello en tanto nadie puede disponer sobre los bienes colectivos, pero esto no excluye la posibilidad de que, para lograr el cese de la actividad contaminante, se celebren y homologuen los acuerdos que detallen las conductas de saneamiento a seguir que resulten eficaces para la protección buscada.

III.- LA CONTAMINACIÓN – LAS MEDICIONES:

Como mencionara supra, partiendo del presupuesto fáctico no negado que existe contaminación en las aguas del Río Grande, al momento de determinarse el objeto del proceso se dejó establecido que resultaba necesario fijar los niveles de esa contaminación.

Para ello se tuvo en cuenta el diagnóstico que surge del plan de gestión hidro-ambiental del Río Grande, presentado en autos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia, el que pone de manifiesto que «el estuario presenta claros indicios de degradación por contaminación del agua y afectación de una importante superficie de humedales, cuyo mayor impacto proviene de residuos sólidos depositados en proximidades de las márgenes y de las descargas puntuales de aguas residuales sin tratamiento al río y al sistema de colectores pluviales y arrastrados por las lluvias y/o al sistema de drenajes a cielo abierto existentes en la ciudad».

Sin perjuicio de lo dicho, cabe aquí aclarar que dicha contaminación no necesariamente importa que el agua que consume la comunidad no sea potable, por tratarse de conceptos diferentes.

En este aspecto se destaca que del informe (que fuera adoptado en audiencia, con el consenso de todas las partes, como ‘diagnóstico’ para el caso), se desprende que «no se pone en duda la potabilidad del agua de la red domiciliaria de la ciudad por cuanto se considera que la planta «El Tropezón» realiza los tratamientos adecuados del río, necesarios para la potabilización de la misma».

No obstante -continua afirmando el referido informe- «debe tenerse en cuenta que en proximidades de un río contaminado, la vida de la población se ve afectada por la posibilidad de contacto con aguas en mal estado, por malos olores, por impacto visual y por modificaciones del habitat. Puede afirmarse que la expansión urbana y los vertidos de efluentes y residuos asociados a la misma, han provocado alteraciones en la calidad de aguas del estuario del Río Grande que resultaría urgente revertir».

Y partiendo de la existencia de índices soportables de contaminación, las mediciones nos permitirán determinar en qué medida el daño consumado (actual contaminación) supera dichos límites, obligando al Estado a tener una activa intervención para controlarla.

Estas mediciones también han de permitir, en el futuro, evaluar el éxito y avance de las acciones de saneamiento llevada a cabo, aportando datos comparativos de los niveles de contaminación.

Para ello las partes de este proceso han aceptado la propuesta de la suscripta de otorgar fuerza probatoria al muestreo realizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia, que fuera notificado a la Municipalidad por Nota DGRH Nº 308/09 de fecha 08/04/09, el que a futuro ha de constituir la primera medición (o medición base) a partir de la cual se realizarán comparativamente las restantes mediciones, lo que permitirá que -de constatarse la persistencia o aumento de los elementos contaminantes-, se encaren en el futuro nuevas y más estrictas medidas que las hasta aquí adoptadas.

IV.- EL PLAN-ACUERDO PRESENTADO:

A fs. 1168/1175 las partes presentan el plan de acción conjunto Municipio-Provincia, por los próximos doce meses, suscripto en fecha 9 de diciembre de 2009 por el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande y por el Secretario de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente del Gobierno de la Provincia.

El mismo contiene el compromiso de la Municipalidad de Río Grande y del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego de trabajar en forma conjunta en las siguientes áreas: el ordenamiento hídrico (definición de línea de ribera, vías de evacuación y zonas de riego hídrico); eliminación de descargas de aguas residuales domiciliarias al río; readecuación de la red pluvial y cloacal y actualización del catastro de colectores; saneamiento de drenajes a cielo abierto; gestión de residuos sólidos urbanos; control de contaminación industrial; programa de puesta en valor del estuario; programa de acción para la gestión integrada de la cuenca del proyecto GEF; incorporación del estuario del Río Grande al Programa Nacional de Sitios Contaminados; programa de monitoreo del cuerpo de aguas y de industrias; ordenamiento y control de asentamientos irregulares en las márgenes.

Trasladado el proyecto a la parte accionante, ésta considera que en general el mismo resultaría viable, sin perjuicio de que no conforma a su parte los plazos propuestos, peticionando además que el plan sea realizado y monitoreado por un profesional imparcial.

Ello así, y toda vez que las impugnaciones realizadas por la actora consisten en cuestionamientos sin base científica, encuentro el plan presentado apto para dar comienzo a las medidas de saneamiento, en tanto contempla las diversas problemáticas planteadas: tanto la contaminación por residuos domiciliarios y cloacales, como la industrial y la producida por efecto de la basura, así como la necesidad de hacer partícipe a la ciudadanía de programas de prevención y educación en la contaminación por residuos sólidos, con implementación de controles y campañas educativas.

También encuentro razonable los tiempos propuestos, puesto que alguna de las soluciones han de requerir de esfuerzos económicos importantes, a lo que se suma que -conforme lo sostiene el Ministro de nuestra CSJN Dr. Lorenzetti- «(…)el cumplimiento de sentencias como ésta, referidas a bienes colectivos, se vincula también con cambios culturales, y no puede pretenderse que la sociedad cambie abruptamente». (Entrevista «Pagina 12» de fecha 27/03/09, ‘Sociedad: «Otro Corte para los desmontes»; también:http//www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-122174-2009-03-27.html)

Bajo estas directivas he de aprobar el plan presentado a fs. 1167/1175, al que he de adicionar las consiguientes medidas de contralor que el Tribunal reserva para sí, a saber: la obligatoriedad de realizar un muestreo periódico semestral, que deberá iniciarse el primero de septiembre de presente año, debiendo las partes presentar en estos autos las nuevas mediciones que resulten, comparándolas con las iniciales y explicitando el avance del compromiso asumido y obra realizadas o en realización.

La toma de muestras deberá ser realizada en presencia de un representante de la ACU como organismo fiscalizador; eventualmente y de resultar necesario, serán sometidas al control previsto por el art. 414 in fine CPCCLRM.

Se fija el día 15 de septiembre de 2010 a las 11 horas, como fecha de realización de una Inspección ocular judicial para la constatación del avance de las obras de limpieza ribereña.

Con el resultado de tales gestiones se proveerá la continuidad de las medidas dispuestas o su modificación.

Respecto de la medida identificada a fs. 1170 in fine como «Control urbano ambiental» se dispone -con sustento en el principio precautorio (tutela anticipada)- que dicho control deberá comenzar a actuar de inmediato, a fin de impedir la formación de nuevos asentamientos en la ribera del río, en especial en el camino de sirga, que contaminen sus aguas con vertidos cloacales directos; y en forma concordante la medida de estudio de ‘alternativa para la solución de descargas domiciliarias’ (medida B punto4 del plan propuesto) y/o la dispuesta en el punto K2, deberán recibir preferente tratamiento.

V.- Las costas del presente se imponen a la parte vencida (art. 78 CPCCLRM) aún cuando la demanda íntegramente no prospere en los términos planteados, dado que no encuentro razones para apartarme del principio objetivo de la derrota por haberse requerido de la actividad procesal de la actora para llevar adelante al objeto de esta acción.

Por lo que

FALLO:

I.- HACER LUGAR a la demanda entablada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Tierra del Fuego contra la Provincia de Tierra del Fuego y la Municipalidad de la ciudad de Río Grande, y en su mérito,

II.- TENER POR ACREDITADA la existencia de contaminación en el Río Grande.

III.- TENER POR ACREDITADO que ello, a la fecha del presente resolutorio, no afecta la potabilidad del agua de consumo domiciliario.

IV.- APROBAR el plan de saneamiento conjunto presentado por la Municipalidad de la ciudad de Río Grande y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego a fojas 1168/1175.

III.- DISPONER la realización de mediciones semestrales de contralor del grado de contaminación del río, a partir del día primero de septiembre de 2010, con citación a la ACU, y cuyos resultados deberán ser adjuntados a la causa.

IV.- FIJAR para el día 15 de septiembre de 2010 a las 11 horas la realización de Inspección Ocular judicial de las tareas de limpieza ribereñas.

V.- REQUERIR a la Municipalidad de la ciudad de Río Grande priorice las tareas de control urbano ambiental, a fin de prevenir la aparición de nuevos focos contaminantes proveniente de asentamientos irregulares a la vera de río; y el tratamiento de las alternativas de solución para los núcleos ya asentados.

V.- COSTAS a las vencidas (art. 78 CPCCLRM).

VI.- DIFERIR la regulación de honorarios profesionales hasta que se arrimen las pautas económicas correspondientes.

VII.- MANDAR se copie, registre y notifique.

Fda. Dra. Silvia HERRAEZ.

Sentencia Registrada el día 19/02/10 bajo el Nº 094 a fs. 113/118 del Tomo XXXII de Sentencias Definitivas del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial.

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