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Empezó la batalla en los tribunales por el aumento retroactivo en las tarifas de gas

Solicitan que se declare la nulidad de la resolución que autorizó a las firmas a cobrar un monto extra en 24 cuotas por consumo ya efectuado

Varias asociaciones de defensa de los derechos del consumidor comenzaron a pedir ante la Justicia que retrotaiga la decisión del Gobierno nacional de establecer compensaciones para las empresas proveedoras del servicio de gas por la devaluación, que llevará a que los usuarios paguen un diferencial sobre lo ya consumido.

La asociación civil Protectora, ubicada en la provincia de Mendoza, ya presentó este lunes una acción colectiva en el que solicita una medida cautelar contra la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación. Intervendrá el juzgado federal n. 2 de esa provincia, a cargo d Walter Bento.

El amparo se basa en la alteración de las tarifas sin audiencia pública previa y la violación del artículo 30 bis de la Ley de Defensa del Consumidor por negar el efecto extintivo al pago, como también, infrigir el debe de información que prevé aquella norma. De esta manera, para Protectora, se lesionan los derechos de los usuarios protegidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

La acción se suma a la que se inició en los juzgados federales de La Plata, el Centro de estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la que pidió sea considerada de alcance nacional, como aquella que logró frenar los aumentos del servicio en 2016 y que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

En este caso, según informó Cepis en sus redes sociales, se pide “la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda dictada el viernes pasado por el Poder Ejecutivo Nacional. También del inciso 5° del artículo 37 del decreto 1738/92 y del punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de Licencia de Distribución aprobadas por Decreto 2255/92”.
La presentación funda que “el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y, por tanto, las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio. La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos. Es el Poder Ejecutivo Nacional quien determina la política cambiaria del Estado”.
Además, agrega, que la resolución “establece tasas de interés que se deben cargar a las cuotas para la devolución del diferencial por la devaluación. La aplicación de tasas de interés constituye un cargo que es completamente ilegal”.
Finalmente, alude que “aún en el caso de que la Justicia considere legal el traslado del precio dolarizado del gas a los usuarios, el Poder Ejecutivo no cumplió con las audiencias públicas para definir el modo y forma de pago de la derivación de los costos a los ciudadanos”, según se informó en el comunicado oficial del Cepis.
Se estima que habrá, al menos, una treintena de presentaciones de asociaciones de consumidores contra la mencionada resolución. La mayoría de ellas se presentará esta semana. En este contexto, y ante el temor de un fallo en contra que pueda, incluso, poner en riesgo la negociación por el Presupuesto del próximo año, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, indicó que el Gobierno está abierto al diálogo con la oposición para encontrar medidas que puedan amortiguar ese incremento.

Frigerio explicó que se decidió hacer el aumento “en 24 cuotas y no de golpe”, para “respetar los contratos dolarizados con las productoras de gas desde 1992”.

Por su parte, el fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad.

Se suman otras asociaciones

La asociación Consumidores Libres calificó a la mencionada resolución como “absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria”. Su representante legal, Héctor Polino, consideró que “los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso” y agregó que “en todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva”.

Fuente: https://www.iprofesional.com/legales/279329-medida-pesos-macri-Empezo-la-batalla-en-los-tribunales-por-el-aumento-retroactivo-en-las-tarifas-de-gas

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