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¿Es legal filmar a un policía o funcionario público?

Que un ciudadano grabe a un policía o funcionario público es algo muy común en los últimos tiempos ya que muchas veces toman ventaja de su espacio de poder pidiendo coimas u otro tipo de amenaza.

No hay ninguna ley que prohiba filmar a los agentes públicos.

La pregunta es: ¿es legal esta acción? y la respuesta es que sí. Para aclarar aún más esta cuestión, la ONG Protectora explicó en su web que todos los policías, gendarmes, agentes de AFIP, municipales y otros son personal del Estado y por lo tanto todos sus actos son de carácter público, especialmente cuando sus actos son cometidos en la calle o sitios públicos.

Las acciones de los agentes públicos son públicas.

La único objeción a este acto es cuando se obstruye “una detención o función de inspección o control”, es decir, cuando tus actos limitan las facultades de control, inspección o el restablecimiento del orden del agente.

Estas acciones están fundadas en los siguientes artículos de la Constitución Nacional:

Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

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