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La tarifa del servicio público de electricidad en la provincia de Mendoza

El abogado de la ONG Protectora, José Luis Ramón, pone en foco la situación tarifaria de la electricidad en Mendoza, ante una nueva audiencia pública.

Es necesario, que los usuarios del servicio eléctrico, los funcionarios que les toca ocupar, a su turno, los cargos de Gobierno en el Estado, los representantes del Ente regulador eléctrico; en fin todos los involucrados, sepamos y comprendamos, como funciona, la prestación de los servicios, que por la Ley se los considera “servicios públicos”, en este caso que nos ocupa: La electricidad.

El “dueño”, es ni más ni menos que el Estado provincial. Único responsable de que el fluido eléctrico le llegue a los usuarios de manera continua e ininterrumpida a todos los rincones en donde los ciudadanos nos organicemos en comunidad.

El “prestador del servicio”, son empresas, que económicamente se organizan sobre la base de poder cumplir, dando el servicio público, de una manera, en la que se encuentra sometido al estricto régimen de control del Ente regulador; y desprendido de la libre competencia de otros empresarios, que pugnen por la obtención de clientes dispuestos a pagar por la prestación.

El “Ente de control”, un organismo, formado por técnicos y representantes (en teoría independientes de la política y de las empresas). Allá por los años ´90; se ideó una manera de organizar, en todo el territorio de nuestro país, un sistema que ha permitido la instalación de un puñado de Empresas, que “amparadas” en las reglas de estos entes reguladores, han tenido el privilegio de poder estar presentes, prestar de una manera, más o menos aceptable el servicio, y cobrar en concepto de tarifa, lo que convenientemente les autoriza el ente regulador; y ante la falta de recursos, por la falta de aportes de los socios que integran las empresas, gozar de los jugosos subsidios, que el Estado les efectúa. Y así, una marcada organización técnico-contable, imposible de comprender, desentrañar y comprender por parte de los usuarios.

Y por último los “Usuarios”, receptores del servicio; que utilizado de una manera equilibrada, nos permite gozar de los beneficios que mejoran notablemente el bienestar de nuestra vida diaria. Y a cambio, pagamos una “tarifa”, que permitirá sustentar el servicio.

Y aquí es necesario detenernos en considerar dos aspectos

En primer lugar, la adhesión respecto a que el valor de la tarifa debe estar ajustado y adecuado, en primer lugar al bolsillo-ingresos de la familia en donde se lo presta; y recién a partir de eso, se debe adecuar un proceso de verificación de los costos y rentabilidad que tiene que tener la empresa de prestación del servicio público, para que se permita de manera adecuada, planificada y eficaz darle continuidad al mismo. Materia aparte, merece la consideración de las inversiones a realizar por el concesionario, que permitan el desarrollo de un negocio eficiente para los usuarios del fluido eléctrico. La tarifa se debe adecuar.

En segundo lugar, y con el objeto de que el ajuste sea adecuado a un sistema de respeto del derecho de los usuarios del servicio público, debe adecuarse un procedimiento que permita, que cada uno de los usuarios tenga la información adecuada para poder prever cual es el costo por el consumo de energía; porque la base de todo este sistema (en donde no hay libre competencia), se debe sustentar en el tiempo.

Como la fijación de la “Tarifa”, (precio del servicio, para los economistas de las empresas), a través de una decisión del Gobernador, debe ser en un marco de los principios de la “TRANSPARENCIA”, de todos los aspectos del otorgamiento del valor; que se logra con la intervención del citado Ente de Control, y con métodos que aunque aceptados desde el punto de vista contable como universales; desde el punto de vista político, esta manera no puede ser, de neto favor hacia las concesionarias del servicio; y que no se considera el estado económico de los usuarios.

Cuando expresamos esto de TRANSPARENCIA, es que los USUARIOS debemos tener, toda la información necesaria, para conocer, como se produce y se llega a la conclusión de que el valor de la TARIFA debe ser ajustada. A saber, enumeramos una serie de hechos que harían a un proceso transparente, que hoy no lo es:

1. Convocar ampliamente a la ciudadanía para participar, por todos los medios disponibles.

2. Publicar la convocatoria en los municipios, las uniones vecinales, universidades, partidos políticos, con realización de reuniones preparatorias, para lograr la activa participación ciudadana en el proceso.

3. Véase, a modo de ejemplo en el portal Web del Ente regulador, la total falta de información sobre el llamado. http://www.epremendoza.gov.ar/http://www.epremendoza.gov.ar/index.php?id=11 La única información disponible para un ciudadano común es la convocatoria, y la invitación a revisar 12 (XII) tomos de expedientes administrativos imposibles de comprender.

4. La convocatoria del Consejo consultivo, ampliada a todos los integrantes de la sociedad interesados en participar del proceso de prestación, y ajustes del mismo. No hay manera de tenerla página de información, porque, son reuniones cerradas.

5. Y por sobre todas las cosas, la posibilidad de tener acceso libre a los puntos que hacen a la decisión a tomar por el Ente de Control

Véase (y no es algo curioso), la Ley 6.497, en el artículo en el que se trata la creación del Ente Regulador, dispone como primer objetivo del Ente:-“…. CAPITULO XII. ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO. ART. 53 crease en el ámbito del ministerio de ambiente y obras publicas, el ente provincial regulador eléctrico (EprE), el que tendrá autarquía y plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho publico y privado. su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro por cualquier titulo. tendrá su sede en la ciudad de Mendoza. el poder ejecutivo aprobara su estructura orgánica y funcional. ART. 54 el EPRE tendrá las siguientes atribuciones y funciones: a) proteger adecuadamente los derechos de los usuarios…”.

No hay un solo indicio de ello, en la manera de actuar del Ente regulador.

Por ello, es necesario, que al menos, se pueda obtener el mínimo de información que se solicita:

Se publique en la página de EPRE, la documentación aportada por las empresas distribuidoras; para poder ser descargado en formato PDF, la información que solicitamos los usuarios que participamos, incluidas las inscripciones de los usuarios interesados en participar, en formato PDF.

Que la manera solicitada de entregar la información, en atención a la voluminosa cantidad de documentación existente, al ser aportada en soporte digital PDF, y publicada en la página de EPRE, tiene por objeto, lograr una exhaustivo análisis de lo aportado por las distribuidoras que solicitan el ajuste de los valores de la TARIFA en cuanto hace al V.A.D., objeto de esta convocatoria; y que impactará directamente en los hogares de los mendocinos, en un marco de transparencia en el aporte de la información solicitada.

La información que se solicita la exhibición es:

1. La exhibición de los datos técnicos, relacionados con cada una de las fallas de servicio, en las que han incurrido cada una de las distribuidoras, en la órbita del EPRE, especificando las verificaciones efectuadas por el Ente de Control.

2. En relación a las Actas de Infracción, por las fallas técnicas, en las que los usuarios de la provincia se han visto afectados, deben exhibirse: a) las actas y/o procedimiento adecuado al respecto; b) las resoluciones del EPRE, que imponen MULTAS por las fallas del servicio, en violación al contrato de concesión. c) La exhibición de los comprobantes de ingresos a las rentas generales, de las multas aplicadas a los concesionarios, con expresa indicación de los documentos que acreditan la cancelación de los montos de las mismas. d) En relación a las multas, indicar el estado de la tramitación de las mismas.

3. Exhibición de las constancias de acreditación en las boletas de los usuarios de las devoluciones por falla de servicio.

4. Exhibición, por parte de cada una de las distribuidoras, los balances aprobados, con indicación expresa de los ingresos y egresos de cada una de ella. Se deberá indicar en capítulo por separado la enumeración y emisión de comprobantes los egresos de las distribuidoras, por los gastos no operativos.

5. Exhibición de los contratos de CONSULTORIA de las empresas distribuidoras, con firmas externas de las mismas. Se solicita la exhibición de los contratos y los datos de los contratos en soporte digital y de papel.

6. En relación a cada una de las empresas distribuidoras, se deberá aportar como información necesaria y vital para poder participar de la presente convocatoria, la siguiente: Del listado de las empresas que participan del proceso de distribución eléctrica en la provincia de Mendoza, so.

a. Composición de los accionistas de las empresas.

b. Informe sobre la suscripción e integración del capital suscripto por los mismos.

c. Plan de inversión de cada una de las empresas, a los efectos de la mejora al sistema de distribución de la electricidad.

d. Análisis de costos del proceso, en formato de standarización contable, conforme pliego licitatorio.

e. Verificación del cumplimiento del plan de integración de capital y plan de obras.

f. Toda la información relativa a la planificación estratégica de las inversiones. Incluye precios, costos, operativos y no operativos; y planificación del proceso.

g. Idéntica información, se deberá aportar para el análisis de la composición del capital de las empresas; la suscripción e integración accionaria, la planificación estratégica de las inversiones, los costos , la rentabilidad, distribución de las ganancias, sin remisión a los informes de cotización en la bolsa de comercio. Todo en soporte papel e informático.

7. LA EVOLUCIÓN DE LA TARIFA – CUADROS COMPARATIVOS CON OTROS SERVICIOS PÚBLICOS – ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL EN USUARIOS RESIDENCIALES y USUARIOS AGRÍCOLAS e INDUSTRIALES.

Las empresas y el Ente, deberán exhibir el análisis del impacto de las tarifas, sumados, el de todos los servicios públicos que se prestan en los hogares residenciales y los usuarios agrícolas e industriales.

El estudio de impacto, que se solicita se publicite; debe incluir, el análisis de las tarifas, en relación con el grave estado de riesgo al que se está sometiendo a la población por el aumento desmedido de los egresos en concepto de utilización de servicios, que de no estar disponibles, pueden afectar seriamente la salud.

Se hace especial hincapié en este aspecto de la información solicitada, toda vez, que es necesario evaluar el impacto en los hogares y en el sector agrícola e industrial de la provincia.

 

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