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Presentaron ley para regular grandes centros comerciales de Mendoza

En el marco de una nueva jornada de boicot nacional declarado ante los aumentos indiscriminados de precios registrados en los productos de la canasta familiar por parte de las grandes cadenas comerciales, convocada por numerosas asociaciones de defensa del consumidor, organizaciones gremiales y movimientos sociales, el senador Gustavo Arenas (FPV-PJ) presentó este mediodía un proyecto de ley que busca “regular la instalación, la ampliación, la modificación, el funcionamiento y el traslado de grandes superficies comerciales en Mendoza, con el propósito de evitar la concentración económica, que es formadora de precios y distorsiona el mercado por sobreoferta excesiva de bienes”.

El objetivo de la propuesta es garantizar “la defensa de la competencia, la libre elección del consumidor, y la protección de las pequeñas y medianas empresas y los puestos de trabajo que desde el sector se generan”, y abarca “los rubros de comercialización, elaboración y venta de productos alimenticios, indumentaria, artefactos electrodomésticos, materiales para la construcción, artículos de limpieza, productos de ferretería y otros artículos” a considerar, según dicta el articulado previsto.

El acto, realizado en la Legislatura, contó también con la participación de José Ramón, representante de asociación de defensa del consumidor Protectora; Ángel Seminara, gerente de la Delegación Mendoza de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme); Rubén Palau, secretario de la misma institución; Gustavo Correa, secretario general en Mendoza de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); el senador provincial Luis Böhm y la diputada provincial Patricia Galván, del FPV-PJ. Esas entidades avalan expresamente el proyecto de ley, así como  la Federación Económica de Mendoza (FEM).

Gustavo Arenas: “Que bajen los precios”

En la apertura de la presentación, Gustavo Arenas destacó que su proyecto de ley hace hincapié en un aspecto por el cual hace tiempo luchan la FEM, la Apyme, los sindicatos y Protectora, y mostró los ejemplos de otros países en los cuales se basó, como Inglaterra –“padre del liberalismo”, recalcó–, Francia, España y Chile.

Indicó que regula las actividades comerciales de cadenas multinacionales que tienen sus orígenes fuera de nuestro país, en busca de proteger al consumidor, a las pymes y a los productores locales frente a los sectores concentrados de la economía, los cuales “no sólo acuerdan el precio de venta al consumidor, sino también el precio al que ellos van a comprar previamente los productos para comercializar”. Inmediatamente despejó dudas al señalar que su idea “se trata de regular esa actividad, no de prohibirla, porque la prohibición destruye el empleo”.

Acerca de las megaempresas monopólicas que controlan el mercado sin ningún tipo de control oficial, el legislador justicialista expresó que “se presentan como las grandes generadoras de empleo, y no lo son”, ya que –al contrario de lo manifestado por ellas– han instaurado una “intermediación abusiva”. Además resaltó que el fin de su proyecto de ley es “que bajen los precios” al nivel adecuado y se elimine la especulación financiera hecha con los productos básicos que necesitan todas familias para vivir.

También recalcó que otra de las desventajas que llevan al perjuicio de los consumidores y los productores locales, ya que repercute en un mayor poder de decisión particular y sin restricciones desde el Estado, es que “hoy sólo se estudia la factibilidad ambiental” a la hora de instalar un centro comercial de grandes dimensiones. En este caso, observó que con la futura norma se va a sumar el análisis exhaustivo del impacto social y sobre las fuentes laborales ya existentes en las zonas involucradas. Fue así como afirmó que, por ejemplo, en Inglaterra previamente hacen un estudio para confirmar si realmente es necesario que un emprendimiento de esas características se ubique en la zona elegida.

 

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