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ARGENTINA: PROSPERIDAD O ILUSION – EDITORIAL

ARGENTINA: PROSPERIDAD  O ILUSION

El fin de un sueño: Ley 26.361

Durante los años 90, con el afán de afianzar un sistema de capitalización en el año 1994 y ss., el Gobierno de ese momento impulsó, con carácter de POLITICA DE ESTADO, el traspaso del Sistema de REPARTO al Sistema de CAPITALIZACIÓN con su amplia gama de alternativas.

Todos los ciudadanos argentinos que creyeron en esta engañosa publicidad, diseñaron y confeccionaron su PROYECTO DE VIDA basado en las expectativas que le proporcionaba este nuevo régimen que habilitaba la capitalización de los ahorros y la posibilidad de organizar un futuro retiro jubilatorio en base al esfuerzo personal y a la elección laboral.

Ante la presencia de las distintas opciones laborales, una franja social importante de ciudadanos argentinos eligieron, en todos estos años, aquellos trabajos que le proporcionaban importantes aportes, que en el futuro le garantizarían altos retornos capitalizados de por dichas sumas. Maximizar el esfuerzo durante la vida productiva para que en el momento de llegar a la tercera edad, fuese seguro y estable en lo económico. Momento de disfrutar.

En el año 2008, en forma tempestiva, nuevamente el Gobierno fija una nueva POLITICA DE ESTADO, totalmente contraria a la anterior,  dando por tierra con el sistema que en el año 1.994 había impulsado. Ahora publicita que el Sistema de CAPITALIZACIÓN no sirve y que la nueva panacea es el sistema de REPARTO, que es la mejor manera de canalizar las expectativas jubilatorias de las personas. Lo que es mas, no da la opción, LA IMPONE, dejando sin posibilidad la elección voluntaria. Vulnerando unos de los principios generales básicos de las políticas de estado que es la CONTINUIDAD en el tiempo, independientemente de los colores políticos que tenga cada gestión gubernamental.

Esto lo canaliza a través de la promulgación de la Ley 26.425, Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), promulgada el 9 Diciembre 2008, que en su art.1 dispone”elimínese el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto…, Régimen de Reparto contenido y regulado en la Ley 24.241 y sus decretos y modificaciones accesorias.

El  Art. 2° de la citada Ley 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), “…El Estado Nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley…

Es decir, por un lado, volvemos a la aplicación del Régimen de Reparto previsto en la Ley 24.241 y por el otro, el Estado garantiza a los afiliados mejores o iguales prestaciones o beneficios de aquellos que tenían con el Régimen de Capitalización.

Es importante aclarar al lector, que en el marco de esta situación teórica jurídica, se encuentran una gran masa de ciudadanos argentinos afiliados/ beneficiarios confundidos y temerosos de ver vulnerados sus proyectos de vida, expectativas y derechos, con la aplicación de la Ley 26.425, en cada caso particular. La incertidumbre y la falta de seguridad jurídica en la historia de la República Argentina, han generado que una gran cantidad de ellos, inicien a informarse, asesorarse y transitar caminos administrativos y/o jurídicos distintos, en busca de encontrar soluciones, para cada caso concreto, evitando esta situación angustiante y de debilidad jurídica en la que se encuentran.

Previsibilidad del Proyecto de Vida.

En el Informe del Programa de Naciones Unidas sobre Desarrollo  de 1994, se centra en el concepto básico de seguridad humana. Seguridad humana y desarrollo humano no son conceptos equivalentes. Desarrollo humano es un concepto más amplio definido como proceso de ampliación de opciones que tiene la gente. “Seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones en forma segura y libre, y que puede tener relativa confianza en que las oportunidades de hoy no desaparecerán mañana”.

Sin lugar a dudas que la mutilación de derechos en forma colectiva, hace que el engaño montado desde el propio Estado, llevando al consumidor entre idas y vueltas, cercena el proyecto de vida de cuajo.

Por lo que la intervención judicial, ayuda a poner en su justo medio las necesidades de la política del estado, con relación a las necesidades públicas del individuo. Cuando la economía y los mercados funcionan sin atender pautas de previsibilidad, la sociedad paga altos costos.

Alternativas jurídicas: Jurisprudencia

Como mencionábamos anteriormente, los afiliados han recurrido a asesorarse en busca de transitar distintos caminos que logren brindarle la protección jurídica ansiada.

Hasta la fecha, las presentaciones judiciales en los distintos puntos de la República Argentina, han tenido una base jurídica bastante homogenea, siendo similares, en cambio sus resultados, han sido dispares. Generando aun más incertidumbre, tanto para los ciudadanos como para los profesionales actuantes en la materia.

  • Los magistrados no tienen aún un criterio uniforme al momento de resolver el planteo de los afiliados que cuestionan el traspaso de sus fondos al régimen de reparto estatal.
  • Existen sentencias que están haciendo lugar a medidas cautelares que inmovilizan los aportes; mientras que otras rechazan los amparos presentados.

El fundamento de los pedidos

En la mayoría de los casos, los abogados de los afiliados a las AFJP consideran que la ley que derogó el régimen privado de capitalización jubilatorio es inconstitucional y que atenta contra el derecho de propiedad.

En estos últimos días, se dieron a conocer pronunciamientos de distintos juzgados que adoptaron resoluciones encontradas ante el planteo de los aportantes al sistema de las AFJP.

En la causa “Rodolfo, Darío c/ Estado Nacional“, el juez ordenó que se mantenga la cuenta de capitalización individual, así como también que “se abstengan de transferir los fondos existentes en la misma”. El fallo advierte sobre “la propiedad del demandante sobre su cuenta de capitalización individual” y sostiene que existe “peligro de que la alteración de la situación de hecho y de derecho existentes pueden influir en la sentencia a dictarse o convertir su ejecución en ineficaz”.

Sin embargo, hay que tener presente que la medida adoptada por el juez no constituye una resolución definitiva sobre el fondo del planteo del afiliado. Es más, el magistrado en la propia causa ya notificó al aportante a “adecuar” la acción de amparo a un juicio ordinario, “pues esa es la vía para canalizar el reclamo contra el traspaso de sus aportes al Estado”. De acuerdo al criterio de ese magistrado el amparo no constituiría el camino correcto para cuestionar la ley que derogó el sistema de capitalización previsional; debe acudirse a un proceso ordinario, más largo y con mayor posibilidad probatoria.

En la causa “Rossi, Pablo c/ Estado Nacional”, la jueza María Emilia Postolovka rechazó el amparo y consideró que la reforma no afecta el derecho a la propiedad, porque “no deben invocarse derechos adquiridos cuando el beneficio no ingresó al patrimonio“, en referencia a que la persona aún no cobraba ninguna prestación.

Dos jueces federales de San Martín fallaron contra medidas cautelares de ex afiliados que consideraban arbitrario e inconstitucional su traspaso forzoso al régimen de reparto, dispuesto por la reciente ley 26.425.

Los fallos se produjeron en los juzgados 1 y 2 en la Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, a cargo de Martina Isabel Forns y Alfredo Bustos respectivamente, según publica el Cronista Comercial en su edición de hoy.

El segundo de estos jueces rechazó “in limine” la acción de amparo promovida por María Emilia Simoni contra el Estado Nacional porque consideró que esa no es la vía adecuada, ya que “su utilización es impropia cuando los argumentos dados para obviar el empleo de la vía administrativa que permitiría alcanzar igual resultado, sólo se sustentan en conjeturas sobre el posible fracaso de ellas”.

El magistrado judicial Bustos habló de la necesidad de “una mayor amplitud de conocimiento y prueba” para decidir si la estatización de fondos previsionales reviste constitucionalidad.

El control de esta característica, según Bustos, “requiere de un proceso de conocimiento lo suficientemente amplio como para analizar todas sus aristas. La arbitrariedad e ilegalidad aducida no resulta manifiesta”.

La otra demandante, Ana Paula Núñez, pidió que “se ordene a MET AFJP y al Estado Nacional que mantenga inalterada la cuenta de capitalización individual hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente acción”.

La jueza Forns consideró que el objeto de la medida cautelar coincidía con el objeto principal del amparo, por lo cual emitir una opinión implicaría prejuzgar en una cuestión en que no se presenta como manifiesta la verosimilitud del derecho invocado.

PROTECTORA: Primera acción de incidencia colectiva en la República Argentina

PROTECTORA Asociación Civil de Defensa del Consumidor ha presentado formalmente el día Lunes 29 Diciembre 2008 a las 10.30 hs., en los Tribunales Federales de la provincia de Mendoza, dos acciones de incidencia colectiva, según las facultades que confiere lo normado por el Art.43 de la Constitución Nacional y el art.54 de la Ley 26.361 Defensa del Consumidor, contra el Estado Nacional y la Administración Nacional de Seguridad Social, lLas cuales tramitan, a través de un proceso SUMARISIMO, en los expedientes números 35413/4 y 30115/2, Juzgado Federal 2, a cargo de Olga Pura de Arrabal de la provincia de Mendoza.

La reforma del 1994 de la Constitución Nacional y la nueva Ley de Defensa del Consumidor, la cual entró en vigencia recientemente, otorga este nuevo instrumento (acciones de incidencia colectiva) a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, junto a otros sujetos de derecho legitimados.

Constituyéndose, en las primeras acciones legales de incidencia colectiva por la eliminación de las AFJP, que se presentan en todo el territorio argentino. Es decir, el acogimiento de lo solicitado como objeto de las mismas a través de una sentencia, extendería sus efectos en forma masiva a miles de afiliados y beneficiarios del régimen de previsión social en toda la república argentina. Representando en forma legitima, una gran masa de afiliados y/o beneficiarios que se encuentren perjudicados por la promulgación de la Ley 26.425, a través de la cual se elimina el Régimen de Capitalización, retornando a la aplicación del Régimen de Reparto contemplado por la Ley 24.241.

Legitimación y objeto

Según el art.24 de la Ley 26.361 “…en las causas judiciales que tramiten en defensa de los intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas como LITISCONSORTES de cualquiera de los demás legitimados por el presente articulo, previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de estas…“

El objeto de las dos acciones presentadas contempla dos situaciones distintas. Ambas sustentadas en la existencia potencial de un conflicto normativo entre dos normas de igual rango y validas. La aplicación fáctica, en estos dos casos concretos que contemplan las acciones, del articulado de la Ley 26.425 y de la Ley 24.241, generaría un conflicto normativo entre las mismas por las contradicciones materiales existentes en los contenidos entre ambas, no siendo posible la aplicación de las dos normativas en forma simultanea, sin vulnerar el contenido de una o de la otra.

PROTECTORA , a través de la expresión de uno de sus apoderados manifestó… tenemos la firme convicción de que el LEGISLADOR tuvo presente y se anticipó a los potenciales conflictos normativos, buscando la solución de los mismos en la creación de una clausula de excepción, prevista en la segunda parte del art.2 Ley 26.361, cuya aplicación deberá ser garantizada, en cada caso particular, por el juez competente…“

Evitando de este modo, un conflicto normativo, que surgiera en la aplicación de las mismas, solución prevista por el legislador y que deberá ser garantizada por cada juez en cada caso individual que se presente.

Por lo expuesto anteriormente, en ambas acciones, se le solicita al juez que ordene y garantice la aplicabilidad del art.2 de la Ley 26.425 “…El Estado Nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización la percepción de IGUALES o MEJORES prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley…“.

En el primer caso, se le solicita, además, que declare la inaplicabilidad del TOPE previsto para los haberes jubilatorios por el Régimen de Reparto hoy vigente, Decreto 279/2008, Dec. 1.199/2004, arts. 3, 9 y ccs. Ley 24.463 (Reforma al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y  art. 17 de la Ley 24.241 y demás Decretos y Resoluciones de la Administración de la Seguridad Social. Es importante aclarar que durante la vigencia del régimen de capitalización, no existía ningún tipo de topes o montos máximos a las prestaciones jubilatorias, por lo que aquellos afiliados que percibían salarios medios o altos, que realizaban aportes jubilatorios importantes, en miras a llevar adelante su proyecto de vida de contar al momento de la edad jubilatoria, con una jubilación seria y cuantiosa (sin topes, solo proporcional a los aportes realizados), con la aplicación de el articulado del Régimen de Reparto, previsto en la Ley 24.241, de los montos máximos para los haberes jubilatorios, no solo verían vulnerado sus expectativas y proyecto de vida, sino que seria imposible por parte del Estado de garantizarle iguales o mejores prestaciones y/o beneficios que los que tenia en el régimen de capitalización, como norma el art.2 de la Ley 26.425, generado de este modo y sin duda alguna, un conflicto normativo.

El segundo caso, se le solicita, también, la inaplicabilidad del inc.C, del art.19 de la Ley 24.241 como requisito para obtener la jubilación. El cual establece claramente un nuevo requisito para poder jubilarse, se debe acreditar un MINIMO DE 30 AÑOS DE SERVICIOS con aportes y haber cumplido la edad requerida para el actor, lo cual no debía cumplir manteniéndose en el sistema de capitalización, que lo priva sustancialmente de las expectativas legítimamente adquiridas en el sistema de la Ley anterior N° 24.241

Es decir, durante la vigencia del régimen de capitalización, solo existía como requisitos para acceder a la jubilación la edad de 65 años para los hombres y de 60 para las mujeres. Hoy, además de contar con el requisito de la edad, se debe acreditar con el mínimo de los 30 años de aportes, destruyendo la proyección de vida que se venía desarrollando bajo la vigencia del régimen de capitalización. Con la aplicación efectiva de este requisito, un trascendente numero de afiliados llegarán a cumplir con la edad jubilatoria sin poder acceder a los beneficios de seguridad social, ya que no contarán con el mínimo de años de aportes previstos en el Régimen de Reparto. Por lo expuesto, estarían en una situación significativamente desventajosa e inferior respecto a aquella que tenia durante la vigencia del Reg.de Capitalizacion, contraponiéndose claramente a la obligación asumida por el Estado a garantizar igualdad o mejora en la situación de los afiliados/beneficiarios, que enuncia el art.2 de la Ley 26.361, generando un verdadero conflicto normativo.

Naturaleza de la sentencia

El art.27 de Ley 26.361 norma “…la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores y usuarios que se encuentren en SIMILARES CONDICIONES, excepto aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga…`

Recordemos, como son acciones de incidencia colectiva previstas por el art.43 de la Constitución Nacional y reguladas por el art. 54 de la Ley 26.361 de Defensa del Consumidor, de prosperar, los EFECTOS DE LAS SENTENCIAS de ambos procesos sumarísimos serán extensibles a todos aquellos ciudadanos que acrediten encontrarse en estas dos situaciones previstas.

Pudiendo transformarse, de este modo, en un salvo conducto en forma masiva de un gran número de habitantes de nuestra querida argentina.

Tras la feria judicial de enero, de ambas presentaciones se dará vista al Ejecutivo Nacional y a la Anses, por lo cual ambos procesos continuaran su vía ordinaria, transitando todos sus actores, caminos nuevos, que dejarán trazada la historia. Esperanza de muchos y desafíos de pocos.

Como dice Serrat `caminante non hay camino, se hace camino al andar`.

JFS

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