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Debe responder el supermercado demandado por la sustracción del automotor del actor de su propia playa de estacionamiento

Partes: Chambi Juana c/ JUMBO Retail s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: II

Fecha: 28-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-108580-AR | MJJ108580 | MJJ108580

Responsabilidad del supermercado demandado por la sustracción del automotor del actor de la playa de estacionamiento del establecimiento comercial. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios deducida, pues la sustracción de un automotor de la playa de estacionamiento de un supermercado debe tenerse por probada si la víctima, mediante la presentación del ticket de compra, acreditó haber estado en el lugar el día del hecho y efectuó la denuncia policial, sumado a la falta de colaboración probatoria por parte de la demandada del cumplimiento de la obligación de seguridad exigida por la Ley de Defensa del Consumidor.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil dieciséis se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, las Sras. Juezas titulares de la misma Dras. Silvina Furlotti, Gladys Delia Marsala y María Teresa Carabajal Molina y traen a deliberación para resolver en definitiva la causa N° 250.325/52.777 caratulada “CHAMBI JUANA CONTRA JUMBO RETAIL P/ DAÑOS Y PERJUICIOS” originaria del Tercer Juzgado de Paz Letrado, de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 151, contra la sentencia dictada 16 de mayo de 2017, obrante a fs. 147/149, que desestima la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por Juana Chambi y César Eduardo Pimentel en contra de Jumbo Retail S.A., impone costas y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

Habiendo quedado en estado los autos a fs. 181, se practicó el sorteo que determina el art. 140 del C.P.C., arrojando el siguiente orden de votación: Dras. Marsala, Carabajal Molina y Furlotti.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, planteándose las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada? En su caso ¿qué solución corresponde?

SEGUNDA: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION, LA DRA GLADYS DELIA MAR-SALA, dijo:

1. Llegan los autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 151, contra la sentencia dictada 16 de mayo de 2017, obrante a fs. 147/149 2. Para resolver como lo hizo la Sra. Juez de la instancia precedente razonó del siguiente modo:

-en el caso se encuentran controvertidos los hechos fundantes de la acción, esto es:1) que el accionante haya concurrido a la sucursal del supermercado sito en calle Molina y Adolfo Calle de Guaymallén, 2) que lo haya hecho en el vehículo que denun-cia, 3) que haya estacionado en la playa de estacionamiento de propiedad de aquélla, y 4) que el automóvil haya sido robado de dicha playa.

-con relación al primer punto, el actor acompaña dos tickets de compra de fecha 10/5/12 (fs. 19/20), sin embargo, no existe ningún elemento que permita juzgar que la parte actora haya concurrido en vehículo al supermercado y que haya sido depositado en el estacionamiento del comercio en cuestión.

-la sola denuncia penal que diera lugar a los autos nº P-77.063/12, “F. c/N.N. p/ Hurto de vehículo”, resulta insuficiente para tener por probados los extremos de la acción.

-el accionante no acompaña ningún otro elemento que contribuya a dar fuerza-al menos indiciariamente- al reclamo que formula. Así, por ejemplo, aportan valor probatorio la declaración del guardia de seguridad del supermercado, la constancia dejada en el libro de novedades o quejas del mismo, etc.

-para acreditar el hecho del estacionamiento del auto en la playa del supermercado resulta suficiente acreditar hechos conducentes y relevantes que conformen indicios graves, precisos y concordantes suficientes por sí mismos para presumir que efectivamente el rodado fue sustraído en ese lugar”, particularmente, suele tenerse en cuenta que el afectado formule reclamo en forma inmediata al supermercado, denunciando el hecho del robo y exigiendo la reparación. En el caso, este reclamo se realiza mediante Carta documento de fs. 23, que se concreta con fecha 7/7/2012, esto es, casi dos meses después del supuesto hecho, lo cual obsta a considerar esto como elemento indiciario.

3. A fs. 163/169 expresa agravios la apelante.

Sostiene que se encuentra probada la relación causal invocada con:los tickets de compra realizados por los actores en el supermercado en cuestión, los que coinciden con la fecha y hora del robo, constancias del domicilio real de los actores en base a lo cual se presume que todas las compras realizadas no podían ser transportadas hasta el mismo, sino en vehículo, declaraciones de los actores, denuncia penal correspondiente, todo lo cual no ha sido tenido en cuenta por el a-quo.

En cuanto al daño y su cuantía reitera los argumentos vertidos al alegar.

4. A fs. 171/174 contesta traslado la recurrida a cuyas consideraciones me remito en mérito a la brevedad.

5. A fs. 181 el expediente queda en estado de resolver.

6. Anticipo mi opinión favorable a la suerte del recurso intentado 6.1. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse sobre el tema en los autos “Tallura Jalaff Elias R. y ots. c. Hipermercado Libertad p/ D y P.”, del 03/12/2012, reiterando la resolución en febrero de 2017, en Nro. 51.853 caratulados “Pérez Daza Gertrudez c/ Mendoza Plaza Shopping S.A. p/ Daños y Perjuicios” , ambos con voto preopinante de la Dra. Silvina Furlotti a los que p reste mi anuencia: “. que he adherido al criterio flexible en materia probatoria en este tipo de ilícitos, admitiendo que el robo y/o hurto del automotor de una playa de estacionamiento de un centro comercial o supermercado, se prueba a través de indicios y presunciones (serios, graves, con-cordantes), en posición favorable al consumidor y en contra del proveedor que nada acreditó respecto a qué medidas tenía implementadas para dar cumplimiento al deber de seguridad. (fallo publicado en LLGran Cuyo 2013 (mayo) , 435, AR/JUR/64430/2012). Todo ello, en virtud de la dificultad probatoria que estos hechos conlleva, especialmente porque estas actividades delictivas no se hacen a la luz del público y que, además, el establecimiento no entrega ninguna constancia de que el vehículo ingresó al estacionamiento.”.

Agregamos: “.La jurisprudencia de la Suprema Corte de Mendoza está consolidada y es uniforme al respecto.En “Frazzeta”, ha expresado que: “Si la víctima de la sustracción de un automotor en el estacionamiento de un supermercado acreditó haber estado en el lugar el día del hecho, que ese día efectuó la denuncia policial y que al día siguiente se lo comunicó a la demandada mediante carta documento, la empresa debe responder por los daños padecidos, pues los elementos aportados y la falta de prueba del demandado respecto de las medidas de seguridad constituyen indicios graves precisos y concordantes que autorizan a presumir la ocurrencia del robo en el lugar.” Además agrega que: “El supermercado de cuyo estacionamiento fue sustraído un vehículo debe indemnizar a la víctima, si esta acreditó con el ticket de compra que estuvo en el lugar, pues es de aplicación el principio de responsabilidad objetiva que implica la existencia de una obligación de seguridad, por la que se le garantiza al consumidor que durante el desarrollo efectivo de la prestación no le será causado ningún daño sobre sus bienes, conforme al art. 5 de la ley 24240” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 27/07/2012, “Frazzeta, Jorge Antonio c. Libertad S.A. s/ Ord. s/ Inc. cas.” , LLGran Cuyo 2012 (octubre), 973, AR/JUR/38730/2012).”.

Seguimos diciendo: “.En el año 2011, el Superior Tribunal, consolida la construcción de estos precedentes diciendo que: “La sentencia que, luego de afirmar que a la víctima del robo de un automóvil en el estacionamiento del supermercado no se le puede exigir una prueba diabólica de que lo había dejado allí, valora la prueba rendida de una forma tan estricta que termina infringiendo la regla que declara aplicable, violenta el principio lógico de no contradicción, el cual implica que una cosa no puede ser y no ser a la misma vez y bajo las mismas circunstancias.” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, Labarda, Fernando Darío c. Libertad S.A. (Suc. Mendoza) p/ d. y p. (con excep. contr.alquiler) s/ inc. – 29/07/2011, DJ 02/05/2012, 14 con nota de María Eugenia García Tosello, AR/JUR/41275/2011). Por último, en “Frazetta” (2012), dijo que: “En supuestos como los de autos, este Tribunal tiene dicho que sobre los supermercados pesa una obligación de seguridad, la que se traduce en la obligación de desplegar una conducta determinada para mantener la indemnidad de la persona y de los bienes del cocontratante. En el caso, no existe ningún elemento que permita considerar que el supermercado cumplió realmente con este deber de seguridad. Simplemente se limitó a negar el hecho, afirmando que no le constaba su acaecimiento, sin haber acreditado tomar alguna medida para garantizar el cumplimiento de su deber legal y dar respuesta a su cliente. Ante la imposibilidad del accionante de acreditar en forma directa el hecho del estacionamiento, se advierte que quien tenía más posibilidades de acompañar elementos probatorios para el esclarecimiento era el supermercado, a quien le bastaba con probar haber dado cumplimiento a las obligaciones legales que tiene a su cargo.” Es contundente la sentencia cuando afirma que: “En efecto, el hecho del robo de autos en las playas de los supermercados no es desconocido y lamentablemente cada vez más frecuente, tampoco es la primera vez que llega un caso así a este Tribunal, por tanto, el cumplimiento del deber de seguridad le imponía a la demandada, traer a las actuaciones elementos de prueba que acreditaran fehacientemente el cumplimiento de tal deber. Nada de ello sucedió, no acreditó llevar registro de novedades, o que tenía personal de seguridad. Tampoco probó que realizó un control de ingreso o egreso de vehículos, con lo que podría haber desvirtuado el hecho denunciado, por ejemplo acompañando la grabación de cámara de seguridad” (fallo citado).”.

“.La sentencia en crisis rechaza la demanda por no haber sido probado el hecho por cuanto estima insuficiente la denuncia penal, el ticket del supermercado y la declaración de un testigo no presencial.Por el contrario, estimo que, en el caso, estas pruebas son indicios suficientes para tener por probado el hecho. A ello se suma que la demandada no ha prestado la colaboración necesaria, en materia probatoria, para el esclarecimiento del hecho, por el contra-rio, se limitó a negar la existencia, contrariando lo dispuesto por el art. 53 de la ley de defensa del consumidor. Esta norma en el párrafo tercero dice: “.Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.”.

Recordamos que “.en “Frazetta”, la Corte dijo al respecto, en doctrina que resulta aplicable a este caso: “Cabe recordar que conforme al art. 53 de la LC, exige al proveedor el deber de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder y de colaborar para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. Resulta evidente que en el caso de autos la demandada no ha cumplido, en lo más mínimo con este deber, ya que no aportó ningún elemento que permitiera esclarecer la cuestión, adoptando una conducta reticente que vulnera, además de la obligación que la normativa le impone, el principio de las cargas dinámicas de las pruebas, receptado por este Tribunal en diversos pronunciamientos (L.S. 384156).”.

Entendimos “.que surge probada la sustracción del vehículo en la playa de estacionamiento del hipermercado. Entiendo que no cabe restarle importancia al valor probatorio de la denuncia penal efectuada por la víctima. Ya que según las máximas de la experiencia y el principio de la buena fe, las personas, por lo general, no realizan denuncias falsas, máxime si la demandada no la ha reargüido de falsedad. En este sentido ha dicho la Cámara Nacional Comercial, Sala F, citando un voto anterior, que:”Ciertamente, no cabe restar significación probatoria a la denuncia efectuada por el damnificado en sede policial pues, tampoco resulta probable que una persona realice una exposición falsa y se tome la molestia de efectuar innumerables trámites en el Registro de la Propiedad Automotor para hacer efectiva la cobertura (“Caja de Seguros S.A. c. Cencosud S.A. s/ Ordinario” del 22/12/2012 “Caja de Seguros S.A. c. Cencosud SA, s/ ordinario”, 17/07/2006, Expte. Nro. 47.267 del Registro de la Secretaría Nro. 35 del Juzgado Nro. 18; íd; 22/07/2008, “El Comercio Compañía de Seguros a prima fija S.A., c. Coto CICSA, s/ ordinario, Expte. Nro. 51.349 de la misma Secretaría, citado en: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, Nación Seguros S.A. c. Cencosud S.A. s/ ordinario, 20/10/2016, AR/JUR/70647/2016).

Destacamos que “.del ticket de compra, acompañado por la actora, emitido por “Vea” del día 25/01/09, hora 22.40.27, con dirección en Av. Acceso Este 3280, Gllen., Mendoza, perteneciente a Jumbo Retail Argentina SA, que en original tengo a la vista, se puede inferir que la actora y su pareja asistieron al supermercado del mall demandado, ese día y que a las 22.40 hs. pagaron su compra. De allí que no advierto contradicción con la hora, 23.00 hs., que dice la denuncia policial en que ocurrió el hecho, dado que entre la hora del ticket (22.40 hs.) y la que denuncian (23.00 hs.) solo transcurren 20 minutos, que es un lapso razonable, entre que salieron del mall y buscan la camioneta. No advierto en ello contradicción alguna. Es más la denuncia se efectúa en la madrugada del 26 de enero de 2009 (fs. 8 y expte. AEV), hay proximidad horaria entre el acaecimiento del hecho y la denuncia ante la policía.”.

“.La declaración testimonial de Arabie (fs.99), vecino, amigo y ex trabajador de la actora, circunstancias que no inhabilitan su testimonio, refiere que habían venido al shopping y que por vivir cerca nos enteramos que le robaron la camioneta. Si bien, es cierto que no es testigo presencial, sus dichos son concordantes con las otras dos pruebas, la denuncia de hurto y la estadía en el shopping. Estimo que su declaración no debe descalificarse, porque lo que normalmente sucede en la vida cotidiana, es que las personas cercanas, como vecinos, amigos o familiares, se enteren de estos sucesos y no personas extrañas.”.

“.En ese sentido es válida la reflexión del voto del Dr. Remigio, en “Almiron, Sergio Luis c. Libertad S.A”, que dijo: “Sin ir más lejos, en el día de ayer concurrí a un centro comercial de las características de el de la accionada, en mi vehículo particular, solo, averigüé unos precios, di una vuelta y sin comprar nada, volví a mi domicilio. Debo dar gracias a Dios que cuando regresé a la playa de estacionamiento mi automotor se encontraba allí, ya que -de lo contrario- y, sin perjuicio del seguro que pudiere tener contra este tipo de eventos, según el criterio del fallo bajo anatema, ningún reclamo podría efectuar (al menos, con posibilidades de éxito) al propietario del centro comercial, al no contar con ticket de compra, testigos del hecho, etc.La anécdota viene a cuento, para demostrar cómo, en estos casos, a veces, no es posible acreditar -a ciencia cierta-, sino solo de manera aproximadamente verosímil, la existencia puntual del hecho, y siendo irrazonable exigir a las personas que anden por la vida permanentemente con un escribano y dos testigos a los fines de preconstituir la prueba, para dejar asentado todas las circunstancias disvaliosas que pudieren ocurrirle, ante un eventual y futuro reclamo judicial, es que debe aligerarse razonablemente la carga probatoria, jugando -asimismo- en materia de derecho de consumo, la moderna doctrina de las cargas pro-batorias dinámicas, el deber de cooperación, solidaridad y lealtad de todas las partes del proceso, el principio que establece que -en caso de duda- debe estarse siempre a favor del consumidor, el deber de protección a los consumidores o usuarios, el deber de información que pesa sobre los proveedores, etc., todo conforme lo dictado por la L.D.C., Ley N° 24.240 y modif.” (Cámara 7a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, Almiron, Sergio Luis c. Libertad S.A. s/ daños y perjuicios – otras formas de responsabilidad extracontractual, 20/12/2013, AR/JUR/90887/2013).

Consideramos que existían “.indicios serios, graves y concordantes que el hecho sucedió como lo narra la actora. Y cualquier duda sobre la existencia del hecho se debe interpretar favorablemente al consumidor ante la actitud reticente en materia probatoria por parte de la demandada, quien durante todo el proceso de limitó a negar la existencia del hecho, sin ofrecer prueba alguna que fundamente su negativa (art. 53, par. 3, LDC). Es más, de la absolución de posiciones del representante legal de la demandada, surge que la playa de estacionamiento tiene personal de seguridad, pero no ofrece como prueba ni los libros, ni los in-formes, ni los testimonios del personal de seguridad, que quizá podrían haber esclarecido el hecho.” “.Ello así, surge la responsabilidad del demandado por cuanto no cumplió con la obligación de seguridad a su cargo (art.5 ley 24.240 y 42 CN). Así he dicho en Tallura: “La sustracción de un automotor de la playa de estacionamiento de un supermercado, debe tenerse por probada si la víctima mediante la presentación del ticket de compra, acreditó haber estado en el lugar el día del hecho y efectuó la denuncia policial, sumado a la falta de colaboración probatoria por parte de la demandada del cumplimiento de la obligación de seguridad exigida por la Ley de Defensa del Consumidor” (Tallura Jalaff Elias R. y ots. c. Hipermercado Libertad p/d. y p. – 03/12/2012, LL Gran Cuyo 2013 (mayo) , 435, AR/JUR/64430/2012).”.

Aplicando esta jurisprudencia reiterada del Tribunal que integro pondero:

-que se esgrime que el robro se produjo el 10 de mayo de 2012 aproximadamente a las 17:30 hs-ver fs. 26-.

-que se agregan tickets emitidos por la demandada que dan cuenta de en esa fecha y en esa hora adquirieron mercaderías en el supermercado; -que existe una denuncia efectuada ese mismo día ante la Oficina Fiscal Nro. 9 Secc 9 que dio origen a los autos Nro. 77061/32.

-que los actores informan a la seguridad del hecho-ver fs. 1 vta. del expediente penal-.

Todos estos son indicios y presunciones serios, graves, concordantes que me llevan a tener por acreditado el robo, conforme al criterio de esta Cámara que expliqué con antelación.

6.2. Corresponde abordar los rubros que se reclamaron y su cuantificación.

6.2.a. Los actores reclaman-en primer lugar- el valor de la camioneta.

Acreditan la titularidad con el título del automotor agregado a fs. 12 solicitando la suma de $ 56.000.

Que a fs. 9 luce una copia de la póliza 005450128 donde se indica que el valor del rodado con accesorios es de $56.000 De tal modo, el reclamo de $56.00 a la fecha del hecho no resulta irrazonable, el que estimo procedente más los intereses.

6.2.b. Con respecto a la privación de uso, cabe presumirla ante la sustracción de la camioneta.La actora ha fijado prudencialmente el monto en la suma de $20.000 (art. 90 inc. 5 del CPC). Estimo que el rubro es procedente por cuanto la privación del uso surge de los propios hechos ya que quien posee un vehículo es para usarlo. Con respecto a la cuantificación del rubro hay que tener presente que, conforme la experiencia la adquisición de un nuevo vehículo no se puede realizar de inmediato, es por ello, que se requiere de un tiempo razonable para hacerlo, lo que estimo en un mes.

Considero que la suma por la que debe prosperar el rubro es de $10.000 (90 inc. 7 del CPC) con más intereses desde el momento del hecho, lo que permitirá resarcir la utilización de otros medios de transportes, como alquilar un auto, remises o taxi, con más intereses. Zavala de González dice: “entendemos que la indisponibilidad de vehículo puede tener como fuente no sólo la circunstancia de que deba ser sometido a reparación (deterioro parcial), sino también, eventualmente, la necesidad de cambiarlo por otro. Es que conforme la experiencia básica, y aún soslayando las dificultades económicas de la víctima, es notorio que la compra para sustituir el automotor inservible no puede realizarse en el mismo día o al día siguiente del accidente. Antes bien demanda cierto tiempo, siquiera para comparar precios, efectuar las tratativas y formalizar los trámites de rigor, hasta la entrega de la unidad”. (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, Tomo 1, “Daños a los automotores”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2003, 3° reimpresión, 134).

6.2.c. Por último, también debe prosperar el daño moral por la suma de $18.000 a la fecha de la sentencia con más los intereses que corresponden.

En efecto, ya en el año 2012 esta Cámara resolvió la procedencia del rubro en trato en la causa N° 180.721/36.493, caratulada: “TEJADA FRANCISCO RUBEN C MENDOZA PLAZA SHOPPING S.A.P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, con voto preopi-nante del Dr. Gianella, al cual adherí, allí se dijo: “.a mentada interpretación del art. 522 del CPC, consiste en que si bien todo incumplimiento contractual es, en principio, revelador de la culpa del deudor o de algún otro factor de atribución, ella no resulta suficiente para acoger todo reclamo por reparación del daño moral en los supuestos de responsabilidad contractual, pues de ser así no tendría razón de ser la limitación determinada para su procedencia en el art. 522 del Cód. Civil, cuando supedita tal reparación a la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso (v. para el desarrollo de esta postura Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A – 14/11/1997 – De la Iglesia, Daniel A. c. Álvarez, César. – LA LEY 1998-C, 637; en igual sentido, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III – 30/10/1997 – S., A. O. c. Telefónica de Argentina S.A. – LA LEY 1998-A, 146 – DJ 1998-2, 543; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III – 10/07/1997 – Nordi, Amneris L. y otro c. Obra Social del Personal de Despachantes de Aduana. – LA LEY 1997-F, 79 – DJ 1997-3, 1011; LA LEY 1997-D, 430 – DJ 1998-2, 180; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Co-mercial, sala E – 20/12/1996 – N. C., A. c. C., R. E. – LA LEY 1997-D, 173 – DJ 1997-2, 845; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E – 04/12/1996 – Brandolino, Italo A. c. Tiempo y Espacio S.R.L. – LA LEY 1997-B, 810 – DJ 1997-2, 132; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H – 31/10/1996 – Lagomarsino, Ismael A. y otro c. Consorcio de Propietarios Juncal 2259/61. – LA LEY 1997-D, 853; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B – 26/09/1996 – Tara Construcciones S. R. L. c.Sáez, Javier W.; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B – 26/09/1996 – Tara Construcciones S. R. L. c. Sáez, Javier W.; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B – 26/09/1996 – Tara Construcciones S. R. L. c. Sáez, Javier W.; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B – 26/09/1996; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A – 13/09/1996 – Neuromédica S. A. c. Banco Francés del Río de La Plata S. A.; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A – 11/03/1996 – M., J. c. Di N., B. – LA LEY 1997-D, 72; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II – 26/10/1995 – Planchadell, Enrique I. c. Caja Nac. de Ahorro y Seguro. – LA LEY 1997-C, 209, con nota de Manuel Cuiñas Rodríguez ; DJ 1998-1, 339; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III – 29/08/1995 – Warszawski, Mario A. c. Telefónica de Argentina S.A. – LA LEY 1997-D, 851; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C – 11/08/1995 – Pérez, Osvaldo G. c. Migali, José D. y otros. – LA LEY 1997-D, 862 – DJ 1999-1, 613; ver causa nro. 35583 “Bajouth Héctor y ots. c/ Trinidad Inocenciaio p/ dyp. venidos del 12do. Juzgado Civil, sentencia del 14 de octubre de 2.009).”.

Agregamos:”.En el caso que nos ocupa, y aún teniendo en consideración este criterio restrictivo de admisión del daño moral en el ámbito contractual, las circunstancias puestas de relieve por el actor apelante, me persuaden de la procedencia de la indemnización que, por daño moral, pide el accionante.”.

|”.Las reitero, porque resulta elocuente demostración de todas estas vicisitudes que ha vivido la apelante-y sigue sufriendo- y que, apreciadas en su conjunto, dejan el caso fuera de la previsión legal interpretada conforme a los fallos citados.” “.Como sostiene la apelante su daño moral proviene de una serie de hechos, que se desprenden de lo sucedido y se sintetizan en:

– El mero hecho de no haber encontrado su automotor en la playa es claramente generador de angustia y desasosiego.; . -las dificultades que entraña su sustitución para poder seguir trabajando.; -haber perdido .el vehículo que implicaba el traslado de la familia para todas sus necesidades y placer.” “.Todos estos aspectos, tanto por la entidad de los mismos, como su prolongación en el tiempo, no me dejan dudas de la existencia misma de la afección espiritual altamente negativa, el desasosiego, la frustración que implica no tener el automotor que servía a tantas finalidades, en tanto circunstancias generadoras del agravio moral cuya indemnización pide la demandante.” Lo mismo puede predicarse de lo ocurrido en el caso de autos.

6.2.d. En cuanto a los intereses he sostenido en la causa N° 251.576/52.581 caratulada “SCANDURA LUIS C/ HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA P/ D Y P” “.Este Cuerpo ha resuelto que, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde aplicar los intereses moratorios de conformidad al art. 768 in c) C.C.C.N, es decir, la que fije en sus reglamentaciones el BCRA que, a la fecha, aún no habría sido establecida.Y se ordenaba que, si al momento del pago la misma no había sido reglamentada por el Banco Central, se debería aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) (ver en otros autos n° 51.450, n° 51.888, n° 51995).”.

“.Este criterio era el seguido por la Sala I, de la SCJM, aun luego de la entrada en vigencia del CCCN (causa n° 13-03799757-3, caratulada: “Comperatore, José Edgardo C/Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ A.P.A.”, 22/12/16), hasta el día 03/11/2017 donde nuestro Máximo Tribunal dicta el fallo plenario autos n°13-00845768-3/1(010404-28144) “Citibank NA en J: ” 28144 Lencinas Mariano C/ Citi-bank SA p/ Despido/ Recurso Ext. De Incons/ Casacion” . En tal plenario se resolvió que corresponde: “1) Modificar la doctrina fijada por esta Suprema Corte en el Plenario “Aguirre” sobre intereses moratorios para litigios tramitados en la Provincia en los casos en que no exista tasa prevista por convención o ley especial. 2) Disponer que corresponde aplicar la tasa para la línea de préstamos personales del Banco de la Nación Argentina, denominados “Libre Destino” a 36 meses. 3) Los jueces tienen la obligación de verificar si la tasa establecida debe ser reducida conforme a las circunstancias acreditadas en cada caso. 4) La tasa de interés fijada debe aplicarse a partir del dictado del presente plenario.” “.Por lo que, siendo obligatorio el plenario citado por lo normado por el art. 149 del CPC, corresponde proceder a su aplicación.”.

“.En consecuencia, a la suma de condena deberá agregarse los siguientes in-tereses: 1) desde el hecho y hasta el dictado de la sentencia, Ley 4087 (5% anual); 2) desde el dictado de la sentencia y hasta la sanción del plenario “Citibank NA” de la SCJ, la tasa que determina el art.768 del CCCN; y para el caso de que no estuviera reglamentada por el BCRA, la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.). 3) A partir del 03/11/2017- fecha del plenario- y hasta el efectivo pago, la tasa para la línea de préstamos personales del Banco de la Nación Argentina, denominados “Libre Destino” a 36 meses.

6.2.e. Sin perjuicio de la resuelto, entiendo que, previo al cobro de la suma reclamada por daño emergente, la actora deberá acreditar haber efectuado la baja del vehículo ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor mediante los instrumentos pertinentes (conforme la causa resuelta por este Tribunal nº 250.287/52.053 caratulada “RAMOS ADRIANA NOEMÍ C/ LA CAJA DE SEGUROS S.A. P/ COBRO DE PESOS”) Por lo expuesto y, si mi voto es compartido por mis distinguidas colegas de Cámara deberá revocarse la sentencia puesta en crisis, la que, en consecuencia, queda redactada del siguiente modo: admitir la demanda instaurada por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por Juana Chambi y César Eduardo Pimentel en contra de Jumbo Retail S.A, condenando a esta última a pagar, dentro de los diez días de quedar firme la presente, a la primera la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL, con más los intereses establecidos precedentemente, PREVIA acreditación por la actora de haber obtenido la Baja del vehículo del Registro de la Propiedad del Automotor.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión las Dras. Carabajal Molina y Furlotti y dicen que adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION, LA DRA. GLADYS DELIA MAR-SALA, dijo:

Atento al modo como ha quedado resuelto el recurso las costas de ambas instancias se imponen a la apelada vencida (arts. 35 y 36 ap. I CPC).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión las Dras.Carabajal Molina y Furlotti dicen que adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, procediéndose a dictar la sentencia que se inserta a continuación:

SENTENCIA

Mendoza, 28 diciembre de 2017 Y V I S T O S: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal R E S U E L V E:

1. Acoger el recurso de apelación interpuesto a fs. 151, contra la sentencia dictada 16 de mayo de 2017, obrante a fs. 147/149, la que, en consecuencia, quedará redactada del siguiente modo:

“I. Admitir la demanda instaurada por indemnización de daños y perjuicios in-terpuesta por Juana Chambi y César Eduardo Pimentel en contra de Jumbo Retail S.A, condenando a éste último a pagar, dentro de los Diez Días de quedar firme la presente, a la primera la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL, con más los intereses establecidos precedentemente, PREVIA acreditación por la actora de haber obtenido la Baja del vehículo del Registro de la Propiedad del Automotor.” “II. Imponer las costas al demandado vencido (arts. 35 y 36 ap.I CPC).” “III. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente forma: a los Dres. Anabel Gazali y Gustavo Gazali en la suma conjunta de $7.056 y a los Dres. Oscar Darío González y Carlos Manresa en la suma conjunta de $10.080 (arts. 2, 31, 3 y 13 ley 3641 y dec. ley 1304/75).” 2. Imponer las costas de la Alzada a la vencida (art. 35 y 36 ap. I del CPC).

3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente forma: a los Dres. Oscar González Disalvo en las suma de $1.209,60; Carlos Mauricio Manresa en la suma de $4.302; Anabel Gazali en la suma de $846,72 y Gustavo Gazali en la suma de $2.822,40 (arts. 15 y 31 Ley 3641).

NOTIFIQUESE Y BAJEN.

Dra. Silvina Del Carmen FURLOTTI

Dra. Gladys Delia MARSALA

Dra. María Teresa CARABAJAL MOLINA

Fuente: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/06/28/debe-responder-el-supermercado-demandado-por-la-sustraccion-del-automotor-del-actor-de-su-propia-playa-de-estacionamiento/

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