Inicio / Acciones y Campañas de la Asociación / Delitos Contra la Administración Pública

Delitos Contra la Administración Pública

12274291_10208220119207491_973685909978863688_n

Los funcionarios cuando dejan sus funciones con incumplimientos manifiestos en sus responsabilidades, deben ser investigados por los organismos competentes por si se han cometido delitos contra la administración pública.

Los gobiernos no sólo deben velar por el patrimonio del Estado sino que también deben abstenerse de generar injusticias respecto de sus gobernados.

Mas aún, el motivo por el que deben velar por el patrimonio público es la justicia respecto de los administrados.

El uso que hace una persona de su poder público o posición dentro de la estructura estatal o de gobierno para asignarle un trabajo a un allegado o favorecerlo, cuando no media concurso público que asegure la idoneidad, es un delito.

Hacer contrataciones directas, nombramientos de miles de empleados, no pagar proveedores, incrementos patrimoniales exorbitantes, desviación de fondos asignados, moratorias impositivas al momento de terminar el cargo público son delitos que deben ser investigados.

Falta de insumos hospitales, no pago o pago preferencial a determinados proveedores, uso de crédito o partidas presupuestarias con uso diferentes al asignado, falta o provisión defectuoso de servicios, nombramientos de personal sin concursos y no idóneos, contrataciones de empresas amigas, enriquecimiento patrimonial propio y, muchas más..

En el Código Penal estos delitos contra la administración pública.

Posibles delitos que se debería investigar a los funcionarios: 

  1. Recibir pago de climas o sobornos.
  2. Malversación de fondos públicos, que penaliza a funcionarios que den un uso distinto al previsto a los presupuestos estales.
  3. El enriquecimiento ilícito, que incluye figuras como el uso de información reservada para beneficio personal.

___________________________________

Código Penal Argentino:

ARTICULO 253. – Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.

ARTICULO 260. – Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

ARTICULO 261. – Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

─────────────────────

Por Mario N. Vadillo

04/11/15 Fuente: Protectora ADC

Sobre Mario Vadillo

Revisa También

Participación programa Séptimo Día- Tema: Precios Cuidados, relanzamiento 2020.