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El Municipio Bonaerense frente al Derecho del Consumidor

Ricardo G. Rincón

 

1. Los Derechos Humanos en general. Su incorporación a los textos constitucionales [arriba] –

 

1.a. Respecto de la Constitución Nacional

 

Los Derechos Humanos[1] entendidos como el conjunto de potestades/facultades/habilitaciones y garantías reconocidos u otorgados a los integrantes del cuerpo social desde la estructura formal de poder pueden clasificarse para su análisis de acuerdo a una serie de categorías que han sido construidas por la teoría jurídica.

 

El liberalismo, desde John Locke en adelante, levantó las banderas de la defensa de las libertades individuales frente a los excesos en el ejercicio del poder y, así, fueron surgiendo los llamados derechos humanos de primera generación, conocidos también como los derechos civiles y políticos. Estos derechos se incorporaron al léxico común de los revolucionarios de fines del siglo XVIII y del siglo XIX y lograron ser incluidos en los textos constitucionales de la época. Estos derechos estaban inspirados en la igualdad como principio axiológico.

 

Entre nosotros, la genial inspiración de Domingo Faustino Sarmiento, al promover el reconocimiento de los derechos implícitos del art. 33 CN, supuso un cierre de discusión respecto del alcance de las enunciaciones de los arts. 14, 20 y demás. El lote de derechos perfilado así desde los ensayos constitucionales de 1819 y 1826 e incluidos en la Constitución de 1853 se vio definitivamente ampliado a partir de 1860.

 

El impacto de la Revolución Industrial en la vida social en Europa motivó, mientras el movimiento por la sanción de textos constitucionales se desarrollaba, la reacción de algunos intelectuales que comenzaron a reflexionar sobre la llamada “cuestión social”. Así, aparecerán sucesivamente los trabajos de Saint-Simon, Fourier, Owen, Marx y Engels, el Papa León XIII, entre otros, los que señalarán la existencia de otro campo de análisis para el desarrollo de los derechos humanos.

 

Surgen así los llamados derechos humanos de segunda generación, caracterizados como “derechos sociales” para distinguirlos teóricamente de los ya incorporados a las legislaciones entonces vigentes.

 

Estos derechos se identifican con la equidad como anclaje axiológico, procurando disminuir las brechas entre los grupos sociales menos favorecidos respecto de los más (trabajadores frente a patrones, mujeres frente a varones, menores frente a adultos, etc.)

 

Los derechos sociales entraron a los textos constitucionales en el siglo XX, a partir de su inclusión en las constituciones mexicanas y soviética en 1917. En nuestro país, su explicitación se producirá en 1949.

 

La reflexión sobre los derechos de las personas no quedó agotada ni mucho menos con el reconocimiento de los derechos ya señalados y los acontecimientos vividos por la Humanidad motivaron nuevas reflexiones de parte de filósofos, sociólogos y juristas que identificaron nuevas circunstancias que merecían ser consideradas dignas de atención.

 

Llegamos entonces a los derechos que genéricamente se entienden como “derechos humanos de tercera generación”. Estos derechos ya no se encuentran en cabeza de un individuo concreto, o de un grupo de individuos que necesita ser fortalecido frente a otros individuos social y económicamente mejor posicionados. En este caso, se trata de una noción de cierta incertidumbre, pues se tratan de los llamados derechos difusos o de incidencia colectiva. Estos derechos se identifican con la solidaridad, y se vinculan con el derecho a la paz, al desarrollo y al medio ambiente.

 

Nuestra Constitución Nacional los receptó en los arts. 41, 42 y 43 en la reforma de 1994. En dicha oportunidad, el Derecho de los Consumidores ingresó al plexo de derechos constitucionalmente explicitados.

 

1.b. Respecto de la Constitución Bonaerense

 

Nuestro ordenamiento local no escapó al movimiento general en las ideas y en las normas que provocó la evolución del constitucionalismo y así, sucesiva e ininterrumpidamente la Carta Magna bonaerense ha ido reconociendo derechos a sus habitantes, incorporando los derechos de primera, segunda y tercera generación a lo largo de su evolución institucional.

 

Nuestras constituciones de 1854, 1875, 1889 y 1934[2] se inscriben en la tradición del constitucionalismo liberal clásico, en tanto la constitución bonaerense reformada en 1949 incorporó los derechos de segunda generación propios del constitucionalismo social en su famoso art. 29.[3]

 

La reforma del 1994 consagró definitivamente los derechos de segunda generación en el art. 36 y 39, y amplió el plexo protectivo de los habitantes de nuestra provincia, al integrar los derechos de tercera generación de la mano de los arts. 28 y 38 afianzando la operatividad de los mismos en el art. 20.[4]

 

El derecho de los consumidores alcanzó, entonces, rango constitucional a nivel local, así como el amparo colectivo, herramienta procesal necesaria para la interposición de las acciones de clase.[5]

 

2. El derecho del Consumidor [arriba] –

 

2.a. Nacimiento y evolución

 

No debe a escapar a este análisis el poner en perspectiva el desarrollo de los derechos reconocidos/otorgados al consumidor por la legislación positiva.

 

El siglo XIX fue el siglo de expansión del positivismo jurídico de la mano del instrumento de la codificación. Dicho movimiento se congregaba en torno a algunas premisas básicas, una de las cuales era la ficción legal de la igualdad entre las partes. Esta ficción resultaba necesaria para construir sobre ella toda la teoría de los contratos, considerados éstos como la forma básica de explicar las relaciones entre particulares y como la fuente principal de las obligaciones.

 

En este estado de cosas, se desarrolló en el derecho continental una construcción jurídica basada en el principio latino res inter allios acta, alis neque nocere, neque poderesse potest[6], mientras que en el sistema del Common Law se aplicó el principio de lo que en Inglaterra se llamó el “privity of contract”[7] que implica que, en tanto el contrato se considera libremente asumido por los contrayentes constituyendo acuerdos que benefician solo a sus partes, las obligaciones que surgen del mismo resultan recíprocas entre las partes excluyendo a los terceros ajenos a la relación contractual.

 

Este modelo de análisis de las relaciones entre particulares recién comenzó a modificarse hacia 1916 cuando el célebre juez del tribunal superior del estado de Nueva York Benjamín Cardozo falló en el caso “MacPherson vs. Buick”[8], dando inicio a la “era de la conexidad contractual”.[9] La Ley N° 24.240 adhiere en sus lineamientos conceptuales a esta interpretación de los contratos que es vista como la visión más actual de la teoría contractual.[10]

 

En paralelo a esta evolución de la teoría contractual, se produce la evolución de la teoría más amplia de la responsabilidad civil, en la que se produce el desplazamiento de la concepción subjetivista del instituto con base a las nociones de dolo y culpa, típica de la concepción decimonónica del derecho privado, hacia la noción de responsabilidad objetiva (con especial énfasis en el desarrollo de la teoría de los riesgos).

 

El derecho privado muta de una concepción que privilegiaba la individualidad del sujeto hacia otra que privilegia la restauración del equilibrio social/patrimonial, afectados por la ocurrencia de un evento dañoso, independientemente de la calificación de la conducta de los sujetos implicados.[11]

 

Esta mutación fue iniciada en 1967 por la trascendente reforma al entonces código velezano por la Ley N° 17.711 al incorporar, entre otras, a la figura del abuso de derecho en el art. 1071 o la responsabilidad del dependiente en el art. 1113, para ser luego ampliada por la Ley N° 24.240 y, luego, por la Ley N° 26.230 para recalar definitivamente en el Código Civil y Comercial unificado, especialmente en las disposiciones de su art. 1757 y ccds.

 

Los derechos del consumidor se han expandido[12], así tanto en el mundo del Common Law como en el del derecho continental, fruto de un mundo cada vez más interconectado e interdependiente.

 

2.b. Estado de la cuestión

 

En nuestro país, la recepción del derecho del consumidor en los textos constitucionales se produjo a partir de la reforma de 1994 por la vía de la disposición del art. 42:

 

Art. 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

 

Nuestra provincia, incorporaba el instituto en 1994 mediante su art. 38:

 

Art. 38.- Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz. La Provincia proveerá a la educación para el consumo, al establecimiento de procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos y promoverá la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores.

 

Por su parte, la legislación nacional referente al tema se fue nutriendo de diversas fuentes[13]:

 

• Ley N° 18.284, que establece el Código Alimentario Argentino.

 

• Ley N° 19.511 de Metrología Legal, establece la vigencia de las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino -SI.ME.L.A-, basado en el sistema métrico decimal.

 

• Ley N° 20.680 de Abastecimiento.

 

• Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial, regula la publicidad, la comercialización y el envasado.

 

• Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor de 1993 (modificada por Leyes N° 24.999 de 1998 y 26.361 de 2008), que establece las principales disposiciones respecto a la protección y defensa de los consumidores; como también la autoridad de aplicación, los procedimientos y sanciones.

 

• Ley N° 25.065 que establece las normas de regulación del sistema de tarjetas de crédito, compra y débito.

 

• Ley N° 25.156 de defensa de la competencia, que prohíbe y sanciona los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

 

• La Ley N° 25.542 establece que los editores, importadores o representantes de libros deben fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros.

 

• La Ley N° 26.862 de reproducción medicamente asistida.

 

• La Ley N° 26.951 de sanción del Registro Nacional NO LLAME.

 

• La Ley N° 26.994 de sanción del Código Civil y Comercial de la Nación.

 

Siendo los temas del derecho consumeril de íntima vinculación (debería decirse transversales) con el derecho civil y comercial, su materia sustantiva deviene propia de la competencia delegada por las provincias a la Nación en el art. 75 inc. 12.[14]

 

No obstante lo expuesto, las provincias han dictado legislación en esta materia, estableciendo disposiciones que luego han sido adoptadas por otras provincias, en una suerte de lógica sinérgica pro-positiva entre los que pueden destacarse a modo de hitos:

 

• Ley N° 12.665 de la provincia de Buenos Aires (ley de talles).

 

• Ley N° 13.623 de la provincia de Buenos Aires (ley de prohibición del autoexpendio de combustibles líquidos y gaseosos en las estaciones de servicio).

 

• Ley N° 14.208 de la provincia de Buenos Aires de procedimientos de fertilidad asistida.[15]

 

• Ley N° 2014 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creando el registro NO LLAME.

 

• Ley N° 1207 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regula la exhibición de precios en supermercados e hipermercados;

 

• Ley N° 10.236 de la provincia de Entre Ríos, que reglamenta las situaciones pasibles de ser consideradas contrarias al “trato digno” al consumidor/usuario.

 

De la enumeración, se infiere que existe una proficua actividad legislativa en relación a las temáticas relativas al consumidor, a las que deberá agregarse las que surjan a raíz de las decisiones de cada municipio.

 

3. Derecho del Consumidor y Municipio [arriba] –

 

3.a. De la competencia municipal

 

Realizado este repaso y “puesta en situación”, corresponde abordar el tema central de este trabajo, que es determinar cuál es el rol que juega el municipio bonaerense en esta temática. Para ello, resultará imprescindible recorrer la normativa establecida originalmente por la Ley N° 13.133 con sus modificatorias.[16]

 

En efecto, la citada norma contiene las “Bases legales para la Defensa del Consumidor y del Usuario según los términos del art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.

 

El art. 1 dispone que “la presente Ley establece las bases legales para la defensa del consumidor y del usuario según los términos del art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y tiene por objeto establecer las reglas de las políticas públicas y los mecanismos administrativos y judiciales para la efectiva implementación en el ámbito provincial:

 

a) De los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

b) De las normas de protección consagradas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y disposiciones complementarias, sin perjuicio de las competencias concurrentes de la Autoridad Nacional de Aplicación”.

 

La norma en análisis no presenta una adecuada técnica legislativa, por cuanto no se trata el tema de manera ordenada ni se determina a la autoridad de aplicación provincial. La norma presenta un desarrollo basado en la casuística antes que en la sistematización.

 

No obstante las críticas, la norma establece las competencias y deberes de los municipios bonaerenses en la materia tal como se desprende de la lectura e interpretación del título 9.[17]

 

En el capítulo citado, se dispone en el art. 79 que los Municipios ejercerán las funciones emergentes de esta Ley; de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y de las disposiciones complementarias, de conformidad con los límites en materia de competencias y atribuciones.

 

El art. 80 establece que los Municipios serán los encargados de aplicar los procedimientos y las sanciones previstos en la Ley, respecto de las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos territorios. Las sanciones decididas por los Municipios se entenderán como que agotan la vía administrativa y podrán ser recurridas en sede judicial. En este sentido, debe tenerse presente que cuando se recurra una multa impuesta por la autoridad municipal, el recurso solo se concede previo pago íntegro de la misma, conforme lo determina el art. 70

 

El art. 81 realiza una enumeración de deberes a cargo de los Municipios, los cuales son:

 

a) Implementar el funcionamiento de un organismo o estructura administrativa que se encargará de ejecutar las funciones emergentes de la ley. A tal efecto, se faculta a los Municipios a crear estructuras administrativas u organismos especializados, o bien asignárselas a organismos ya existentes con potestades jurisdiccionales sobre cuestiones afines.

 

b) Instrumentar la estructura correspondiente a la instancia del procedimiento y a la etapa resolutiva, cada una de las cuales deberá tener un funcionario competente a cargo.

 

c) Capacitar a su personal y cuerpo de inspectores.

 

d) Confeccionar anualmente las estadísticas. Estas comprenderán las resoluciones condenatorias contra proveedores de productos y servicios; los casos de negativa a celebrar acuerdos conciliatorios, y los incumplimientos de los acuerdos celebrados. Se aclara especialmente en la norma que las estadísticas deberán ser divulgadas pública y periódicamente y elevadas a la Autoridad de Aplicación.[18]

 

e) Facilitar la tarea del Organismo Municipal encargado de aplicación de las funciones y atribuciones que les acuerda esta ley, creando tantas Oficinas Municipales de Información al Consumidor como lo consideren necesario, teniendo en cuenta sus características demográficas y geográficas.

 

El mismo art. 81 también prevé cuáles serán las funciones de las Oficinas Municipales:

 

1. Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y usuarios.

 

2. Brindar información, orientación y educación al consumidor.

 

3. Fomentar y facilitar la creación y actuación de asociaciones locales de consumidores.

 

4. Efectuar controles sobre productos y servicios, en la medida que sean compatibles con el régimen de competencias municipal, y en su caso, elevar las actuaciones al organismo municipal de aplicación para la sustanciación del procedimiento pertinente.

 

5. Recibir denuncias de los consumidores y usuarios.

 

6. Fijar y celebrar conciliaciones entre el denunciante y la empresa denunciada.

 

7. Elevar las actuaciones al organismo municipal de aplicación, en el caso de que fracase la conciliación o para su homologación.

 

8. Propiciar y aconsejar la creación de normativa protectiva de los consumidores en el ámbito de competencia municipal, teniendo en cuenta la problemática local o regional.

 

9. Colaborar con el Gobierno Municipal en la difusión de las campañas de educación y orientación al consumidor.

 

10. Asistir al organismo municipal en todo lo que esté a su alcance.

 

Esta normativa resulta ampliatoria de las competencias otorgadas a los Municipios bonaerenses y su interpretación armónica y pacífica con la disposición del art. 191 de nuestra constitución provincial exige que las Oficinas Municipales se entiendan como dependientes del Departamento Ejecutivo y no como los organismos descentralizados que prevé la L.O.M. -en sus arts. 204 a 217-.[19] [20]

 

La norma prevé un mecanismo para evitar que la dispersión natural que supone la descentralización de las gestiones en favor de los consumidores lleve a la coexistencia de soluciones contradictorias al disponer en su art. 82 inc. b), que la autoridad provincial de aplicación llamará a un “Plenario Anual” al que serán convocados todos los Municipios de la Provincia a los efectos de unificar el criterio futuro a seguir sobre cada tema sometido al mismo. El criterio que adopte el plenario respecto de cada tema será vinculante en lo sucesivo para todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. El Plenario se constituirá con los Municipios que asistan a la convocatoria y sus decisiones se tomarán por mayoría simple. El lugar de funcionamiento será rotativo y su asignación será por sorteo entre los municipios que se postulen para oficiar como anfitriones.

 

La Ley Orgánica de las Municipalidades aparece así complementada y ampliada en sus disposiciones de los arts. 25, 26, 27, 52, 108, 119, 162, 163, 165, 182 por los preceptos de la legislación que analizamos.[21]

 

3.b. Normas de Procedimiento

 

En el aspecto procesal, la norma establece normas de procedimiento en materia consumeril y que supletoriamente deberá estarse a las disposiciones de la ley de procedimiento administrativo en aquellos aspectos que no hubieren sido previstos o contemplados.

 

Las actuaciones podrán ser iniciadas a petición de parte o de oficio (art. 37), siendo de aplicación las reglas del art. 26 en cuanto a la legitimación para actuar. En materia del derecho de los consumidores y atendiendo a su peculiaridad naturaleza, la ley reconoce acción a tres figuras diferenciadas a saber:

 

1. El o los damnificados directos de manera individual o colectiva.

 

2. Las asociaciones de consumidores debidamente registradas.[22]

 

3. Los estados municipales a través de las OMIC (oficinas Municipales de Información al Consumidor).

 

Cuando las actuaciones se inicien de oficio, el acto inicial es la emisión del acta por parte de los inspectores, cuyas características describe el art. 39. La misma deberá contener:

 

a) Lugar, fecha y hora de la inspección.

 

b) Individualización de la persona cuya actividad es objeto de inspección, tipo y número de documento de identidad y demás circunstancias.

 

c) Domicilio comercial y ramo o actividad.

 

d) Domicilio real o social de la persona.

 

e) Nombre y apellido de la persona con quien se entienda la diligencia, carácter que reviste, identificación y domicilio real.

 

f) Determinación clara y precisa del hecho o hechos constitutivos de la infracción y de la disposición legal presuntamente violada.

 

g) Nombre, apellido y domicilio de los testigos que a instancias del personal actuante presenciaron la diligencia, y en caso de no contar con ninguno, expresa constancia de ello.

 

h) Fecha y hora en que se culminó la diligencia.

 

i) Firma y aclaración del inspector y de los demás intervinientes.

 

Cumplida la diligencia, se procederá en el acto a notificar al infractor, el cual dispondrá de 5 CINCO días hábiles para presentar su descargo (art. 42).

 

En caso de que el inicio de las actuaciones sea por vía de denuncia, esta podrá ser formulada tanto en forma oral como por escrito (art. 45), con la particularidad de que la primera providencia de la autoridad será la de fijar audiencia de conciliación a la que citará a las partes (art. 46). Si en la audiencia se alcanzare un acuerdo, el mismo será homologado (art. 47), pero si no se alcanzare acuerdo o si la parte denunciada no se presentare, las actuaciones serán elevadas al funcionario municipal correspondiente el cual por aplicación de las disposiciones del art. 44 de la Ley N° 24.240 podrá requerir del auxilio de la fuerza pública para realizar las inspecciones y diligencias que estime corresponder.

 

Dentro de los cinco días de notificado, el denunciado deberá presentarse y constituir domicilio en el radio del municipio pudiendo ofrecer prueba en caso de existir hechos controvertidos, las que deberán producirse en un plazo de 10 DIEZ días (arts. 51, 52 y 53). Las facultades probatorias no son amplias para el denunciado, admitiéndose la prueba documental que pudiere corresponder, la prueba testifical con hasta 3 TRES testigos, la prueba pericial y la prueba informativa. Esta última deberá proveerse dentro de los 3 TRES días hábiles en tanto que los informes periciales se admitirán si fuere necesario contar con un dictamen técnico o científico para la dilucidación del diferendo (arts. 54, 55, 56 y 57). Concluida la etapa probatoria, deberá resolverse la cuestión la que podrá dar lugar a los siguientes resultados (arts. 61 a 69 y 73 y 74):

 

1. Apercibimiento, la que se dará por cumplida por su simple notificación al infractor.

 

2. Imposición de multa: esta será notificada debidamente invitándose al infractor a pagar mediante la correspondiente boleta en el plazo de 10 DIEZ días a contar desde la notificación. Su no pago, da lugar a la persecución del mismo por la vía del Apremio

 

3. Decomiso de mercadería. En este caso, la sanción impone al órgano actuante la identificación del establecimiento al que se hará entrega o destrucción de los efectos decomisados. Deberán labrarse siempre las actas correspondientes.

 

4. Clausura del establecimiento/suspensión del servicio (la clausura podrá proceder hasta 30 TREINTA días).

 

5. Suspensión temporal en el Registro de Proveedores del Estado (hasta 5 CINCO años).

 

6. Pérdida de concesiones, regímenes impositivos o crediticios especiales.

 

7. Contrapublicidad (implica la rectificación publicitaria a cargo del rectificante).

 

En todos los casos, las sanciones se publicarán a costa del sancionado en el diario de mayor circulación de la jurisdicción (art. 76).

 

4. Conclusiones [arriba] –

 

El derecho de los consumidores constituye, sin duda, un vasto terreno sobre el que se irá desarrollando las acciones de doctrinarios, operadores jurídicos y decisores políticos. La actividad de estos contribuirá a dar precisión a una materia que aparece, ab initio, como inasible dada su novedad y plasticidad.

 

Prestigiosos autores nacionales como Lorenzetti y Stitglitz han abordado el tema, dando prueba de cuánto esta nueva frontera del derecho excita la inteligencia de aquellos habituados a pensar la realidad social en clave normativa.[23]

 

Más allá de la doctrina y los doctrinarios, la manda constitucional ha sido fuente de interpelación a los gobiernos, los cuales han establecido soluciones normativas a los problemas emergentes. En este sentido, distamos mucho de lograr un Digesto del Consumidor (no aspiramos ya a un Código de Consumo), tarea que deberá ser impulsada por los niveles más altos de gobierno.

 

Por el lado de las decisiones jurisprudenciales, los nuevos paradigmas que surgen del derecho consumeril están significando un cambio en las decisiones de los tribunales, los cuales al aplicar los principios emergentes de esta nueva forma de interpretar las relaciones jurídicas revierten concepciones fuertemente enraizadas en la antigua visión decimonónica del derecho privado.

 

En el caso de los Municipios, resulta saludable que en nuestra provincia se les reconozca el protagonismo que por derecho y lógica de proximidad les corresponde, aunque entendemos que la importancia de esta nueva rama del derecho debería ir acompañada de una aggiornamiento de la L.O.M. La provincia deberá velar para evitar el surgimiento de decisiones disímiles en los distintos municipios y los mismos deberían ser dotados de mayores recursos para afrontar esta problemática. Entendemos que el impacto del derecho del consumidor debe llevar también a pensar una actualización de la Justicia Municipal de Faltas para dotar al municipio de mejores herramientas para cumplir con su mandato constitucional de atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales.

 

 

 

Bibliografía [arriba] –

 

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Notas [arriba] –

 

[1] Bidart Campos, GJ. En su …Teoría General de los Derechos Humanos, dedica todo el capítulo 1 a tratar la complejidad de este tema.
[2] Véase al respecto el imperdible artículo de Torres Molina, Ramón La reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires publicado en https://histori acons titucional. wordpress .com/2 013/01/1 6/la-re forma-const ituciona l-en-la-provi ncia-de-buenos-aires/
[3] Ibíd.
[4] El art. 20 de nuestra constitución local toma su antecedente del art. 17 del texto de 1873, así como del art. 18 del texto de 1889 en cuanto al hábeas corpus. El procedimiento del amparo está regulado hoy por la Ley N° 13.928.
[5] Al respecto se recomienda la lectura de Lorenzetti, Ricardo Luis Justicia Colectiva, 2° ed., Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2017.
[6] Para el caso de que el contrato diera lugar a una obligación de tipo ambulatoria, la regla se completaba con la fórmula: etiam adversus reum competere hanc actionem, quum in rem sit scripta.
[7] Shina, Fernando. Daños al consumidor Bs. As., Astrea, 2014, págs. 83-89.
[8] En el Reino Unido, no obstante la teoría del privity of contract siguió vigente hasta 1999, cuando el Parlamento votó la Contracts (Right of the Third Parties) Act.
[9] Shina, F. Op. Cit., pág. 99.
[10] Lorenzeti, Ricardo. Comercio Electrónico Bs. As., Abeledo Perrot, 2001.
[11] Claro está que con ciertas limitaciones, ya que sigue rigiendo el concepto de culpa grave del asegurado; no obstante lo resuelto por el STJ de la provincia de Córdoba en el fallo Bayona Eduardo Manuel y Otro C/Celiz Oscar Leonardo-Ordinario-Daños y Perj.-Accidentes De Tránsito-Recurso De Casación (Expte. Nº 555978/36) y comentado por el Dr. Ariel Macagno en http://www.a ctualidadjuridic a.com.ar/jurispr ude ncia_viewv iew.php? start=.
[12] El 15 de marzo de 1962 el presidente J.F. Kenendy dirigía un mensaje especial al congreso de los EE.UU., en el cual declaraba: “Consumers, by definition, include USA ll. They are the largest economic group in the economy, affecting and affected by almost every public and private economic decision”.
[13] Para una prolija enumeración de fuentes normativas del derecho de los consumidores, ver el trabajo de Truscello, Pablo Martín. EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR EN ARGENTINA Y EL MERCOSUR. Ratio Iuris. Revista de Derecho Privado. Año I, N° 2, 2013, ISSN: 2347-0151 164.
[14] Ampliada esta interpretación por la consideración conjunta y armónica de los incs. 13, 18, 19 y 23 del citado art.
[15] Esta norma, dictada en 2010 es un caso paradigmático de la sinergia señalada. Sus argumentos fueron tomados por el Congreso de la Nación para la discusión y posterior aprobación de la Ley N° 26.862.
[16] No obstante, como se verá, de la clara atribución de competencias al municipio en materia de defensa del consumidor, nuestra postura es que esta competencia YA existía derivada del decreto Ley N° 6.769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en su art. 27.
[17] El título 9 de la ley reza: “DE LOS MUNICIPIOS”.
[18] La autoridad de aplicación está fijada por la Ley N° 12.460. Se trata de la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de la Producción. Allí, funciona el Registro Provincial de Asociaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios. Reglamentado por el Decreto N° 1.191/2002.
[19] Veáse un excelente y exhaustivo análisis de la L.OM. en TENAGLIA, IVÁN. Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 2° ed., La Plata, librería Editora Platense, 2015.
[20] Esta interpretación podría haberse evitado si los legisladores hubiesen sido más precisos y establecido no solo la existencia de estas oficinas, sino su área de dependencia funcional.
[21] El análisis meduloso de los puntos de contacto entre ambas normas excede los límites de este trabajo
[22] La ley remite a las disposiciones de la Ley N° 12.460 en este aspecto.
[23] Imposible no remitir al lector al memorable capítulo VII del maestro MORELLO en su Constitución y proceso. La nueva edad de las garantías constitucionales, págs. 87-114.

Fuente: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=7fe16aab9ad072ae1abc6d5aaf57b21a

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