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El transporte público, cuestión de Estado

El transporte público, cuestión de Estado

José Luis Ramón

En estos días, en forma independiente del fragor que han impuesto las campañas políticas, para resolver la instrumentación de las nuevas políticas del gobierno nacional y del gobernador en nuestra querida Mendoza; en forma paralela se viene gestando la organización del transporte público para los próximos veinte (20) años. y en estos días, de este fin de año, se discute la adecuación de los valores de la tarifa que pagamos los usuarios del servicio, y la remuneración de las empresas, que prestan el servicio delegado por el estado.

Cuando hablamos de los servicios públicos, especialmente del transporte; lo estamos haciendo, de un servicio, que afecta el diario transitar de la mitad de los ciudadanos que habitamos los centros urbanos, sub urbanos y lejanos de la provincia. se trata ni más ni menos que del traslado, de los trabajadores de la salud, de la educación, de la seguridad, el comercio, los turistas; en fin; de los trabajadores, todos, y de los muchachos que concurren a ser educados, nada más y nada menos, que “el desarrollo del futuro”.

Cada vez, que surge el debate sobre los servicios públicos; hay un primer concepto que debemos comprender en forma cabal; y es el hecho de que los “dueños” del servicio público somos los ciudadanos; que a través de mandatos constitucionales, le hemos delegado al estado, por ende, a los señores que elegimos para gobernar, la disposición y administración de los mismos.

Cuando se puso en la letra de la ley, de que trataba; este tema de los servicios públicos; se les indicó claramente a los señores encargados de administrar y disponer, que los servicios públicos, deben ser prestados en forma universal, continua e ininterrumpida; sin pretexto, de ninguna naturaleza atendible para obviar cualquiera de estas imposiciones; porque de ello resulta la posibilidad de un progreso organizado de la sociedad. especialmente, en la consideración de poder llegar a transportar a todos, los que de una u otra manera necesiten trasladarse.

El carácter universal se desprende de la idea, de que todos los ciudadanos, tenemos el derecho a ser transportados, aún, en las condiciones más desfavorables; y el administrador, en este caso el Estado, debe proveer, todos y cada uno de los medios necesarios para su prestación.

Ahora bién, fruto de las disquisiciones de los conceptos de la “política”; en oportunidades de la historia, quienes tienen la responsabilidad de administrar y disponer del servicio; han entendido en ocasiones; que el mismo, debe estar el 100% “en manos del estado” la prestación; otras, también por cuestiones de ideología y/o conveniencia u oportunidad, se ha considerado necesario, “delegar” la prestación, en organizaciones empresarias privadas, que asumen esta obligación de prestar el servicio a los ciudadanos en forma universal, continua e ininterrumpida. pero, guarda, siempre la responsabilidad, aunque delegue la prestación, es del Estado.

En el segundo estadio; el de la delegación en manos privadas, ante la tamaña tarea de controlar en resguardo de los ciudadanos; se crearon, en las décadas, llamadas de la privatización, los entes de control, encargados de velar por estos principios de la constitución que obligan a prestar el servicio en forma universal, y cuidando celosamente el interés de los ciudadanos que utilizan el servicio.

Estas ideas del imaginario de la ciencia política; jamás deben poner en juego el origen de las delegaciones que hemos hecho los ciudadanos, en favor de lo que se llama estado. siempre estaremos presentes en el reclamo por la organización correcta de la prestación del servicio público. ni más ni menos, que lo que llamamos “rol del estado”.

También por mandato de la constitución, sabiamente; se exige al Estado, a los empresarios delegados; y a quienes son los encargados de controlar; en forma indubitable, que en este orden de ideas; se debe verificar, cada vez que se toman decisiones estatales, el cuidado por el interés económico de los ciudadanos; el derecho a la información adecuada y veraz; y la transparencia gubernamental. por ello es, que en las oportunidades que el Estado, por esas cuestiones de la política, resuelve delegar en los empresarios la prestación, es inevitable, ineludible y significativamente necesario, que los ciudadanos, tengamos el rol de ser guardianes de las decisiones que se tomen. y créanme, todo esto es posible.

En atención a estos principios, se impone “per se”, el reconocimiento necesario de derechos a la participación ciudadana, cada vez que se debe tomar decisiones que impliquen la planificación, instrumentación o modificación del servicio; porque ello, de cualquier manera; va alterar la ecuación que propone la ley.

Y en la medida, que los ciudadanos; en los órganos de control, en las audiencias públicas preparatorias, en los órganos consultivos; en fin, en cada uno de los procesos de elaboración de los planes estratégicos, las modificaciones parciales del servicio, el establecimiento de las tarifas, sus modificaciones, los planes de inversión; y todas las medidas que afecten el interés y cuidado de la economía del ciudadano; deben ser hechos a través de los canales de participación; que créanme, son muchos.

Puestos en marcha, estos conceptos; vitales, para entender la idea de reconocimiento de los derechos ciudadanos; y en miras de la intención del Estado de delegar, en empresas privadas la prestación del servicio publico de transporte; antes de comenzar el plan, se debe poner en marcha el ente de control, que permitirá garantizar la participación ciudadana, de la manera más pura que sea posible.

Sí esto fuere de otra manera; podrán ser decisiones muy “legales”, pero en el fondo, para nosotros “los ciudadanos”, serán“ilegitimas“; ya que es muy claro el paradigma que perseguimos los “dueños” del sistema. y créanme, hace muy pocos días, le dimos un mensaje muy claro a los sres. que administrarán y dispondrán de las cosas del “estado“. el verdadero enjuiciamiento que hacemos los ciudadanos es aquel en favor de quién hace las cosas con “legitimidad”, y ello incluye, necesariamente la toma de decisiones que cuiden nuestro patrimonio individual y colectivo, y por sobre todo, al permitirnos participar le den transparencia a sus actos de administración y disposición.

Continúa….

http://www.mdzol.com/opinion/741424-el-transporte-publico-cuestion-de-estado/

Sobre Mario Vadillo

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