Inicio / Acciones y Campañas de la Asociación / Es Urgente que el Estado tome férreas medidas en la Defensa del Consumidor

Es Urgente que el Estado tome férreas medidas en la Defensa del Consumidor

sociedad_estadoSolicitamos que el nuevo gobierno emprenda férreas medidas políticas para la protección de los derechos del consumidor como una forma de contener las ansias desmedidas de lucro de aquellos fabricantes, mayoristas y supermercados formadoras de precios, integrantes todos ellos de la llamada «cadena de comercialización». Estamos viviendo un estado de abuso de precios, que desintegra la economía familiar y las margina del mercado de consumo, llevándola a la pobreza y en muchos casos a la falta de alimentos.

Solicitamos que todos los partidos políticos se aunen y se aboquen desde el Ejecutivo y el Legislativo a sancionar instrumentos que defiendan de una buena vez a usuarios y consumidores frente al abuso de sectores concentrados oligopólicos y monopólicos, porque estaríamos dando, además, cumplimiento al artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que establece claramente la necesidad de proteger a usuarios y consumidores».

La única forma de llevar real y perdurable protección a los consumidores y usuarios, depende de la puesta en marcha de políticas públicas que trasciendan la coyuntura y se ocupen de los diversos y variados segmentos que involucra el tema. Y el requisito ineludible para lograr este objetivo es la existencia de organismos estatales fuertes, independientes y especializados, que se encarguen de gestionar esas políticas y llevarlas a la práctica.

Sin embargo en Argentina ese requisito no se cumple. Lamentablemente el modelo de gestión pública de los derechos de los consumidores y usuarios que se instaló desde el dictado de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor en el año 1993, fue el de ubicar a las autoridades públicas de aplicación de esa legislación dentro de áreas económicas del Gobierno, y en funcionarios de tercero, cuarto o quinto rango en la jerarquía burocrática. Y ello se replica en todas las provincias y municipios del país.

Instamos a este nuevo gobierno que se ponga en funcionamiento
el Tribunal de Defensa de la Competencia, organismo que debería juzgar y penalizar aquellas conductas que distorsionen la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abusos de posiciones dominantes generando perjuicios para el interés económico general, jamás fue constituido desde su creación en el año 1999. Muchos de los procesos inflacionarios, de concentración de materias primas, productos y servicios, se habría evitado, al ser las grandes empresas juzgadas por estos delitos a la competencia.

El nuevo gobierno debería instrumentar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que contemplen integralmente y mediante acciones concretas, el sostenimiento de los derechos reconocidos en el 1er. párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional.

Y por sobre todo el nuevo gobierno debe mirar al futuro en las escuelas, en donde no se enseñan estos derechos a niños y adolescentes, y más preocupante aún, las universidades donde, salvo un par de honrosas excepciones, tampoco se forma en las carreras de grado a los futuros abogados y jueces en el campo del Derecho del Consumidor.

Es muy bueno que el Estado advierta que el Derecho el Consumidor puede ser una herramienta útil para castigar abusos en la cadena de valor de los bienes y servicios que se ofrecen a los consumidores y usuarios, pero también debe advertir que es una herramienta que puede evitar las cláusulas abusivas que abundan en contratos bancarios, círculos de ahorro, contratos de medicina prepaga y pólizas de seguros, también puede servir para el control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos esenciales, puede utilizarse para controlar las deficiencias y abusos que presenta el mayor canal de comunicación que tienen los argentinos, la telefonía celular, puede obligar a todas las empresas y comercios a que brinden información suficiente y clara, y condiciones dignas y adecuadas de atención y trato a sus clientes, sirve igualmente para impedir mecanismos agresivos de comercialización y publicidad; en fin, es una herramienta jurídica que utilizada en todo su potencial, sin dudas, puede generar soluciones de justicia a gran escala, contribuir a transparentar el mercado y formar ciudadanos que consuman responsablemente.

─────────────────────────

10/12/15 Por Mario N. Vadillo

Fuente: Protectora, Asociación de Defensa del Consumidor

Sobre Mario Vadillo

Revisa También

Participación programa Séptimo Día- Tema: Precios Cuidados, relanzamiento 2020.