Inicio / Acciones y Campañas de la Asociación / Fondo de Servicio Universal: un tema para ir a fondo

Fondo de Servicio Universal: un tema para ir a fondo

A mediados del año pasado se publicó en el Boletín oficial la Resolución 80/2007 de la Secretaría de Comunicaciones, describiendo el mecanismo a través del cual las empresas de telecomunicaciones deberían comenzar a pagar los montos que les corresponden para constituir el fondo de Servicio Universal, creado por el Decreto 764/2000 de De la Rúa, y nunca implementado.

Por Mario N. Vadillo

De acuerdo a ese decreto el fondo del Servicio Universal se utilizará para extender los servicios de telecomunicaciones a zonas, servicios y segmentos de clientes no rentables.

El viernes 4 de abril del 2008, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto presidencial 558/2008 «Reglamento General del Servicio Universal» por el cual se sustituye el Anexo III del Decreto 764/2000. Se trata, según creo, de la modificación más importante del decreto de De la Rúa que estableció las reglas que regirían la apertura del mercado de telecomunicaciones.

El texto fue reemplazado completamente. No se trata de modificaciones menores. Desapareció todo el tema del cálculo del costo de la prestación del servicio universal y la cuestión de que se podían deducir los costos de estar prestando servicios en zonas con teledensidad menor al 15%.

Aparece la siguiente obligación por parte de Telefónica y Telecom, que no figuraba en el viejo anexo:

«Sin perjuicio de los servicios y programas que la Autoridad de Aplicación defina en el marco del presente reglamento, las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico (LSB) tienen la obligación de expandir la red de telefonía fija en un plazo de SESENTA (60) meses, en el total del ámbito geográfico de sus respectivas regiones, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. La Autoridad de Aplicación determinará en cada caso si las LSB podrán financiar dicha obligación con los fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.»

B.O. 11/12/08 – Res.405/08-SC – TELECOMUNICACIONES – Dispone que prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán depositar en las cuentas abiertas. Art.1 Res.80/07:

Esto significa que las compañías de telecomunicaciones están obligadas a depositar el 1% de sus ingresos (neto de impuestos y tarifas) en el Banco Nación, hasta que se constituya definitivamente el Fondo. Con ese dinero, se permitirá subsidiar el servicio en grupos o zonas no rentables. La Secretaría de Comunicaciones dispuso que las empresas deberán iniciar los depósitos dentro de los diez primeros días del mes próximo.

Esta resolución empieza a poner en práctica lo que el Artículo 10 del Anexo III del Decreto Nº 764 del 2000 establecía como condición para la apertura del mercado a la competencia. De esta manera, se garantizaba la prestación de los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país.

El reglamento del Servicio Universal establece que el conjunto de servicios telefónicos habrá de prestarse con una calidad determinada y a precios accesibles, con independencia de su localización geográfica. Lo llamativo, es que teniendo en cuenta las mejoras económicas que el país ha tenido en los últimos tiempos, más allá de la crísis, el fondo no se haya generado antes.

El incumplimiento por parte del Estado de esta reglamentación, provocaba un enriquecimiento de las empresas telefónicas, en realidad, «se los sacan a los sectores más pobres del interior del país que no tienen acceso a los servicios esenciales de telecomunicaciones (télefono, Internet, etc.) acentuando así las desigualdades regionales, sociales y económicas que presenta nuestro país«. Un claro incumplimiento del Estado en favor de las empresas y en perjuicio de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Que nuestra Asociación, asesorada por técnicos de comunicaciones sobre la utilización de este fondo de servicio universal, esta en un todo de acuerdo en su retrasada creación, que ya perjudico sobre manera a los usuarios. La finalidad de mantener un precio de los servicios de telecomunicaciones en igualdad, aunque los costos sean diferentes, mediante el subsidio de las zonas densamente pobladas a las zonas rurales o cuya constitución macro económica no sea rentable, logra nuestras mayores aspiraciones de consumidores que es la integración cultural, mejor servicio, menor precio y más federalismo.

No obstante, se realizará mediante solicitud de información pública (DECRETO 1172/2003), a la Comisión Nacional de Comunicaciones y/o a los organismos que se encarguen de la distribución o licitación de los fondos de servicio universal,  no beneficie en forma encubierta al crecimiento de la redes de Telefónica y a Telecom.

No se debe dar subsidios donde las prestadoras citadas, deberán crecer como parte natural de su expansión.

No se debe dar subsidios, donde se supere una teledensidad mayor al 15%.

Si se deberá dar subsidio donde se atienden pequeñas comunidades por operadores locales.

Si se deberá dar subsidio para lograr universalizar el servicio en  pequeñas localidades, donde lo mismo contribuye al turismo o a la implementación de polos informaticos.

Si se deberá dar subsidios para lograr que toda área geográfica sea cubierta por lo menos con la competencia de dos operadores.

Si se deberá dar subsidios para lograr que toda área geográfica sea cubierta con el mismo valor de 1Mb de ancho de banda de Internet, que sin dudas es la pauta más orientativa que hemos encontrado para medir quién necesita subsidio y quién no.

Nuestra Asociación piensa que esta asignación de recursos, deberá contar con TRANSPARENCIA, los procesos de licitación por valores de bits, sería un gran recurso para conformar la distribución de los fondos. También la participación de los usuarios y las municipalidades, para las sugerencias y el control de los fondos.

Por lo que a partir de la vigencia de la resolución aludida, comienza un seguimiento de su implementación, el informa de los fondos depositados, y a recepcionar solicitudes de los consumidores donde no llegan las comunicaciones, para solicitar desde ya la asignación de recursos para dar cumplimiento a la universalidad del servicio.


Nota Periódico Clarín; Claudio Savoia csavoia@clarin.com

LO AFIRMA UN INFORME DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
Hay $ 350 millones para instalar teléfonos y no se usan

Desde el 2001 el Estado debía retener fondos de las telefónicas para llevar el servicio a los pueblos incomunicados. Pero nunca lo hizo. Ahora el Gobierno dice que las empresas «deben devolver la plata».

Hace tres semanas, durante la apertura de las sesiones del Congreso, el Presidente prometió «defender con uñas y dientes» los derechos de los usuarios ante las empresas privatizadas. Pues bien, un decreto del año 2000 que jamás fue aplicado le ofrece una buena oportunidad de hacerlo: en la era de Internet y las comunicaciones planetarias inmediatas, miles de argentinos viven en pueblitos a los que todavía no llegó el teléfono o apenas comparten una cabina pública entre todos los vecinos, aunque el Estado debería estar invirtiendo para revertir esa situación un fondo de unos 350 millones de pesos que jamás les reclamó a las empresas telefónicas.

Esta es la conclusión de un informe que acaba de publicar la Auditoría General de la Nación (AGN), en el que analiza la aplicación del decreto 764/2000 firmado por Fernando de la Rúa, que obligaba a la Secretaría de Comunicaciones y a otros dos organismos del Gobierno a constituir un fondo fiduciario para llevar primero el servicio de telefonía básica y después el de Internet a todos los habitantes del país, «especialmente los que viven en zonas de difícil acceso o que tengan limitaciones físicas o necesidades sociales especiales«, es decir a los que están aislados, tienen discapacidades físicas que requieren de aparatos especiales para usar el teléfono (hipoacúsicos, mudos) o no son rentables para las empresas porque consumen poco, como los jubilados.

Este fondo, que debería haberse conformado efectivamente desde el 1º de enero del 2001, tenía que integrarse con el 1% de las ganancias de todas las empresas de telefonía fija y celular, y según los cálculos oficiales y los del defensor del Pueblo de la Nación, hoy contaría con unos $ 350 millones. Pero está vacío, porque jamás se constituyó.

El decreto 764 contiene el «Reglamento general del Servicio Universal (SU)», un programa que, tal como estaba contemplado en los pliegos de las privatizaciones, había sido concebido para organizar el modo en que las empresas llevarían el servicio telefónico hasta aquellas zonas y clientes cuya atención no era rentable para sus balances. El reglamento ponía en manos de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y en menor medida de la Comisión Nacional de Comunicaciones (autoridad de control del servicio telefónico) y de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor, la responsabilidad de crear un fondo fiduciario con el aporte de todas las empresas y de constituir el consejo administrador que iría dando destino a esos fondos.

Pero nada de esto sucedió. Los «comentarios y observaciones» del informe que la AGN acaba de dar a conocer son lapidarios:

«No se adoptaron por parte de la SECOM, la CNC y la Secretaría de Defensa del Consumidor las medidas jurídicas, administrativas y económicas necesarias para aplicar el Servicio Universal.»

«No se adoptaron las medidas conducentes a la puesta en funcionamiento del fondo fiduciario del SU, cuya implementación debió haberse efectuado antes del 1º de enero del 2001».

«Lo recaudado por las empresas a través de la facturación al cliente en concepto de aporte al SU, contraría la normativa establecida, constituyendo una ganancia indebida para las mismas y un perjuicio para el cliente». La AGN cita un antecedente grave, registrado por la CNC en el expediente 4089/02, según el cual tres empresas de telefonía celu lar «trasladaron a sus clientes a partir de enero de 2001 en concepto de Servicio Universal un porcentaje que asciende aproximadamente al 1 por ciento de los consumos facturados.» Es decir que además de quedarse con el porcentaje que deberían haber destinado al fondo que jamás se creó estas empresas cobraban otro monto similar a sus clientes apelando a un concepto que jamás entró en vigencia.

«La SECOM, la CNC y la Secretaría de Defensa del Consumidor no han impulsado medida alguna que inste al reintegro al cliente de las sumas cobradas en la facturación relacionada con el aporte al SU

Para el auditor general de la Nación, Leandro Despouy, la desidia en implementar el Servicio Universal «muestra qué concepto del servicio público se tenía en los 90: en lugar de tutelar el interés del usuario, acá se armaron sistemas jurídicos para generar negocios rentables para las empresas. Ejemplos como éste deberían ser tenidos en cuenta a la hora de formular la defensa argentina en los juicios que las privatizadas sostienen en el tribunal del Banco Mundial», se exaspera.

El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, investigó la omisión estatal de recaudar el dinero correspondiente para poner en funcionamiento el SU: «Entre otras cosas, detectamos la falta de presentación de las declaraciones juradas mensuales por parte de las prestadoras, en las cuales se indica el monto del aporte para el SU que deberían haber realizado», explica. «Según nuestras estimaciones -basadas en los balances de las telefónicas-, el fondo fiduciario sería aproximadamente de 350 millones de pesos. Varias veces pedimos informes a la SECOM y a la CNC, pero nunca nos contestaron». Perseverante, Mondino promete una ofensiva: «Esta semana vamos a reclamarles a las empresas que dejen de cobrar en las facturas el porcentaje correspondiente al Servicio Universal, y también que establezcan un plan para devolverles a los usuarios el dinero que les cobraron desde enero del 2001«.

En el Congreso también hubo reclamos por el postergado nacimiento del fondo con que se debería haber llevado el teléfono a miles de argentinos incomunicados. En mayo del año pasado, el senador radical por Jujuy Gerardo Morales presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo que fue olímpicamente ignorado. «Las empresas debían garantizar el acceso a la telefonía de las comunidades más pequeñas», dice el senador. «Eso no ocurrió, y con el retraso del Servicio Universal la responsabilidad ahora también es del Gobierno. En mi provincia el reclamo por el teléfono en las localidades más apartadas es muy fuerte.»

Para el secretario de Comunicaciones durante el gobierno de la Alianza, Henoch Aguiar, el Servicio Universal implicaba que hasta hoy habría 350 millones de pesos «gastados para la gente«. El ex funcionario explica cómo debería estar funcionando hoy el fondo fiduciario que jamás se creó: «Lo más novedoso era la modalidad play or pay, algo así como brindá el servicio o pagá: las empresas podían ofrecerse a instalar redes en lugares poco rentables con la posibilidad de poner la publicidad que quisieran, el consejo administrativo del fondo fiduciario tasaba esa inversión según parámetros muy estrictos, y ese dinero se descontaba del monto que esa empresa tenía que aportar al fondo. El otro camino era pagar todo. Después, el consejo tenía que licitar las obras correspondientes según el orden de prioridades».

¿Cuántos argentinos abrieron sus ojos al siglo XXI sin un teléfono en sus casas? El secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, no puede responderlo con precisión. Pero tampoco evade el tema: «Los pueblos sin teléfono son miles, seguro«. Poco proclive a atender a la prensa, sin embargo recibió al Equipo de Investigación para responder las acusaciones que se acumulan contra su oficina. «Es verdad, nosotros tampoco creamos el fondo fiduciario. Y decidimos no hacerlo«, sorprende. «El SU se financiaba con el aporte de los usuarios, porque las tarifas eran libres y no estaba tan claro que las empresas no pudieran trasladar a las facturas el costo de su aporte. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, y tomar esa plata implicaría consentir su origen«.

¿Y cuál será el destino de los 350 millones de pesos que el Estado debería haberles retenido a las telefónicas? ¿Se sumarán a la mesa de negociaciones de los contratos, se perdonarán para que no aumenten las tarifas? «De ninguna manera. Cuando esté la reglamentación correspondiente esa plata deberá ser devuelta a la gente. Hasta el último peso«, promete el funcionario.

Las empresas telefónicas no tienen mucho para decir sobre el informe de la AGN, aunque ninguna demostró sorpresa: «Este tema está dormido desde hace cuatro años, pero sabemos que en algún momento tendrá que resolverse«, admitió a Clarín un gerente de Telecom. La oficina de Prensa del grupo (que también controla a la compañía de celulares Personal) sostuvo que están a favor del Servicio Universal y consideran que pueden ser acreedores del fondo fiduciario, ya que competirán por hacerse cargo del extendido necesario para llegar a los sitios más apartados. Sin embargo, la empresa todavía no definió la posición que adoptará ante un eventual pedido del Gobierno para que devuelvan el uno por ciento de la facturación que Personal, como las otras empresas de celulares, ya viene cobrando.

La empresa de celulares CTI no respondió las preguntas, pero envió una declaración en la que explica que «no resulta posible determinar con exactitud el monto del subsidio sin realizar los análisis de detalle necesarios y previa definición de los alcances del SU». Telefónica de Argentina y su empresa de celulares, Unifón, no respondieron el cuestionario que recibieron. Igual, parece que la hora de las palabras está llegando a su fin.

Nota relacionada:

Oyarbide: Lo separaron de una causa sobre estafa a clientes de telefonía celular

Ahora Internet es un servicio obligatorio

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1184224

Sobre

Revisa También

Precios esenciales en Mendoza

A 48 hs. de su comienzo, estimamos de acuerdo a nuestros revelamientos que hubo un …