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Pedido de intervención de la defensoria por el tema “quita de subsidios a clientes hipotecarios”

Córdoba, 12 de Marzo de 2018Córdoba,
Sr. Director de la oficina de Defensa del Consumidor de la Provincia de CórdobaDr- Ariel JuriS
————————/———————D:La que suscribe,

MARIELA ANDREA MONCADA, de profesión Abogada MP 1-34680, y CARLOS EMANUEL CAFURE, abogado MP 1-39739, ambos en nombre y representación de PROTECTORA, ASOCIACION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, RNAC Nº35, (adjunto poder) con domicilio legal en calle Av. Colon 525 5to piso of.7, de esta ciudad de Córdoba, Teléfono Nº 0351- 153411388 – 152509623, Email m_moncada@hotmail.com; en uso de las facultades otorgadas por el art 42 de la CN y el art. 56 y cts. de la ley 24.240 (LDC), nos dirigimos a Ud. a fin de solicitarle intervención por el tema de la quita de subsidios por parte de Bancor (Banco Provincia de Córdoba), a los créditos hipotecarios otorgados entre 2008 y 2011 como es de público conocimiento (publicado hoy en el diario La Voz del Interior, adjunto al presente), medida que está perjudicando GRAVEMENTE a miles de cordobeses. La operatoria del banco ha sido la siguiente: se le curso una notificación a cada cliente hipotecario, para informarles que a partir de “tal dia” la cuota de la hipoteca ascendería de monto, en razón de haberse eliminado un subsidio. El banco adopta esta  medida para “proteger el capital del banco”. En dicha misiva, a su vez, se obliga a los clientes a tomar una nueva línea de créditos (personales). Llegando a conocimiento de nuestra asociación, de esta medida totalmente ILEGAL Y ARBITRARIA, por parte de Bancor  que esta perjudicando severamente a los tomadores de créditos hipotecarios, ya  que les modifican las condiciones de un contrato en ejecución, y obliga a tomar créditos personales, ambas medidas afectando perjudicialmente el patrimonio de los solicitantes, nos acercamos a Uds. A fin de solicitarles pronta e inmediata intervención, porque entendemos que es la Dirección de Defensa del Consumidor dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba – en su carácter de Autoridad local de Aplicación para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario – la que debe tomar intervención en el tema para brindar efectiva tutela a los ciudadanos consumidores afectados por la medida adoptada por Bancor, toda vez que es el organismo gubernamental con facultades sancionatorias, que puede iniciar actuaciones de oficio tendientes a determinar la existencia de infracciones a cualquiera de las normas – constitucionales, legales o reglamentarias – de la Ciudad cuyo objeto sea la protección al consumidor.El fundamento de nuestra petición es que es el propio estado (a través de sus Órganos de Control) el que debe bregar por la protección de los intereses económicos de los usuarios y consumidores (art. 42 CN). Sostiene especializada doctrina, que las autoridades de aplicación tienen importantísimas funciones y atribuciones, donde la oficiosidad e iniciativa propia cobran un carácter central, que requiere un cierto activismo estatal para la efectiva protección de los consumidores; “Existe una multiplicidad de factores que se conjugan para impedir o dificultar que los consumidores plasmen sus denuncias frente al quebrantamiento de sus derechos. Por lo tanto, es la autoridad administrativa de aplicación del sistema normativo de defensa del consumidor la que debe ordenar, por iniciativa propia, la realización de inspecciones para verificar si los productos o servicios que se comercializan en su jurisdicción cumplen con la legislación general de defensa del consumidor y con las normas especiales del tipo de actividad o producto de que se trate… Con mayor grado de intensidad aún, el Estado debe desplegar todas sus herramientas cuando la afectación o el riesgo de que ella se concrete, provengan de productos o servicios comercializados u ofrecidos en forma masiva… Sabido es que la mayor parte de los afectados no iniciará una acción judicial para reclamar por ‘su parte’ el perjuicio ocasionado masivamente. Por ello es la autoridad administrativa la que debe hacer uso de sus facultades, pudiendo: a) iniciar acciones judiciales gracias a la legitimación judicial conferida por la LDC (art. 52); b) impulsar actuaciones administrativas para perseguir el cese de la conducta en infracción y, de corresponder, aplicar las sanciones pertinentes” (BRU, Jorge M. Y RUSCONI, Dante, “Protección Estatal de consumidores y usuarios”, en la obra Manual de Derecho del Consumidor, RUSCONI, Dante (Coor.), 1era. Ed., Buenos Aires Abeledo Perrot, 2009, p. 517/518)

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