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Protectora: Posición escrita en audiencia pública para el proyecto minero Planta Concentradora San Jorge, Uspallata, Las Heras, Mendoza.

«Si participar es dar voz a aquellos que no la tienen y poder a los excluidos, participar es motivar el cambio social redefiniendo relaciones de exclusión que hacen posible la violación de derechos».

Existe claramente una desconfianza a la actividad minera, los daños que pueden provocar son irreversibles, extensivos en grandes superficies e irreparables, por lo que la preocupación es real.  La participación del sector público en el control del sector privado, no ha sido exitosa, por lo que el sector minero no parece ser la excepción.

La experiencia internacional en los controles a empresas privadas por grandes potencias, tampoco han mostrado ser los adecuados, como se hizo notorio en el derrame de petróleo en el Golfo de México.  

De aprobarse el proyecto minero San Jorge, la preocupación será cómo asegurar que la empresa privada sea social y ambientalmente responsable. El gobierno mendocino deberá proveer de las reglamentaciones necesarias para que el proceso funcione correctamente.

Una tendencia emergente es superar esta división institucional vertical/horizontal y apoyar esfuerzos que involucren a ciudadanos directamente en los trabajos de instituciones de rendición de cuentas horizontales. Esto representa un esfuerzo para aumentar la limitada efectividad de la función de protección de derechos de la sociedad civil rompiendo el monopolio del Estado sobre la responsabilidad de la vigilancia ejecutiva oficial. Enfocando la vigilancia al monitoreo medio ambiental.  La mayoría de las experiencias compartidas son bastante recientes. La capacidad de la comunidad, grupos de interés y ONGs en la participación en el proceso es desigual, por lo que debe establecerse formas de lograr equilibrios, para aumentar las capacidades.

Es crucial y clave estas participaciones. La falta de participación social, ha provocado la falta de oídos y voces ante las denuncias premonitorias de grandes desastres que han provocado mineras Canadienses en el MUNDO.

Nuestra Asociación no cuestiona la actividad minera, sino la forma en que se planea llevar a cabo. Estamos acá para cumplir y porponer un desafío cultural de como llevar efectivizar los procesos de control, para evitar resultados desastrosos al ambiente y a la salud de los consumidores. Nuestra posición coadyuva en las necesidades de la extracción de minerales para la producción de bienes. NO buscamos la confrontación, sino una posición constructiva.

Felicitamos al Gobierno de Mendoza en posibilitar la existencia de una Audiencia Pública para abrir un espacio para el debate.

Se propone:

  • Que se participe a amplios grupos de interés en especial organizaciones no gubernamentales, incluyendo todos los diferentes intereses involucrados
  • Acceso oportuno a la información. Autorización legal para hacer todas las investigaciones necesarias para el debido control de los procesos involucrados.
  • El asegurar la continuidad en el proceso, y la continuidad en la representación de cada sector durante la duración del mismo.
  • Transparencia en los representantes de cada grupo de interés y en su elección;
  • Independencia financiera de los  que participan en el proceso de consulta.
  • Instrumentar un compromiso legal entre la Empresa, el Gobierno y las organizaciones comprometidas para efectivizar en forma real el monitoreo efectivo, hasta la finalización del proceso.
  • Que la participación y el control no se agoten por sí mismos como fin, sino en pos de la garantía de reparación y restauración de los cambios y daños ambientales y sociales que produzcan.

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