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PROTECTORA: Rechaza cambios de recorridos de colectivos por inseguridad en barrios carenciados

Bº la gloria-240PROTECTORA, Asociación de Defensa del Consumidor,  en en uso de las facultades otorgadas  en el art. 42  de la C.N. y en el  art.  56 y ccs. de la 24.240 LDC.,  solicito la nulidad, el cese de la discriminación y la represenación de los usuarios, por los cambios de recorridos del transporte público de pasajeros en los barrios más carenciados, por la causal de inseguridad.
Refiriendo:

Al Señor Secretario de Transporte

del Gobierno de la Provincia de Mendoza

Dr. DIEGO MARTINEZ PALAU

S——————/——————————–D:

I. Solicitar se ANULE la disposión emanada de esta secretaria que refiere: «Se desviarán a partir de las 17 hs las líneas que se dirigen al B°San Martín y B° La Gloria. Debido a los últimos acontecimientos delictivos, el Grupo 7 realizará los siguientes desvíos a partir de las 17:00 hs.  B°San Martín. Línea 91/ 91 UNCuyo – Aconcagua, Juncal, Tupungato, Uspallata, a su recorrido. B°La Gloria. Línea 121-123-125 Juan B. Justo, Terrada, A. del Valle, a su recorrido. B° La Gloria. Línea 122- 124 Terrado, A. del Valle, a su recorrido»…

II Violación a los Derechos de los Usuarios

Dicha disposición vulnera la norma constitucional del art.42 que designa un acreedor: el usuario, y dos sujetos deudores solidariamente responsables: el prestador de servicios y el Estado en la protección de un derecho, que no es otro que un derecho humano a su salud, seguridad e intereses económicos, respetando por sobre todo la igualdad de trato y la dignidad.

Es un derecho de todos los habitantes de la Provincia de Mendoza contar con la prestación segura, digna, regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida del servicio público de transporte. Actualmente los operadores del servicio no satisfacen dicho perfil lo que provoca ineficiencia, incomodidad e inseguridad para los usuarios.

Se debe acabar con las disposiciones que emanan de reuniones de esta Secretaría, con el sindicato y las empresas de transporte, cuyo gran ausente es el usuario. Los intereses privados, no pueden prevalecer e imponerse  a la propia Ley de Regulación de Transporte 7.412 que Proteger los intereses de los usuarios, promoviendo su participación en la fiscalización y control del sistema.

El Estado debe Garantizar que el Servicio de Transporte Público de Pasajeros, en todas sus formas, se brinde sin preferencias ni discriminación alguna, asegurando la confiabilidad, libre acceso, higiene, seguridad, uso generalizado y complementariedad.

III. Discriminación a los Usuarios del los Barrios San Martín y la Gloria.

El transporte público debe entenderse como garantizador de los derechos  ya no dirigidos a un hombre genérico, sino que se centran en aquellos colectivos situados por razones culturales, sociales, físicas, económicas, administrativas, etc. en una situación de inferioridad que es necesario compensar desde los derechos humanos.

Quitar el transporte público a los barrios con mayor virulencia delictiva e inseguridad, supone hundirlos aún más en la miseria y generar mayores problemas sociales, económicos y humanos para sus habitantes.

Sin lugar a dudas de prospepar los reclamos gremiales y empresariales, solo se van a encontrar recorridos en las zonas de mayor poder adquisitivo, mayor concentración de usuarios y con menores cantidad de kilómetros.

Por el contrario el Estado debe garantizar a las zonas de mayor vulnerabilidad social, más recorridos de transporte público de pasajeros, como también que puedan a toda hora del día asegurarse todos los medios de transporte, al peatón, ciclista y automotores a fin de asegurar a los habitantes del barrio, poder cumplir con sus trabajos y a los niños poder ir a las escuelas y sus actividades deportivas y recreativas, que son el verdadero motor del cambio social.

IV. Cumple en forma urgente  en poner en funcionamiento al Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros.

Sin dudas la existencia de dispositivos que vulneran y avasallan los derechos de los usuarios, tienen como causa principal la ausencia de un representante legal, que es el Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros, ya que el Gobierno Provincial se niega a cumplir con la Ley 7.412 que establece su creación.

Se niega por falta de cumplir con la ley (desde el 2005), a que dicho ente proteja los intereses de los usuarios, promoviendo su participación en la fiscalización y control. Se niega que a los usuarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, se brinde sin preferencias ni discriminación alguna, asegurando la confiabilidad, libre acceso, higiene, seguridad, uso generalizado y complementariedad. Y obviamente se niega la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios, a través de la regulación de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, realizando los estudios pertinentes para que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Autoridad de Aplicación, pueda establecer tarifas justas y razonables.

Por estos motivos, solicitamos que se cumpla con la Ley y se ponga en forma urgente en funcionamiento al Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros.

V. Intervención a las Asociaciones de Defensa del Consumidor:

Hasta tanto lo mismo no suceda, a fin de dar transparencia en los actos gubernamentales, el derecho a la información y cumplir con la necesaria participación de los usuarios  requerimos que la reuniones gremiales, empresariales o cualquier otra que pueda restringir y limitar el derecho de los usuarios se de participación a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, a fin de dar base a los reclamos y denuncias en defensa y protección de los intereses económicos de los consumidores previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional

VI. Petición:

En concreto solicitamos que por las facultades delegadas en el art. 42 y ccs. de la Ley 24.240,

1. La nulidad del dispositivo emanado de esta secretaria que restringe recorridos de transporte público de pasajeros en los Barrios de la Gloria y San Martín por hechos delictivos y de inseguridad, por ser violatorio de la Ley 7.412, 24.240 y art. 42 de la C.N.

2. Cese la discriminación a los usuarios de los barrios carenciados de la provincia de mendoza, ordenando por el contrario que se incremente y se asegure para sus habitantes mayor transporte público de pasajeros y también la circulación de peatones, ciclistas y automotores.

3. Ponga en forma urgente en funcionamiento al Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros.

4. Brinde información, participación y representación necesaria a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, para cubrir la ausencia legal de los usuarios que existe a la fecha.

 

Por Mario N. Vadillo

10/4/13 Fuente: PROTECTORA, Asociación de Defensa del Consumidor

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