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Protectora reclama participación de los Usuarios en Precios Transparentes

La reunión de este mediodía de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Senado  de la Pcia. de Mendoza, en la cual estuvieron invitadas las titulares de las direcciones provinciales de Defensa al Consumidor, Mónica Lucero de Nofal, y de Fiscalización, Mercedes Zuloaga, para explicar problemas con la implementación del programa nacional Precios Transparentes, arrojó más dudas que certezas.

Asimismo, asistieron autoridades de la Federación Económica de Mendoza (FEM), de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y de Protectora, entidad que resguarda los derechos de los usuarios en todo el país.

En la ocasión, cuando se les planteó que los precios no habían bajado y sí habían subido en relación con los pagos al contado y en cuotas desde la implementación del programa, Nofal y Zuloaga declararon que no habían podido hacer ningún relevamiento al respecto porque ellas se habían enterado un día antes, por los medios de comunicación, acerca de Precios Transparentes. Así, aclararon que no tuvieron tiempo de hacer un seguimiento serio ni antes ni después de que empezara a funcionar el nuevo sistema.

Esto hizo surgir la disconformidad por parte de algunos legisladores, especialmente cuando Arenas le explicó que él sí había podido relevar investigando por diferentes medios y que su análisis efectivamente demostraba que hubo aumentos de precios al contado y en cuotas, y que las medidas adoptadas repercuten negativamente en el comercio y el consumidor, que cancela en cuotas cifras muy superiores a las que corresponden.

Por otro lado, Nofal y Zuloaga remarcaron que sus direcciones no tienen la potestad de vigilar aumentos de precios, sino sólo la de controlar que los comercios informen debidamente cuáles son los montos finales que paga el consumidor tanto al contado y como en cuotas. Acerca de las sanciones, señalaron que ellas no pueden aplicarlas porque los precios fluctúan en un sistema de libre mercado a través de la oferta y la demanda, sin injerencia del Estado, por lo cual no pueden hacer nada si los negocios suben los valores de comercialización al público.

Mientras tanto, Protectora les reclamó que no invitaban a los usuarios a dar sus puntos de vista antes de aplicar decisiones arbitrarias que protegen a las grandes empresas y no a la gente. Y la FEM y la Apyme reclamaron en general que el Gobierno no podía sancionar a los pequeños y medianos empresarios si antes no había explicado bien cómo aplicar Precios Transparentes de manera correcta, ya que falta información oficial clara.

A eso agregaron que las pymes se mueven en el mercado interno, ya que no exportan, y que en consecuencia están sufriendo un marcado deterioro de su actividad –con riesgos de despidos– porque la gente tiene cada vez menos dinero para consumir debido a las reiterativas subas indiscriminadas de los precios y las tarifas energéticas, que no se condicen con los estancamientos de los salarios o los acuerdos paritarios por debajo de la proyección de la inflación real, de la que concuerdan que no es del 17% como se informa .

Mendoza, lunes 20 de febrero de 2017

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