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Anticipos del Anteproyecto de Código Civil: ¿Qué estipula sobre el contrato de cajas de seguridad?

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En la actualidad, muchas familias prefieren resguardar su dinero y sus bienes lejos de su hogar, en un lugar custodiado permanentemente, con la convicción de que, en una caja de seguridad, estarán más protegidos y que así quedarán menos expuestos a posibles robos.


A estos fines, afrontan un costo por este servicio que ofrecen los bancos en las bóvedas de sus diversas sucursales y casas centrales.

Sin embargo, aunque estas entidades parecieran ser un objetivo más difícil para el ataque de los delincuentes, esto no siempre es así. De ocurrir un robo, estas relaciones contractuales se ponen en jaque porque el banco exigirá muchísimas pruebas para, finalmente, pagar un resarcimiento y aún así puede acusar que se firmó un contrato que limita o exime su responsabilidad.

En este escenario, los expertos consultados por iProfesional.com advirtieron que, el principal problema, es que existe un «vacío normativo», dado que el contrato de caja de seguridad no está regulado por una norma específica.

Así las cosas, suele suceder que, en caso de que la víctima decida iniciar un reclamo judicial, los magistrados sostengan que el banco debería resarcir a los damnificados. El problema es determinar el monto de la compensación.

Es en este contexto en el que el anteproyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial, presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, busca establecer lineamientos mínimos para este contrato.

Qué dice el texto
La iniciativa, redactada por la comisión liderada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, indica que el prestador de una caja de seguridad deberá responder frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme a lo pactado y las expectativas creadas en el usuario.

Se aclara que el banco no responderá por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas. Al respecto, se establece que la prueba del contenido de la caja de seguridad podrá hacerse por cualquier medio.

Asimismo, si bien la cláusula que exime de responsabilidad al prestador se tiene por no escrita, se considerará válida la de limitación de aquella hasta un monto máximo sólo si el usuario fuera debidamente informado y dicho límite no importara una desnaturalización de las obligaciones del prestador.

En tanto, el texto del anteproyecto señala que si los usuarios fueran dos o más personas, cualquiera de ellas, indistintamente, tendrá derecho a acceder a la caja.

Además, propone que, si venciera el plazo o se diera por concluido el contrato por falta de pago o por cualquier otra causa convencionalmente prevista, el banco deberá avisar al cliente -de forma fechaciente- del vencimiento operado, con el apercibimiento de proceder, pasados 30 días del aviso, a la apertura forzada de la caja ante escribano público.

En ese caso, la iniciativa del Ejecutivo puntualiza que el prestador deberá notificar al usuario la realización de la apertura forzada de la caja poniendo a su disposición su contenido, previo pago de lo adeudado, por el plazo de tres meses.

Una vez vencido dicho plazo y si no se presentara el usuario, la entidad podrá cobrarse el precio impago de los fondos hallados en la caja.

En su defecto, podrá proceder a la venta de los efectos necesarios para cubrir lo adeudado, a través de la subasta pública, debidamente anunciada con 10 días de anticipación en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción que corresponda al lugar en que, según el contrato, la cosa deba encontrarse, dando aviso al usuario.

El monto obtenido por la venta se destinará al pago de lo adeudado. Si quedara algún remanente, éste deberá ser consignado judicialmente.

Voces
Máximo Bomchil, socio de M&M Bomchil, afirmó que «las entidades financieras son, en definitiva, las responsables por los robos y hurtos -sin violencia sobre las personas o las cosas- ocurridos en las cajas de seguridad».

«Asegurar la inviolabilidad del cofre es una responsabilidad contractual. Por lo tanto, al cliente le basta con probar el incumplimiento, sin tener que demostrar la culpa o el dolo del banco», sostuvo el abogado.

En tanto, Julio Pueyrredón, socio de PricewaterhouseCoopers (PwC), remarcó que, «como la responsabilidad del establecimiento es objetiva, éste sólo podría liberarse probando la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, o deslindando la culpa hacia la propia víctima o hacia un tercero».

Para Martín Lepiane, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), «el incumplimiento de esta obligación de custodia engendra la responsabilidad contractual del banco».

Es por ello que enfatizó que la jurisprudencia entiende al «contrato de caja de seguridad» como un convenio, mediante el cual un banco otorga al cliente un espacio ubicado en un lugar especializado, para que éste guarde bienes, de cuya custodia queda encargada la entidad».

¿Topes para reconocer el contenido del cofre?
Se encuentra en discusión si es válida la cláusula mediante la cual se limita la responsabilidad sobre el valor de los objetos o dinero que el cliente deposite en la caja de seguridad.

Hay jueces que consideran que las cláusulas limitativas son nulas sólo ante una exoneración total de responsabilidad.

Por el contrario, no lo serían cuando establecen un tope máximo, dependiendo del precio que cobre el banco por el servicio prestado. Esto surge de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que indica que la contratación bancaria no puede implicar per se que todas las cláusulas son abusivas y contrarias a dicha ley.

En consecuencia, según ese criterio, dicho tope no sería un límite a la responsabilidad del banco, sino un «límite del convenio».

Es decir, la entidad respondería, pero hasta el límite del objeto del contrato y, por encima de ese monto, se encontraría fuera del acuerdo y no habría responsabilidad.

En este punto, la iniciativa del Ejecutivo contempla que la cláusula que exime de responsabilidad al banco se tendrá por no escrita, pero será válida si limita la misma hasta un monto máximo sólo si el usuario es debidamente informado y el tope no importa una desnaturalización de las obligaciones del prestador.

En la actualidad, los tribunales, además de compensar por las pérdidas sufridas por los clientes, suelen otorgar un resarcimiento adicional por daño moral teniendo en cuenta los padecimientos sufridos.

La procedencia del rubro es de apreciación subjetiva de cada tribunal y se deberá probar en cada caso el referido padecimiento personal sufrido por el actor, en adición a su perjuicio patrimonial.

Julio César Rivera, titular del estudio homónimo, sostuvo que esto le parece muy razonable porque la responsabilidad contractual no significa que se exija prueba calificada, ya que el solo hecho de tener que iniciar un juicio genera molestias.

Qué pueden hacer las víctimas
Justificar el contenido del interior de los cofres es uno de los típicos problemas en estos litigios.

«En general, no hay pruebas directas y se debe recurrir a indicios y, en muchos casos, el demandante no puede comprobar la totalidad de lo depositado en el cofre de seguridad», indicó Martín Lepiane.

«Esto remarca la importancia de constatar lo depositado en la caja. Para ello, puede recurrirse al acta notarial, si las sumas son importantes, ya que el costo de dicho acto justifica ahorrarse inconvenientes probatorios en el futuro», agregó.

En primer lugar, se debe realizar la denuncia ante la fiscalía correspondiente. A estos fines, se deben detallar los bienes sustraídos y, para ello, la víctima deberá estar acompañada de un abogado.

Una vez formulada la denuncia, es posible solicitar una reunión con los representantes legales de la entidad, si la intención es lograr un acuerdo extrajudicial.

Si el acuerdo fracasara o bien si esa no fuera la intención del cliente, puede ir recurrir a la Justicia para efectuar el reclamo.

En este sentido, es importante destacar que la carga de la prueba del daño pesa sobre los propios damnificados por el ilícito.

Para ello, es posible presentar diversos elementos de prueba que acrediten el contenido de los cofres, entre los que se destacan:
– La declaración de testigos (incluso familiares y amigos).
– Diversas constancias que validen la venta de propiedades en épocas anteriores y recientes al robo.
– Registros de ingresos del cliente a la caja de seguridad.
– Fotografías de eventos sociales en que el perjudicado lucía alguna joya que pudiera haber dejado en custodia en el cofre.
– Declaraciones juradas presentadas ante el fisco, que contemplen los bienes sustraídos.
– Constancias de recientes compras de dólares.

«Estas pruebas deberán corroborar la secuencia de los hechos alegados», concluyó Lepiane.

17/4/12 Fuente: Iprofesional

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