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Dueños de cajas de seguridad no robadas piden 300 millones

En un caso que promete sentar jurisprudencia en defensa de los derechos de los clientes bancarios, los titulares de las cajas de seguridad que no fueron robadas en la sucursal de Belgrano del Banco Provincia el 3 de enero pasado, podrían llegar a obtener hasta 300 millones de pesos en concepto de daño moral y punitivo, según una demanda presentada en sede comercial a la que tuvo acceso Mercado y Transparencia.

La demanda tramita en el juzgado Comercial 3, del doctor Jorge Sicoli, secretaria 6, bajo el expediente n° 102108, “Consumidores Financieros Asoc.Civil para su Defensa c/Banco de la Pcia.de Bs As. s/ordinario”.

El robo al Banco Provincia de Belgrano ocurrió el fin de semana del último Año Nuevo en la sucursal de Cabildo y Echeverría. Tres delincuentes que actuaron con pasamontañas ingresaron a la entidad a través de un boquete y robaron el contenido de 202 cajas de seguridad.

Los investigadores determinaron que para realizar el boquete los delincuentes alquilaron en Julio de 2010 una oficina a 30 metros del banco, donde comenzaron a cavar el túnel. Los diarios reportaron serias fallas en la seguridad del banco y aseguraron que a pesar de que la alarma sonó, la policía fue pero no hizo nada ya que no veía nada extraño.

La acción colectiva surgió porque numerosas personas cuyos cofres a la postre no fueron violados se conectaron con  Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa “inquiriendo por el daño anímico que afrontaron durante todo el período de incertidumbre sobre si sus cajas habían sido robadas o no”.  A partir de esto, la ONG creada en junio del 2004, presentó una demanda “a favor de todos los titulares al 2 de enero de 2011 de cajas de seguridad en la sucursal del Banco Provincia de Belgrano que no hubieran sufrido violaciones ni robos de sus respectivos cofres en el asalto boqueteros en el que sí fueron violadas y robadas unas 202 cajas”, dice el expediente.

En esta acción colectiva, la ONG solicita que se condene al banco a pagar un mínimo de 50 mil pesos a cada uno de estos perjudicados en concepto de daño moral y la suma adicional de 200 mil pesos también a cada uno en carácter de multa impuesta al banco por el daño punitivo, más los intereses desde el 2 de enero del 2011 hasta el día que se efectivice el pago en caso de una sentencia favorable.  Considerando que serían al menos 1200 titulares, la cifra podría alcanzar los 300 millones de pesos.

La asociación justifica el pedido de indemnización para todos los clientes que no fueron robados argumentando que sólo esto podría reparar el enorme disgusto que sufrieron cuando se enteraron del hecho “y el consiguiente perjuicio para su paz interior, salud propia y de su familia” durante el período de incertidumbre generado en el tiempo qué no sabía si habían sido robados o no.

Los hechos

Cuando la demanda de Consumidores Financieros evalúa los hechos, asegura que el hecho principal es que todos los representados tienen formalizado con el banco un contrato de caja de seguridad para el cual el cliente pagó un precio por el servicio de custodia y protección de su contenido y el banco se obligó a un deber de guarda.  El hecho subsiguiente, dice la demanda, es el ingreso de los boqueteros a robar unas 200 cajas de un total de 1408.

Según la demanda, el banco ha reconocido públicamente su responsabilidad por el hecho del saqueo aludiendo a una entrevista donde el presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos, acepta la responsabilidad del banco.

El daño moral

En base a este reconocimiento de falencias en la seguridad, la ONG reclama el pago del daño moral para los clientes que debieron sufrir la incertidumbre de no saber si lo habían perdido todo.

Según la ONG, al trascender la noticia del robo, el daño moral lo sufrieron el total de los titulares de las 1408 cajas de seguridad existentes en el predio saqueado, no sólo quienes efectivamente fueron robados.   “La causa principal del daño moral se generó por el ingreso de los ladrones a la bóveda del banco aprovechando las enorme falencias  del área,” dice la demanda.

Fue el hecho delictivo en sí, que ocurrió por la negligencia del banco, el que originó un padecimiento anímico – que en algunos casos se tradujo también en un padecimiento físico- que “constituye un daño injustamente sufrido que impone su reparación por el responsable, ya que nadie puede perjudicar a otro”.

El daño punitivo

Pero además del daño moral, la demanda reclama una multa por el daño punitivo basándose en el dinero que durante años el banco se ahorró en inversiones debidas para ofrecer a sus clientes un edificio seguro, infiriendo que el banco “consumó a lo largo de muchos años una burla cruel para todos los ingenuos afectados por la intrusión de delincuentes”.

Y como el banco tuvo ganancias para el año 2010 superiores a los 500 millones de pesos, la demanda se pregunta si no es justo que pague esta multa como un disuasorio para no continuar con sus “malas prácticas bancarias”. Y es en base a ese argumento que reclama una multa alta para que el Banco aggiorne todos los bancos con medidas de seguridad acordes.

Lo que viene

Como medidas de prueba, la demanda exige que el Banco Provincia entregue el número de cajas de seguridad alquiladas al 31 de diciembre así como el nombre de los titulares y los autorizados para acceder a ellas pidiendo expresamente que no se proporcionen sus identidades.

También ofrece como prueba los diarios publicados en esos días. Así, en La Nación puede leerse la angustia de una de las damnificadas de la siguiente manera: “Otra cliente afectada señaló a los medios presentes en el lugar que hacía 10 años que tenía la caja de seguridad allí. «Prefiero que me roben en mi casa y no cuando estoy pagando por trimestre [para que cuiden de mis bienes]. El corralito ya nos comió todo, ahora ¿cómo hacemos?», sostuvo.”

Mientras que una nota del diario Clarín aseguraba que los clientes del banco, “molestos y con gran incertidumbre, cortaron la mitad de la avenida Cabildo mano al centro, en señal de protesta y hubo algunos disturbios con los automovilistas. “Nadie nos da una respuesta, nadie se hace cargo”, se quejó en esa oportunidad una mujer desde la puerta de la entidad.”

Según la Asociación, la demanda involucra a todos los titulares de aproximadamente 1200 cajas de seguridad, aclarando que no se puede determinar el número de afectados ya que muchas veces cada cofre está a nombre de más de un titular. Como testimonial ofrece a tres afectados cuyas identidades la Asociación se reserva hasta que el expediente tenga carácter de reservado.

También requiere las cifras por el alquiler de este servicio durante los últimos 10 años actualizada financieramente.

 

20/4/11 Fuente: mercadoytransparencia

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