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Fallo: Contrato Seguro es un Contrato de Consumo – Jerarquía – Texto Completo

El contrato de seguro es un «contrato de consumo» por lo que se aplica la Ley de Defensa del Consumidor que constituye un derecho ius fundamental operativo, cuyo microsistema protectivo es «autónomo» (art. 3 LDC) y de «orden público» (art. 65 LDC); que en la escala jerárquica se aplica el art. 42 CN, norma consumerista (Ley 24.240 y Ref.) y después – siempre que no se contradiga con las normas anteriores que son jerárquicamente superiores – se aplica el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Seguros, etc.

101125 – CAJA DE SEGUROS S.A. EN J 86.813/12.698 LAVARELLO MARIA ANTONIETA C/CAJA DE SEGUROS S.A. P/CUEST. DERIV. DE CONTRATO DE SEG. S/CAS.23/03/2012 – SENTENCIASUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA – SALA N° 1NANCLARES-PEREZ HUALDE-ROMANOLS435-218

 

Expte: 101.125

Fojas: 57

 

En Mendoza, a veintitrés días del mes de febrero del año dos mil doce, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 101.125, caratulada: “CAJA DE SEGUROS S.A. EN J° 86.813/12.698 LAVARELLO MARIA ANTONIETA C/ CAJA DE SEGUROS S.A. P/ CUEST. DERIV. DE CONTRATO DE SEG. S/ CAS.”

Conforme lo decretado a fs. 56 se deja constancia del orden de estudio efec-tuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: DR. JORGE H. NANCLARES; segundo: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; terce-ro: DR. FERNANDO ROMANO.-

ANTECEDENTES:

A fs.  16/21  el Dr. GRINSPAN  MAURICIO en representación de la ase-guradora demandada  CAJA DE SEGUROS SA interpone recurso extraordinario de  casación contra de la  resolución  dictada a fs. 268/270 de los autos n° 86.813/12.698,   “LAVARELLO  MARÍA ANTONIETA C/ CAJA DE SEGURO SA  P/ CUEST. DE-RIVADAS  DEL  CONTRATO DE SEGUROS»   por la Quinta Cámara de Apelacio-nes en lo Civil de la Primera Circunscripción  Judicial.

A fs. 31 se admite  formalmente el recurso de casación deducido, ordenándose correr traslado a la contraria.

A fs. 36/44 vta. la  actora recurrida  Sra. MARÍA ANTONIETA LAVARELLO  representada  por la  Dra.  SILVINA M SCRIFFIGNANO contesta el  traslado  y solici-ta  su rechazo con costas.

A fs. 48/49 corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expone, aconseja el rechazo del   recurso de casación  deducido.

A fs. 52 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 56 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Pro-vincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

I. RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS DE LA CAUSA.

Entre los hechos relevantes para la resolución del recurso interpuesto, se des-tacan los siguientes:

1. A fs. 18/25, el  4/3/2010 la Dra. SILVINA M. SCRIFFIGNANO en repre-sentación de la Sra. MARÍA ANTONIETA LAVARELLO   inicia demanda    contra la  CAJA DE SEGUROS SA  para el pago del capital  asegurado por beneficio  de in-capacidad total y permanente por enfermedad por  el seguro colectivo contratado por la Dirección General de Escuelas con más el 15 % por daño moral. Relata las diferentes dolencias que padece (artrodesis de tobillo 50%, osteomielitis  40%,  osteoporosis seve-ra de columna y fémur 70%)  que le impide desarrollar cualquier tipo de tareas  por lo que inició los trámites ante la aseguradora  el 12/9/07, que la compañía solicitó docu-mentación  que fue presentada por su parte y  el 24/10/2007   La Caja le envió CD N° 877749931 rechazando el siniestro porque no se encontraba  certificado el cese laboral  con la DGE, que no se discutió la incapacidad. Reclama daño moral y ofrece prueba instrumental y pericial contable y médica.

2. A fs. 209/215, el Dr.  GRISNSPAN MAURICIO   por  CAJA DE SEGUROS S.A    opone la defensa de prescripción y contesta la demanda.  Afirma que transcurrió más de un año desde que se hizo exigible el beneficio, el 24/10/07, la  prescripción se operó antes de la interposición de la demanda  promovida en febrero del  2.010; destaca que le plazo de prescripción comenzó a correr antes  de la vigencia de la nueva  ley del 16/4/08.

3. A fs. 213 el juzgado provee la tramitación de excepción y a fs. 220/225  la actora contesta la excepción y solicita su rechazo.

4.   A fs.  227/229   la Sra. Juez del Décimo Quinto Juzgado Civil de la Primera Circunscripción   admitió la  excepción de prescripción  y declaró prescripta la acción.

5.  A fs. 235  la actora  apela la resolución.

6. A fs.  268/270   la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Primera Circunscripción   admitió  el recurso y por ende  rechazó la excepción de prescripción.

Razonó el Tribunal  con cita de doctrina:

– Este Cuerpo en coincidencia con el dictamen del Fiscal de Cámara de  fs. 263  entiende que el recurso en trato debe prosperar.

– La relación de consumo se da plenamente en el contrato de seguro, aún colecti-vo como en el presente, en tanto si bien la principal – DGE- aparece como tomadora del mismo, es claro y evidente que no lo hace por su propio interés, asegurando su patri-monio, sino en el interés de quienes desempeñan tareas en su ámbito, como el caso de la parte actora.  Ello así, hasta tanto el asegurado, que sí actúa en interés propio, no adhiera a las cláusulas convenidas entre asegurador y tomador, concretamente el contrato de seguro no nace.

– En tal inteligencia es que resulta plenamente de aplicación lo normado por el Artículo 1 de la Ley 24.240 ya que el tomador (DGE) actúa como un simple intermedia-rio de los intereses de las partes y, el asegurado, evidentemente adquiere un servicio, cual es el seguro, de una empresa dedicada a tal fin de modo tal que se encuentra com-prendida en las previsiones del Artículo 2 de la citada norma legal.-

– Superado ello cabe tener presente, en primer lugar, que la división de aguas que se planteó en su momento, frente al texto del Artículo 50 de la Ley 24.240 tuvo origen en la diferente interpretación que podía darse del texto originario de la norma allí conte-nida (“Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales”).-

–  De dicho texto es que, tanto la jurisprudencia como la doctrina entendían que existían argumentos suficientes como para admitir, o negar, que esta norma modificaba el plazo de prescripción que prevé el Artículo 58 de la Ley 17.418, en tanto la acción que ésta última norma prevé, no “emergía” de la LDC

–  Pero, merced al Artículo 23 de la Ley 26.361, el texto originario fue modifica-do, quedando con el siguiente “Las acciones judiciales, las administrativas y las sancio-nes emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del esta-blecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La pres-cripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.”

–  Esta nueva norma ya no puede dejar lugar a dudas. Su letra no permite inter-pretar que sólo se refiriera a las acciones que la LDC prevé, sino a todas las acciones que fijaran “otras leyes generales o especiales” con lo que aquella discusión pasó a carecer de sentido.-

– Ya, incluso, no es necesaria una concreta interpretación del contrato a fin de establecer un “criterio” de defensa del consumidor o de defensa de la ley especial. Si el plazo de prescripción, que opera en contra del consumidor, es menor en la ley especial, debe aplicarse la LDC por el sencillo motivo que la norma expresamente lo dice, no hay silencio alguno al respecto ni laguna que interpretar sobre tal ley que, salvo que se decla-re su inconstitucionalidad, mantiene su plena vigencia.-

– La especial característica de ley de orden público que detenta la LDC encuentra su fundamento, no sólo en su propio texto (Artículo 65) sino en la base constitucional de la que nace, esto es del Artículo 42 de la Constitución Nacional.-

– Luis Daniel Crovi (en “El contrato de consumo: influencia de su actual regula-ción en los contratos civiles y comerciales”, RDPyC, 2009-1, pág. 423, quien a su vez en este punto cita a Julio C. Rivera en “Instituciones de Derecho Civil”) dirá que “El Artículo 42 de la Constitución Nacional ha dado rango constitucional a los derechos de usuarios y consumidores, y ello ha llevado a decir que el Derecho del Consumidor se ha “publicitado”… En función de esta realidad, se ha destacado que existe un “Derecho Civil Constitucional” y los autores se inclinan por sostener que las disposiciones consti-tucionales son verdaderas normas de Derecho Privado aunque su continente sea la Cons-titución …”

– En suma, aún cuando la Ley de Seguros no hay dudas se refiere a este tipo par-ticular de contrato, por lo tanto ley especial y que –pareciera- no puede ser modificada por la ley general, es el caso que esta última justamente lo que pretende es que todas las situaciones particulares que se adapten a la normativa que ella regula, la relación de con-sumo, tengan una regulación similar en las cuestiones fundamentales, como es el caso en estudio, esto es la prescripción de las acciones de las que goza el consumidor.-

– Esta es la idea principal que sobrevuela en el Artículo 3 de la LDC al pretender que esta norma (general y de orden público) se integre con las demás normas generales y especiales.-

Contra dicha  resolución la aseguradora  interpone el recurso extraordinario de Casación  ante esta Sede.

II. RECURSO DE CASACIÓN.

– El recurrente  alega errónea aplicación del art. 3 del Código Civil; arts. 1, 3 y 50 LDC;  falta de aplicación  del art. 58 Ley de Seguros y 4051 Código Civil; aparta-miento del art. 99 inc.  2 Constitución Nacional y Decreto n°  565/2008.

–  La actora no es un consumidor a los términos del art. 1 de la Ley 24.240; el seguro no es un servicio ni un cosa; está fuera de discusión que el tomador de la póliza es la Dirección General de Escuelas, por lo  que no se da el requisito  de beneficio pro-pio  ni de su grupo familiar o social.

– La prescripción de la que habla la Ley 24.240 es para las acciones que emanan de sus normas.

– El art. 3 de la Ley 24.240 cuando se refiere a “duda” e interpretación favorable al consumidor, se refiere a incertidumbre respecto al significado de sus propias disposi-ciones.

– Apartamiento  del art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional y el Decreto n°   655/2008; el caso de los seguros está comprendido en las actividades con normativa propia  y con intervención del Estado Nacional  mediante autoridad de aplicación espe-cífica.

–  La  LS tiene preeminencia sobre la LDC,  poniéndose en tela de juicio las fa-cultades de control de la  Superintendencia de Seguros de la Nación; se regula una acti-vidad específica  que tiene un estricto control  estatal a  través de organismos especia-les.

– El art. 4051 del Código Civil no ha sido derogado, establece una regla perma-nente a los problemas de vigencia temporal  y, el art. 3 del CC sienta un principio gené-rico; en consecuencia conforme jurisprudencia que cita, corresponde adoptar un criterio  que evite darle a las normas en juego un sentido que las ponga en pugna. – Se aplica erróneamente el art. 3 del CC y  se omite el art. 4051 CC, toda vez que este último es la norma específica, cuando afirma que las prescripciones  comenzadas  antes de regir la nueva norma están sujetas a las leyes anteriores.

– El plazo de la acción comenzó a regir antes  del dictado de la Ley 26.361 (16/4/08);  aún  cuando por hipótesis se sostuviera la  aplicación  del plazo trianual  al contrato se seguros, en el caso corresponde aplicar el art. 58 LS por aplicación del art. 4051 CC.

III.- SOLUCIÓN DEL CASO:

A) Corresponde determinar si es normativamente correcta  la resolución que rechazó la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora al reclamo por cobro de un seguro por incapacidad  total y permanente de una docente  en virtud del  seguro de vida colectivo contratado por la DGE, por aplicación del plazo de 3 años previsto  en la LDC.

No constituye un aspecto discutido que la aseguradora rechazó el reclamo   por CD el 24/10/07 (ver fs. 17), fecha desde la cual  el tribunal  computó el plazo de pres-cripción por haberse tornado exigible la obligación.

La recurrente sostiene  que corresponde el plazo de prescripción  anual fijado en la Ley de Seguros, aspecto  del que deriva que debe hacerse lugar a la excepción de prescripción.

El caso guarda sustancial analogía con un caso reciente en el que preopiné con la adhesión de los Dres. Romano y Adaro ( N° 101.731 «COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA EN J° CARRIQUE JUAN DANIEL C/ COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA  P/ CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO S/ INC-CAS», 6/9/11),   la Sala, en la indemnización por robo de un auto asegurado sostuvo la aplicación del plazo  de 3 años previsto en el régimen consumerista.

Se dijo en ese precedente:

«Tal como quedó trabada la litis, esta Sala debe resolver por primera vez, cuál es el plazo de prescripción aplicable  al  reclamo indemnizatorio articulado por el asegura-do, si el plazo de tres años previsto en la  LDC – resuelto en las instancias de grado – o el de un año previsto en la LS – propiciado por la aseguradora recurrente-.

Comenzaremos por transcribir los textos  normativos implicados:

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 24.240- REF. LEY 26.361 BO 7/4/2008.

* Texto vigente:  Artículo 50  (Texto según Ley 26.361- art. 23)  – Prescripción. “Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o ju-diciales.

*  Art. 50 ( Texto originario) Prescripción: “Las acciones y  sanciones  emergen-tes  de la presente ley  prescribirán en el término de tres (3) años.  La prescripción se interrumpirá  por la comisión de nuevas  infracciones  o por el inicio  de las actuaciones administrativas o judiciales”.

LEY  DE SEGURO n° 17.418 – ART. 58:  “Las acciones fundadas en el contra-to de seguro  prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente  obligación es exigible. Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la prescripción para su cobro  se computa a partir del vencimiento de la última cuota …”

B) Respecto del rango y jerarquía  del derecho del consumidor,  destacada doc-trina, que los califica de  Derechos iusfundamentales operativos expresa:

“El principio protectorio de rango constitucional es el que da origen  y funda-menta el derecho del consumidor. En los casos que presentan colisión de normas, es importante tener en cuenta  que no es la ley, sino la Constitución   Nacional, la que es fuente principal del Derecho Consumerista. Se trata de uno de  los denominados  “dere-chos civiles constitucionalizados”, que tienen una historia de ascensos en el sistema de fuentes del derecho: nacen de las luchas sociales, ingresan por los umbrales normativos  que son las decisiones jurisprudenciales  aisladas, luego vienen las leyes especiales, los tratados, en algunos casos son reconocidos  en el Código Civil y en la Constitución.   De esta fuente surgen rangos normativos, en especial, su operatividad.  La interpretación dominante es que no es necesaria  una ley que reglamente  el derecho para poder  invo-car su aplicación  al caso concreto.  En este sentido se ha dicho  que la norma del art. 42 de la CN   pone en cabeza de los consumidores  y usuarios derechos plenos, los cuales son operativos sin necesidad  de que se dicte una ley que los instrumente, lo que signifi-ca que el juez puede aplicarlos  en el caso concreto  y que su eficacia no está condicio-nada” (RICARDO LUIS LORENZETI, “CONSUMIDORES”,  2ª edición actualizada,  Año 2.009, Rubinzal-Culzonoi Editores,  pág. 45).

Respecto del principio de interpretación más favorable  al consumidor y jerar-quía de normas  expresa Artículo 3º – de la Ley N º 24.240  reformado por Ley 26.361:

“Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplica-bles a las relaciones de consumo, en particular la Ley N º 25.156 de Defensa de la Com-petencia y la Ley N º 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen.

En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley pre-valecerá la más favorable al consumidor.

Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”.-

“Autonomía del microsistema:

“ La primera regla  que establece el texto se refiere  a la aplicación de la ley y señala que debe efectuársela de modo integrado  con las normas generales y especiales  aplicables a las relaciones de consumo. No dice que se integra con otras leyes,   sino con las vinculadas al consumidor, con lo cual se reconoce la autonomía del microsistema.  Esta regla es correcta porque la fuente  constitucional  confiere al  Derecho  de los con-sumidores  el carácter iusfundamental, lo que significa que el sistema de solución de conflictos  normativos no   está guiado por las reglas  de las antinomias legales  tradicio-nales. Por ello no es lícito  fundar la prevalencia de  una ley en la circunstancia de que  sea anterior, o especial,  como se ha notado en numerosos casos.

Por el contrario se aplican las reglas que guían  la solución de colisiones  iusfun-damentales.

El Derecho de los consumidores es un microsistema legal de protección  que gira dentro del  sistema del Derecho  Privado, con base en el Derecho Constitucional. Por lo tanto las soluciones deben buscarse en  primer lugar  dentro del propio sistema  y no por recurrencia a la analogía,  ya que lo propio de un microsistema  es su carácter autónomo y aún derogatorio de  norma generales.

El microsistema  está compuesto  por las siguientes normas:

– La norma constitucional que reconoce  la protección del consumidor y sus de-rechos;

– los principios jurídicos y valores del ordenamiento, ya que el microsistema es de carácter  “principiológico”, es decir, tiene sus propios principios  y por esta razón es que la Ley 26.361 señala que debe prevalecer la interpretación de los principios favora-bles al consumidor ( art. 3ª);

–   las normas legales infraconstitucionales, sea que exista  un Código como en el caso de Brasil , o un “estatuto del consumidor”, compuesto por normas dispersas, como ocurre en el caso argentino; el elemento activante es la relación de consumo, es decir, que siempre que exista  una relación de este  tipo se aplica el microsistema”  (RICAR-DO LUIS LORENZETI, “CONSUMIDORES”,  2ª edición actualizada, Rubinzal-Culzoni Editores, Año 2.009,  pág. 49/50).

En materia de conflictos con otras leyes, el art. 3 dispone que las relaciones de consumo  se rigen  por el  régimen  establecido en esta ley. El  legislador soluciona un problema que no es  de interpretación, sino de jerarquía de norma, y lo hace reconocien-do el presupuesto de la autonomía  del microsistema.  Una solución similar  para la je-rarquía  en la aplicación de normas  surge  en materia de prescripción.   El art. 50 de la Ley 24.240 dispone el plazo de prescripción de 3 años; el fundamento es el mismo, la autonomía del microsistema  de protección del consumidor (conf. Ob. Cit., pág.  52/53). A su vez , en referencia  al Código Civil y por aplicación de iguales principios expresa el tratadista:  “En el caso de Argentina,  la Ley  26.361 es una ley especial de orden públi-co, que cambia muchos aspectos del Código Civil, y por ello no es aplicable  la analogía en amplios sectores de las relaciones consumeristas” (ob. Cit, , Lorenzetti, pág. 60).

Con referencia al plazo de prescripción, continúa el autor: “El plazo de 3 años modifica, en principio la prescripción decenal  que es la regla en  materia de acciones personales   y la  bianual  en materia de responsabilidad  por daños en los casos que pre-vee la ley, aunque insistimos  que la reforma de la Ley 26.361 permitiría aplicar el plazo más favorable de la legislación  que rige en cada supuesto”. Así se tiene resuelto:  “Cuando se trata de inmuebles destinados a vivienda  y que se haya efectuado oferta pública de las disposiciones a consumidores potenciales, el plazo de prescripción aplica-ble  a la acción por daños generados  por vicios redhibitorios es el de tres años previsto en el art. 50 de la  Ley 24.240, y no en el de  tres meses consagrado  en el art. 4041 del CC, ello confirme a lo establecido en el art. 23  de la Ley 26.361 ( CCC Neuquén, Sala II, 12/8/2008, Jofré Armando c COMASA SA  y otro, LL, Patagonia 2.0 (diciembre), p 544, c/n Esteban Javier Arias Caú) ( conf.  Ob. Cit, Lorenzetti,  pág. 613 y fallo citado en nota 26).

C) En idéntica línea de pensamiento respecto del sistema legal Autónomo y Au-torreferente del Derecho de Consumidores destacada doctrina expresa: «La premisa bá-sica de análisis es: » … en toda relación jurídica, en la que participa un consumidor, en primer lugar, se debe aplicar la normativa consumerista …».

Y, la consecuencia directa e inmediata de dicha pauta es que se crea un «Sistema Legal Autónomo y Autorreferente» .

De esta forma el Sistema Legal Autónomo y Autorreferente de los consumido-res, tiene tres pilares básicos y fundamentales: (i) la norma constitucional (art. 42 de CN); (ii) los principios específicos consumeristas; (iii) las normas legales infraconstitu-cionales (Ley 24.240, Ley 24.999; Ley 26.361, etc.).

Luego, en forma supletoria y complementaria se debe aplicar el Código Civil; el Código de Comercio; la Ley de Seguros.

Y, obvio, resulta señalar, que en caso de contradicción entre las normas funda-mentales consumeristas (vgr. art 42 CN; Principios específicos consumeristas y las Normas Legales Infraconstitucionales – Leyes 24.240; 24.999; 26.361), con las normas supletorias y complementarias (vgr. Código Civil; Código Comercio; Ley de Seguros; etc.), van a tener preeminencia y privilegio ( art 3 de la Ley 24.240), las normas funda-mentales consumeristas.

Esta postura también es sostenida por la importante doctrinaria brasileña (Clau-dia Lima Marques), quien enseña que en caso de contradicción entre normas de consu-mo y otras leyes, debe tener preeminencia la legislación consumerista».-

Precisa más adelante el citado autor: «Se creó un sistema Autónomo y Autorrefe-rente de consumidores, donde se aplica, en escala jerárquica: (i) el art 42 de la CN; (ii) Normativa consumerista (Ley 24.240; Ley 24.999; Ley 26.361, etc.); y (iii) después -y siempre que no se contradiga ni se opongan a las normas anteriores, que son jerárquica-mente superiores-, se aplica: Código Civil; Código de Comercio; Ley de Seguros; etc.» (Waldo A. R. Sobrino, «Consumidores de Seguros – Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a los seguros»; en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Director Atilio A. Alterini; año XIII, N° 6, junio 2011, pág. 10/11 y 20/21; La Ley ).

D) Aún cuando adherimos al precitado orden de prelación, no desconocemos la existencia de destacadas voces que se contraponen a tal interpretación jerárquica, entre ellas: «Corresponde señalar que habida cuenta  de la naturaleza especial  de  la legisla-ción del seguro, procede su aplicación en primer término  y, complementariamente,  la de la normativa general  de defensa del consumidor. Vale decir que – si bien ambas inte-gran  el plexo protector del consumidor – en el orden de su aplicación  reconoce priori-dad  la legislación específica  por razón de la materia» (NICOLAS H. BARBATO, Coordinador, «Derecho de Seguros»; Dante Cracogna , «La defensa del consumidor en el seguro», pág. 699, Ed Hmmurabi-Depalma, Abril 2001).  En igual sentido: «La legis-lación  de defensa del consumidor  será aplicable en subsidio, siempre y cuando la legis-lación  específica en la materia de seguros no pueda resolver un conflicto» («Defensa del consumidor y derecho de seguro»,  EDUARDO GONZALEZ DOMINIKOVIC,  en ED  237, AÑO 2.010,  pág.  1106/1123, en especial , «conclusiones», pág. 1123).

E) En la actualidad persisten voces contrarias a la aplicación de la Ley de Defen-sa a los Consumidores, al contrato de seguros, las que no se han acallado aun luego de la reforma producida por la sanción de la Ley 26.361; sólo han variado sus argumentos aunque por cierto con el resultado de su marcado debilitamiento. En nuestra opinión sólo es dable esperar la extensión de las decisiones jurisprudenciales que recojan la apli-cación de la normativa tutelar de los Consumidores al Contrato de Seguro, luego del notable ensanchamiento del ámbito de incumbencia de aquélla por la reciente reforma (Conf. María Fabiana Compiani, «El contrato de seguro y la protección del consumi-dor», en Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada; Directores Picasso – Vazquez Ferreira,  T II , pág. 432).

Quienes niegan la aplicación de la LDC al contrato de seguro, sostienen entre otros argumentos la inaplicabilidad de esa normativa por no considerarla  comprendida en el estrecho concepto del artículo 1 de la ley. En este sentido se dijo: «un contrato de seguro es algo totalmente distinto a uno de locación de servicio, ya que las obligaciones y derechos que asumen las partes en cada uno de ellos son totalmente diferentes. En el contrato de locación de servicios, el locador asume una «obligación de hacer», mientras que en el seguro la obligación del asegurador es «indemnizatoria». Los contratos de se-guro están regidos por leyes no derogadas por la Ley 24.240. Los asegurados tienen amplia protección en la normativa vigente (17.418 y 20.091) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación que aprueban cada cláusula del contrato de seguridad con ante-rioridad a la posibilidad de su celebración.

Sin embargo, lo cierto es que luego de la reforma de la Ley 26.361 se amplió la noción de consumidor de forma tal que ahora atrapa a todos quienes adquieran o utilicen bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, como destinatarios finales; equiparando aún a quienes sin ser parte en la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, utilizan bienes o servicios como destinatarios finales y a quien, simplemente está expuesto en una relación de consumo.

Ello ha determinado  que algunos de los fundamentos expuestos por los críticos a la aplicación de la legislación consumerista al contrato de seguro, no puedan conside-rarse subsistentes.  El citado artículo primero reformado no se refiere ya a determinados contratos  en particular, sino que en general comprende la utilización de bienes y servi-cios.  No cabe duda que el  seguro se trata de un servicio  y que como tal constituye un derecho uno de los bienes a los que alude el mentado  art. 1 de la Ley 24.240 mod. Ley 26.361.  A ello se añade que el resarcimiento del daño  o el cumplimiento de la presta-ción convenida  ( art. 1 Ley 17.418) son  cumplidos por un profesional  (el asegurador), a favor de quien celebra el contrato su destinatario final (el asegurado).

El contrato de seguro  constituye un típico contrato  por adhesión  ya que su con-tenido (póliza)  es predispuesto en forma anticipada  y  unilateralmente por el asegura-dor, mediante unas condiciones generales uniformes, aplicables a todos los contratos  que celebre en el ramo; mientras que el asegurable sólo puede decidir entre adherir en bloque a las condiciones generales de la póliza  o no contratar, no participando de una etapa  previa de tratativas con relación a ellas. En consecuencia, tratándose el seguro de un contrato  por adhesión  a condiciones generales, su contenido se halla igualmente disciplinado por la LDC (arts. 38, 39)  (Conf. María Fabiana Compiani, ob. cit. pág.  432/438).

También sostienen  la aplicación de la ley de defensa del consumidor al contrato de seguro los autores  especializados en derecho comercial  (STIGLITZ, Gabriel ,  «Se-guros y defensa del consumidor», LL 2004-A-  pág. 1496).

El contrato de seguro  constituye  un contrato de consumo cuando se celebra a título oneroso, entre un consumidor final  y una persona jurídica, que actuando profesio-nalmente, se obliga mediante el pago de una prima , a prestar un servicio cual es  la asunción del riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento  del daño o el cumplimiento de la prestación convenida.

Lo expuesto exige puntualizar que hay contratos de seguro a los que NO  se apli-ca la LDC. Estos  serán  aquellos contratos celebrados por quien no resulta  consumidor en los términos  del art. 1 de la Ley 24.240. Se trata de los contratos de seguro celebra-dos con relación al interés  asegurable sobre bienes que se integran al proceso de pro-ducción, transformación, comercialización o prestación  a terceros.  Es decir aquellos que no consuman el seguro como  “destinatarios finales”, en beneficio propio, de su grupo familiar o social  (Conf. María Fabiana Compiani, ob. cit. pág.  439).

F) La  doctrina y principios  hasta aquí desarrollados nos muestran  la clara pre-valencia de la LDC   y el notable ensanchamiento del ámbito de su incumbencia, en  desmedro  de los autores que sostuvieron la  preeminencia  del  plazo  anual  de  pres-cripción  previsto en el art. 58 de  la  Ley de Seguros.

Antes de la reforma  de la Ley 26.361, una posición amplia consideraba que el plazo de prescripción  liberatoria del art. 50  Ley  24.240 estaba referido tanto a las ac-ciones administrativas  como a las judiciales. Esa interpretación a favor del consumidor se imponía por el principio interpretativo  a favor del consumidor previsto  en el art. 3  de la Ley 24.240. Esa doctrina consideraba que la ubicación de la norma en el capítulo XII de la ley se debía a un defecto de técnica legislativa.  A ello se agregaba que las dis-posiciones de la ley son de orden público y, la fuente constitucional del derecho  de los consumidores.

La tesis tuvo acogida en la jurisprudencia:  “El plazo de prescripción trienal es-tablecido en la Ley 24240 debe prevalecer sobre el establecido  en el art. 58 de la Ley de Seguros, pues el orden público que informa  el art. 3 de la LDC   hace que todo contrato de consumo –  en el caso un seguro  de vida y capitalización –  deba regirse por los pre-ceptos  que en el caso resulten  más favorables  a esa parte más débil de la relación ne-gocial (C. Apelación de Santa Fe, Sala I, 4/10/06, “Martinez Walter y ot c/ Aetna Vida SA”;  RC y S, 2006-XI, 97, LLLitoral 2006, 1451);  fallo citado en nota Nª 720, pág. 461, ob. Cit., María Fabiana Compiani).

“La Ley  26361  ha venido a clarificar  la cuestión, ya que el  nuevo texto se re-fiere tanto a las acciones administrativas, como a las judiciales  y aún a las sanciones.  A ello  ha sumado un segundo párrafo donde en forma expresa resuelve la coexistencia de varios regímenes  particulares con vocación de aplicación  en el mismo caso,  a favor del plazo prescriptivo más favorable  para el consumidor. Parece claro que cuando el contra-to de seguro constituya un contrato de consumo, el plazo prescriptivo aplicable será el de 3 años”   (María Fabiana Compiani, ob. cit. pág.  461/2).

En igual sentido: “ …el plazo trienal comprende  no solo las acciones expresa-mente  especificadas por la Ley 24.240, sino aquellas  que emanan de otras normas es-peciales y generales; por supuesto,  siempre y cuando la acción nazca  de una relación de consumo”.  También Farina  adoptó en forma temprana una interpretación  amplia res-peto de  las acciones que debían  considerarse emergentes  de la ley  aplicando el plazo de 3 años de prescripción no sólo  a las acciones contempladas en la ley, sino  también a aquellas  que estén reguladas  en los Códigos Civil y de Comercio y aún en leyes espe-ciales  como la de seguros en la medida  de que exista un contrato de  consumo (Conf. FEDERICO R. MOEYKENS, «Relación de consumo y contrato de seguro- Protección jurídica del consumidor” en Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada; Di-rectores Picasso – Vazquez Ferreira, T. II,  pág  539/540).

G) Otros tribunales también han  resuelto el plazo de prescripción de 3 años  para  el reclamo de un seguro  por incapacidad  contratado por el empleador por tratarse  de una prestación de servicio (provisión de un seguro por parte de la demandada a la actora). El reclamo se había hecho a la aseguradora  el 15/10/03, por lo cual , razonó el tribunal,  de estar al plazo anual  previsto por la LS, la pretensión estaría prescripta; sin embargo, también en este punto es aplicable la LDC; a la luz de los arts. 42 CN  y 50 LDC y sus modif. el plazo de prescripción  es trienal  y no anual, por la preeminencia  de la LDC sobre  la regulación  de la ley de seguro (17/3/11, “D’ANDREA MARÍA DEL CARMEN C/ CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA”, Cámara Apelaciones Civil y comercial  de Córdoba, Sala cuarta; LABOR-JURIS (MICROJURIS); 28/4/2011).

También se aplicó el plazo de 3 años para el supuesto de un seguro  para prote-ger la vivienda  y los bienes existentes en ella  contra robo,  hurto e incendio; el tribunal determinó  la existencia de un contrato de consumo  a los fines de la aplicabilidad de la LDC.   Razonó que l a objeción que se hacía al texto anterior del art. 50 de la Ley 24.240, referida a que el plazo de prescripción era sólo aplicable a las acciones adminis-trativas, en la actualidad carece de asidero ante la nueva redacción de la manda precitada la que establece ahora que el término de tres años se aplica tanto a las acciones judicia-les, como a las administrativas y las sanciones que surgen de la ley. No puede pretender-se fundar la aplicación de la Ley 17.418 por sobre la Ley de Defensa del Consumidor con el argumento que la primera resulta ser ley especial y la segunda ley general, toda vez que, la fuente constitucional confiere al derecho del consumidor el carácter iusfun-damental, lo que implica que el sistema de solución de conflictos normativos no está guiado por las reglas de las antinomias legales tradicionales sino por las reglas que guían la solución de colisiones iusfundamentales» (EL DIAL EXPRESS 11-07-2011; “Capo-raletti Maria Cecilia c/ Liberty Seguros Argentina S.A. s/ Cumplimiento de contratos civiles/comerciales”, CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MAR DEL PLATA (Buenos Aires) – SALA TERCERA – 06/06/2011) .

En definitiva  y conforme lo hasta aquí  argumentado, en nuestro caso,  habién-dose activado la existencia de una relación de consumo  (el actor reclama a la asegura-dora la indemnización por el robo de su auto asegurado), corresponde aplicar  el plazo de prescripción especial previsto en el microsistema, cuyo plexo es autónomo y de  or-den  público (LDC  24240,  art. 50 , 3 años, ref. Ley 26361); en consecuencia la acción no está prescripta».-

B)  No encuentro razones que justifiquen  el apartamiento del precedente reseña-do.

En efecto, en el caso no está en discusión que se trata de un  seguro colectivo contratado por la Dirección General de Escuelas, cuyo carácter social es innegable,  ni que la accionante constituye un tercero,  más tal aspecto no lo excluye del estatuto con-sumerista.  Dificultad que se supera, conforme lo expresa destacada doctrina si se rede-fine la causa fuente del vínculo: contratos, actos jurídicos unilaterales  y hechos jurídi-cos. En virtud  de este enfoque no estamos en presencia de terceros, ya que la legitima-ción  deviene del hecho jurídico de consumir.  El tercero beneficiario, en estos casos hay discusión, ya que un contrato  puede establecer un beneficio  a favor de un tercero. Por ejemplo: un contrato de seguro  se celebra entre dos partes y  hay un tercero beneficiado, que no ha intervenido en la celebración. Es un contrato a favor de terceros, en el que el consumidor  tiene acciones directas basadas en ese beneficio aceptado, el que al ser ac-cesorio  de la relación base y siendo ésta de consumo, también lo es (Conf. LOREN-ZETTI, Ricardo  Luis,  «Consumidores»,  pág. 87/89, Ed. Rubinzal Culzoni, Enero 2.006).

A su vez  y,  abstracción del orden de prelación aplicable – que sella la suerte adversa del recurrente-, esto es, que el contrato de seguro es un «contrato de consumo» por lo que se aplica la LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR que constituye un derecho iusfundamental operativo, cuyo microsistema protectivo es «autónomo» (art. 3 LDC)  y de «orden público” ( art. 65 LDC);  que en la escala jerárquica se aplica el art. 42 CN , norma consumerista ( Ley 24.240 y -Ref) y después – siempre que no se contra-diga con las normas anteriores que son jerárquicamente superiores- se aplica el CC, CCo., LS, etc. Destaco el carácter de orden público del estatuto: «El carácter de orden público de la LDC es coherente  con su finalidad consistente  en equilibrar relaciones jurídicas  que son genéticamente desiguales»  (Ley de Defensa del Consumidor  JORGE MOSSETE ITURRASPE, Protección Procesal de Usuarios y Consumidores por OS-VALDO GOZAÍNI, art. 65, pág. 313, Rubinzal-Culzoni, abril 2010).

Por lo que en el caso, tampoco  constituye un aspecto relevante  la pretensión del recurrente  de inaplicación de la LDC, que gira básicamente, en torno de los arts. 3 y 4051 del CC que invoca para sustentar su tesis. Sobre la discusión doctrinaria suscitada en torno a la aplicación de la normativa de derecho civil mediante la invocación de la vigencia del art. 4051, renovada  a raíz de la ref. de las Leyes 17.711 y 17.940, que mo-dificó diversos plazos de prescripción especialmente acortando los más largos,   por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de  Buenos Aires  empezó a sostener  que el art. 4051 consagra una solución permanente  de derecho transitorio (SCBA, 30/3/71, JA 11-1971-635);   cuya problemática  interpretativa en  materia de usucapión  fue criticada  por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que concluyó  que con pos-terioridad  al 30/6/70, corresponde aplicar, a todas las  situaciones el plazo  de prescrip-ción  establecido en la nueva redacción del dispositivo (CSJN, ED, 100-221, c/n de Bus-tamente Alsina) (Conf. Código Civil Comentado, ALBERTO BUERES- ELENA  HIGTON, T, 6 B, Art. 4051 pág. 915/017; Ed Hammurabi SRL , nov. 2001).

A mayor abundamiento,  tampoco es procedente la prescripción pues computado el plazo  desde el rechazo efectuado por la aseguradora  el 24/10/07 (ver CD , fs. 17 aún cuando la entidad  no invocó esa defensa para resistir  del reclamo)  y, de estar a la tesis menos favorable  a la asegurada (plazo anual, vencimiento 24/10/08) lo cierto es que la mentada reforma al art. 50 de la LDC (Ley 26.361 art. 23; BO 7/4/2008) se produjo  antes  del vencimiento del plazo anual, por lo que la recurrente  tampoco había adquirido el  pretendido derecho a la liberación. Como ya se reseñara la demanda se interpuso el 4/3/2010,  luego,  a esa fecha,   no había transcurrido el plazo previsto en el art. 50 LDC.

La Sala también sostuvo la aplicación del plazo previsto en la LDC en otro pre-cedente reciente (N° 100.791 , “CAJA DE SEGUROS SA EN J.. DALLAPE ANTO-NIA  C/ CAJA DE  SEGURO SA P/ CAS”), allí    el rechazo de la aseguradora  por  CD se  verificó con posterioridad  a la reforma  de la LDC.

Asimismo  destaco  que el texto agregado por la Ley 26361 al art. 50 –  «Cuando por  otras leyes generales o especiales se fijen plazos  de prescripción  distintos del esta-blecido  precedentemente se estará  al más favorable  al consumidor o  usuario»  –    constituye una norma meramente interpretativa, que en consonancia con el art. 3 de la ley. «En caso de duda  sobre la interpretación  de los principios que establece esta ley prevalecerá  la más favorable  al consumidor» –  reitera la misma directriz , esto es, estar a la interpretación más favorable al consumidor, en sintonía con la declaración de orden público expresamente prevista por el legislador en el art. 65 del mismo cuerpo legal,  cuestión que reviste particular importancia en cuanto a sus efectos  pues acarrea la apli-cación de oficio del régimen tuitivo.-

El legislador previó la prevalencia del criterio interpretativo más favorable para el consumidor. Se estableció que «La Ley 24.240 ha establecido como regla obligatoria de interpretación que en caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable y menos gravosa para el consumidor (arts. 3 y 37), recurriendo, en pos de tutelar a los consumidores y usuarios en sus relaciones contractuales, a la moderna aplicación de la regla favor debitoris, vale decir, que para interpretar las obligaciones de los usuarios, debe echarse mano a dicho principio entendiendo como «favor al débil», siendo dicho principio orientador insoslayable para interpretar la ley, atento el carácter de orden pú-blico que ostenta la norma en análisis (art. 65 Ley 24.240)» (J. C.C. Com. N° 3 de Quil-mes, 29/12/97, «Parody Alejandro c/ Telefónica Argentina SA», LLBA 1998-447) cita-do en Mosset Iturraspe- Wajntraub, «Ley defensa del consumidor», pág. 62, nota 40, Ed. Rubinzal, abril 2010).-

La Ley 24.240 de defensa al consumidor conforme sus fines y lo establecido expresamente en su art. 65 es de orden público y esto último implica un conjunto de principios de orden superior -políticos, económicos o morales- que limitan la autonomía de la voluntad y a ellos deben acomodarse las leyes y la conducta de los particulares (C. Primera Com. De Mar del Plata, Sala II, «Martinelli José c/ Banco del Buen Ayre», LLBA 1998-511, citado en Mosset Iturraspe- Wajntraub, «Ley defensa del consumidor», pág. 313, nota 393, Ed. Rubinzal, abril 2010).-

«El plazo de prescripción trienal  establecido en el  art. 50 de la Ley 24.240 debe prevalecer sobre el establecido en la  Ley de Seguros, ya que el orden público que in-forma el art. 3 de la LDC   hace que todo contrato de consumo  – en el caso seguro de vida y capitalización-  deba  regirse por los preceptos  que en el caso resulten más favo-rables  a esa parte más débil de la relación negocial» («La prescripción en materia de contrato de seguro. Prevalencia de la prescripción  prescripta en la Ley 24.240”, Daniel Moeremans y Manuel Gonzalo Casas, en LL 2007, pág. 1102).

En virtud de lo expuesto y si mi voto resulta compartido por mis distinguidos colegas de Sala, corresponde rechazar el recurso de casación  interpuesto y confirmar la sentencia recurrida.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y ROMANO, adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN  EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido plan-teado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y ROMANO, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

Atento lo resuelto en las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la recurrente vencida  (arts. 36 y 148 C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y ROMANO,  adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza,  23 de febrero de 2.012.-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

I.- Rechazar el  recurso de  casación  interpuestos por  la CAJA  DE SEGU-ROS SA  fs. 16/21  de autos.

II.- Imponer las costas a la recurrente vencida.

III.- Diferir la regulación de honorarios para su  oportunidad.

IV . Dar a la suma de pesos CIEN ($ 100) de la que da cuenta la boleta de depó-sito obrante a fs. 1, el destino previsto por el art. 47 inc. IV del C.P.C.

Notifíquese. Ofíciese.

Dr. Fernando ROMANO

Dr. Jorge Horacio NANCLARES

 

 

Dr. Alejandro PÉREZ HUALDE

 

Expte: 101.125

Fojas: 57

 

            En Mendoza, a veintitrés días del mes de febrero del año dos mil doce, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 101.125, caratulada: “CAJA DE SEGUROS S.A. EN J° 86.813/12.698 LAVARELLO MARIA ANTONIETA C/ CAJA DE SEGUROS S.A. P/ CUEST. DERIV. DE CONTRATO DE SEG. S/ CAS.”

            Conforme lo decretado a fs. 56 se deja constancia del orden de estudio efec-tuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: DR. JORGE H. NANCLARES; segundo: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; terce-ro: DR. FERNANDO ROMANO.-

            ANTECEDENTES:

            A fs.  16/21  el Dr. GRINSPAN  MAURICIO en representación de la ase-guradora demandada  CAJA DE SEGUROS SA interpone recurso extraordinario de  casación contra de la  resolución  dictada a fs. 268/270 de los autos n° 86.813/12.698,   “LAVARELLO  MARÍA ANTONIETA C/ CAJA DE SEGURO SA  P/ CUEST. DE-RIVADAS  DEL  CONTRATO DE SEGUROS»   por la Quinta Cámara de Apelacio-nes en lo Civil de la Primera Circunscripción  Judicial.

            A fs. 31 se admite  formalmente el recurso de casación deducido, ordenándose correr traslado a la contraria.

            A fs. 36/44 vta. la  actora recurrida  Sra. MARÍA ANTONIETA LAVARELLO  representada  por la  Dra.  SILVINA M SCRIFFIGNANO contesta el  traslado  y solici-ta  su rechazo con costas.

            A fs. 48/49 corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expone, aconseja el rechazo del   recurso de casación  deducido.

                        A fs. 52 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 56 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

                        De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Pro-vincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

                        PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto?

            SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

            TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

            I. RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS DE LA CAUSA.

                        Entre los hechos relevantes para la resolución del recurso interpuesto, se des-tacan los siguientes:

            1. A fs. 18/25, el  4/3/2010 la Dra. SILVINA M. SCRIFFIGNANO en repre-sentación de la Sra. MARÍA ANTONIETA LAVARELLO   inicia demanda    contra la  CAJA DE SEGUROS SA  para el pago del capital  asegurado por beneficio  de in-capacidad total y permanente por enfermedad por  el seguro colectivo contratado por la Dirección General de Escuelas con más el 15 % por daño moral. Relata las diferentes dolencias que padece (artrodesis de tobillo 50%, osteomielitis  40%,  osteoporosis seve-ra de columna y fémur 70%)  que le impide desarrollar cualquier tipo de tareas  por lo que inició los trámites ante la aseguradora  el 12/9/07, que la compañía solicitó docu-mentación  que fue presentada por su parte y  el 24/10/2007   La Caja le envió CD N° 877749931 rechazando el siniestro porque no se encontraba  certificado el cese laboral  con la DGE, que no se discutió la incapacidad. Reclama daño moral y ofrece prueba instrumental y pericial contable y médica.

            2. A fs. 209/215, el Dr.  GRISNSPAN MAURICIO   por  CAJA DE SEGUROS S.A    opone la defensa de prescripción y contesta la demanda.  Afirma que transcurrió más de un año desde que se hizo exigible el beneficio, el 24/10/07, la  prescripción se operó antes de la interposición de la demanda  promovida en febrero del  2.010; destaca que le plazo de prescripción comenzó a correr antes  de la vigencia de la nueva  ley del 16/4/08.

            3. A fs. 213 el juzgado provee la tramitación de excepción y a fs. 220/225  la actora contesta la excepción y solicita su rechazo.

            4.   A fs.  227/229   la Sra. Juez del Décimo Quinto Juzgado Civil de la Primera Circunscripción   admitió la  excepción de prescripción  y declaró prescripta la acción.

            5.  A fs. 235  la actora  apela la resolución.

            6. A fs.  268/270   la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Primera Circunscripción   admitió  el recurso y por ende  rechazó la excepción de prescripción.

Razonó el Tribunal  con cita de doctrina:

            – Este Cuerpo en coincidencia con el dictamen del Fiscal de Cámara de  fs. 263  entiende que el recurso en trato debe prosperar.

            – La relación de consumo se da plenamente en el contrato de seguro, aún colecti-vo como en el presente, en tanto si bien la principal – DGE- aparece como tomadora del mismo, es claro y evidente que no lo hace por su propio interés, asegurando su patri-monio, sino en el interés de quienes desempeñan tareas en su ámbito, como el caso de la parte actora.  Ello así, hasta tanto el asegurado, que sí actúa en interés propio, no adhiera a las cláusulas convenidas entre asegurador y tomador, concretamente el contrato de seguro no nace.

            – En tal inteligencia es que resulta plenamente de aplicación lo normado por el Artículo 1 de la Ley 24.240 ya que el tomador (DGE) actúa como un simple intermedia-rio de los intereses de las partes y, el asegurado, evidentemente adquiere un servicio, cual es el seguro, de una empresa dedicada a tal fin de modo tal que se encuentra com-prendida en las previsiones del Artículo 2 de la citada norma legal.-

            – Superado ello cabe tener presente, en primer lugar, que la división de aguas que se planteó en su momento, frente al texto del Artículo 50 de la Ley 24.240 tuvo origen en la diferente interpretación que podía darse del texto originario de la norma allí conte-nida (“Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales”).-

              De dicho texto es que, tanto la jurisprudencia como la doctrina entendían que existían argumentos suficientes como para admitir, o negar, que esta norma modificaba el plazo de prescripción que prevé el Artículo 58 de la Ley 17.418, en tanto la acción que ésta última norma prevé, no “emergía” de la LDC

              Pero, merced al Artículo 23 de la Ley 26.361, el texto originario fue modifica-do, quedando con el siguiente “Las acciones judiciales, las administrativas y las sancio-nes emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del esta-blecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La pres-cripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.”

              Esta nueva norma ya no puede dejar lugar a dudas. Su letra no permite inter-pretar que sólo se refiriera a las acciones que la LDC prevé, sino a todas las acciones que fijaran “otras leyes generales o especiales” con lo que aquella discusión pasó a carecer de sentido.-

            – Ya, incluso, no es necesaria una concreta interpretación del contrato a fin de establecer un “criterio” de defensa del consumidor o de defensa de la ley especial. Si el plazo de prescripción, que opera en contra del consumidor, es menor en la ley especial, debe aplicarse la LDC por el sencillo motivo que la norma expresamente lo dice, no hay silencio alguno al respecto ni laguna que interpretar sobre tal ley que, salvo que se decla-re su inconstitucionalidad, mantiene su plena vigencia.-

            – La especial característica de ley de orden público que detenta la LDC encuentra su fundamento, no sólo en su propio texto (Artículo 65) sino en la base constitucional de la que nace, esto es del Artículo 42 de la Constitución Nacional.-

            – Luis Daniel Crovi (en “El contrato de consumo: influencia de su actual regula-ción en los contratos civiles y comerciales”, RDPyC, 2009-1, pág. 423, quien a su vez en este punto cita a Julio C. Rivera en “Instituciones de Derecho Civil”) dirá que “El Artículo 42 de la Constitución Nacional ha dado rango constitucional a los derechos de usuarios y consumidores, y ello ha llevado a decir que el Derecho del Consumidor se ha “publicitado”… En función de esta realidad, se ha destacado que existe un “Derecho Civil Constitucional” y los autores se inclinan por sostener que las disposiciones consti-tucionales son verdaderas normas de Derecho Privado aunque su continente sea la Cons-titución …”

            – En suma, aún cuando la Ley de Seguros no hay dudas se refiere a este tipo par-ticular de contrato, por lo tanto ley especial y que –pareciera- no puede ser modificada por la ley general, es el caso que esta última justamente lo que pretende es que todas las situaciones particulares que se adapten a la normativa que ella regula, la relación de con-sumo, tengan una regulación similar en las cuestiones fundamentales, como es el caso en estudio, esto es la prescripción de las acciones de las que goza el consumidor.-

            – Esta es la idea principal que sobrevuela en el Artículo 3 de la LDC al pretender que esta norma (general y de orden público) se integre con las demás normas generales y especiales.-

            Contra dicha  resolución la aseguradora  interpone el recurso extraordinario de Casación  ante esta Sede.

            II. RECURSO DE CASACIÓN.

            – El recurrente  alega errónea aplicación del art. 3 del Código Civil; arts. 1, 3 y 50 LDC;  falta de aplicación  del art. 58 Ley de Seguros y 4051 Código Civil; aparta-miento del art. 99 inc.  2 Constitución Nacional y Decreto n°  565/2008. 

              La actora no es un consumidor a los términos del art. 1 de la Ley 24.240; el seguro no es un servicio ni un cosa; está fuera de discusión que el tomador de la póliza es la Dirección General de Escuelas, por lo  que no se da el requisito  de beneficio pro-pio  ni de su grupo familiar o social.

            – La prescripción de la que habla la Ley 24.240 es para las acciones que emanan de sus normas.

            – El art. 3 de la Ley 24.240 cuando se refiere a “duda” e interpretación favorable al consumidor, se refiere a incertidumbre respecto al significado de sus propias disposi-ciones.

            – Apartamiento  del art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional y el Decreto n°   655/2008; el caso de los seguros está comprendido en las actividades con normativa propia  y con intervención del Estado Nacional  mediante autoridad de aplicación espe-cífica.

              La  LS tiene preeminencia sobre la LDC,  poniéndose en tela de juicio las fa-cultades de control de la  Superintendencia de Seguros de la Nación; se regula una acti-vidad específica  que tiene un estricto control  estatal a  través de organismos especia-les.

            – El art. 4051 del Código Civil no ha sido derogado, establece una regla perma-nente a los problemas de vigencia temporal  y, el art. 3 del CC sienta un principio gené-rico; en consecuencia conforme jurisprudencia que cita, corresponde adoptar un criterio  que evite darle a las normas en juego un sentido que las ponga en pugna. – Se aplica erróneamente el art. 3 del CC y  se omite el art. 4051 CC, toda vez que este último es la norma específica, cuando afirma que las prescripciones  comenzadas  antes de regir la nueva norma están sujetas a las leyes anteriores.

            – El plazo de la acción comenzó a regir antes  del dictado de la Ley 26.361 (16/4/08);  aún  cuando por hipótesis se sostuviera la  aplicación  del plazo trianual  al contrato se seguros, en el caso corresponde aplicar el art. 58 LS por aplicación del art. 4051 CC.

            III.- SOLUCIÓN DEL CASO:

            A) Corresponde determinar si es normativamente correcta  la resolución que rechazó la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora al reclamo por cobro de un seguro por incapacidad  total y permanente de una docente  en virtud del  seguro de vida colectivo contratado por la DGE, por aplicación del plazo de 3 años previsto  en la LDC.

            No constituye un aspecto discutido que la aseguradora rechazó el reclamo   por CD el 24/10/07 (ver fs. 17), fecha desde la cual  el tribunal  computó el plazo de pres-cripción por haberse tornado exigible la obligación.

            La recurrente sostiene  que corresponde el plazo de prescripción  anual fijado en la Ley de Seguros, aspecto  del que deriva que debe hacerse lugar a la excepción de prescripción.

            El caso guarda sustancial analogía con un caso reciente en el que preopiné con la adhesión de los Dres. Romano y Adaro ( N° 101.731 «COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA EN J° CARRIQUE JUAN DANIEL C/ COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA  P/ CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO S/ INC-CAS», 6/9/11),   la Sala, en la indemnización por robo de un auto asegurado sostuvo la aplicación del plazo  de 3 años previsto en el régimen consumerista.

            Se dijo en ese precedente:

                        «Tal como quedó trabada la litis, esta Sala debe resolver por primera vez, cuál es el plazo de prescripción aplicable  al  reclamo indemnizatorio articulado por el asegura-do, si el plazo de tres años previsto en la  LDC – resuelto en las instancias de grado – o el de un año previsto en la LS – propiciado por la aseguradora recurrente-.

            Comenzaremos por transcribir los textos  normativos implicados:

            LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 24.240- REF. LEY 26.361 BO 7/4/2008.

            * Texto vigente:  Artículo 50  (Texto según Ley 26.361- art. 23)  – Prescripción. “Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o ju-diciales.

            *  Art. 50 ( Texto originario) Prescripción: “Las acciones y  sanciones  emergen-tes  de la presente ley  prescribirán en el término de tres (3) años.  La prescripción se interrumpirá  por la comisión de nuevas  infracciones  o por el inicio  de las actuaciones administrativas o judiciales”.

            LEY  DE SEGURO n° 17.418 – ART. 58:  “Las acciones fundadas en el contra-to de seguro  prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente  obligación es exigible. Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la prescripción para su cobro  se computa a partir del vencimiento de la última cuota …”

            B) Respecto del rango y jerarquía  del derecho del consumidor,  destacada doc-trina, que los califica de  Derechos iusfundamentales operativos expresa: 

            “El principio protectorio de rango constitucional es el que da origen  y funda-menta el derecho del consumidor. En los casos que presentan colisión de normas, es importante tener en cuenta  que no es la ley, sino la Constitución   Nacional, la que es fuente principal del Derecho Consumerista. Se trata de uno de  los denominados  “dere-chos civiles constitucionalizados”, que tienen una historia de ascensos en el sistema de fuentes del derecho: nacen de las luchas sociales, ingresan por los umbrales normativos  que son las decisiones jurisprudenciales  aisladas, luego vienen las leyes especiales, los tratados, en algunos casos son reconocidos  en el Código Civil y en la Constitución.   De esta fuente surgen rangos normativos, en especial, su operatividad.  La interpretación dominante es que no es necesaria  una ley que reglamente  el derecho para poder  invo-car su aplicación  al caso concreto.  En este sentido se ha dicho  que la norma del art. 42 de la CN   pone en cabeza de los consumidores  y usuarios derechos plenos, los cuales son operativos sin necesidad  de que se dicte una ley que los instrumente, lo que signifi-ca que el juez puede aplicarlos  en el caso concreto  y que su eficacia no está condicio-nada” (RICARDO LUIS LORENZETI, “CONSUMIDORES”,  2ª edición actualizada,  Año 2.009, Rubinzal-Culzonoi Editores,  pág. 45).

            Respecto del principio de interpretación más favorable  al consumidor y jerar-quía de normas  expresa Artículo 3º – de la Ley N º 24.240  reformado por Ley 26.361: 

“Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplica-bles a las relaciones de consumo, en particular la Ley N º 25.156 de Defensa de la Com-petencia y la Ley N º 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen.

En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley pre-valecerá la más favorable al consumidor.

            Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”.-

            “Autonomía del microsistema:

                        “ La primera regla  que establece el texto se refiere  a la aplicación de la ley y señala que debe efectuársela de modo integrado  con las normas generales y especiales  aplicables a las relaciones de consumo. No dice que se integra con otras leyes,   sino con las vinculadas al consumidor, con lo cual se reconoce la autonomía del microsistema.  Esta regla es correcta porque la fuente  constitucional  confiere al  Derecho  de los con-sumidores  el carácter iusfundamental, lo que significa que el sistema de solución de conflictos  normativos no   está guiado por las reglas  de las antinomias legales  tradicio-nales. Por ello no es lícito  fundar la prevalencia de  una ley en la circunstancia de que  sea anterior, o especial,  como se ha notado en numerosos casos.

            Por el contrario se aplican las reglas que guían  la solución de colisiones  iusfun-damentales.

                        El Derecho de los consumidores es un microsistema legal de protección  que gira dentro del  sistema del Derecho  Privado, con base en el Derecho Constitucional. Por lo tanto las soluciones deben buscarse en  primer lugar  dentro del propio sistema  y no por recurrencia a la analogía,  ya que lo propio de un microsistema  es su carácter autónomo y aún derogatorio de  norma generales.

            El microsistema  está compuesto  por las siguientes normas:

            – La norma constitucional que reconoce  la protección del consumidor y sus de-rechos;

            – los principios jurídicos y valores del ordenamiento, ya que el microsistema es de carácter  “principiológico”, es decir, tiene sus propios principios  y por esta razón es que la Ley 26.361 señala que debe prevalecer la interpretación de los principios favora-bles al consumidor ( art. 3ª);

               las normas legales infraconstitucionales, sea que exista  un Código como en el caso de Brasil , o un “estatuto del consumidor”, compuesto por normas dispersas, como ocurre en el caso argentino; el elemento activante es la relación de consumo, es decir, que siempre que exista  una relación de este  tipo se aplica el microsistema”  (RICAR-DO LUIS LORENZETI, “CONSUMIDORES”,  2ª edición actualizada, Rubinzal-Culzoni Editores, Año 2.009,  pág. 49/50).

            En materia de conflictos con otras leyes, el art. 3 dispone que las relaciones de consumo  se rigen  por el  régimen  establecido en esta ley. El  legislador soluciona un problema que no es  de interpretación, sino de jerarquía de norma, y lo hace reconocien-do el presupuesto de la autonomía  del microsistema.  Una solución similar  para la je-rarquía  en la aplicación de normas  surge  en materia de prescripción.   El art. 50 de la Ley 24.240 dispone el plazo de prescripción de 3 años; el fundamento es el mismo, la autonomía del microsistema  de protección del consumidor (conf. Ob. Cit., pág.  52/53). A su vez , en referencia  al Código Civil y por aplicación de iguales principios expresa el tratadista:  “En el caso de Argentina,  la Ley  26.361 es una ley especial de orden públi-co, que cambia muchos aspectos del Código Civil, y por ello no es aplicable  la analogía en amplios sectores de las relaciones consumeristas” (ob. Cit, , Lorenzetti, pág. 60).

            Con referencia al plazo de prescripción, continúa el autor: “El plazo de 3 años modifica, en principio la prescripción decenal  que es la regla en  materia de acciones personales   y la  bianual  en materia de responsabilidad  por daños en los casos que pre-vee la ley, aunque insistimos  que la reforma de la Ley 26.361 permitiría aplicar el plazo más favorable de la legislación  que rige en cada supuesto”. Así se tiene resuelto:  “Cuando se trata de inmuebles destinados a vivienda  y que se haya efectuado oferta pública de las disposiciones a consumidores potenciales, el plazo de prescripción aplica-ble  a la acción por daños generados  por vicios redhibitorios es el de tres años previsto en el art. 50 de la  Ley 24.240, y no en el de  tres meses consagrado  en el art. 4041 del CC, ello confirme a lo establecido en el art. 23  de la Ley 26.361 ( CCC Neuquén, Sala II, 12/8/2008, Jofré Armando c COMASA SA  y otro, LL, Patagonia 2.0 (diciembre), p 544, c/n Esteban Javier Arias Caú) ( conf.  Ob. Cit, Lorenzetti,  pág. 613 y fallo citado en nota 26).

            C) En idéntica línea de pensamiento respecto del sistema legal Autónomo y Au-torreferente del Derecho de Consumidores destacada doctrina expresa: «La premisa bá-sica de análisis es: » … en toda relación jurídica, en la que participa un consumidor, en primer lugar, se debe aplicar la normativa consumerista …».

            Y, la consecuencia directa e inmediata de dicha pauta es que se crea un «Sistema Legal Autónomo y Autorreferente» .

                        De esta forma el Sistema Legal Autónomo y Autorreferente de los consumido-res, tiene tres pilares básicos y fundamentales: (i) la norma constitucional (art. 42 de CN); (ii) los principios específicos consumeristas; (iii) las normas legales infraconstitu-cionales (Ley 24.240, Ley 24.999; Ley 26.361, etc.).

            Luego, en forma supletoria y complementaria se debe aplicar el Código Civil; el Código de Comercio; la Ley de Seguros.

                        Y, obvio, resulta señalar, que en caso de contradicción entre las normas funda-mentales consumeristas (vgr. art 42 CN; Principios específicos consumeristas y las Normas Legales Infraconstitucionales – Leyes 24.240; 24.999; 26.361), con las normas supletorias y complementarias (vgr. Código Civil; Código Comercio; Ley de Seguros; etc.), van a tener preeminencia y privilegio ( art 3 de la Ley 24.240), las normas funda-mentales consumeristas.

            Esta postura también es sostenida por la importante doctrinaria brasileña (Clau-dia Lima Marques), quien enseña que en caso de contradicción entre normas de consu-mo y otras leyes, debe tener preeminencia la legislación consumerista».-

            Precisa más adelante el citado autor: «Se creó un sistema Autónomo y Autorrefe-rente de consumidores, donde se aplica, en escala jerárquica: (i) el art 42 de la CN; (ii) Normativa consumerista (Ley 24.240; Ley 24.999; Ley 26.361, etc.); y (iii) después -y siempre que no se contradiga ni se opongan a las normas anteriores, que son jerárquica-mente superiores-, se aplica: Código Civil; Código de Comercio; Ley de Seguros; etc.» (Waldo A. R. Sobrino, «Consumidores de Seguros – Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a los seguros»; en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Director Atilio A. Alterini; año XIII, N° 6, junio 2011, pág. 10/11 y 20/21; La Ley ).

            D) Aún cuando adherimos al precitado orden de prelación, no desconocemos la existencia de destacadas voces que se contraponen a tal interpretación jerárquica, entre ellas: «Corresponde señalar que habida cuenta  de la naturaleza especial  de  la legisla-ción del seguro, procede su aplicación en primer término  y, complementariamente,  la de la normativa general  de defensa del consumidor. Vale decir que – si bien ambas inte-gran  el plexo protector del consumidor – en el orden de su aplicación  reconoce priori-dad  la legislación específica  por razón de la materia» (NICOLAS H. BARBATO, Coordinador, «Derecho de Seguros»; Dante Cracogna , «La defensa del consumidor en el seguro», pág. 699, Ed Hmmurabi-Depalma, Abril 2001).  En igual sentido: «La legis-lación  de defensa del consumidor  será aplicable en subsidio, siempre y cuando la legis-lación  específica en la materia de seguros no pueda resolver un conflicto» («Defensa del consumidor y derecho de seguro»,  EDUARDO GONZALEZ DOMINIKOVIC,  en ED  237, AÑO 2.010,  pág.  1106/1123, en especial , «conclusiones», pág. 1123).

            E) En la actualidad persisten voces contrarias a la aplicación de la Ley de Defen-sa a los Consumidores, al contrato de seguros, las que no se han acallado aun luego de la reforma producida por la sanción de la Ley 26.361; sólo han variado sus argumentos aunque por cierto con el resultado de su marcado debilitamiento. En nuestra opinión sólo es dable esperar la extensión de las decisiones jurisprudenciales que recojan la apli-cación de la normativa tutelar de los Consumidores al Contrato de Seguro, luego del notable ensanchamiento del ámbito de incumbencia de aquélla por la reciente reforma (Conf. María Fabiana Compiani, «El contrato de seguro y la protección del consumi-dor», en Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada; Directores Picasso – Vazquez Ferreira,  T II , pág. 432).

            Quienes niegan la aplicación de la LDC al contrato de seguro, sostienen entre otros argumentos la inaplicabilidad de esa normativa por no considerarla  comprendida en el estrecho concepto del artículo 1 de la ley. En este sentido se dijo: «un contrato de seguro es algo totalmente distinto a uno de locación de servicio, ya que las obligaciones y derechos que asumen las partes en cada uno de ellos son totalmente diferentes. En el contrato de locación de servicios, el locador asume una «obligación de hacer», mientras que en el seguro la obligación del asegurador es «indemnizatoria». Los contratos de se-guro están regidos por leyes no derogadas por la Ley 24.240. Los asegurados tienen amplia protección en la normativa vigente (17.418 y 20.091) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación que aprueban cada cláusula del contrato de seguridad con ante-rioridad a la posibilidad de su celebración.

            Sin embargo, lo cierto es que luego de la reforma de la Ley 26.361 se amplió la noción de consumidor de forma tal que ahora atrapa a todos quienes adquieran o utilicen bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, como destinatarios finales; equiparando aún a quienes sin ser parte en la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, utilizan bienes o servicios como destinatarios finales y a quien, simplemente está expuesto en una relación de consumo.

            Ello ha determinado  que algunos de los fundamentos expuestos por los críticos a la aplicación de la legislación consumerista al contrato de seguro, no puedan conside-rarse subsistentes.  El citado artículo primero reformado no se refiere ya a determinados contratos  en particular, sino que en general comprende la utilización de bienes y servi-cios.  No cabe duda que el  seguro se trata de un servicio  y que como tal constituye un derecho uno de los bienes a los que alude el mentado  art. 1 de la Ley 24.240 mod. Ley 26.361.  A ello se añade que el resarcimiento del daño  o el cumplimiento de la presta-ción convenida  ( art. 1 Ley 17.418) son  cumplidos por un profesional  (el asegurador), a favor de quien celebra el contrato su destinatario final (el asegurado).

            El contrato de seguro  constituye un típico contrato  por adhesión  ya que su con-tenido (póliza)  es predispuesto en forma anticipada  y  unilateralmente por el asegura-dor, mediante unas condiciones generales uniformes, aplicables a todos los contratos  que celebre en el ramo; mientras que el asegurable sólo puede decidir entre adherir en bloque a las condiciones generales de la póliza  o no contratar, no participando de una etapa  previa de tratativas con relación a ellas. En consecuencia, tratándose el seguro de un contrato  por adhesión  a condiciones generales, su contenido se halla igualmente disciplinado por la LDC (arts. 38, 39)  (Conf. María Fabiana Compiani, ob. cit. pág.  432/438).  

            También sostienen  la aplicación de la ley de defensa del consumidor al contrato de seguro los autores  especializados en derecho comercial  (STIGLITZ, Gabriel ,  «Se-guros y defensa del consumidor», LL 2004-A-  pág. 1496).

            El contrato de seguro  constituye  un contrato de consumo cuando se celebra a título oneroso, entre un consumidor final  y una persona jurídica, que actuando profesio-nalmente, se obliga mediante el pago de una prima , a prestar un servicio cual es  la asunción del riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento  del daño o el cumplimiento de la prestación convenida.

            Lo expuesto exige puntualizar que hay contratos de seguro a los que NO  se apli-ca la LDC. Estos  serán  aquellos contratos celebrados por quien no resulta  consumidor en los términos  del art. 1 de la Ley 24.240. Se trata de los contratos de seguro celebra-dos con relación al interés  asegurable sobre bienes que se integran al proceso de pro-ducción, transformación, comercialización o prestación  a terceros.  Es decir aquellos que no consuman el seguro como  “destinatarios finales”, en beneficio propio, de su grupo familiar o social  (Conf. María Fabiana Compiani, ob. cit. pág.  439). 

            F) La  doctrina y principios  hasta aquí desarrollados nos muestran  la clara pre-valencia de la LDC   y el notable ensanchamiento del ámbito de su incumbencia, en  desmedro  de los autores que sostuvieron la  preeminencia  del  plazo  anual  de  pres-cripción  previsto en el art. 58 de  la  Ley de Seguros.

            Antes de la reforma  de la Ley 26.361, una posición amplia consideraba que el plazo de prescripción  liberatoria del art. 50  Ley  24.240 estaba referido tanto a las ac-ciones administrativas  como a las judiciales. Esa interpretación a favor del consumidor se imponía por el principio interpretativo  a favor del consumidor previsto  en el art. 3  de la Ley 24.240. Esa doctrina consideraba que la ubicación de la norma en el capítulo XII de la ley se debía a un defecto de técnica legislativa.  A ello se agregaba que las dis-posiciones de la ley son de orden público y, la fuente constitucional del derecho  de los consumidores.       

            La tesis tuvo acogida en la jurisprudencia:  “El plazo de prescripción trienal es-tablecido en la Ley 24240 debe prevalecer sobre el establecido  en el art. 58 de la Ley de Seguros, pues el orden público que informa  el art. 3 de la LDC   hace que todo contrato de consumo –  en el caso un seguro  de vida y capitalización –  deba regirse por los pre-ceptos  que en el caso resulten  más favorables  a esa parte más débil de la relación ne-gocial (C. Apelación de Santa Fe, Sala I, 4/10/06, “Martinez Walter y ot c/ Aetna Vida SA”;  RC y S, 2006-XI, 97, LLLitoral 2006, 1451);  fallo citado en nota Nª 720, pág. 461, ob. Cit., María Fabiana Compiani). 

            “La Ley  26361  ha venido a clarificar  la cuestión, ya que el  nuevo texto se re-fiere tanto a las acciones administrativas, como a las judiciales  y aún a las sanciones.  A ello  ha sumado un segundo párrafo donde en forma expresa resuelve la coexistencia de varios regímenes  particulares con vocación de aplicación  en el mismo caso,  a favor del plazo prescriptivo más favorable  para el consumidor. Parece claro que cuando el contra-to de seguro constituya un contrato de consumo, el plazo prescriptivo aplicable será el de 3 años”   (María Fabiana Compiani, ob. cit. pág.  461/2). 

            En igual sentido: “ …el plazo trienal comprende  no solo las acciones expresa-mente  especificadas por la Ley 24.240, sino aquellas  que emanan de otras normas es-peciales y generales; por supuesto,  siempre y cuando la acción nazca  de una relación de consumo”.  También Farina  adoptó en forma temprana una interpretación  amplia res-peto de  las acciones que debían  considerarse emergentes  de la ley  aplicando el plazo de 3 años de prescripción no sólo  a las acciones contempladas en la ley, sino  también a aquellas  que estén reguladas  en los Códigos Civil y de Comercio y aún en leyes espe-ciales  como la de seguros en la medida  de que exista un contrato de  consumo (Conf. FEDERICO R. MOEYKENS, «Relación de consumo y contrato de seguro- Protección jurídica del consumidor” en Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada; Di-rectores Picasso – Vazquez Ferreira, T. II,  pág  539/540).

            G) Otros tribunales también han  resuelto el plazo de prescripción de 3 años  para  el reclamo de un seguro  por incapacidad  contratado por el empleador por tratarse  de una prestación de servicio (provisión de un seguro por parte de la demandada a la actora). El reclamo se había hecho a la aseguradora  el 15/10/03, por lo cual , razonó el tribunal,  de estar al plazo anual  previsto por la LS, la pretensión estaría prescripta; sin embargo, también en este punto es aplicable la LDC; a la luz de los arts. 42 CN  y 50 LDC y sus modif. el plazo de prescripción  es trienal  y no anual, por la preeminencia  de la LDC sobre  la regulación  de la ley de seguro (17/3/11, “D’ANDREA MARÍA DEL CARMEN C/ CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA”, Cámara Apelaciones Civil y comercial  de Córdoba, Sala cuarta; LABOR-JURIS (MICROJURIS); 28/4/2011).

            También se aplicó el plazo de 3 años para el supuesto de un seguro  para prote-ger la vivienda  y los bienes existentes en ella  contra robo,  hurto e incendio; el tribunal determinó  la existencia de un contrato de consumo  a los fines de la aplicabilidad de la LDC.   Razonó que l a objeción que se hacía al texto anterior del art. 50 de la Ley 24.240, referida a que el plazo de prescripción era sólo aplicable a las acciones adminis-trativas, en la actualidad carece de asidero ante la nueva redacción de la manda precitada la que establece ahora que el término de tres años se aplica tanto a las acciones judicia-les, como a las administrativas y las sanciones que surgen de la ley. No puede pretender-se fundar la aplicación de la Ley 17.418 por sobre la Ley de Defensa del Consumidor con el argumento que la primera resulta ser ley especial y la segunda ley general, toda vez que, la fuente constitucional confiere al derecho del consumidor el carácter iusfun-damental, lo que implica que el sistema de solución de conflictos normativos no está guiado por las reglas de las antinomias legales tradicionales sino por las reglas que guían la solución de colisiones iusfundamentales» (EL DIAL EXPRESS 11-07-2011; “Capo-raletti Maria Cecilia c/ Liberty Seguros Argentina S.A. s/ Cumplimiento de contratos civiles/comerciales”, CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MAR DEL PLATA (Buenos Aires) – SALA TERCERA – 06/06/2011) .

            En definitiva  y conforme lo hasta aquí  argumentado, en nuestro caso,  habién-dose activado la existencia de una relación de consumo  (el actor reclama a la asegura-dora la indemnización por el robo de su auto asegurado), corresponde aplicar  el plazo de prescripción especial previsto en el microsistema, cuyo plexo es autónomo y de  or-den  público (LDC  24240,  art. 50 , 3 años, ref. Ley 26361); en consecuencia la acción no está prescripta».-  

            B)  No encuentro razones que justifiquen  el apartamiento del precedente reseña-do.

            En efecto, en el caso no está en discusión que se trata de un  seguro colectivo contratado por la Dirección General de Escuelas, cuyo carácter social es innegable,  ni que la accionante constituye un tercero,  más tal aspecto no lo excluye del estatuto con-sumerista.  Dificultad que se supera, conforme lo expresa destacada doctrina si se rede-fine la causa fuente del vínculo: contratos, actos jurídicos unilaterales  y hechos jurídi-cos. En virtud  de este enfoque no estamos en presencia de terceros, ya que la legitima-ción  deviene del hecho jurídico de consumir.  El tercero beneficiario, en estos casos hay discusión, ya que un contrato  puede establecer un beneficio  a favor de un tercero. Por ejemplo: un contrato de seguro  se celebra entre dos partes y  hay un tercero beneficiado, que no ha intervenido en la celebración. Es un contrato a favor de terceros, en el que el consumidor  tiene acciones directas basadas en ese beneficio aceptado, el que al ser ac-cesorio  de la relación base y siendo ésta de consumo, también lo es (Conf. LOREN-ZETTI, Ricardo  Luis,  «Consumidores»,  pág. 87/89, Ed. Rubinzal Culzoni, Enero 2.006).

            A su vez  y,  abstracción del orden de prelación aplicable – que sella la suerte adversa del recurrente-, esto es, que el contrato de seguro es un «contrato de consumo» por lo que se aplica la LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR que constituye un derecho iusfundamental operativo, cuyo microsistema protectivo es «autónomo» (art. 3 LDC)  y de «orden público” ( art. 65 LDC);  que en la escala jerárquica se aplica el art. 42 CN , norma consumerista ( Ley 24.240 y -Ref) y después – siempre que no se contra-diga con las normas anteriores que son jerárquicamente superiores- se aplica el CC, CCo., LS, etc. Destaco el carácter de orden público del estatuto: «El carácter de orden público de la LDC es coherente  con su finalidad consistente  en equilibrar relaciones jurídicas  que son genéticamente desiguales»  (Ley de Defensa del Consumidor  JORGE MOSSETE ITURRASPE, Protección Procesal de Usuarios y Consumidores por OS-VALDO GOZAÍNI, art. 65, pág. 313, Rubinzal-Culzoni, abril 2010).

            Por lo que en el caso, tampoco  constituye un aspecto relevante  la pretensión del recurrente  de inaplicación de la LDC, que gira básicamente, en torno de los arts. 3 y 4051 del CC que invoca para sustentar su tesis. Sobre la discusión doctrinaria suscitada en torno a la aplicación de la normativa de derecho civil mediante la invocación de la vigencia del art. 4051, renovada  a raíz de la ref. de las Leyes 17.711 y 17.940, que mo-dificó diversos plazos de prescripción especialmente acortando los más largos,   por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de  Buenos Aires  empezó a sostener  que el art. 4051 consagra una solución permanente  de derecho transitorio (SCBA, 30/3/71, JA 11-1971-635);   cuya problemática  interpretativa en  materia de usucapión  fue criticada  por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que concluyó  que con pos-terioridad  al 30/6/70, corresponde aplicar, a todas las  situaciones el plazo  de prescrip-ción  establecido en la nueva redacción del dispositivo (CSJN, ED, 100-221, c/n de Bus-tamente Alsina) (Conf. Código Civil Comentado, ALBERTO BUERES- ELENA  HIGTON, T, 6 B, Art. 4051 pág. 915/017; Ed Hammurabi SRL , nov. 2001).

            A mayor abundamiento,  tampoco es procedente la prescripción pues computado el plazo  desde el rechazo efectuado por la aseguradora  el 24/10/07 (ver CD , fs. 17 aún cuando la entidad  no invocó esa defensa para resistir  del reclamo)  y, de estar a la tesis menos favorable  a la asegurada (plazo anual, vencimiento 24/10/08) lo cierto es que la mentada reforma al art. 50 de la LDC (Ley 26.361 art. 23; BO 7/4/2008) se produjo  antes  del vencimiento del plazo anual, por lo que la recurrente  tampoco había adquirido el  pretendido derecho a la liberación. Como ya se reseñara la demanda se interpuso el 4/3/2010,  luego,  a esa fecha,   no había transcurrido el plazo previsto en el art. 50 LDC.

            La Sala también sostuvo la aplicación del plazo previsto en la LDC en otro pre-cedente reciente (N° 100.791 , “CAJA DE SEGUROS SA EN J.. DALLAPE ANTO-NIA  C/ CAJA DE  SEGURO SA P/ CAS”), allí    el rechazo de la aseguradora  por  CD se  verificó con posterioridad  a la reforma  de la LDC.

            Asimismo  destaco  que el texto agregado por la Ley 26361 al art. 50 –  «Cuando por  otras leyes generales o especiales se fijen plazos  de prescripción  distintos del esta-blecido  precedentemente se estará  al más favorable  al consumidor o  usuario»      constituye una norma meramente interpretativa, que en consonancia con el art. 3 de la ley. «En caso de duda  sobre la interpretación  de los principios que establece esta ley prevalecerá  la más favorable  al consumidor» –  reitera la misma directriz , esto es, estar a la interpretación más favorable al consumidor, en sintonía con la declaración de orden público expresamente prevista por el legislador en el art. 65 del mismo cuerpo legal,  cuestión que reviste particular importancia en cuanto a sus efectos  pues acarrea la apli-cación de oficio del régimen tuitivo.-

            El legislador previó la prevalencia del criterio interpretativo más favorable para el consumidor. Se estableció que «La Ley 24.240 ha establecido como regla obligatoria de interpretación que en caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable y menos gravosa para el consumidor (arts. 3 y 37), recurriendo, en pos de tutelar a los consumidores y usuarios en sus relaciones contractuales, a la moderna aplicación de la regla favor debitoris, vale decir, que para interpretar las obligaciones de los usuarios, debe echarse mano a dicho principio entendiendo como «favor al débil», siendo dicho principio orientador insoslayable para interpretar la ley, atento el carácter de orden pú-blico que ostenta la norma en análisis (art. 65 Ley 24.240)» (J. C.C. Com. N° 3 de Quil-mes, 29/12/97, «Parody Alejandro c/ Telefónica Argentina SA», LLBA 1998-447) cita-do en Mosset Iturraspe- Wajntraub, «Ley defensa del consumidor», pág. 62, nota 40, Ed. Rubinzal, abril 2010).-

            La Ley 24.240 de defensa al consumidor conforme sus fines y lo establecido expresamente en su art. 65 es de orden público y esto último implica un conjunto de principios de orden superior -políticos, económicos o morales- que limitan la autonomía de la voluntad y a ellos deben acomodarse las leyes y la conducta de los particulares (C. Primera Com. De Mar del Plata, Sala II, «Martinelli José c/ Banco del Buen Ayre», LLBA 1998-511, citado en Mosset Iturraspe- Wajntraub, «Ley defensa del consumidor», pág. 313, nota 393, Ed. Rubinzal, abril 2010).-

            «El plazo de prescripción trienal  establecido en el  art. 50 de la Ley 24.240 debe prevalecer sobre el establecido en la  Ley de Seguros, ya que el orden público que in-forma el art. 3 de la LDC   hace que todo contrato de consumo  – en el caso seguro de vida y capitalización-  deba  regirse por los preceptos  que en el caso resulten más favo-rables  a esa parte más débil de la relación negocial» («La prescripción en materia de contrato de seguro. Prevalencia de la prescripción  prescripta en la Ley 24.240”, Daniel Moeremans y Manuel Gonzalo Casas, en LL 2007, pág. 1102).

            En virtud de lo expuesto y si mi voto resulta compartido por mis distinguidos colegas de Sala, corresponde rechazar el recurso de casación  interpuesto y confirmar la sentencia recurrida.

            Así voto.

            Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y ROMANO, adhieren al voto que antecede.

  A LA SEGUNDA CUESTIÓN  EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

            Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido plan-teado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

            Así voto.

            Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y ROMANO, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

            Atento lo resuelto en las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la recurrente vencida  (arts. 36 y 148 C.P.C.).

            Así voto.

                        Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y ROMANO,  adhieren al voto que antecede.

            Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

            S E N T E N C I A :

            Mendoza,  23 de febrero de 2.012.-

            Y VISTOS:

            Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

                        R E S U E L V E:

            I.- Rechazar el  recurso de  casación  interpuestos por  la CAJA  DE SEGU-ROS SA  fs. 16/21  de autos.

            II.- Imponer las costas a la recurrente vencida.

                        III.- Diferir la regulación de honorarios para su  oportunidad.

            IV . Dar a la suma de pesos CIEN ($ 100) de la que da cuenta la boleta de depó-sito obrante a fs. 1, el destino previsto por el art. 47 inc. IV del C.P.C.

            Notifíquese. Ofíciese.

ka

 

 

 

 

Dr. Fernando ROMANO

Dr. Jorge Horacio NANCLARES

 

 

Dr. Alejandro PÉREZ HUALDE

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