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La Justicia condeno a un banco por la extracción fraudulenta de depositos

La Justicia condenó a un banco por la extracción fraudulenta de depósitosSanciono a una entidad por incumplir su obligación de seguridad, a partir de que permitió la extracción por una persona no autorizada. El fallo se suma a otros pronunciamientos similares, pero por retiros de dinero en cajeros automáticos. Qué dijeron los jueces.  En una nueva muestra de protección hacia los usuarios de servicios bancarios, la Cámara Comercial condenó a un banco al pago de los daños y perjuicios producidos al titular de una cuenta, como consecuencia de la extracción fraudulenta de depósitos perpetuada por un tercero.

Puntos Importantes
  • La Cámara Comercial condenó a un banco por la extracción fraudulenta de depósitos cometida por un tercero.
  • Los jueces responsabilizaron al banco por no adopar las medidas necesarias para evitar o prevenir el ilícito.
  • El fallo se suma a otra cadena de pronunciamientos dictatos el año pasado, en los que los jueces aplicaron la Ley de Defensa del Consumidor.

La sentencia vuelve a hacer hincapié en la importancia de la obligación de seguridad que deben cumplir las entidades bancarias, quienes resultan custodios del ahorro público, y de que éstas y sus dependientes deben adoptar todos los recaudos para proteger los bienes conferidos.

Así, más allá de que el banco consideró que los resúmenes de cuenta enviados a la clienta -con la cuestionada extacción- contaban con la conformidad de dicha titular, dado que no habían sido impugnados, la Justicia basándose en una prueba caligráfica clave aceptó los argumentos de la damnificada y resolvió la condena.

Los jueces tomaron esta determinación en el marco de la causa «Bevilacqua Claudia c/ BankBoston NA s/ ordinario«.

El caso bajo la lupa
Una clienta titular de una cuenta y de un fondo común de inversiones inició una demanda contra un banco como consecuencia de que advirtió faltantes en sus saldos por extracciones que nunca había realizado.

El cliente del banco puntualizó que al formular el reclamo, la entidad le exhibió solicitudes de rescate y de boletas de extracción, indicándole que habían sido suscriptas por él.

Sin embargo, recalcó que la firma puesta en esos documentos no le pertenecía, con lo que responsabilizó a la entidad bancaria por «incumplimiento de sus obligaciones de seguridad».

Al contestar la demanda, el banco rechazó la acción al argumentar que el cliente «no había impugnado los resúmenes de cuenta donde se detallaban las extracciones, por lo que se entendían consentidas las consignadas en ellos».

Sin embargo, los jueces indicaron que la falta de impugnación de los extractos bancarios no podía entenderse como una conformidad con su saldo, máxime cuando su composición «estaba integrada por partidas viciadas ante el retiro de fondos por personas no autorizadas».

La prueba pericial caligráfica fue clave. Arrojó que la firma puesta en esas boletas no era la de la cliente damnificada, tal como la misma había argumentado en la demanda.

«El encargado de controlar las firmas es, o debe ser, un empleado calificado del banco, que es a su vez una entidad especializada en la custodia del dinero que le confían a sus clientes», dijeron los jueces.

Y agregaron que los «peculiares servicios» que presta la entidad «exigían extremar los recaudos y actuar diligentemente en punto a la verificación de la identidad de quien se presentaba a retirar una suma de dinero».

Es por todo esto que los magistrados tuvieron por configurada la «violación del deber de seguridad» por parte del banco y lo condenaron a pagar los daños y perjuicios.

Antecedentes
No es la primera vez que la Justicia castiga a bancos por la extracción irregular de depósitos. Así, durante el transcurso del año pasado, los jueces también cargaron contra estas entidades por fraudes cometidos a través de los cajeros automáticos, por intermedio de «tarjetas mellizas».

A diferencia de este caso, en aquéllos la justicia recurrió a las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) para fundar las condenas.

En la causa «Traverso María del Carmen«, los jueces indicaron que el banco incumplió con su obligación de seguridad y que ésta consiste en una «garantía expresa o tácita que asumen las partes en ciertos contratos, consistente en preservar a las personas y bienes de sus cocontrantantes de los daños derivados de la relación» y que el fundamento de esa obligación se encontraba en la LDC.

«Por vía de la reciente reforma de la LDC, y de su aplicación jurisprudencial, estamos asistiendo a una ampliación del ámbito de aplicación de esa norma, a punto tal de abarcar cada vez más relaciones jurídicas del ámbito privado», enfatizó Esteban Rópolo, socio de Baker & McKenzie, en oportunidad de comentar ese fallo.

Rópolo resaltó que existe una tendencia judicial que modifica los parámetros normales de atribución de responsabilidad civil (culpa, negligencia o dolo) en favor de una responsabilidad objetiva por el riesgo propio del producto o servicio que es introducido al mercado.

Para eximir de responsabilidad a las empresas, el abogado advirtió que pueden no bastar recomendaciones generales de seguridad sino que los tribunales pueden llegar a reclamar a las compañías la adopción de conductas activas tendientes a evitar la generación de consecuencias dañosas para los consumidores que sean atribuibles a los bienes o servicios que comercializan.

Igual temperamento se adoptó en la causa «Bieniauskas«. Allí el tribunal argumentó que el sistema (software y hardware) que permite operar una red de cajeros automáticos debía ser calificado de «cosa riesgosa», resultando en consecuencia, el banco responsable por los daños derivados de la utilización de ese servicio.

El tribunal indicó que el ilícito (duplicación de la tarjeta de débito del cliente) debió ser un hecho que tendría que haber sido previsto por la entidad bancaria.

 (FUENTE INFOBAE)

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