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Ley de seguros, una norma olvidada

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En la actualidad, adquirir un vehículo es relativamente sencillo. Día a día se incrementa el número de automóviles que se encuentran circulando en nuestras calles. Esto implica un riesgo potencial, el cual posee una importante repercusión social. Es así como nos introducimos en el mundo del derecho de daños y las aseguradoras. Ya hace unos meses que el tema se encuentra en agenda motivado por el ‘caso Aliverti’ (Pablo García), como así también el hecho ocurrido en la Avenida San Fe por el taxista diabético-epiléptico (Rubén Darío Botta).

Ambos sucesos ponen en tela de juicio la capacidad y eficacia de la ley de seguros (ley 17.418/1967) en lo que hace a la cobertura de responsabilidad civil frente a las víctimas de ambos siniestros. Es de suponer que las aseguradoras alegaran encontrarse frente a un supuesto de exclusión de la cobertura (en el primer caso el conductor se encontraba alcoholizado –siniestro producto del accionar con culpa grave del asegurado– y ante un supuesto de nulidad del contrato de seguro (en el segundo caso el conductor omitió declarar su ‘situación de salud’).

Si bien es verdad que ambos supuestos son muy distintos (uno es de exclusión de cobertura y el otro de nulidad de contrato) las consecuencias que dejan son iguales: dejan como único recurso a la víctima del siniestro automovilístico el reclamo contra el conductor o propietario del automóvil.

Esta solución resulta injusta y contraria a la naturaleza obligacional. Más aun si el sujeto responsable se encuentra en riesgo de insolvencia, ¿quién soportaría la pérdida? ¿Por qué si la víctima se encontraba circulando por la vía pública es quien debe soportar la insolvencia del conductor o propietario? Ante tal situación, la finalidad social del contrato de seguro parece esfumarse.

La reforma de la ley de Defensa al Consumidor del año 2008 (ley 26.361) junto con la exigencia de seguro obligatorio (ley de Tránsito 24.449) hacen posible que la problemática planteada pueda ser analizada desde otra óptica. La obligatoriedad del seguro encuentra su fundamento en una necesidad social: “la protección de los derechos de las víctimas, y la obtención del merecido resarcimiento por el daño sufrido”. No debe perderse de vista que el seguro no es elegido para proteger el patrimonio del asegurado, sino que esta obligación legal surge como fundamento de garantía a las potenciales víctimas. Basándose en tal precepto es que nace la posibilidad a los jueces de declarar la nulidad de la cláusula de exclusión de cobertura, por resultar contraria al orden público. Con el supuesto de nulidad de contrato puede aplicarse el mismo razonamiento, pues la ley de seguros posee una finalidad social.

En igual orden de ideas, el contrato de seguro sólo cobra efecto entre las partes resultando inoponible a la víctima del daño. La aseguradora está obligada a atender la pretensión de la víctima (tercero afectado), sin perjuicio de que posteriormente la aseguradora pueda repetir contra el asegurado por lo que ha tenido que abonar como consecuencia del hecho ilícito cometido por su asegurado.

Actualmente no existe un acompañamiento legal desde la ley de Seguros, sino que acudiendo a las normas nacionales y los principios protectorios del derecho de daños es que se pueden encontrar soluciones. Estos problemas son producto de una redacción normativa que no acompaña la evolución sociocultural. En tal sentido, resulta indispensable analizar una reforma legislativa de la ley de Seguros, siguiendo una concepción protectora de los damnificados.

Eugenia Torres Deleau Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de UADE

19/4/13 Fuente: Cronista Comercial

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