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Polémica por un fallo contra empresa de telefonía móvil

Una jueza local dispuso que la compañía debe pagar a la parte demandante $414.610. Finalmente, se acordó un monto menor.

El fallo judicial circula desde hace meses entre abogados del foro local, quienes lo consideran un escándalo. La sentencia es el sueño de cualquier mendocino que tenga algún reclamo contra una empresa de telefonía celular, pero sin duda la decisión judicial es una excepción.

El fallo es de la jueza María Paz Gallardo, quien le impuso a la empresa Personal un resarcimiento que, entre todos los items suma $414.610; el beneficiario es el presidente de la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Claudio Leiva.

La causa se inició después de que el camarista Leiva comprara un nuevo celular. Suele suceder que la compra viene bonificada por la adhesión a un nuevo plan durante un tiempo, condición que según el magistrado no le fue comunicada.

Cuando Personal empezó a cobrar el nuevo importe, el magistrado cambió de empresa prestadora y Personal quiso cobrarle el plan caído antes del año, decisión que fue reiteradamente comunicada al camarista. Entonces Leiva decidió iniciar la demanda que terminó en la abultada indemnización.

El valor del celular ascendía a 10 mil pesos, la multa que pretendía cobrarle Personal era de 3.500 pesos. La diferencia con la indemnización es sideral. Profesionales vinculados a la defensa de consumidores no tienen memoria de algún antecedente similar. No faltan quienes observen que el trabajo de Gallardo es revisado por la instancia superior y Leiva es uno de los jueces que puede recibir causas de la jueza en apelación.

El fallo de Gallardo (miembro del Tribunal de Gestión Asociada número uno) consta de varios ítems: el daño emergente, constituido por el valor del aparato de $9.999, más los honorarios de sus representantes legales por la redacción de cartas documento y el costo del envío de las mismas; ambos costos suman $1.476; así el total del daño emergente es de  $11.466. El otro daño es el moral; que la magistrada fijó en 30 mil pesos.

El fallo es de setiembre de 2017. La empresa inició negociaciones y la indemnización se fijó en $ 300 mil para el demandante más los honorarios de los abogados. 

Entonces se llega al cálculo del “daño punitivo”, que consiste en una multa civil “a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”, dice el artículo 52 bis de la ley 24.240, de defensa del consumidor.

El espíritu de esta sanción es que el castigo constituya un disuasivo para que la conducta no vuelva a repetirse. En los argumentos de la jueza Gallardo, la empresa no notificó claramente el cambio de plan de llamadas que implicaba la adquisición del nuevo celular y que nunca presentó en la causa un contrato firmado en el que se especificara la condición del precio del aparato implicaba el sostenimiento de un nuevo plan más caro durante un año.

La magistrada aplica una fórmula aritmética de uso en Estados Unidos. En ella el daño punitivo vincula la indemnización compensatoria ya fijada (los 41 mil pesos) y las posibilidades concretas de ser condenado en juicio.

El problema es que para obtener el dato de las posibilidades de condena la magistrada apeló a una publicación periodística y, de paso, hizo una estimación personal de que apenas uno de cada 10 perjudicados en casos similares llega a la justicia. Es decir, no hay datos objetivos solicitados por oficio al Ente Nacional de Comunicaciones o de la propia justicia federal o de entes de defensa del consumidor.

Así pues, la cuenta terminó multiplicando por 9 la indemnización compensatoria ya fijada en el fallo, entonces el daño punitivo resultó $373.203, que sumados a los $41.467, da el resultado final de la indemnización que debía cobrar el juez.

El fallo data de setiembre de 2017. Desde entonces, la empresa inició negociaciones que terminan en una publicación en la página del Poder Judicial de Mendoza, en el que la jueza avala que Personal libre un cheque de 300 mil pesos para el camarista Leiva y dos cheques de 27 mil pesos cada uno para los abogados que negociaron la rebaja de la indemnización. Ese acuerdo fue refrendado el 1 de febrero de este año.

Fuente: http://losandes.com.ar/article/view?slug=polemica-por-un-fallo-contra-empresa-de-telefonia-movil

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