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Buenos Aires: El juicio por jurados es ley

Con la ausencia del Frente Renovador, la mayoría de los bloques votaron a favor de la norma que dispone que los jurados estarán integrados por doce ciudadanos, elegidos por sorteo, y que actuarán en casos de delitos graves.

Por Adriana Meyer
Los impulsores del juicio por jurados esperaron muchos años ese momento, y ayer descorcharon champagne. “Esta es la verdadera hora de la democracia en el Poder Judicial”, se entusiasmó Andrés Harfuch, director del área de Juicio por Jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), consultado por Página/12 tras la sanción por parte del Senado bonaerense de la ley que implementa el mecanismo en la provincia. A su criterio, este sistema llega con 160 años de demora “por la resistencia de la corporación judicial y los sucesivos poderes autoritarios” que gobernaron el país, “que se oponían a que el pueblo entre al Poder Judicial y así los ciudadanos sean protagonistas”. Así, la provincia de Buenos Aires se sumó a otras donde ya existe este sistema.

La iniciativa fue sancionada ayer por la mayoría de los bloques, aunque con la ausencia del massista Frente Renovador, que se retiró del recinto. Había sido impulsada por el Ejecutivo pero recibió cambios en Diputados, que la aprobó en diciembre. Hace un mes, la sesión del Senado en que iba a ser tratada se cayó porque el massismo pretendió tratar sobre tablas la creación de la Policía Municipal, a lo que se opone el oficialismo.

La norma aprobada ayer dispone que los jurados estarán integrados por doce ciudadanos y seis suplentes, quienes serán seleccionados por sorteo sobre el padrón electoral. También establece que participar del mismo será obligatorio por tratarse de una “carga cívica” y los civiles recibirán una remuneración. El jurado actuará en casos de delitos graves, cuya pena supere los 15 años de prisión, intervendrá en todos los debates y dará su veredicto. Los imputados tienen la posibilidad de renunciar a la aplicación del juicio por jurados en tanto ese mecanismo es considerado un derecho. Sin embargo, es un escenario poco probable porque doce jurados garantizan más posibilidades para cualquier defensa que los tres jueces profesionales del sistema tradicional.

El cuerpo será presidido por un juez, quien suministrará las instrucciones para que deliberen los jurados, y luego los integrantes deberán reflexionar en sesión secreta por un plazo máximo de dos días, prorrogables por igual período, para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. En caso de no existir acuerdo entre los integrantes del jurado, la votación se repetirá en tres oportunidades y, de seguir así, se planteará la no culpabilidad o se declarará estancado el debate, para lo cual habrá que conformar un nuevo tribunal. Las sentencias absolutorias de los jurados no podrán ser apeladas por el Ministerio Público. Según los fundamentos del proyecto, “la instauración del juicio por jurados apunta no sólo a reconocer la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino que, a la vez, potenciará sin duda alguna el principio de publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la administración de Justicia”. Cuando la ley tuvo aprobación en Diputados, el ministro de Justicia, Ricardo Casal, había dicho que “no habrá problemas de infraestructura para su funcionamiento porque en todos los tribunales cuentan con salas de audiencia, seguramente antes del 2014 entrará en vigencia”.

El juicio por jurados existe desde 2005 en Córdoba, aunque funciona con un esquema integrado por ocho ciudadanos y dos jueces. “El juradismo avanza en el país”, dijo Harfuch, y mencionó también a las provincias del Chaco, Río Negro y Neuquén. “Todas las democracias constitucionales del mundo tienen participación directa de jurados, en los 50 años que tuvimos Estado de sitio era impensable, pero con los gobiernos democráticos nos topamos con el escollo del pensamiento corporativo que no quiere perder el monopolio del juzgamiento, tal como expresó la ministra de la Corte (Carmen) Argibay, cuando dijo que el pueblo no puede controlar sus pasiones”, apuntó el jurista. “Además –agregó– de los 17 años de oralidad que ayudaron, ahora el poder político ve que el juicio por jurados es una salida para la crisis de legitimidad del Poder Judicial, claro que los constituyentes ya lo habían visto en 1853.”

15/9/13 Fuente: Página 12

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