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Defensa del Consumidor: el poder de juzgar y el cobro de multas se centraliza en Rawson

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Al igual que el resto de las comunas, en Comodoro Rivadavia la oficina municipal de derecho del consumidor perdió en 2008 la facultad de juzgar casos y también dejó de percibir el 60% del dinero que se recauda a través de la sanción de multas. Desde esa fecha, los expedientes se tramitan a más de 400 kilómetros del domicilio donde se radica una denuncia y pasan meses sin que se conozcan actuaciones al respecto. Así se reflota el pedido de que los municipios vuelvan a contar con la facultad de juzgar y sancionar.
En 1999 se creó en Comodoro Rivadavia la oficina de defensa del consumidor. Durante nueve años esta ciudad representó el único municipio de la Patagonia cuya oficina de defensa del consumidor tenía autonomía para multar. Para graficarlo, en 2008 -último año de esa autonomía- la oficina produjo una recaudación de $150.000 para las arcas municipales, además de ventaja de que las denuncias podían ser juzgadas en la misma ciudad donde eran radicadas.
Sin embargo, la adhesión de Chubut en diciembre de 2008 a la nueva Ley Nacional de Defensa del Consumidor (N°.26.361), modificó el texto anterior. Así, de acuerdo a su articulado, se mantienen las potestades de los municipios de control y vigilancia en materia de defensa de consumidores y usuarios, pero reserva para la Provincia la facultad de juzgamiento de las infracciones.
Además, mediante el decreto 1.772, se establece que la recaudación producto de las multas resultantes se distribuirá a razón de un 60% para las arcas provinciales, y el 40% para el municipio cuya oficina originó el expediente.
Ya que es la facultad de juzgamiento lo que brinda el poder de policía y que el producto de la recaudación de las sanciones generadas es otro eje que asegura el funcionamiento de las oficinas de defensa, la ley provincial recibió varias oposiciones por considerarse que plantea una situación de inequidad.

LA REFORMA QUE NO FUE
En setiembre de 2009, el entonces asesor letrado de Defensa del Consumidor de Comodoro Rivadavia, y actual concejal del Frente para la Victoria, Juan Pablo Luque, solicitó una reforma a la ley provincial citada, para que se respeten las autarquías municipales.
La reforma concreta planteaba que aquellos municipios que adhieran, podrán ejercer las facultades de control y vigilancia, mientras que aquellos que tienen carta orgánica mantienen la facultad de juzgamiento, justamente en función de sus autarquías.
Este proyecto fue acompañado por el pleno del Concejo Deliberante y por la mayoría de los diputados provinciales oriundos de Comodoro Rivadavia, aunque la modificación nunca fue sancionada en la Legislatura.
Más de dos años después, el reclamo volvió a cobrar vigencia durante la última semana, luego de conocerse los datos oficiales de las acciones de la oficina de Defensa del Consumidor de la provincia.
La cifra que tomó estado público indica que en esa esfera fueron 1.200 los expedientes iniciados durante 2011, aunque sólo en 13 de ellos se produjo alguna resolución, lo que sitúa el índice de efectividad de respuesta al consumidor en el orden del 1%.
En líneas paralelas, la oficina de Comodoro Rivadavia inició 1.401 expedientes durante 2011 (nótese como la cifra es ampliamente superior al total provincial), y 1.112 de ellos fueron resueltos en el marco de las conciliaciones, sin necesidad de pasar al proceso de juzgamiento en Rawson. Esto determina un índice de efectividad de respuesta a nivel municipal del 80%.
Además, entre los años 2009 y 2011, es decir en el lapso transcurrido desde la vigencia de la ley marco, Comodoro Rivadavia debió remitir 250 expedientes a la oficina provincial, 174 de ellos correspondieron a 2011.
Si se toma en cuenta la cantidad de expedientes que se tramitaron en provincia durante el año pasado, se obtiene que el 20% corresponde a Comodoro Rivadavia, es decir que la ciudad más populosa de Chubut solo requiere el arbitrio provincial para dos de cada 10 expedientes.
Hay que destacar, sin embargo, que la centralización en Rawson implica que el expediente se tramite a más de 400 kilómetros del domicilio del denunciante y del comercio o empresa denunciado, con lo que esa distancia implica para el seguimiento del trámite por parte del interesado. Tampoco resulta un dato menor el hecho de que en el marco de la nueva ley nacional, las multas que cupieran pueden llegar hasta los 5 millones de pesos.

29/1/12 Fuente: El Patagonico

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