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Tutela procesal del consumidor: Beneficio de Justicia Gratuita

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1.- Palabras preliminares

Lo que originalmente iba a ser un trabajo monográfico el cual seguramente no se iba a hacer más público que mi intercambio habitual de ideas y escritos con amigos o conocidos se convirtió de repente en esta entrada de blog –y pretendo que sea una serie de varios temas-. ¿Cuál es el fundamento de que así sea?

En primer lugar porque me parece que con lo difícil que resulta publicar en las editoriales si uno no tiene contactos las ideas que aquí vuelco iban a ser letra muerta y, en segundo lugar, me parece más interesante que estos temas aparezcan en Google mediante una búsqueda y tanto profesionales como el común de la gente puedan acceder sin mediar suscripción alguna.

Es por ello el tema escogido para dar el puntapié inicial no es ni más ni menos que lo que la Ley de Defensa del Consumidor ha denominado en su artículo 53 “Beneficio de Justicia Gratuita”.

2.- Beneficio de Litigar sin Gastos

Palacio entiende que el beneficio de litigar sin gastos se configura “cuando por disposición directa de la ley o concesión judicial otorgada tras la demostración de que, en un caso concreto, concurren ciertos requisitos que aquella establece, se dispensa a una o ambas partes, en forma total o parcial, definitiva o provisional, de la responsabilidad por el pago de los gastos que ocasiona la sustanciación del proceso”.

Por otra parte, cabe destacar que los distintos Código procesales se refieren a dicho instituto como “declaratoria de pobreza”, “beneficio de justicia gratuita[ii]” o “beneficio de litigar sin gastos”.
Pues bien, es de suma importancia lo que señala Palacio en su concepto porque no circunscribe la cuestión a que el Beneficio tenga que ser otorgado por una resolución judicial sino que señala que también puede provenir desde el texto legal. Sumado a ello vemos que no existe un término único para hacer mención al instituto sino que existen al menos tres denominaciones distintas en los ordenamientos procesales de las distintas provincias.

Sea otorgado por un juez o por la ley, su concesión implica que el beneficiado quede exento total o parcialmente del pago de costas y gastos judiciales (art. 84 CPCC)[iii] hasta que mejore en fortuna y, agrega el art. 85 que la defensa será asumida por un Defensor Oficial salvo que quisiera hacerse representar por un abogado particular. Así, podemos mencionar como ejemplo que quien obtenga el beneficio de litigar sin gastos estará eximido de abonar la tasa de justicia, la publicación de edictos en el boletín oficial, los depósitos requeridos para la concesión de recursos, bastará con caución juratoria para que se le concedan las medidas cautelares, etc.

3.- La ley 24.240

Hasta aquí hemos definido que se entiende por Beneficio de litigar sin gastos, sus distintas denominaciones y los efectos que produce. Veamos a continuación lo que señala el art. 53 in fine de la LDC:

“Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.”

Por su parte, el art. 55 in fine refiere: “Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita.”

Al respecto surgen dos problemáticas que son las que se suscitan en la práctica cuando se trata la cuestión:

a) ¿Debo hacer expresa mención de que me encuentro amparado por el Beneficio de Justicia Gratuita de la LDC o bien el Juez, al advertir que se trata de un proceso de consumo, debe concederlo ex oficio?

b) ¿Posee los mismos alcances el Beneficio de Justicia Gratuita otorgado por la LDC que el Beneficio de Litigar Sin gastos?

Respecto del primer interrogante, siendo que la LDC es una ley de orden público y como tal corresponde su aplicación de oficio por parte de los magistrados, entiendo que interpuesta la demanda – o su contestación[iv] – el Juez deberá examinar si estamos en presencia de una relación de consumo y de oficio otorgar el beneficio que contempla la legislación consumerista. Ello así porque como bien señala Borda “…una cuestión es de orden público, cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que sólo juega un interés particular. Por eso, las leyes de orden público son irrenunciables, imperativas…”[v]. Y Como lo explica Rivera “Las normas de orden público -como señala el precepto bajo análisis [vi]- no pueden ser dejadas de lado por las partes, e incluso los magistrados están obligados a aplicarlas aun cuando las mismas no sean invocadas por las partes”[vii].
Es por ello que cabe afirmar sin duda alguna que ante el supuesto de una acción judicial que tenga su origen en una relación de consumo corresponde que el Juez, de oficio, tenga presente el artículo 53 (o el 55 según cada caso) de la LDC.

Respecto del segundo interrogante planteado es el que en la doctrina y en la jurisprudencia conlleva más discrepancias tanto en cuanto a su interpretación como a los alcances del beneficio otorgado, por eso merece que se lo analice en el siguiente acápite


4.- Los alcances del Beneficio de Justicia Gratuita

Al respecto desde la doctrina se han expresado dos posturas que de modo muy preciso sintetiza la Dra. Zampini en su voto en autos “Oviedo Gladys Ester y ot. C/ Peugeot Citroen Argentina S.A. y ot. S/ Daños y Perjuicios”[viii], a las que denomina restrictiva y amplia.

Postura restrictiva

En lo que respecta a la postura restrictiva, que limita los efectos a la eximición de tasas y sellados, no podemos menos que señalar que echa mano a argumentos cuanto menos caprichosos cuando por ejemplo se sostiene que no es lo mismo “litigar” sin gastos que “justicia gratuita”, cuando ya se señaló anteriormente que el Código Procesal de la Provincia de Jujuy denomina al instituto de la misma forma que lo hace la LDC.

Los adherentes a esta postura también entienden que el Congreso Nacional no puede, a través de una ley, regular un instituto como el Beneficio de litigar sin gastos por ser materia propia de los ordenamientos procesales de cada provincia. También, en esta línea – y en postura aún más restrictiva – se ha sostenido que el instituto consagrado por la Ley 24.240 constituye un avasallamiento sobre tributos netamente locales.

Y, en tercer lugar, el argumento siempre utilizado ante cada norma que regula y facilita el acceso a la Justicia para aquellos con menos posibilidades, la cuestión de que brindar acceso gratuito a la justicia conllevará a una proliferación de procesos judiciales.

En lo que concierne al primer argumento es realmente irrisorio, entender que una persona quede eximida de pagar la tasa de justicia para poder interponer su demanda pero por el otro lado, por falta de recursos no pueda producir las pruebas necesarias o sea vea compelido a pagar costas más allá de sus posibilidades económicas. Sería como dejarlo llegar hasta la puerta del juzgado pero impedirle que conozca la mesa de entradas.

Por su parte, la idea de que el Congreso de la Nación no pueda dictar normas de carácter procesal es un argumento que carece de solidez y que ha sido desechado por la Jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, la SCBA in re “A., V. A. c/Expreso Nueve de Julio S.A. s/Daños y perjuicios y ley 24.028” ha dicho “La facultad de establecer normas procesales no puede considerarse en manera alguna privativa de las provincias, puesto que en numerosos casos el Congreso nacional se ve precisado a dictarlas, para asegurar la estructura y funcionamiento esencial de las instituciones creadas en los Códigos de la Nación, aún dentro del orden procesal, puesto que quien puede legislar sobre la función principal puede hacerlo también respecto de la accesoria”.

Y por su parte la CSJN en igual sentido viene diciendo ello desde el año 1929: “Si bien las provincias tienen la facultad constitucional de darse sus propias instituciones locales y, por ende, para legislar sobre procedimientos, ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso, cuando considere del caso, prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que le incumbe dictar.”[ix] Es decir que la implementación por parte del legislador nacional del instituto en la ley de fondo no carece de fundamentos, sino que conlleva a una adecuada tutela y posibilita que el fin perseguido por la ley pueda ser accesible a todos y no una mera ilusión.

Respecto del avasallamiento de normas locales en materia tributaria, similar cuestión se plantea con el art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y no es tema de discusión alguno por lo que no merece el menor de los reparos dicha cuestión – además de la evidente inconstitucionalidad de la tasa de justicia cómo sostiene Bidart Campos-.

En lo que hace al tercer fundamento[x] esbozado por los seguidores de la postura restrictiva en materia de Beneficio de Justicia Gratuita, parecen olvidar que la ley 12.200 de la Provincia de Buenos Aires en su art. 12 equipara el beneficio contemplado en el art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo al Beneficio de Litigar sin gastos y ello no conlleva a la proliferación de procesos judiciales infundados en materia laboral. Que tal vez existan, es una cuestión innegable, pero son los mínimos supuestos, además de que se estaría presumiendo una mala fe por parte de los litigantes, para lo que existen institutos procesales que permiten reducir estas circunstancias a su mínima expresión – siendo realistas ¿Quién quisiera vivir en permanente conflicto con todos los proveedores con los que a diario se relaciona? – . Y, cabe destacar que la LDC y todo el espectro legal que regula las relaciones de consumo lo hace teniendo en miras que el consumidor no es ni más ni menos que el trabajador fuera del lugar donde presta tareas, utilizando para su bienestar el fruto de su sacrificio que es su salario.
Pues bien, resulta claro que los argumentos esbozados por la postura restrictiva parecieran desconocer el fin tuitivo de la legislación consumerista, pues como bien refleja Bersten “La gratuidad en las acciones es una herramienta prevista para compensar la desigualdad del consumidor o usuario”[xi].
Perriaux[xii], por su parte señala, en comentario al fallo “ADECUA C/ BNP Paribas S.A”: “La distinción efectuada por el fallo entre el beneficio de gratuidad y el de litigar sin gastos implica el respeto y reconocimiento de las garantías constitucionales mencionadas, a la vez que constituye una armónica interpretación de la norma con los fines tenidos en mira por el legislador al establecer la misma[xiii]”, refiriendo al Derecho a la Igualdad y al Derecho a la Propiedad, criterio que entendemos parte de una incorrecta interpretación del Derecho de Consumo, puesto que éste busca igualar en una situación que nace desigual y el Congreso, a través de la cláusula para el progreso (art. 75 inc. 18 y 19) como así también a través de políticas de discriminación inversa o medidas de acción positiva (art. 75 inc. 23) se encuentra facultado para adoptar dichas medidas.
Así, esta postura entiende que para quedar eximido del pago de las costas que demande la tramitación del proceso el consumidor deberá, además de someterse al desgaste propio de un proceso judicial, obtener la concesión del Beneficio de Litigar Sin Gastos establecido en los ordenamientos procesales locales.

Postura amplia

Esta postura ha sido muy bien desarrollada por el Dr. Horacio Bersten en el trabajo titulado “La gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo”[xiv], en dicho trabajo arriba a la conclusión de que el beneficio de justicia gratuita instaurado por la LDC es análogo al Beneficio de Litigar sin gastos.
Es esta la postura que consideramos correcta, y a la que entre otros pronunciamientos adhiere el mencionado fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata[xv].
En primer lugar no hay que perder de vista lo que señala el texto constitucional en el art. 42, como norma fundante de todo el ordenamiento consumerista, en cuanto obliga a las autoridades a establecer procedimientos eficaces para la tutela de los derechos de los consumidores. Esto forma parte del régimen tuitivo, de orden público y tendiente a obtener una efectiva protección de los usuarios y consumidores por parte del poder constituyente.

En cuanto al texto del art. 53 vale señalar lo que refiere Bersten en tanto y en cuanto si el beneficio alcanzara a las tasas y sellados únicamente ¿Qué sentido tendría la posibilidad de que el proveedor promoviera el incidente de solvencia que el mismo artículo contempla en su última parte? No pareciera lógico que la promoción del incidente por parte del proveedor tenga por finalidad que únicamente se abone la tasa de justicia, cuyo único interesado en el cobro es, en definitiva, el Fisco (sea Nacional o Provincial).

Por otra parte, como sabemos hasta el hartazgo la tutela a los usuarios y consumidores parte ni más ni menos que de una situación de desequilibrio preexistente en materia económica en la que el proveedor se encuentra en una situación de preeminencia por sobre el débil jurídico que es el consumidor. Es así que lo único que hace la ley, entendemos, es otorgar de pleno derecho el Beneficio – tenga el nombre que tenga – e invierte la carga de la prueba; es decir, mientras que en el proceso civil clásico es aquel que lo solicita quien debe probarlo, en el caso de un proceso de consumo es quien se encuentra en mejores posibilidades de probar la solvencia del consumidor quien debe desvirtuar el beneficio ¿O acaso no está en mejores condiciones el proveedor de librar oficios a entidades financieras o públicas, por ejemplo, para acreditar la solvencia del consumidor y dar por tierra el beneficio? No se trata de que conceder el beneficio implique generar impunidad en la promoción de acciones judiciales sino en facilitarlas, la presunción de escasez de recursos del consumidor puede ser desvirtuada de la misma forma que se puede dejar sin efecto, con posterioridad, un beneficio que fue concedido previamente, ya que de ninguna forma causa estado. Se trata, en definitiva, de la inversión de la carga de la prueba, de la cual se hace aplicación en muchas otras cuestiones tanto de derecho común como de derecho de consumo.

Por otra parte señala Bersten, tenemos que tener presente que el artículo 3 de la LDC establece el principio in dubio pro consumidor por el cual, en caso de dudas de interpretación ha de estarse a la más favorable a la parte débil lo que a las luces implica que discutido el alcance del beneficio el Juez debe concederlo de la forma en que otorgue los derechos más extensos al consumidor.

Así, para terminar de aclarar la cuestión es menester recordar que el decreto reglamentario 2089/93, al vetar el contenido del art. 53 en la materia señaló: “Que el beneficio de litigar sin gastos, o carta de pobreza, se encuentra regulado en forma específica por las leyes provinciales locales, conforme a los requisitos establecidos en ellas, y torna innecesaria la previsión del artículo 53, la que por otra parte podría alentar la proliferación de acciones judiciales injustificadas.” y que, los debates posteriores, que tuvieron por finalidad dar forma a la reforma establecida por la Ley 26.361 –que implementó definitivamente el instituto – al referirse a la cuestión en los debates en comisión claramente se asimilaba el Beneficio de la LDC al Beneficio de Litigar sin Gastos de los ordenamientos provinciales[xvi].
Con todo lo antedicho no queremos hacer alusión a que el consumidor quedará exento de abonar honorarios – como los detractores de la postura amplia parecen entender – sino que por el mismo motivo en que señalamos que el Beneficio que contempla la Ley es equiparable al beneficio de los Códigos Procesales provinciales, corresponde que las consecuencias posteriores sean las mismas y allí es donde entra en juego la última parte del art. 84 del CPCC cuando refiere que la exención en el pago de costas dura “hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba.”

Es decir, que equiparadas ambas regulaciones en cuanto a sus efectos, las consecuencias a la postre también deben ser iguales, de modo que los profesionales puedan cobrar como corresponde por su labor profesional.

Finalmente, es menester citar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Unión de Usuarios y Consumidores y otros c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ sumarísimo, donde no impone costas a una asociación de consumidores diciendo: «… Que el recurso extraordinario es inadmisible… Por ello, se desestima el recurso extraordinario. Sin especial imposición de costas en virtud de lo establecido en el artículo 55, segundo párrafo de la ley 24.240”. Lorenzetti – Highton de Nolasco – Petracchi – Maqueda – Argibay. Claramente con este criterio no deja lugar a duda alguna y ha sido reiterado en la causa Cavalieri, Jorge y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo.[xvii]

5.- Palabras finales

Visto todo lo hasta aquí reseñado no nos caben dudas de que el Beneficio de Justicia Gratuita contemplado por la Ley de Defensa del Consumidor puede ser definido como: el instituto otorgado por ley, mediante el cual se garantiza el acceso universal y gratuito del consumidor o consumidores a los estrados judiciales con la intención de que pueda o puedan ejercitar las acciones – colectivas o individuales según el caso – tendientes a resguardar los derechos que le asisten por su condición de tales.

Es así que participamos de la idea de que el Beneficio sea concedido con el mayor de sus alcances, a los fines de garantizar – como lo establece la Constitución – la correcta protección de aquellos que menos tienen y se encuentran en el último eslabón de la cadena de producción. Ello no significa de ningún modo propiciar la masificación de acciones judiciales por parte de consumidores, sino que por el contrario debe conllevar a la masificación de buenos proveedores.

09/6/13 Fuente: Jorge Luis Bilbao

[i] Abogado, graduado de la UNMDP; posgrado en Derecho de Consumo profundizado Universidad Católica Argentina
[ii] De forma análoga a la Ley de Defensa del Consumidor lo denomina el Código Procesal de Jujuy.
[iii] Las citas del CPCC refieren al de la Provincia de Buenos Aires
[iv] Muchas veces se pierde de vista que en los procesos de consumo, la parte débil de la relación jurídica puede ser tanto actor como demandado, V.Gr. una ejecución de saldo deudor de cuenta corriente tendrá como demandado a un consumidor de servicios financieros.
[v] BORDA, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil: Parte General”, Tomo I.
[vi] Refiere al art. 21 del Código Civil
[vii] RIVERA, Julio Cesar y ot., “Código Civil Comentado”, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 92.
[viii] CCivYCom. Mdp, Sala III – Expdte. 150495 – Sentencia del 13 de Julio de 2012.
[x] JUNYENT BAS, Francisco y DEL CERRO, Candelaria – Aspectos procesales en la Ley de Defensa del Consumidor – La Ley, 2010-C-2281
[xi] BERSTEN, Horacio Luis; Derecho Procesal del Consumidor; Ed. La Ley, 2004, p. 350
[xii] PERRIAUX, Enrique J.; Defensa gratuita del consumidor Con bill de indemnidad?; La Ley 2009-B-227
[xiii] Adhieren también a esta postura VAZQUEZ FERREYRA y AVALLE – La Ley 2009-C-401
[xv] Podemos decir como nota de color que pese al criterio sostenido por dicha Sala a simple vista no ha habido un incremento desmesurado en procesos incoados por consumidores.
[xvi] Puede verse al respecto el desarrollo que hace Bersten en el trabajo mencionado.

Sobre Mario Vadillo

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