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Una investigación de Luciano Carenzo y León Felipe inunda la web. Se trata de un detalle de los medios de comunicación concentrados en los grupos más importantes en el país, que detentan un poder fenomenal en la argentina y que hoy, podemos decir, libran una batalla ideológica contra todo intento de democratizar la información.
A continuación la descripción de los investigadores:
Grupo Telefónica
Posee Telefé, Radio Continental, FM Hit, ocho estaciones provinciales, revista Gente, Para Ti, Billiken, La Chacra y Campo Argentino. Además, cuenta con Canal 11 de Salta, Canal 8 de Córdoba y Canal 7 de Neuquén, la compañía de TV del Atlántico (a través del Canal 10 de Mar del Plata), Patagonik Film (30 %), y el 20% de Torneos y Competencias (eventos deportivos). Sprayette S.A., Katalyx Argentina S.A., Atento Argentina S.A. y Emergia Argentina S.A. Es dueña de Advance (proveedor de servicio de Internet), Telinver S.A. (empresa que publica las guías telefónicas), Altocity.com S.A. (un shopping virtual), Telefónica Data Argentina (servicios Web para empresas), Telefónica Móviles S.A. (telefonía móvil, con su producto estrella: Unifón), Terra Networks S.A. (grupo global de Internet con presencia en 43 países – el tipo de gigante comercial que absorbe a la competencia pequeña).
Grupo Clarín
Es el grupo número uno de la Argentina. Posee diario Clarín, diario Olé, diario La Razon (Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.), Radio Mitre S.A. (Cadena Mitre, Cadena 100, Cadena Top 40), revista Elle (49 %), Teledeportes, Multideportes, Página/12 (diario fundado por el periodista Lanata) junto a Fernando SoKolowicz que ha entrado, en algún momento en el paquete de Canal 9 con Hadad, Papel Prensa, agencia Dyn (23 %), Multicanal (que controla a SuperCanal, el tercer cable del país), Canal 13, TN, Volver, Patagonik Film (que tiene una sociedad con Buena Vista, una empresa subsidiaria de Disney). Cuenta además, con el 60 % de Trisa, una empresa que explota los derechos de transmisión de Torneos y Competencias y que, a su vez, controla el 6% de TyC Sports y el 75 % de TyC Uruguay; y el 100 % de Supreme Ticket. Tiene también el 50 % de la televisión satelital codificada (en sociedad con TyC), y Prima (más conocida como Ciudad Digital). El 24 % de CTI, le pertenece, vía una sociedad anónima que se llama Telfone; al igual que el 53% de Direct TV, que el 74% es de Hughes y el 20% es de la organización Cisneros que a su vez posee el 45% de Claxon, cuyo 35% es de HMT&F (el grupo Hicks) que era el que tenia el 50% de Cablevisión y el 20% de Torneos. Si posee negocios con unos de los personajes más detestables de América Latina, la organización Cisneros de Venezuela. Le corresponde además, un tercio de Cimeco, un emprendimiento de La Nación al que después se le sumó el grupo Correo de España. Parece que se muestran ante el publico como fervientes competidores, pero por detrás son flamantes socios, La Nación y Clarín están asociados a través de esta empresa -que tiene el control de medios en el interior del país-; y en dos de los tres principales diarios del interior: Los Andes (Mendoza) y La Voz del Interior (Córdoba). Clarín no sólo se limita a expandirse en el fragmento televisivo. Pues también mantiene intereses en la telefonía celular por medio de CTI Móvil, y ofrece acceso a la Web a través de Ciudad Internet.
Grupo Avila
Es el tercer grupo en importancia. Posee América, revista El Gráfico -que se separó de Editorial Atlántida-, Trisa (40 %), una porción minoritaria en el Diario Ámbito Financiero (en sociedad con Julio Ramos), Torneos y Competencias, AT&T (empresa telefónica número uno en Estados Unidos), Liberty Media, el 100 por ciento de Pramer (una productora de contenidos), Cablevisión (28 %), y tiene una sociedad con Hicks, Fibertel y TyC (40 %).Tiene el 20% de T&C, y el 80% de América, la cual esta asociada con UOL y UOL Sinectis, del cual el paquete minoritario es de Perfil. El empresario Carlos Avila compró el 80 % del paquete accionario del canal América TV al grupo Eurnekián. Para tal fin, fundó la empresa Avila Enterprise, con la intención de desarrollar su actividad en los medios, al margen de Torneos y Competencias. Finalmente Avila, con 150 millones de dólares mediante, cerró el ciclo iniciado seis años antes con Eurnekián.
Grupo Emmis
Emmis pagó a Hadad 15 millones de dólares por el 75 % de las acciones de Radio 10. Esta señal pertenecía a la ex radio municipal, que le fue adjudicada a Hadad por Carlos Menem en 1995. Siempre se mantuvieron sospechas acerca de dicha adjudicación. Hay quienes señalan también el posible financiamiento de este grupo con el dinero del ya desaparecido Yabrán. La sociedad propietaria de esta adjudicación estaba integrada por Hadad, su esposa, el ex juez Oscar Salvi y el conductor televisivo Marcelo Tinelli, aunque el conductor abandonó esa sociedad, por los el escándalo que se generó, quedando la radio controlada mayoritariamente por el matrimonio Hadad. Tinelli termina de cerrar su incorporación a canal 9, no solo con la participación de sus programas (el es dueño de la productora Ideas del Sur) sino como accionista del canal. El empresario y conductor se adjudico el 25% de las acciones del canal, por una suma estimada en los 3 millones de dólares. Quedando el 75% restantes, en igual proporción, entre Hadad y Moneta. Emmis y Hadad conformaron una sociedad, en la cual el segundo es accionista y director general de todas las radios que el consorcio adquiera en la Argentina. El Grupo posee radio 10, FM Mega, radio El Mundo y FM Horizonte.
Grupo Eurnekián
El 12 de junio de 2000, Eduardo Eurnekián anunció oficialmente la venta de la mayoría accionaría de las empresas editoras del diario El Cronista y de las revistas Apertura, Target e Infomation Technology al Grupo español Recoletos (controlado principalmente por el británico Grupo Pearsons y Telefónica). Este proceso de desnacionalización de los medios de comunicación reconoce a Eurnekián como pionero, cuando en 1995 vendió el 51 % de CableVisión a la estadounidense Tele Communications Inc (TCI) por más de 500 millones de dólares. Carlos Ávila fue el principal mediador y negociador de Eurnekián y el entonces presidente de TCI, John Malone. La operación contemplaba inicialmente la venta del 70 % del cable por 750 millones de dólares, pero los desacuerdos entre comprador y vendedor respecto del futuro gerenciamiento de la empresa estuvieron a punto de hacer fracasar este negocio. La mediación de Avila destrabó el conflicto, modificó las características de la venta y le permitió al fundador de Torneos y Competencias (TyC) sacar provecho: se quedó entonces con una porción de CableVisión y logró vender una parte minoritaria de TyC a los estadounidenses. Esto le permitió, además de cobrar varios millones de dólares, obtener un socio internacional para enfrentar la etapa de transnacionalización que poco tiempo después comenzó a darse en los medios de comunicación en la Argentina.
Grupo Uno
Sus dueños son Daniel Vila y José Luís Manzano. Las empresas involucradas son: radio Rivadavia, diario La Capital de Rosario (75 %), revista El Cable (de mayor circulación de la zona de Cuyo, por la cantidad de abonados de cable), Televisión Satelital (75 %) y Supercanal (51 %), en sociedad con Clarín y Multicanal. Además, posee Canal 6 de San Rafael, 7 de Mendoza, 8 de San Juan, y tiene las dos radios más importantes de Rosario, el diario El Ciudadano -que compite con La Capital de Rosario-, y el Cable Hogar de Rosario. El grupo Uno también tiene el 75% de Tdh, que es un sistema pequeño de televisión satelital.
Grupo CIE -Rock & Pop
El Grupo CIE llegó a la Argentina de la mano del empresario del entretenimiento Daniel Grinbak, a quien le compraron el paquete mayoritario de la FM Rock and Pop y poseen Radio Splendid y las cuatro radios de Eurnekián: Del Plata (actualmente en manos de Tinelli), La Metro, América y Aspen. Les pertenece también el Teatro Ópera y, en Internet, el sitio El Foco.
La contrapropuesta
La Coalición por una Radiodifusión Democrática está integrada por sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales, organismos de derechos humanos, entre otros. Néstor Busso, secretario de FARCO, fue el encargado de hablar en nombre de la Coalición y sintetizar los 21 puntos a la presidenta a mediados de abril. La Coalición se conformó en el 2004 convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y presentó entonces los 21 puntos básicos para una Radiodifusión democrática consensuados entre todos los participantes como la base para construir esta nueva Ley. 21 puntos que correspondían a cada uno de los años de democracia que habían pasado entonces.
21 puntos:
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie deben apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos de propiedad intelectual de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con las violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la seal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de los trabajadores de los medios social y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la «Defensoría del público», con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
PROTECTORA: ASOCIACION DE DEFENSA AL CONSUMIDOR INFORMA (fuente mdz online):
