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Por permitir el ingreso de menores, multaron al Casino

Fue por la denuncia de una asociación de consumidores ya que durante la gestión de Daniel Pereyra se habilitaron las instalaciones para la venta de entradas de shows musicales.

Publicidad engañosa y permitir el ingreso de menores de edad a las instalaciones del Casino de Mendoza, son las causales por las que la Justicia condenó al Instituto de Juegos y Casinos a pagar una multa civil de 40 mil pesos. Ahora, el ente ha ordenado una investigación administrativa para determinar responsables.

Los hechos por los cuales fue aplicada la multa ocurrieron en 2010, cuando el Instituto Provincial de Juegos y Casinos era conducido por Daniel Pereyra. La entidad había habilitado un sector de cajas para vender entradas de dos recitales: el de Andrés Calamaro y el de Wisin y Yandel.

Atraer jugadores

La venta de entradas se hizo con una profusa campaña promocional, cuyo objeto final era atraer jugadores a las salas del casino oficial: «Comprá tu entrada con descuento en Casino de Mendoza», cita el fallo de la Tercera Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Minas, de Paz y Tributario, firmado por los jueces Gustavo Colotto y Graciela Mastrascusa.

Con esta promoción llegaron algunos menores a comprar su entrada y esto motivó la denuncia de particulares y la asociación de defensa del consumidor Protectora.

«Se verificó que la boletería para la adquisición de entradas de los referidos espectáculos estaba en el ala Este de Juegos y las cajas expendedoras eran las cajas de cambio de fichas para tragamonedas y boletería; que las entradas de menor valor no se podían adquirir con descuento y que ésas el Casino no las vende; que contradecía la gigantografía que aparece en la marquesina del Casino, de la cual se lee ´entrada con descuento’. Que se permitió el ingreso a un menor al Casino y a la Sala de Juegos de tragamonedas y se le vendió una entrada para un concierto», se indica en el extenso fallo de la Cámara.

Caída en abstracto

En primera instancia, si bien el fallo del Quinto Juzgado Civil había determinado que los hechos habían ocurrido como los demandantes habían relatado, en esa instancia se entendió que la demanda había caído en abstracto, porque no podían cuantificarse los daños y porque, además, el Instituto modificó los textos de la publicidad en medios masivos. En ese primer fallo, el Quinto Juzgado Civil había interpretado que la campaña había sido realizada con algún grado de inexperiencia.

Estos criterios fueron modificados en la apelación. La Tercera Cámara interpretó «que no puede hablarse de causa abstracta, cuando se ha verificado que el IPJyC cometió una serie de irregularidades que comprometieron los derechos de los consumidores consagrados por la Constitución Nacional y leyes respectivas (24.240 -de Defensa del Consumidor-, 22.802 -de Lealtad Comercial-, 5.547 -Provincial de Defensa del Consumidor-) y de los cuales no sólo se demostró el incumplimiento, la persistencia de tales irregularidades y la subsistencia de las mismas».

Dos preguntas retóricas 

En el fallo, los camaristas se hacen dos durísimas preguntas retóricas acerca de la publicidad engañosa. La cita puede ser larga, pero con esas preguntas se da por tierra con cualquier intento de defensa.

En la primera se señala: «¿Cómo puede considerarse que por más que el IPJyC tenga un fin altruista (al destinar parte de los ingresos que percibe a actividades que el Estado provincial realiza en beneficio del bien común), puede encontrarse licenciado o habilitado a realizar cualquier tipo de actividad comercial, negocial o publicitaria engañosa, justificado en la prosecución a ese bien común? Ello resulta una visión maquiavélica o ¿Cualquier fin (aunque sea altruista) justifica los medios?».

En la segunda, se responde al argumento de la inexperiencia del Instituto en realizar actividades promocionales. «¿Cómo resulta posible que el Casino con estructura y personal capacitado, con un cuerpo de asesores letrados, no haya siquiera previsto que el diseño publicitario era evidentemente engañoso y, lo que es aún peor, se encontraba dirigido a un sector de la población evidentemente ávido por obtener entradas con descuentos o beneficios que reportara las promociones’ que el Casino les brindaba?».

A estas dos preguntas suma una tercera, para terminar de sepultar la defensa del Instituto: «¿Cómo resulta posible que el Casino tampoco hubiera previsto, cual inocente inexperto, que si dirigía su estrategia publicitaria a un determinado target (principalmente menores de edad), quienes seguramente pretenderían adquirir dichas entradas a los recitales promocionados, no hubiera habilitado fuera de sus instalaciones una boca de expendio de tales entradas, para evitar que los menores de edad, consumidores por cierto, ingresaran a las salas de juego del Casino?».

Así, el Tribunal entendió que Protectora no debía cobrar pero sí los dos particulares damnificados. Tampoco hicieron lugar al pedido de la asociación de aplicar daños punitivos al Instituto.

 

Edición Impresa Diario Los Andes: sábado, 28 de julio de 2012

 

Link: http://www.losandes.com.ar/notas/2012/7/28/permitir-ingreso-menores-multaron-casino-657206.asp

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