Disenso en entidades de consumidores: La caducidad de la licencia de Fibertel divide aguas

Unos dicen que los otros irán a la Justicia para defender a la empresa; los otros sostienen que aquellos ya trabajan con el Gobierno en la migración de los usuarios de Fibertel a las empresas telefónicas. Pero todos coinciden en que buscan lo mejor para los que hasta ahora acceden a Internet por la red de Cablevisión.

Las pujas internas, que no son nuevas, recrudecieron entre las asociaciones de consumidores, que la semana pasada fueron convocadas de urgencia por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para ser interiorizadas sobre la resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones, que dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel.

Las asociaciones de consumidores volvieron a encontrarse esta semana con el interventor en la CNC, Ceferino Namuncurá, en un encuentro dominado por el tema de los errores en los listados de proveedores alternativos ofrecidos por el Gobierno.

30/08/2010 Fuente Diario La Nación

Según pudo saber LA NACION, en esas reuniones, dos entidades parecieron sumarse a la decisión del Gobierno de apurar la migración de más de un millón de clientes de Fibertel a otros proveedores. En esa línea están la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), que preside Sandra González, y Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), que preside Pedro Bucetti. En la vereda de enfrente, con una posición más cercana a la empresa, se enrolan la Unión de Consumidores Argentinos (UCA), que dirige Fernando Blanco Muiño, y el Centro de Educación al Consumidor (CEC), de Susana Andrada. En el medio, pivotea Consumidores Libres, de ex legislador socialista Héctor Polino.

“Salto al vacío”

No obstante, estas posiciones podrían variar con el correr del tiempo si los proveedores alternativos que viene prometiendo el Gobierno no aparecen. “La resolución 100 fue un salto al vacío que persigue el único objetivo de quitarle la licencia a Fibertel e implica beneficiar a las telefónicas, que son los proveedores mejor posicionados que podrían recibir la mayor cantidad de migraciones, lo cual no significa mantener la calidad en el servicio o en la tarifa”, consideró Muiño.

“Al día de hoy está vigente el plazo de 90 días que dio el Ejecutivo para que la empresa deje de funcionar. Esto quiere decir que hasta enero, pero la gente no tiene que enloquecerse y apurarse a migrar”, dijo Sandra González. “Nosotros somos entidades de consumidores; tratamos de establecer las problemáticas que existen para que las autoridades las resuelvan”, dijo Bucetti.